Puebla atraviesa una de las etapas más críticas en materia de desaparición de personas. Los registros oficiales muestran un máximo histórico que además de confirmar el aumento de casos desde 2018 exhibe la falta de claridad institucional para dimensionar la magnitud real del problema.

En los reportes digitalizados de la Fiscalía General del Estado (FGE) se indica que, desde antes de 2000 y hasta el cierre de 2025, en Puebla se han reportado 17 mil 571 personas desaparecidas y no localizadas. De acuerdo con la dependencia, el incremento se remarcó a partir de 2018 y se mantuvo hasta el año pasado.

Del total de carpetas de investigación, la FGE reporta que 14 mil 894 personas fueron localizadas, lo que representa 84.77 por ciento de los casos. No obstante, este dato engloba realidades opuestas: mil 36 personas fueron encontradas sin vida y 13 mil 858 con vida.

Las estadísticas evidencian además una afectación mayor en hombres. Entre las personas localizadas con vida, cinco mil 756 son hombres y 8102 mujeres; mientras que, entre las localizadas sin vida, 887 corresponden a hombres y 149 a mujeres.

Pese a las localizaciones reportadas, la Fiscalía reconoce que dos mil 676 personas continúan desaparecidas, 15.23 por ciento del total histórico. De ellas, mil 827 son hombres y 849 mujeres; esto confirma que la desaparición impacta todavía principalmente en la población masculina.

Se destaca que las desapariciones no se limitan a la población local. Aunque la mayoría de los casos corresponde a personas de nacionalidad mexicana, la FGE ha identificado que entre las víctimas están ciudadanos estadounidenses, hondureños, colombianos, venezolanos, salvadoreños y beliceños, lo que refleja la presencia de población migrante entre las víctimas.

Dos registros, una misma crisis

La dimensión del problema se confunde al contrastar los datos de la Fiscalía General del Estado con los de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Mientras la FGE reporta más de 17 mil casos acumulados, la Comisión reconoce únicamente tres mil 480 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

Según esta instancia, 976 personas permanecen desaparecidas y no localizadas; 764 son hombres y 212 mujeres. En tanto, reporta que dos mil 504 personas han sido localizadas, de las cuales 405 fueron encontradas sin vida y dos mil 99 con vida.

Aunque ambas dependencias coinciden en la mayoría de los municipios con mayor incidencia y en el perfil general de las víctimas, la disparidad numérica entre los registros evidencia la carencia de homologación de datos y la ausencia de un sistema único que permita conocer con precisión cuántas personas siguen sin ser encontradas.

50 municipios, los focos rojos

Tanto la Fiscalía como la Comisión de Búsqueda identifican a 50 municipios como los principales focos de desaparición en el estado.

Puebla capital encabeza la lista, seguida por Tehuacán, San Martín Texmelucan, Amozoc, Atlixco, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Tepeaca, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros, Chalchicomula de Sesma y Zacatlán completan los primeros 15 lugares con mayor número de casos.

La concentración de incidencias en estos municipios, varios de ellos con alta densidad poblacional y fuerte actividad económica, refuerza la percepción de que la desaparición de personas en Puebla no representa un fenómeno aislado ni circunstancial, sino un problema estructural que se ha intensificado con los años.

Las cifras oficiales, lejanas a la certeza, abren más preguntas. Mientras los registros no coinciden y los números se incrementan, miles de familias aún buscan a sus seres queridos frente a la falta de información clara y la ausencia de una estrategia unificada ante una de las crisis más graves del Estado.

En el nivel nacional, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta que Puebla cerró 2025 con 361 personas que continúan desaparecidas, una cifra apenas menor a la de 2024, cuando se registraron 391 casos sin resolver.

Siete de cada 10 personas desaparecidas en la entidad son hombres, y el grupo de edad más vulnerable va de 15 a 29 años, que concentra el 43 por ciento de los casos. Puebla Capital suma 112 reportes, lo que representa casi un tercio del total estatal, seguida por municipios como Tepeaca, Tehuacán, Tecamachalco, San Andrés Cholula y Acatzingo.

Cabe destacar que, según el Registro Nacional, diciembre fue el mes con más reportes, lo que refuerza la percepción de que la problemática no ha sido contenida.

Familias acusan maquillaje de cifras

El Colectivo Voz de los Desaparecidos sostuvo que las cifras están maquilladas. María Luisa Núñez Barojas, dirigente de la organización, argumentó que la FGE no reporta los casos de personas no encontradas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas que los concentra, por lo que genera discrepancia entre los datos del estado y la Federación.

Explicó que, mientras ellos tienen documentados al menos tres mil casos de desaparición forzada, las autoridades conservan únicamente mil 500. Incluyen en sus cifras a personas que se fueron por su propia voluntad y sus familiares no las ubican.

Además, argumentó que el gobierno del morenista Alejandro Armenta Mier solamente contabiliza los casos registrados en su administración; hay personas buscadas desde años atrás que ya no son contabilizadas.

“En lo que va de este gobierno sólo están cuantificando los reportes de desaparición desde que entró Alejandro Armenta y se jactan de que la Comisión de Búsqueda tiene 80 por ciento de efectividad, lo que es totalmente falso, porque primero están en sus informes omitiendo a los desaparecidos desde antes de Alejandro Armenta”, denunció la activista.

Además, alertó que sus cifras descienden porque es gente que regresa por propia voluntad.

“Al gobernador le ocultan que ese 80 por ciento más que fue localizado, no fue por las autoridades: fueron personas que afortunadamente no son víctimas del delito de la desaparición forzada; fueron situaciones que quizá por temas de violencia, las personas tratan de ponerse a salvo y se salen de su domicilio; pero no son víctimas del delito de desaparición forzada, porque ellos nunca se fueron o los ocultaron con el fin de desaparecerlos”, subrayó.

Gobierno presume resultados; colectivos alzan la voz

Ante este panorama, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que durante 2025 se logró localizar al 84.5 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas y anunció el fortalecimiento de atención a víctimas mediante la contratación de abogados y criminalistas para apoyar las investigaciones.

“Entiendo la angustia y no hay indiferencia”, dijo el mandatario durante un encuentro con madres buscadoras y familiares, en el que también reconoció deficiencias heredadas en el manejo de expedientes.

No obstante, colectivos como Voz de los Desaparecidos y la Red en Búsqueda de Personas Desaparecidas reportaron que la crisis sigue vigente. Denuncian investigaciones deficientes, omisiones del Ministerio Público y falta de voluntad institucional para realizar búsquedas inmediatas y exhaustivas.

Integrantes de estos colectivos agregan que un alto porcentaje de las desapariciones está vinculado al reclutamiento por el crimen organizado mediante falsas ofertas de empleo o engaños sentimentales, particularmente en el caso de mujeres jóvenes.

“Cada persona desaparecida es una herida abierta para Puebla”, subrayan las familias, que insisten en que más allá de las cifras oficiales y los anuncios gubernamentales, miles de personas siguen sin ser localizadas y sus hogares están marcados por la ausencia y la incertidumbre.

En ese sentido, Núñez Barojas, del Colectivo Voz de los Desaparecidos reveló que existe una gran deuda de las autoridades. Y aunque reconoció que el gobernador Armenta se ha involucrado en el tema, ha dotado a diferentes dependencias con recursos humanos y materiales; sin embargo, sus instrucciones no son efectuadas por el personal de las instituciones.

“Como tal, avance en las carpetas de investigación, en las acciones de búsqueda que realmente sean avances efectivos y eficientes no se han visto. Se ha notado la instrucción del gobernador, pero las dependencias no lo han obedecido”, lamentó.

La activista explicó que al menos con el Colectivo Voz de los Desaparecidos, el gobernador se reunió cuatro veces con ellos el año pasado; sin embargo, institucionalmente, ningún familiar fue ubicado.

“El problema es que la gente que debe hacer el trabajo no lo quiere hacer; y aquí no sabemos qué es lo que pasa: queremos que nos digan por qué no lo hacen, por qué no quieren hacerlo, qué es lo que les falta; sabemos que siempre hay necesidades y los recursos nunca alcanzan, pero comparamos que, como familiares, avanzamos, buscamos, encontramos sin recursos y sin estructura, sin que el aparato del Estado esté a nuestra disposición”, demandó.

La madre de un desaparecido también insistió en que muchas acciones difundidas por el gobierno sobre los desaparecidos son simulaciones; pues no tiene resultados reales. Además, las diversas acciones en torno a los casos son repetitivas y no dan resultados reales, y que sólo se hace un gasto inútil de recursos públicos.

“A veces pensamos que manejan dos discursos: uno público que pretende acallar a las familias, a la Voz de los Desaparecidos; y otro que se da a puerta cerrada; sólo entre operativos del estado o definitivamente les importa un carajo la voz del gobernador, porque saben que gobernadores van y gobernadores vienen y quienes ostentan un cargo como Ministerio Público, o jefes de departamento normalmente siguen ahí”, reiteró.

Comisión de búsqueda, en deuda con los familiares

La activista reconoció que Juan Enrique Rivera Reyes, comisionado de Búsqueda de Personas de Desaparecidas, designado en abril de 2025, “les queda a deber”, ya que no hubo un cambio significativo cuando llegó.

“El Comisionado no hace la diferencia, ésa es la realidad; él es muy amable, muy atento, pero nos sale muy caro que sólo se vaya a tomar la foto oficial en los eventos, se gasta los recursos de la dependencia; cuando a los que van a los operativos no les dan los viáticos necesarios para actuar”, reportó en entrevista.

Además afirmó que parece que hay una guerra entre los familiares de los desaparecidos y las autoridades, que se molestan porque ejercen su derecho de observación en los operativos.

“Desde algunas direcciones de la Comisión de Búsqueda no han entendido nada, y se dicen expertos; pero su experiencia no ha servido de nada, y se incomodan con nuestra presencia, porque somos críticos y son cuestionados; pero hacemos crítica constructiva, con base en trabajo que hemos hecho desde hace ocho años, que existimos como colectivo”, apuntó.

La madre buscadora argumentó que la diferencia entre las autoridades y las familias consiste en que ellos actúan por amor a sus desaparecidos. “Tenemos amor a nuestros desaparecidos, nuestra lucha es genuina; no lo hacemos por un cargo público o por un salario, o por utilizar las instituciones como trampolín político, porque pareciera que eso hacen; y nosotros sí queremos encontrar a nuestros seres queridos”, precisó.

Puebla, en el mapa de las fosas clandestinas

La desaparición de personas en Puebla también ha dejado huella bajo tierra. Entre 2018 y noviembre de 2024, la FGE documentó la localización de 42 fosas clandestinas en la entidad, distribuidas en 17 municipios durante las investigaciones realizadas para encontrar personas desaparecidas. En esos puntos han sido recuperados 44 cuerpos y 91 restos humanos o fragmentos, según registros oficiales.

Dentro del mapa estatal, el municipio con mayor número de fosas clandestinas fue Izúcar de Matamoros, donde se hallaron cinco lugares con restos correspondientes a seis personas. La ciudad de Puebla ocupó el segundo sitio, también con cinco fosas, aunque con cuatro cuerpos localizados.

En Huejotzingo, las autoridades ubicaron cuatro sitios, donde se recuperaron seis cadáveres y 58 restos humanos, uno de los hallazgos más significativos por la cantidad de fragmentos.

San Pedro Cholula reportó tres fosas con tres cuerpos, mientras que Quecholac registró tres puntos con dos cuerpos. En Tlachichuca se localizaron tres fosas con cuatro cuerpos y en Venustiano Carranza se detectaron tres sitios, aunque sin restos humanos.

Otros municipios, con dos fosas clandestinas cada uno fueron Tepeaca, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Atzitzintla, San Salvador Huixcolotla y Acatzingo de Hidalgo. En tanto, Tehuacán, Tepatlaxco, Francisco Z. Mena y Tochtepec reportaron un solo hallazgo.

Estos datos contrastan con la postura de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, que ha negado públicamente la existencia de fosas clandestinas en la entidad.

Incluso minimizó el hallazgo realizado en mayo en Palmar de Bravo por el Colectivo Voz de los Desaparecidos, donde se localizaron restos humanos que posteriormente fueron identificados y entregados a sus familias.

La contradicción entre los registros de la Fiscalía y el discurso de la Comisión de Búsqueda se suma a las inconsistencias institucionales que se atraviesan por la crisis de desaparición en Puebla y evidencian una realidad que las familias y colectivos han documentado desde el terreno: la búsqueda no sólo ocurre en expedientes, sino en fosas clandestinas dispersas por el estado.

Los familiares de personas desaparecidas no descartaron que haya más fosas clandestinas, tras aseverar que están esperando notificaciones anónimas para ubicarlas. “Hay fosas y hay fosas masivas; lamentablemente necesitamos información más específica y contundente para encontrar esos lugares; sí nos ha llegado información, nos dan una referencia, pero la verdad es que cuando es muy ambigua, no se ubica de inmediato”, concluyó la madre buscadora.