La Alerta de Violencia de Género (AVG) con la que desde 2016 el Gobierno Federal intenta reducir la violencia contra las mujeres y niñas, ha fracasado en gran parte del país, pero con mayor dimensión en Michoacán.

En la práctica diaria, la alerta ha operado como un mero trámite administrativo deficiente para el gobierno estatal, que no aplica las medidas adecuadas, incluidas las destinadas a castigar los delitos de “bajo impacto”, como el acoso.

Esta actitud negligente fue demostrada en 2024 por las casi 400 carpetas de investigación por acoso sexual a las que no se dio seguimiento y que elevaron el índice de impunidad.

En Michoacán, el año 2025 concluyó con la publicación de estadísticas disfrazadas por los gobiernos estatal y Federal que, con desidia e incompetencia, alentaron la violencia de género y el hostigamiento sexual.

El crecimiento en la comisión de estos delitos deriva de los años de promesas incumplidas y el desinterés de los servidores públicos encargados de investigar las denuncias, coincidieron algunas víctimas y varias organizaciones sociales.

El año pasado, las autoridades estatales, basadas en encuestas de percepción, intentaron persuadir a la opinión pública de que el acoso sexual había disminuido 22.6 por ciento; pero esta ficción estadística no pudo ocultar la cifra negra de mujeres que, por desconfianza o miedo, optaron por no denunciar.

Impunidad como política 

La única métrica apegada a la realidad sobre estos delitos en Michoacán corresponde a la tasa de impunidad, porque el Estado y su sistema de justicia se limitan a “administrarlos” para no investigarlos y sancionarlos.

El más concreto obstáculo que las víctimas enfrentan está en la Fiscalía General del Estado (FGE). En 2024, Michoacán cerró con 395 carpetas de investigación abiertas por los delitos de acoso sexual, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Si bien esta cifra resulta alarmante, la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y la falta de datos públicos de la FGE sobre sentencias condenatorias sugieren que este número es ínfimo y que el real se acerca a la impunidad total. Ésta se produce en las puertas giratorias operadas por las agencias del Ministerio Público (MP), mecanismo que no cierra los casos debido a resoluciones efectivas, sino al desgaste físico y emocional de las víctimas.

Fernanda Figueroa, víctima de acoso sexual, reportó su caso a buzos. “En 2002 fui víctima de acoso sexual en la calle. Dos hombres, en un taxi, me siguieron cuando me dirigía a mi casa; cuando me di cuenta, intenté apresurar el paso, pero me alcanzaron. Al girarme, observé que ambos se masturbaban. En la tarde fui a la fiscalía buscando protección y salí sintiéndome culpable. El agente me preguntó qué había hecho yo para ‘provocarlo’ y me advirtió que, sin un video o un testigo presencial, mi palabra no valía. Es un desgaste agotador. Te citan una y otra vez para decirte que no hay avances, que ‘faltan elementos’. Al final, dejas de ir no porque el problema se haya resuelto, sino porque el sistema te rompe antes que el agresor. Mi denuncia hoy es sólo un número más llenándose de polvo en un estante”.

Los agentes del MP provocan el desaliento que, sin la capacitación adecuada en perspectiva de género, incurren en actos de revictimización. En esas oficinas, las mujeres son sometidas a preguntas invasivas, derivadas de la incredulidad de su testimonio o la exigencia de pruebas irrefutables, lo que contraviene los principios establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Marcela, otra víctima, reveló a buzos que era empleada administrativa en una empresa mediana. Su agresor era su jefe directo, un hombre con muchos años de antigüedad y conexiones con la estructura gerencial.

Todo comenzó con comentarios “sutiles” sobre su apariencia y mensajes de texto fuera del horario laboral. Ella intentó marcar límites amablemente por temor a perder el empleo, que el agresor interpretó como una ventana de oportunidad.

El acoso pasó de las palabras a los hechos. En una ocasión, con el pretexto de revisar unos documentos de cierre de mes, la citó a solas en la oficina. Fue allí donde ocurrió una agresión sexual física: tocamientos forzados e intento de violación.

No hubo testigos, no había cámaras en esa oficina y no quedaron marcas físicas visibles, como moretones, ya que el tipo de violencia fue de sometimiento psicológico y fuerza medida.

Es por este tipo de situaciones que los procesos de investigación ministerial se vuelven muy dolorosos y muchas víctimas se ven forzadas a desistir, con lo que propician el cierre de la carpeta y le ahorran trabajo a la FGE.

Además, las denuncias que persisten por lo general son enviadas al archivo temporal o definitivo bajo pretextos burocráticos, como la “falta de elementos”, con lo que miles de expedientes son enviados a “dormir el sueño de la injusticia”.

“Llegué a la fiscalía con el cuerpo temblando y el miedo todavía en la garganta –agrega Marcela–, esperando encontrar un refugio; pero lo que encontré fue un interrogatorio que se sentía como una segunda agresión. La agente que me recibió ni siquiera me miró a los ojos; escribía en su celular mientras me lanzaba preguntas que me hacían sentir sospechosa: ‘¿Por qué tardó tanto en venir?’, ‘¿Segura que no malinterpretó las señales?’, ‘¿Cómo iba vestida?’. Cada pregunta era un golpe a mi dignidad, una forma de decirme que mi palabra no era suficiente.

“Me tuvieron sentada en una silla por seis horas, viendo cómo el personal se reía o tomaba café, ignorando que mi vida se había roto el día anterior. Cuando por fin logré que me tomaran la declaración, la presión cambió de tono. Empezaron a hablarme de lo ‘difícil’ que sería ganar el caso, de que no tenía huellas físicas de violencia y que, sin testigos, sólo iba a perder mi tiempo y mi dinero. Me lo pintaron como un camino imposible. Siento que esto fue así para que yo misma dijera: Ya no quiero seguir.

“Meses después el proceso se convirtió en un laberinto de vueltas inútiles. Me pedían pruebas que ellos mismos debían investigar; me citaban en horarios imposibles y siempre había un pretexto burocrático: que el perito estaba de vacaciones, que el sistema se había caído o que el expediente estaba en otra oficina. Entendí entonces que la FGE no estaba investigando el delito, estaba esperando a que yo me cansara. Y lo lograron. Un día dejé de ir. El silencio de la fiscalía fue su victoria; mi carpeta terminó en un archivo muerto y mi agresor sigue libre, sabiendo que el sistema, al final del día, es su mejor aliado”.

La impunidad se refuerza por el déficit crónico de recursos humanos y especialización en el sistema de justicia. Si bien la ley exige que la FGE y sus unidades especializadas operen con perspectiva de género, la investigación revela una sobrecarga evidente:

La dotación de personal en las áreas de Delitos Sexuales es insuficiente para atender la demanda de las casi 400 denuncias anuales de acoso y otros delitos de violencia sexual. Su capacitación resulta superficial porque no es obligatoria ni certificada.

La FGE de Michoacán funciona como un muro de desgaste y contención, como lo evidencian la baja tasa de sentencias condenatorias y la decisión política por no asignar los recursos necesarios para hacer justicia y dejar impunes a los delincuentes sexuales.

No se detiene el acoso 

La política de “cero tolerancia” del gobierno de Michoacán en 2025 se sostiene sobre una base financiera endeble. Aunque el presupuesto de las instituciones fundamentales ha aumentado, su revisión puntual demuestra que el incremento es simbólico y no está dirigido a atacar la prevención efectiva y la impunidad del acoso sexual.

En el ejercicio fiscal de 2025, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encargada de la prevención, recibió un aumento de 11.1 por ciento, al pasar de 65.3 millones de pesos (mdp) en 2024 a 72.5 mdp para 2025.

Aunque superior en 7.2 mdp, este incremento fue equivalente al índice de inflación de 2024, fue destinado a la nómina y a la operabilidad burocrática y no incluyó el financiamiento de programas de seguridad en el transporte público, el principal “foco rojo” del acoso en Morelia y otras ciudades.

La misma falta de municiones para la prevención se aplicó en FGE, que recibió un aumento de 8.1 por ciento, que elevó su presupuesto a más de mil 698 mdp en 2025. Pero este monto robusto se diluyó en la nómina y la operatividad de la fiscalía, que también atiende homicidios y delitos patrimoniales.

A la fecha no existe una partida significativa y etiquetada para capacitar y contratar más agentes del MP y peritos especializados en la Unidad de Delitos Sexuales. El cuello de botella causado por el archivo o desistimiento de la mayoría de las casi 400 carpetas de acoso de 2024 también estranguló la justicia en 2025, pues la inacción se debió a la falta de personal especializado.

El gobierno de Michoacán optó por un aumento cosmético en lugar de una inversión estratégica, porque no destinó recursos específicos para fortalecer la capacitación de la FGE y la prevención de Seimujer, sino que decidió mantener los altos índices de acoso sexual e impunidad.

Voces silenciadas 

Las 395 carpetas de investigación por hostigamiento sexual registradas en 2024 –últimas cifras reportadas– son solamente un espejismo estadístico. La realidad del acoso se esconde en la cifra negra, pues hubo casos que nunca llegaron a un MP debido al miedo o la vergüenza y, sobre todo, a la certeza de que los agresores quedarían impunes.

Para la mujer michoacana, la procuración de justicia representa un trauma porque opera como un laberinto diseñado para desalentarla y convertir la búsqueda en una pesadilla. Los testimonios recogidos por esta investigación revelan la existencia de un patrón para revictimizar a las denunciantes que en el MP empieza en el primer contacto:

“Me preguntaron qué hacía yo a esa hora sola; por qué no me vestía de otra forma. Sentí que yo era la culpable, no el tipo que me tocó”, según el testimonio de Ana Laura, víctima de acoso en un vehículo del transporte público de Morelia.

La decisión de no denunciar o de desistir no es un acto de omisión, sino racional. Las víctimas que logran llegar a la FGE se enfrentan a un muro de incredulidad, porque los agentes del MP, sin capacitación especializada, exigen pruebas irrefutables para un delito que a menudo ocurre en solitario.

La falta de MP suficientes y especializados en 2025 se explica por la escasa asignación de recursos presupuestales destinados a la prevención y justicia de género, por lo que la mayoría de los expedientes terminaron en el archivo temporal.

La cifra negra

Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red de Abogadas y los colectivos feministas que operan en Morelia y Uruapan, se han convertido en la primera línea de atención a las víctimas de acoso sexual.

Todas coinciden en reportar que, por cada caso que llega a la FGE, hay entre cinco y 10 mujeres que optaron por no denunciar un acoso laboral, callejero, en el transporte público o el ámbito educativo.

Esta cifra negra es la prueba más contundente de la desconfianza popular hacia el sistema de procuración de justicia. Mientras el Estado no garantice que la denuncia se traduzca en dignidad y sanción, miles de víctimas sufrirán el acoso en silencio, propiciando que las estadísticas de la FGE permanezcan como versión minimizada de la realidad de la violencia de género en Michoacán.

La crisis social generada por el acoso sexual en Michoacán en 2025 lo fue también de gobernabilidad porque derivó de la inacción, la opacidad y la manipulación estadística de las oficinas del Estado.

La supuesta “disminución” de los índices de acoso y violencia sexual fue y representa “una cortina de humo” que sólo beneficia al Estado, que decidió ser el cómplice silencioso de la violencia y un arquitecto de la opacidad y la simulación.

Al desalentar la denuncia y archivar expedientes sistemáticamente, las autoridades logran “limpiar” las cifras oficiales; pero esta manipulación informativa no evita que, en las calles y las agencias del MP, el Estado sea visto como un cómplice corrupto e institucional de los transgresores.

Si el Estado decide ser el guardián de las estadísticas, en lugar del guardián de sus ciudadanas, la seguridad de las mujeres será la moneda de cambio para la estabilidad política del gobierno actual.