A decir de analistas políticos, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no parte de un diagnóstico claro sobre las limitaciones de la democracia ni traza una propuesta integral de cómo enfrentar los riesgos futuros. A estas carencias se suma la falta de consenso interno entre Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Entrevistado por la periodista Francisca Martínez, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) –hoy Instituto Nacional Electoral (INE)– enumera algunos de los riesgos que el proyecto morenista atraería contra la democracia mexicana.

Francisca Martínez (F).– ¿Considera que esta iniciativa de reforma de Morena propone una transformación estructural profunda o se trata de un cambio cosmético de las funciones del INE para que este partido amplíe su control sobre los ciudadanos?

Luis Carlos Ugalde (U).– No lo sabemos por dos razones. Primero porque, hasta el momento de esta conversación, el gobierno no ha presentado una iniciativa. Se anunció una comisión para la reforma electoral en septiembre de 2025 y todavía no existe una propuesta formal. Por lo que ha deslizado la Presidenta, Pablo Gómez –el coordinador de este grupo de trabajo– y otros personajes de Morena buscan reducir el costo de las elecciones y fortalecer la democracia; pero no queda claro sobre qué diagnóstico parten. Uno puede decir que quiere mejorar la salud de los perros o la felicidad de los niños, pero se requiere un diagnóstico sobre qué significa “fortalecer” y qué “enfermedades” se detectan. Este diagnóstico no existe aún en torno a la reforma electoral.

La segunda razón es que no hay un objetivo, narrativa o propósito central; la propuesta carece de estructura y sólo conocemos ideas sueltas. Por ejemplo, a la Presidenta le disgusta la figura de los plurinominales porque los considera privilegios de los partidos; pero no ha detallado cómo reemplazarlos. Sugirió recientemente la figura de los “primeros segundos lugares”, con los que éstos accederían al Congreso para representar a minorías; aunque también se ha mencionado reducir el número o que se sigan analizando otras opciones.

Históricamente, los plurinominales han sido criticados, pero han sido el mecanismo para que voces minoritarias –como en los años 70 fue la de Pablo Gómez– pudieran acceder al Congreso. Otra idea consiste en reducir el financiamiento público a los partidos, pero se desconoce el monto, el método y si el fin radica en ahorrar dinero, mejorar a los partidos o fortalecer su conexión con la militancia. También se plantea disminuir el costo de organizar las elecciones, pero no se especifica cómo. En conclusión, esta falta de claridad genera la preocupación de que los grupos oficialistas, después de acceder al poder, ahora derriben la escalera de acceso a éste y busquen cerrar la ventanilla a la competencia.

F.– En fecha reciente se modificó la estructura del Poder Judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados. ¿Esta reforma electoral podría verse como un avance hacia la consolidación definitiva del proyecto político de la llamada “Cuarta Transformación”?

U.– A mí no me gusta usar el nombre de “Cuarta Transformación” porque eso es propaganda. Hay una cosa que se llama gobierno, con una Presidenta que es muy popular, con un partido que, a pesar del deterioro sufrido, sigue siendo la mejor marca entre los partidos. Entonces, hay un gobierno. Ahora, este gobierno dice que es la “Cuarta Transformación” de la vida pública del país. Muchos lo creen, muchos no lo creemos. A mí me hubiera gustado mucho que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hubiera sido la “Cuarta Transformación” o cualquier transformación en la vida pública del país. La verdad es que no lo fue: empezando por un tema fundamental que es combatir la corrupción, no lo hizo y eso me parece desafortunado. Ahora, en el tema de la democracia, hay transformaciones positivas y negativas. Una gran transformación para bien sería fortalecer la democracia en muchos aspectos. He dicho que el primer tema, y más relevante de todos, es contener la penetración del crimen organizado en las elecciones. Hace unos días tuvimos un ataque contra dos diputados en Sinaloa, lo cual nos refleja que entre política y crimen organizado hay una vinculación que se debe romper y las elecciones son una manera de hacerlo. Otra manera de lograrlo es combatir lo que la izquierda, como Pablo Gómez, combatió hace 30 años: el uso de programas sociales con fines electorales que hacía el PRI y que hoy realiza el gobierno de Morena. Eso sería transformador. ¿Qué otra cosa sería transformadora? Algo que sí se ha sugerido por el gobierno, el voto electrónico. Creo que eso permitiría elecciones más libres, menos erráticas y menos costosas ¿Qué otra cosa podría ser transformador? Combatir la desinformación en los procesos electorales, hacer que los congresos sean más representativos de la gente; por ejemplo, eliminar la sobrerrepresentación. Esas cosas son para bien, pero varias de las cosas que el gobierno ha deslizado porque, reitero, no hay una propuesta formal, no parecen tener un fin democrático claro o al menos el gobierno no lo ha articulado todavía.

F.– Morena tiene también la presión de aprobar una reforma a modo para el proceso electoral de 2027. ¿Quiénes serían los beneficiarios directos y qué tan alterado quedaría el equilibrio de poderes en el país?

U.– Bueno, una reforma a modo sería una reforma para cerrar la ventanilla de la competencia electoral, para cerrar la puerta de acceso al poder y eso simplemente concentraría todavía más el poder político en México. Ello simplemente generaría un daño mayor al país, porque cuando un gobierno siente que estará ahí por el resto de su vida, haga lo que haga es más autoritario. Y esto aplica a cualquier organización y a cualquier persona. Cuando una persona sabe que estará sentada aquí, haga lo que haga, la tendencia natural es abusar del poder; porque ya no importa lo que haga, siempre va a disfrutar del beneficio del poder. La democracia busca justamente que haya una competencia para que quienes tengan la silla, lo hagan lo mejor posible, para poder estar ahí más tiempo. Pero cuando eso ya no existe, porque ya no hay competencia, porque se cerró la ventanilla de la competencia, el riesgo es generar un gobierno autócrata, un gobierno que se equivoca, un gobierno más proclive al abuso del poder.

F.– En los años 70, cuando se abrió el sistema priista a la pluralidad y nuevos partidos se incorporaron a la competencia, entre ellos se hallaban el predecesor de Morena y un par de partidos-satélites o minoritarios que en los últimos 20 años comparten el poder con aquél. ¿Qué avances de la transición podrían estar en riesgo con esta reforma electoral? 

U.– Definitivamente lo están. Los avances logrados en la transición democrática están, sin duda, en riesgo. Una reforma electoral de carácter regresivo, que concentre aún más el poder en el Ejecutivo, resultaría contraproducente para las prioridades actuales de la administración de la Presidenta, específicamente en su objetivo de promover la inversión y retomar el crecimiento económico.

Ese cambio legislativo sólo incrementaría la incertidumbre en los mercados. Si bien el estancamiento de México obedece a razones estructurales –como la baja productividad y los altos índices de informalidad–, la reciente reforma judicial ya ha generado desconfianza entre los inversionistas. Sumar a este escenario una reforma electoral que limite o elimine la competencia política desalentaría aún más la captación de capitales.

Por lo tanto, cabe cuestionar si a Claudia Sheinbaum le conviene impulsar una medida que frene el desarrollo económico, que parece ser su prioridad central. Considerando que goza de un alto nivel de aprobación y que Morena se mantiene como la marca política más sólida, resulta inexplicable la urgencia de implementar estos cambios en la coyuntura actual.

F.– Otro asunto crítico es la sobrerrepresentación. En el proceso electoral pasado, Morena obtuvo una mayoría que no le fue suficiente para asumir el control legislativo en el Congreso, que logró de manera artificial. ¿Buscará legalizar este control excesivo en los espacios legislativos?

U.–Lo democrático sería corregir la distorsión de la voluntad popular. En 2024, el oficialismo obtuvo 54 por ciento de los votos legislativos; pero mediante mecanismos de asignación logró el control de 73 por ciento de las curules. Es como si en un partido de futbol que queda 3-2, al llegar a casa te dijeran que el resultado oficial fue 5-19. Esa mayoría del 73 por ciento le permitió reformas constitucionales profundas sin tener un respaldo popular proporcional. Y con ese 73 por ciento de diputados, cuando sólo obtuvo 54 por ciento de la votación, el gobierno realizó el ciclo reformista de la Constitución más importante de los últimos 80 o 100 años, con el que cambió cosas fundamentales como la reforma judicial. Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum se comporta como si tuviera 70 por ciento del apoyo popular, cuando sólo tuvo el 54 por ciento. Entonces, éste es un tema fundamental de la democracia: el de la representación. No está en la mesa. El gobierno no lo ha mencionado. La oposición seguramente lo traerá a la mesa y seguramente el gobierno no lo incorporará a su proyecto de reforma electoral. Éste sí debería ser uno de los temas centrales, fundamentales, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo. Y que el Congreso represente y sea un espejo de la sociedad. En el proceso electoral pasado, la asignación de diputados distorsionó la voluntad popular.

F.– Ante la ausencia de un documento formal y la falta de convocatorias a sesiones de trabajo, ¿considera que el procedimiento de esta reforma electoral está viciado desde su origen?

U.– No se trata de un vicio de origen procesal, sino de una falta de consenso interno. No se ha presentado porque Claudia Sheinbaum lo ha afirmado y lo ha señalado también el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, porque el PVEM y el PT, cuyo apoyo es necesario para que consigan los votos, no están de acuerdo. Y mientras no estén de acuerdo con eliminar “pluris” o cambiar “pluris”, o el tema del financiamiento público, o el tema en el que tampoco están acuerdo de que se quite el fuero legislativo, Morena no tiene la fuerza para hacerlo. Ése es el tema. La pregunta es si conseguirán ese apoyo y qué significará para el contenido de la reforma; pero eso es lo que ha detenido la propuesta de la Presidenta.

F.– Ante el desgaste natural del ejercicio de gobierno y después del fallido combate a la corrupción en el sexenio de AMLO, ¿podría México estar en riesgo de optar por la derecha o la ultraderecha que prometen salidas a los problemas nacionales?

U.– Uno de los riesgos inherentes al populismo es que tiende a generar, como consecuencia, adversarios de signo contrario. Independientemente de si el actual se cataloga como un populismo de izquierda o conservador, lo cierto es que este modelo vive de la polarización que funciona como un negocio político. Aunque Claudia Sheinbaum mantiene un estilo más sobrio, la inercia del populismo suele engendrar respuestas radicales similares. Para 2030 existe el riesgo real de que surja un bloque político de derecha radical ante la ausencia de espacios para la moderación y el equilibrio. Este fenómeno de polarización extrema no es exclusivo de México; es un mal global presente en Estados Unidos, Europa y otras regiones de América Latina que atenta contra las posiciones matizadas. Éste es uno de los grandes males que estamos viviendo en todo el mundo y México también enfrentará el riesgo de la polarización.