Guanajuato, Guerrero y Michoacán son las entidades con mayor incidencia en masacres.
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Foto: Internet
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, prevé que el Congreso apruebe la reforma electoral y comience su implementación durante el primer semestre de 2026.
De manera más concreta a partir del mes de marzo, en marco de las elecciones intermedias y judiciales del 2027.
Asimismo, el legislador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó un calendario con fechas tentativas y el plan de trabajo para la discusión y aprobación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Detalló que en enero el Congreso recibirá la iniciativa y trabajará en el diseño técnico, mientras que la discusión formal iniciará el 1 de febrero, sin necesidad de convocar a un periodo extraordinario.
Las fechas tentativas son las siguientes: en enero se recibirá la propuesta de la presidenta y formulan la iniciativa; en febrero la discusión de la reforma electoral en las cámaras de Diputados y Senadores; en marzo se llevará a cabo la aprobación de la reforma electoral a nivel federal y estatal; entre marzo y abril se realizar la aprobación de reformas secundarias.
Para el 4 de abril, sucederá el nombramiento de tres nuevos consejos; en junio será la implementación operativa de la reforma; en julio el diseño normativo; y finalmente, en septiembre la aprobación del presupuesto con ajustes a las nuevas instituciones electorales.
Monreal Ávila, señaló que, una vez aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, la reforma deberá ser avalada por al menos 17 congresos locales.
Posteriormente, se tendrá que ajustar al presupuesto aprobado para 2026, a través de artículos transitorios incluidos en la reforma constitucional.
Guanajuato, Guerrero y Michoacán son las entidades con mayor incidencia en masacres.
El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
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Adeudos, pagos irregulares, esquemas de contratación que evitaban responsabilidades laborales y despidos son sólo algunas de las irregularidades.
Con un portafolio de 11 billones de dólares y antecedentes de incumplir normas mexicanas, la gestora fortalece su presencia en México tras otro encuentro con la presidenta.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.