La reforma que prepara la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tiene como objetivos acabar con la oposición, principalmente partidos políticos, y apropiarse por completo del Instituto Nacional Electoral (INE).

El dos de agosto, la Presidenta de la República nombró a Pablo Gómez Álvarez como coordinador de esta Comisión para confeccionar su iniciativa a presentar en enero de 2026; Gómez también fue redactor –con Horacio Duarte– de la ampliamente criticada iniciativa que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) intentó imponer en tres ocasiones (“planes A, B y C”) entre 2022 y 2024, y que fue rechazado por la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ese proyecto electoral de AMLO recibió una oleada de críticas por su carácter autoritario, perfilado a eliminar los actuales organismos electorales para instaurar uno centralizado y con consejeros “electos” al gusto de la “Cuarta Transformación” (4T).

Pero la nueva propuesta, según ha señalado la propia Presidenta, contempla reducir el financiamiento para los partidos políticos a la mitad y eliminar a los legisladores de representación proporcional, misil que no sólo terminaría por borrar del mapa a los emblemas opositores a la 4T sino que, en un descuido, hasta a los partidos Verde (PVEM) y del Trabajo (PT), incondicionales de Morena desde 2018.

En declaraciones del seis de agosto al diario español El País, Pablo Gómez aseguró que la iniciativa de reforma electoral no será la misma promovida por AMLO: “No. El Plan A ya fue rechazado por el Congreso. No va a volver”.

Sin embargo, en el temario que Gómez difundió el 11 de agosto reaparecen los puntos centrales de la iniciativa original, aunque mezclados con otros de la agenda para la supervivencia política de la Presidenta.

En ese sentido, ahora la “revocación de mandato” a la que se tendrá que someter Claudia Sheinbaum en 2027, vigente en la Constitución tras ser instaurada por el expresidente AMLO, en la nueva propuesta se presenta como un tema “a discutir” en los “foros de consulta” para beneficiar a la Presidenta. Por lo anterior, si Morena logra un consenso en la Cámara de Diputados y Senadores, resultará sólo un trámite y, por lo tanto, la imposición de una reforma electoral a conveniencia de la 4T que ya tiene bajo control a los poderes públicos “sin contrapesos”; y prácticamente sin partidos opositores, sometidos desde la Presidencia, por lo que sólo faltaba este último empujón para desaparecerlos.

Más que un debate para acordar igualdad de condiciones (“piso parejo”) para la competencia electoral entre el partido oficial y los opositores, la nueva reforma electoral revela una fuerte pugna por el poder al interior del oficialismo y la pelea por el reparto de los puestos.

En este contexto, especialistas han alertado que la reforma esbozada por la 4T representa un retorno a la dominación política de antaño, cuando un solo partido controlaba las candidaturas y elecciones, con un elemento nuevo: buscan asfixiar a los partidos políticos y, por lo tanto, acabar con la oposición.

Reforma a conveniencia

Uno de los aspectos integrados al debate en el proyecto de reforma electoral de Sheinbaum es el mecanismo político impulsado por AMLO desde que asumió la Presidencia en 2018 conocido como “consulta de revocación de mandato”.

Esa consulta de revocación fue ofrecida por AMLO durante su campaña electoral de 2018, aplicable a mitad del sexenio del Presidente en turno; una especie de examen del “pueblo” para mantenerse o no en el cargo.

En la consulta realizada en 2022 se presentó una baja participación, pero AMLO ganó mediante la movilización de morenistas; a un “examen” análogo se deberá someter Claudia Sheinbaum en 2027, toda vez que se encuentra establecido en la Constitución; de este procedimiento ya se anticipan los resultados.

Otro aspecto que Sheinbaum busca introducir, son las “elecciones primarias” de candidatos por partidos políticos que, en el caso de Morena, eliminarían las “encuestas de popularidad” instauradas por AMLO para imponer aspirantes morenistas a su conveniencia.

En tanto, al presentar el temario, el 11 de agosto, para redactar la iniciativa de Sheinbaum, Pablo Gómez ratificó el plan de reestructuración del INE, aunque con un cambio formal, porque no cambiaría la denominación.

Establece también la introducción del sufragio vía electrónica, tanto desde dentro del país, como desde el extranjero, es decir, también para los mexicanos foráneos al momento de la elección.

Conforma también la propaganda que puedan hacer los poderes y organismos públicos, requisitos de aspirantes para ser electos, revisión del sistema de partidos políticos, modelos de campañas electorales y precampañas, formatos de la competencia electoral y libertades para difundir opiniones, informaciones e ideas.

El proyecto de reforma electoral impulsado tres veces por AMLO, incrustado en el temario inicial de Sheinbaum, anticipa el desmonte de la estructura de los organismos no-gubernamentales en materia electoral construidos paulatinamente a partir de 1994: Instituto Federal Electoral (IFE), luego INE desde 2014, y los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

El objetivo de la reforma electoral impulsada consiste en crear un organismo electoral pequeño, centralizado, bajo control federal, con el nombre de “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas” (INEC), objetivo que, en el temario de Sheinbaum, se repite, aunque con una diferencia formal, indicando que seguiría nombrándose “INE”.

Simulaciones

Se supone que, de agosto de 2025 a enero de 2026, cuando Sheinbaum presentará su iniciativa de reforma electoral, la comisión encabezada por Pablo Gómez convocará a “consultas públicas” con organizaciones civiles, especialistas, ciudadanos, etcétera, con base en una agenda de temas predefinida.

De hecho, se previó que, en los encuentros públicos, los participantes tendrán derecho a voz, pero no a votar, es decir, podrán dar ideas, sin garantías de que sean integradas a la iniciativa.

Especialistas como la politóloga y socióloga María Marván, exconsejera electoral entre 2011 y 2019, expresaron sus reservas en torno al desempeño de foros de consulta como los anteriores convocados por el oficialismo, sobre iniciativas que al final de cuentas se aprobaron sin los cambios propuestos.

“No queremos hablar y que, a la hora de la hora, no seamos escuchados; queremos hablar, pero queremos que las propuestas se discutan”, expresó Marván, integrante de un grupo de exfuncionarios del IFE-INE que están demandando participar en la confección de la reforma.

Los exfuncionarios electorales demandan garantizar la autonomía de las autoridades electorales y respeto a la figura legal de diputados y senadores plurinominales, asignados según la votación recibida por cada partido y mejorar las reglas para evitar la sobrerrepresentación de un partido en el Congreso.

“La Constitución dice que no puede haber una sobrerrepresentación de más de ocho por ciento; yo creo que habría que reducirla lo más cercano a cero… por la forma en que se implementaron las reglas electorales en 2024, hoy tenemos una sobrerrepresentación de Morena, Verde y PT, de 20 puntos porcentuales; eso es distorsionar la voluntad ciudadana”, lamentó Marván.

Participaron en la comisión redactora para la iniciativa de Sheinbaum, encabezada por Pablo Gómez, salvo José Peña Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y Ernestina Godoy, exfiscal capitalina, del equipo de Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México (CDMX); el resto llegó a la administración federal por voluntad de AMLO.

Además de Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con AMLO; en la comisión presidencial participan José Peña Merino, titular de la ATDT; Rosa Icela Rodríguez, actual Secretaria de Gobernación y antes de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) con AMLO.

Lázaro Cárdenas Batel, hoy titular de la Oficina de la Presidencia de la República con Sheinbaum, y excoordinador de asesores de la Presidencia con AMLO; Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de Sheinbaum, quien fue titular de Comunicación Social presidencial durante el sexenio de AMLO.

Además, está Arturo Zaldívar, hoy coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, expresidente de la SCJN, quien tuvo plena cercanía con AMLO y luego fue uno de los diseñadores de su “elección judicial”.

Reforma no es exigencia del pueblo

El argumento de la 4T para efectuar esta reforma electoral radica en que supuestamente “el pueblo la está pidiendo”, porque quiere elecciones más baratas y elegir a los consejeros electorales como ya hizo con los juzgadores.

Sobre el costo electoral, el economista y sociólogo Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE entre 2008 y 2013, refutó el presunto alto precio de las elecciones, porque explicó que el gasto del gobierno resulta muy elevado.

En una conferencia realizada este 12 de agosto, Valdés Zurita precisó que el presupuesto gubernamental para 2025 asciende a nueve billones de pesos, mientras los tres organismos del ramo, INE, partidos políticos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), suman 30 mil 749 mdp, lo que representa 0.33 por ciento del total de los recursos públicos disponibles: “quien se atreva a decir que el 0.33 por ciento del presupuesto es muy caro, está exagerando”, sentenció.

La politóloga Daniela Arias, coordinadora del grupo analista Laboratorio Electoral, explicó a buzos: “la reforma electoral no es una exigencia real de la gente; las exigencias vienen por otro lado; simplemente es una agenda política, más que una urgencia necesaria para el Estado mexicano y sobre todo para la población”.

“Es preocupante esta idea de que tienen un brazo político fuerte, una votación alta y consideran que eso es más que suficiente para proponer una reforma política que consideran viene aprobada por la gente… la retórica es que la gente quiere un cambio y ya lo votó; es el mismo argumento que utilizaron para las elecciones judiciales y ya vimos cuáles fueron los resultados”, alertó Arias.

Tras el anuncio del nuevo proyecto electoral, Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría legislativa de Morena en la Cámara de Diputados, donde deberá ser aprobada la reforma constitucional de Sheinbaum, ha señalado públicamente que no había necesidad de hacer una reforma electoral ahora.

Por ser de tipo constitucional, la nueva reforma electoral tendría que ser avalada por una “mayoría calificada” de 334 de los 500 diputados y 85 de 128 senadores, para la que Morena necesita a sus partidos aliados PVEM y del PT, anticipadamente inconformes con la reforma, porque perderían 50 por ciento de su financiamiento público y puestos de representación proporcional, según comentó Monreal.

Expuso que entre 1988 y 2014, las reformas a las leyes electorales se realizaron por convocatoria de la oposición después de unas votaciones y para corregir inconsistencias legales; pero no por iniciativa del gobierno. “No había ahora esa exigencia, como sí se daba cada seis años desde 1988, pero siempre reclamada por la oposición”, narró Monreal.

De manera particular se refirió a la propuesta esbozada desde Palacio Nacional, que tiene que ver con la eliminación de las diputaciones plurinominales, “México ya lo ha superado… esa eliminación de los representantes de las minorías no puede ser”.

Mientras tanto, la politóloga Daniela Arias, señaló a este semanario: “modificar por completo la forma en que se integra el Congreso, por supuesto que prende las alarmas, porque hubo criterios técnicos que se trataron en su momento para garantizar la equidad del voto a partir de criterios territoriales, poblacionales, incluso de representación; e ignorar esto puede afectar la pluralidad política”.

El autoritarismo va y viene

En 1976, José López Portillo fue candidato presidencial único del Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyado por sus incondicionales Popular Socialista (PPS) y Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) para las elecciones del cuatro de julio, cuando apareció solo en las papeletas y “triunfó”.

El autoritarismo priista había llegado a un nuevo colmo; y como nuevo Presidente se lanzó a resanar algo de la cada vez más deteriorada imagen pública, nacional e internacional del régimen, convocando a una reforma político-electoral y abriéndose “apretadamente” a la existencia de competidores para detentar el poder.

En 1977, López Portillo instruyó a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a realizarla, y los partidos políticos fueron reconocidos constitucionalmente como entidades de interés público y, por tanto, se fijó la obligación del Estado para garantizar su subsistencia.

Se incluyó acceso a financiamiento público, a medios de comunicación, la facultad de postular candidatos a puestos de elección popular, así como a obtener un registro oficial permanente como partido, condicionado a obtener al menos 1.5 por ciento de los votos en comicios federales.

Con esa misma reforma, se cambió la integración de la Cámara de Diputados, que pasó de 300 a 400 legisladores, aumentando 100 puestos de “representación proporcional” distribuidos conforme a la votación general recibida por cada partido político opositor, representando el 25 por ciento del total de curules.

Tras obtener su registro condicionado el 28 de abril de 1978, el Partido Comunista Mexicano (PCM) participó oficialmente en las elecciones federales de 1979; superó el requisito de 1.5 por ciento de la votación, alcanzó casi cinco por ciento, y obtuvo 18 diputados de representación proporcional o “plurinominales”.

Entre esos diputados plurinominales llegó Pablo Gómez Álvarez, entonces integrante del consejo del PCM, actualmente coordinador de la comisión para redactar la iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum.

De hecho, Gómez fue dos veces diputado plurinominal: en 1979 por el PCM y en 1988 con el Partido Mexicano Socialista (PMS); sin embargo, hoy reniega de los legisladores de representación proporcional, considerándolos un privilegio de las cúpulas en los partidos encargados de nombrarlos, argumentando que los actuales 200 diputados y 64 senadores plurinominales deben eliminarse.

Por otro lado, con las reformas electorales de 1977, 1994, 1996, 2007 y 2014 paulatinamente introdujeron autoridades y mecanismos electorales independientes del gobierno, entre ellos el IFE.

El académico e investigador en derecho Lorenzo Córdova expuso que “el sistema electoral que tenemos en México, a pesar de que es el resultado de una última modificación de hace ya 11 años, funciona bien en su esencia… ¿es mejorable?, sin duda… pero nos permite decir que, si no hay reforma electoral, no va a pasar absolutamente nada”, el actual permitiría elecciones confiables.

El 12 de agosto, en una conferencia sobre la reforma, Lorenzo Córdova señaló que el actual sistema electoral es resultado de reformas graduales, no de cambios de una sola vez (como se pretende hoy), identificando tras de unos comicios problemas a resolver por consenso de los competidores para mejorar las reglas del procedimiento. Sobre las elecciones judiciales de este año, destacó que “no son parte de esta evolución del Estado… son una ‛atipicidad’, producto de una reforma mal hecha, precipitadamente hecha, no razonada”.

“Queremos una reforma y vamos a ejercer nuestra fuerza política para hacerlo”, advirtió Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral durante una entrevista, sin aclarar a quién se aplicaría.

Con su campaña electoral permanente, utilizando seis años el poder del Estado y toda su influencia comunicacional presidencial, en sus conferencias “mañaneras” diarias, AMLO ya se ocupó de aplastar a todo opositor que pudiera representar alguna competencia política contra la 4T.