Presentada como una solución al desabasto de agua en Oaxaca, la presa Margarita Maza se impulsa sin transparencia ni estudios integrales y con procesos de evaluación incompletos. Organizaciones advierten que la obra podría costar más de diez mil millones de pesos (mdp), con una vida útil limitada y no resolverá el problema estructural del desabasto de agua en Valles Centrales.La crisis del agua en los Valles Centrales de Oaxaca ha sido, durante años, un argumento recurrente para justificar megaproyectos que prometen resolver el desabasto histórico de la capital y su zona metropolitana. En ese contexto, el Gobierno del Estado retomó en 2025 un viejo proyecto presentado como “la solución definitiva”: la presa Margarita Maza, antes conocida como Paso Ancho.

El discurso oficial afirma que esta obra garantizará el suministro de agua para los próximos cincuenta años, con una inversión superior a los siete mil mdp. Sin embargo, detrás del discurso institucional aparece una historia mucho más compleja, marcada por irregularidades legales, inconsistencias técnicas, ausencia de estudios de factibilidad, conflictos agrarios sin resolver y opacos procesos de licitación.

Hoy se impulsa como una obra “estratégica”, pero hace una década ya había sido cancelada oficialmente. Durante la administración de Gabino Cué, Paso Ancho fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a que el diseño presentaba múltiples deficiencias técnicas e inestabilidad geológica del área donde se pretendía construir la cortina.

A ello se sumaba un conflicto agrario entre San Vicente Coatlán y Sola de Vega que impedía cualquier avance. Por estas razones, el proyecto fue descartado. Una década después, el gobierno del estado lo reactiva sin informar públicamente qué cambió, qué estudios se realizaron, qué soluciones se encontraron o cómo se superaron las causas que llevaron a su cancelación original.

Un negocio redondo

El biólogo Juan José Consejo Dueñas, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) e integrante del Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente (OCCAMA), sostiene que toda la información relevante permanece oculta.

Señala que no se tiene noticia de un proyecto ejecutivo actual ni de estudios integrales que respalden la viabilidad técnica, social y ambiental de la obra. Únicamente se ha difundido que los costos se multiplicaron hasta cinco veces con respecto al proyecto original, que pasaron de alrededor de dos mil a más de siete mil mdp, con la posibilidad de que la cifra final supere los diez mil mdp.

“Existe el interés de que haya este volumen y que se gaste en la opacidad, lo que implica un arreglo, por no decir contubernio entre el sector privado y el público; ya que este tipo de obras termina siendo ejecutado por actores privados”, explicó el biólogo, “hay, de por sí, este interés que no se hace explícito de que se sigue el camino porque es buen negocio. Dejémoslo en ese nivel para no decir lo que es bastante obvio, que sí hay una mala intención, pero acompañada de una increíble falta de visión”.

Uno de los puntos críticos del análisis técnico radica en que la crisis del agua en los Valles Centrales no se debe a una supuesta falta de recurso hídrico, como sostiene el gobierno del estado, sino a una mala gestión profunda. En temporada de lluvias, en la región caen aproximadamente 90 metros cúbicos por segundo, mientras que la demanda total de la zona metropolitana apenas alcanza un metro cúbico por segundo.

El problema real se encuentra en la falta de infiltración derivada de la degradación del suelo, en el acelerado escurrimiento superficial, que impide recargar los acuíferos, y en el colapso del sistema de distribución.

Según los datos oficiales, 40 por ciento del agua se pierde en fugas, aunque los diagnósticos independientes elevan la cifra hasta 60 por ciento. En estas condiciones, resulta incongruente invertir miles de mdp en traer agua desde más de cien kilómetros de distancia, y desde una zona donde se encuentra a cientos de metros bajo el nivel del suelo, en lugar de reducir el desperdicio, recuperar suelos, proteger manantiales y rehabilitar la infraestructura existente.

“Tenemos suficiente agua en los valles centrales de Oaxaca porque llueve cerca de 90 metros cúbicos por segundo en la época de lluvia; pero estamos hablando de requerimientos de un metro cúbico por segundo, que es lo que ofrece este proyecto, aparentemente nuevo”, explica Consejo Dueñas, “primero debemos decir que no hay necesidad de un proyecto de trasvase que, por cierto, va a contrapelo del programa nacional hídrico que las autoridades federales anunciaron con bombo y platillo; y luego el proyecto en sí tiene un sinnúmero de objeciones”.

Además, el propio Plan Nacional Hídrico establece que las soluciones deben priorizarse en la captación local, la infiltración, restauración de microcuencas y el manejo integral de cuencas antes que los trasvases a larga distancia, debido a su alto costo, complejidad técnica y riesgo ambiental. La apuesta del gobierno del estado va en sentido contrario a estas recomendaciones.

“El problema que tenemos es de agua rápida, es decir, agua que cae en la época de lluvias y se arrastra rápidamente porque, en los Valles Centrales, el agua ya se infiltra poco. Y esto nos lleva a decir que no es que no tengamos agua, al contrario, pues ahora lo vemos: tenemos falta de agua y exceso de agua”, revela el director del INSO, “tenemos un desequilibrio drástico en los Valles Centrales y ésta es la fuente del problema; entonces, lo tendríamos que atacar, más que pensar cómo solucionamos en lo inmediato, el traer el agua de muy lejos; es una segunda consideración que sale de eso; es un problema de desequilibrio complejo, que hay que abordar de manera integral y no solamente por una medida de infraestructura”.

Opacidad institucional

A esta falta de sustento técnico se suma un preocupante nivel de opacidad institucional. El 17 de septiembre de 2025, organizaciones del OCCAMA solicitaron formalmente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que abriera la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a consulta pública, tal como lo exige la ley. La Semarnat tenía cinco días hábiles para responder. No lo hizo.

Ante ese silencio, las organizaciones interpusieron un amparo contra Semarnat, su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, la Comisión Nacional del Agua, la Subdirección de Agua Potable y la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar. El juicio, registrado con el expediente 1262/2025, fue admitido, pero el juez negó la suspensión provisional y permitió que el proyecto continuara sin que la ciudadanía tuviera acceso a información esencial.

Según los especialistas que han podido revisarla parcialmente, la MIA presenta omisiones graves. No incorpora estudios geológicos actualizados, no contempla adecuadamente la conflictividad social de la zona, minimiza los impactos ambientales y no evalúa integralmente la viabilidad del trasvase. A ello se suma que no existe información clara sobre los costos energéticos del bombeo y potabilización requeridos por el proyecto, ni sobre el gasto de operación anual que generará.

Pese a las deficiencias en la MIA y la ausencia de consulta pública, el ocho de agosto de 2025, la Comisión Estatal del Agua lanzó el proceso de licitación para la construcción de la presa; esta decisión violó los tiempos legales, pues la MIA no estaba aprobada y las comunidades no habían sido consultadas.

En una carta dirigida a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, la OCCAMA denunció que la dependencia estatal actuaba como si los requisitos ambientales fueran un mero trámite administrativo, sin el rigor técnico ni legal, propios de una obra de esta magnitud. Recordaron, además, que la región presenta altos niveles de conflictividad social que podrían agravarse si el proyecto se impone sin consensos comunitarios.

Licitación desierta

El proceso de licitación avanzó durante septiembre y octubre. Ocho empresas presentaron propuestas, pero solamente cinco pasaron a evaluación económica y ninguna cumplió los requisitos técnicos establecidos. Entre los participantes estuvo Citcocomex Group, una empresa vinculada al sobrino político de un exfuncionario acusado de liderar un grupo criminal. El resto de las empresas presentó ofertas en consorcio.

Finalmente, la Conagua declaró desierta la licitación. Esta situación generó inquietud, pues las obras declaradas desiertas con frecuencia derivan en adjudicaciones directas o en invitaciones restringidas, mecanismos que amplían los márgenes de discrecionalidad y reducen la competencia.

A esto se agrega un elemento técnico en el que los especialistas insisten: la presa, incluso si llega a construirse, tendría una vida útil limitada. Las condiciones geológicas de la zona y el riesgo de azolve acelerado podrían reducir excesivamente su operación. Juan José Consejo estima que una vida útil de veinte años sería “optimista”, considerando que la obra tardaría varios años en concluir. De esta manera, Oaxaca podría terminar invirtiendo más de 10 mil mdp en una infraestructura cuya funcionalidad sería de corto plazo y cuyos costos de operación serían altísimos debido al bombeo y la potabilización.

La insistencia en un proyecto técnicamente débil, socialmente riesgoso y financieramente desproporcionado despierta legítimas dudas. Para Consejo, detrás del impulso gubernamental existe un interés económico evidente. Las obras de gran presupuesto atraen a la industria de la construcción y abren márgenes amplios de discrecionalidad en la ejecución del gasto público.

Y señala que, en megaproyectos de este tipo, suele haber arreglos entre actores privados y públicos que permiten la circulación de recursos con escasa transparencia y poco escrutinio ciudadano. La opacidad institucional en torno a la presa Margarita Maza se inscribe en ese patrón.

Relegan alternativas sostenibles 

Mientras tanto, las alternativas estructurales más baratas, sostenibles y urgentes permanecen relegadas. La restauración de microcuencas, la infiltración de agua, la captación pluvial, la protección de manantiales y la rehabilitación del sistema de distribución no solamente costarían una fracción de lo que cuesta la presa, también ofrecerían soluciones de largo plazo para enfrentar el desequilibrio hídrico en la región; sin embargo, ninguna de estas medidas figura en la agenda prioritaria del gobierno del estado.

Mientras tanto, una obra rodeada de dudas avanza; no existen estudios integrales públicos que la respalden; no hay un proyecto ejecutivo transparente; la MIA no ha sido adecuadamente revisada ni consultada; el conflicto agrario persiste como riesgo potencial: la licitación fue declarada desierta; los costos crecen sin explicación clara; y la solución estructural al problema del agua, la infiltración, la recuperación de cuencas y la reparación de fugas continúan relegadas.

Confirman la opacidad del megaproyecto

Además de las inconsistencias legales y técnicas señaladas por especialistas y organizaciones, el propio expediente oficial del proyecto ofrece información que, lejos de aclarar las dudas, confirma la magnitud del megaproyecto y la necesidad de un escrutinio más riguroso.

Según los registros públicos disponibles en las plataformas federales de seguimiento a la inversión pública, como Compras MX, Transparencia Presupuestaria y el Plan Nacional Hídrico, la obra fue clasificada como una inversión de tipo “Greenfield”, es decir, un proyecto que inicia desde cero, sin infraestructura previa y con costos particularmente altos debido a la complejidad de su construcción y operación. Bajo esta clasificación, la presa Margarita Maza aparece con un presupuesto estimado de siete mil 775 millones 240 mil pesos.

El expediente reconoce que el proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento que, de acuerdo con su propia descripción, garantizará el abastecimiento de agua potable para la Zona Metropolitana de Oaxaca mediante una capacidad de entrega de mil litros por segundo.

En la argumentación técnica se asegura que la obra beneficiará directamente a más de 640 mil habitantes, incrementará la disponibilidad de agua y permitirá liberar recursos actualmente destinados a la operación de sistemas de abasto insuficientes. Pese a ello, los documentos no explican cómo se resolverán las deficiencias ya detectadas en la región, entre ellas la inestabilidad geológica, el rechazo social de las comunidades y la falta de infiltración que afecta gravemente la recarga de los acuíferos locales.

Si bien el expediente oficial enumera los componentes básicos del proyecto, la presa, la obra de toma, el acueducto, la planta potabilizadora y las líneas de interconexión, no están considerados su promoción pública o los estudios detallados que permitirían evaluar la viabilidad técnica de cada una de estas infraestructuras.

Tampoco se exponen los cálculos energéticos del bombeo ni los costos operativos que implicarán trasladar el agua desde más de cien kilómetros de distancia y desde profundidades que requieren costosos sistemas de extracción. De igual forma, en las plataformas de consulta no existe un análisis de costo-beneficio que permita dimensionar el impacto financiero de largo plazo para el estado ni una comparación con alternativas más económicas y sostenibles.

El proyecto aparece registrado en la base de datos como el macroproyecto 0993, bajo el nombre oficial de Presa Margarita Maza (Paso Ancho) en el subsector de abastecimiento de agua. El alcance contractual se clasifica como “construcción”, lo que implica que todo el diseño, operación inicial y ejecución recaerán en la empresa o consorcio que eventualmente resulte ganador. Es decir, se trata de un megaproyecto que, al ser construido desde cero, requiere una enorme cantidad de estudios previos, procesos de evaluación y supervisión técnica que hasta ahora no se han transparentado.

Los documentos alojados en la plataforma Compras MX, la herramienta digital mediante la cual se publican las contrataciones públicas del Gobierno Federal tampoco aportan información clara sobre las evaluaciones técnicas que concluyeron con la declaración de licitación desierta.

Aunque se desarrollan inconsistencias en las propuestas de los licitantes, no se proporciona un detalle exhaustivo que permita conocer la magnitud de tales fallas ni los criterios específicos que llevaron a la descalificación de todas las ofertas. La plataforma de Transparencia Presupuestaria, por su parte, confirma los montos, clasificaciones y objetivos del proyecto; pero no contiene información adicional sobre el impacto ambiental, los estudios hidrológicos o el análisis social que debería acompañar a toda obra de esta magnitud.

Es significativo que, a pesar de su escalada multimillonaria, la información oficial disponible sobre el proyecto sea mínima y se limite a fichas descriptivas, montos de inversión y generalidades técnicas. No se incluyen documentos completos sobre el diseño del acueducto, la planta potabilizadora o las líneas de interconexión, ni presenta acceso público a los estudios geotécnicos, hidrológicos o socioambientales que permitirían evaluar de forma realista la viabilidad y los riesgos del proyecto.

Este vacío informativo confirma las denuncias de OCCAMA y del INSO: la presa Margarita Maza avanza sin contar con un expediente técnico completo y sin cumplir con los estándares mínimos de transparencia que exigen tanto la ley como las buenas prácticas en materia de gestión hídrica y obra pública.