El robo de gas licuado de petróleo (LP) en Veracruz ya no es clandestino porque se ha convertido en una arista más de la visible economía informal en vastas regiones del estado.

Según cifras oficiales, en los últimos años se han reducido las tomas clandestinas de gas LP en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex); pero realmente, su comercio ilegal se ha expandido y diversificado hacia muchas zonas urbanas y rurales con graves consecuencias para la seguridad física de las familias veracruzanas y empresariado legal.

El huachigás, como se ha dado en llamar a este delito, es hoy una de las principales fuentes de ingreso para grupos delictivos que han encontrado una inagotable “mina de oro” en los ductos de Pemex. Por su ubicación estratégica en el mapa energético del país, Veracruz se ha consolidado como una de las fuentes más importantes de esta actividad ilícita: 

En el primer semestre de 2025 se localizaron 33 tomas clandestinas en territorio veracruzano, cifra que lo sitúa en el quinto lugar nacional, sólo por debajo de Puebla, Estado de México (Edomex), Tlaxcala e Hidalgo, según datos del Observatorio Ciudadano  Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).

Aunque el número es menor en comparación con el de años anteriores, la red del gas robado es más grande y está fuera de las estadísticas oficiales porque se transporta en pipas no registradas, expendios clandestinos ocultos en colonias populares y tanques vendidos con etiquetas falsas en mercados municipales y en los hogares directamente.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) ha denunciado reiteradamente la gravedad del problema y alertado sobre la expansión del comercio ilegal del combustible. De acuerdo con su reporte más reciente, la venta ilegal de gas en los cinco estados ya citados es controlada por varias organizaciones de la delincuencia organizada.

En Veracruz, los grupos delictivos están clonando las marcas de empresas legalmente constituidas para aparentar legalidad comercial en los tanques robados. Este gas sustraído es difícil de almacenar, lo que obliga a los delincuentes a distribuirlo en autotanques no registrados ante la Comisión Reguladora de Energía, estaciones de carburación clandestinas, expendios informales, incluso establecimientos comerciales que, por omisión o complicidad, se prestan a estas operaciones.

Amexgas estima que unos dos millones y medio de tanques de 20 kilogramos son distribuidos mensualmente en todo México, cifra que genera pérdidas de hasta 20 mil millones de pesos (mdp) anuales. Este combustible robado a Pemex representa un daño directo a las finanzas públicas y un enorme riesgo físico para miles de familias.

Veracruz en el mapa del huachigás

De Coatzacoalcos parte la red de distribución que abastece de gas LP robado a las entidades del centro del país, incluso a Jalisco. En la región costera, los ductos de Pemex atraviesan zonas rurales y urbanas de municipios como Tierra Blanca, José Azueta, Omealca, Isla y Juan Rodríguez Clara.

En estas poblaciones, las tomas clandestinas ya pertenecen al paisaje cotidiano. Sólo en el primer semestre de 2025, Tierra Blanca concentró 22 de los 33 expendios de huachigás localizados en todo el estado.

El contraste con años anteriores resulta revelador: en 2023, Veracruz cerró con mil 25 tomas clandestinas, y en 2024 cayeron a 245, una reducción del 76 por ciento. Sin embargo, una vez iniciada la administración de Roció Nahle en el estado, de enero a marzo de este año, la incidencia mensual subió 25.

Aunque Pemex presume una reducción de incidentes, el robo no sólo se ha incrementado, sino además se han agregado nuevas prácticas: las tomas ya no se hacen en ductos, sino también en almacenes, transportes y puntos de venta. Un funcionario del sector energético que pidió el anonimato, reveló: “El huachigás dejó los ductos, pero no el negocio”.

En México, según Amexgas, cada mes se comercializan alrededor de 50 mil toneladas de gas LP robado, equivalente al siete por ciento de la demanda nacional y pérdidas a la hacienda pública cercanas a 20 mil mdp anuales.

Las gaseras formales de Veracruz reconocieron que es imposible competir con los precios del mercado ilegal, que ofrecen el kilogramo a 4.50 pesos y el litro a 2.20, muy por debajo del precio oficial. Un trabajador de una empresa privada, que reparte tanques a domicilio, reportó a esta revista:

“Nosotros pagamos impuestos, cumplimos con normas de seguridad y mantenemos un margen justo. Ellos, al no cumplir nada de eso, pueden bajar el precio tanto como quieran”.

El fenómeno delictivo tiene también un impacto en el empleo formal. Cada planta o distribuidora que cierra por la competencia desleal del gas robado provoca la pérdida de ingresos para centenares de trabajadores de un sector económico que representa uno de los mayores generadores de empleo.

Impacto económico y ecológico 

El avance del huachigás no solamente erosiona las finanzas de Pemex, también golpea directamente a las empresas establecidas, cuyos propietarios pierden clientela fija; además de que sus trabajadores enfrentan amenazas y agresiones de los grupos criminales.

“Vamos a repartir y ya no nos dejan entrar a ciertas colonias o municipios”, informa un repartidor de gas en la región de Córdoba. “Nos dicen que ahí sólo puede entrar ‘la otra gente’; y si intentamos vender, nos corren o nos amenazan. Algunos compañeros ya fueron golpeados por no obedecer”.

Los testimonios reportan que los consumidores también son víctimas. Quienes compran gas en el mercado ilegal, quedan sujetos a un sistema de cobro por “derecho de piso” y con la obligación de comprar bajo amenaza. “Si compras a los legales, vienen los otros y te reclaman. Ya todos saben quién vende en cada colonia”, alertó una ama de casa en Tierra Blanca.

La difícil situación económica del país también empuja a muchas familias a optar por el gas más barato, aun sabiendo que proviene de fuentes ilegales y que no garantiza seguridad. “Uno lo compra porque está barato y la economía no alcanza… Sabemos que no está bien; pero si no, no podríamos cocinar ni calentar agua”, lamenta otra vecina.

La manipulación clandestina de ductos y el transporte del gas LP en pipas no reguladas “están armando una bomba de tiempo” para las comunidades donde opera el huachigás. Las fugas no sólo generan un riesgo de explosión, sino también contaminación ambiental que afecta aire, agua y suelo.

La explosión de una pipa en Iztapalapa, CDMX, –que provocó más de 25 muertos y decenas de heridos– encendió las alarmas en Veracruz. El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que accidentes similares podrían repetirse en la entidad si no se refuerzan los controles de seguridad.

De acuerdo con especialistas ambientales, las fugas de gas LP en tomas clandestinas generan emisiones de propano y butano que contribuyen al efecto invernadero, además de que contaminan cuerpos de agua y suelos agrícolas. Los campesinos reportan la pérdida de cosechas por la presencia de hidrocarburos en la tierra.

“Hay parcelas donde ya no crece nada”, denuncia un productor de maíz de Isla. “Cuando revienta un ducto, el gas se mete hasta los pozos, el olor se queda días y el agua sale blanca”.

La “respuesta” del Estado

Durante el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, se realizaron operativos para clausurar gaseras clandestinas que operaban con permisos irregulares. En 2023 se cerraron ocho instalaciones en cinco municipios por anomalías en la adquisición y venta del combustible. Ese esfuerzo, sin embargo, resultó insuficiente.

En la administración actual, aunque se han efectuado operativos de supervisión, los trabajadores del sector denuncian que el comercio ilegal sigue “a la vista de todos” y que, incluso, hay empresas con fachada legal que participan en la distribución de gas robado.

El pasado 26 de octubre fueron asegurados más de 260 mil litros de combustible ilegal en cinco inmuebles de Minatitlán, cuatro de ellos ubicados cerca de la refinería Lázaro Cárdenas. Pero los vecinos de ésta aseguran que los operativos sólo se desplazaron para “taparle el ojo al macho”, pues el huachigás sigue a la vista de todos sin que nadie intervenga.

Este caso se suma al hallazgo de una “minirrefinería” clandestina en Moloacán, en junio pasado, lo que refuerza las sospechas de que, en el sur de Veracruz, existe una red mucho más amplia dedicada al robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.

La dificultad para erradicar el huachigás deriva de la colusión entre grupos criminales con las autoridades locales. De acuerdo con testimonios recabados, algunas marcas han sido clonadas de compañías formales para distribuir gas de procedencia ilícita.

“Lo sabemos todos, pero nadie hace nada”, reclama un empleado de una gasera del sur. “Es un secreto a voces quiénes son, cómo operan y hasta qué rutas tienen. Pero si denuncias, te ponen en la mira”.

La Fiscalía General de la República ha reconocido que, en muchas regiones del país, los Ministerios Públicos se enfrentan a la falta de denuncias formales, debido al temor de los quejosos o a la complicidad de autoridades locales.

Las investigaciones suelen quedarse en “aseguramientos sin responsables” o en procesos judiciales que “se desvanecen” con el tiempo.

El contrabando de gas LP es una práctica similar al huachicoleo de gasolina. Según testimonios de transportistas y exfuncionarios, el gas importado entra con otra denominación, como producto petroquímico o con un arancel mucho menor.

La mecánica fraudulenta consiste en declararlo ante aduanas como un químico de menor valor para pagar menos impuestos; y cuando llega a los puertos, se revende a supuestas empresas distribuidoras que lo consignan al mercado formal.

Las autoridades aduanales del puerto de Coatzacoalcos, uno de los más importantes del país, han sido señaladas por organizaciones civiles como comercializadores ilegales activos en esta red de contrabando. De ahí parten pipas hacia Puebla y Tlaxcala, estados donde el huachigás se ha fortalecido durante los últimos años.

El robo de gas LP se ha convertido en un problema estructural que hoy por hoy no ha logrado resolverse durante varios gobiernos sexenales. Los operativos, clausuras y medidas tecnológicas no han sido suficientes para erradicar este delito.

Expertos aseveran que la única forma de acotarlo consiste en la aplicación de una estrategia integral que combine un mayor control sobre la red de ductos, con tecnología de detección inmediata de fugas y tomas ilegales; la supervisión estricta a gaseras y sanciones ejemplares a las que participen en el comercio ilícito; programas de seguridad comunitaria para proteger a trabajadores y vecinos de las zonas afectadas; alternativas económicas para evitar que comunidades enteras dependan del ingreso generado por el huachigás y una coordinación entre Pemex, la Guardia Nacional y los gobiernos locales para atacar su extracción, transporte y venta.

El huachigás en Veracruz es un reflejo de lo que ocurre en buena parte del país: una economía criminal que se aprovecha de las necesidades sociales y de la debilidad de las instituciones para controlar el manejo de los energéticos. Mientras Pemex y las autoridades celebran reducciones estadísticas, la realidad es que el comercio ilegal está avanzando, consolidándose en municipios fundamentales y exponiendo a miles de personas a explosiones masivas.

El reto no sólo radica en disminuir el número de tomas clandestinas, sino en desarticular las redes de distribución, de impunidad y garantizar seguridad para las comunidades veracruzanas. El gas con que se cocinan los alimentos en miles de hogares proviene, en muchos casos, de un mercado ilegal que pone precio a la vida de quienes lo consumen.

Veracruz no sólo enfrenta un problema de seguridad energética, sino un desafío de gobernabilidad. El huachigás se ha convertido en un termómetro de la incapacidad estatal para garantizar el control del territorio, la justicia y la seguridad de los ciudadanos.

Mientras las fugas de gas LP permanezcan en los campos veracruzanos, la llama del negocio ilegal arderá sin que nadie logre apagarla.