En la entidad se calcula un total de 200 mil menores que trabajan y que son invisibles para los gobiernos estatal y municipales. Esta cifra coloca a la entidad como uno de los más afectados por este problema. 

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2022 del Inegi) registró en el país 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a 17 años en trabajo infantil, una tasa de 13.1 por ciento; en Michoacán, este 2024, la cifra ascendió a 18 por ciento, lo que ubica al estado entre las más afectadas. 

Del conjunto, una parte significativa realiza ocupaciones no permitidas (actividades que afectan su salud o desarrollo); 8.8 por ciento de la población afectada se encuentra en ocupaciones catalogadas como peligrosas.

La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, María del Rosario Cerna Rangel, informó que, de una población estimada en un millón de menores de edad, aproximadamente el 20 por ciento se encuentra incorporado a actividades laborales, principalmente en el sector agrícola y el comercio informal.

De este universo, cerca del 85 por ciento desempeña labores en los campos de cultivo de aguacate, limón, fresa, berries, plátano, jitomate, entre otros productos. La funcionaria precisó que los municipios con mayor concentración de trabajo infantil en Michoacán son Apatzingán, Coalcomán, Jacona, Lázaro Cárdenas, Tanhuato, Tingambato, Uruapan, Yurécuaro y Zamora.

En cuanto a sus condiciones laborales, miles de menores trabajan largas jornadas, especialmente en el campo y el comercio informal, y una proporción crítica (cerca del nueve por ciento en la entidad) realiza tareas que pueden lesionarlos, exponerlos a químicos, maquinaria o jornadas nocturnas. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado ha atendido, desde 2018, sólo a unos cuatro mil de los más de 124 mil menores de edad que se hallan trabajando.

Hay normas, falta fiscalización

En México, la Ley Federal del Trabajo prohíbe asignar labores a menores de 15 años y regula condiciones para adolescentes (15-17 años), limita jornadas, exige certificados médicos y prohíbe trabajos peligrosos.

Dalton, un menor de 11 años que trabaja los fines de semana y en vacaciones escolares boleando zapatos, relató a buzos cómo, desde los ocho años, sale al centro de la capital michoacana a sacarle brillo al calzado de los transeúntes.

“Desde hace tres años vengo con mi papá a bolear al centro para ganar dinero; con lo que junto me compro ropa, a veces unos chetos o también lo ahorro; ahorita estoy juntando para comprarme un pastel de cumpleaños y unos balones de futbol para jugar con mis primos. Cobro a 35 pesos la boleada; y cuando vengo, junto como 200 pesos y trabajo como unas ocho horas; cuando hay mucha gente, mi papá y yo aprovechamos para sacar más dinero y ya compra él unas hamburguesas o unos taquitos en la calle para cenar con mi mamá y mi hermana más chica; cuando nos va bien, nos gusta cenar cosas de la calle porque luego mi mamá nos da únicamente pan o huevos, y a veces yo no quiero”, relató a este medio el menor de edad.

En palabras de Martha Cruz, licenciada en Derecho y profesora de ciencias sociales en una preparatoria de la entidad, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a autoridades a protegerlos y generar políticas públicas con el mismo fin. 

“En el papel, México tiene normas, el problema no es la ausencia de ley, sino la ineficacia en su aplicación: pocas inspecciones laborales efectivas en zonas rurales, ausencia de seguimiento a denuncias, mecanismos de sanción poco visibles y obstáculos para que familias y escuelas denuncien sin temor. El protocolo Federal de inspección existe, pero su alcance estatal y municipal es desigual”, sentenció. 

Uno de los derechos más vulnerados de niños y niñas que se ven obligados a trabajar consiste, sin duda, en el derecho a la educación. Al tener que dedicar gran parte de su tiempo a actividades laborales, muchos de ellos no pueden asistir a la escuela con regularidad; y cuando lo hacen, llegan cansados o con poca concentración, lo que repercute directamente en su rendimiento académico. Como consecuencia, suelen presentar bajas calificaciones, ausencias constantes y, en los casos más graves, el abandono escolar temprano, lo que limita sus oportunidades de desarrollo futuro.

Otro derecho fundamental que se ve seriamente afectado es el de la salud. Debido a que la mayoría de estas actividades se realiza informalmente y, por lo tanto, de forma ilegal, organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social no permiten que los menores sean afiliados. Esto significa que, si llegan a sufrir un accidente durante sus labores o presentan problemas de salud derivados de las condiciones en las que trabajan, no cuentan con atención médica garantizada. La situación se complica aún más porque un número considerable de ellos ni siquiera está inscrito en el Registro Civil, lo que les impide contar con documentos oficiales básicos como el acta de nacimiento, necesaria para acceder a servicios de salud, educación y otros derechos ciudadanos.

A esta realidad se añade la ausencia casi total del derecho al esparcimiento y a la recreación, elementos fundamentales para un desarrollo sano en la infancia.

Las largas y extenuantes jornadas laborales que cumplen en el campo, en la calle o en diferentes centros de trabajo, no solamente les roban la posibilidad de jugar o convivir con otros niños, también afectan profundamente su desarrollo físico, emocional y social. En lugar de disfrutar las actividades propias de su edad, como el juego, el deporte o la convivencia familiar, se ven atrapados en responsabilidades que no les corresponden y que limitan las posibilidades de vivir una infancia plena y saludable.

Uno de los ejemplos de cómo el trabajo infantil provoca el alejamiento de las aulas escolares y limita los espacios de recreación es el caso de Isaac, un adolescente de 14 años. Entrevistado por buzos, este joven compartió su experiencia como chalán en una obra de construcción, un entorno que resulta totalmente inadecuado para alguien de su edad.

Isaac narró que diariamente se coloca un casco de seguridad que le queda visiblemente grande y que constantemente se le resbala, pues no se ajusta correctamente a su cabeza. Esta imagen refleja no sólo la precariedad con la que realiza sus labores, sino también los peligros a que está expuesto.

Aunque aún no posee la fuerza física de sus compañeros adultos, que cargan pesados materiales con relativa facilidad, Isaac debió arreglárselas para cumplir con las exigencias de sus labores. Se las ingenia para levantar tabiques, trasladar herramientas y mezclar cemento, tareas que sobrepasan las capacidades propias de un menor. Hace todo esto en lugar de asistir a la escuela, jugar con amigos o dedicar su tiempo a actividades propias de la adolescencia.

“Sí es peligroso, una vez casi me caigo de un andamio de cuatro metros, pero ya me acostumbré”, cuenta mientras observa cómo otros trabajadores, a toda prisa, levantan paredes en una casa de la colonia Independencia de Morelia. Y advierte que lo hace por necesidad, pero también con la ilusión de ahorrar. “Quiero comprarme una moto, aunque me gustaría estudiar mecánica”, admitió.

Este caso evidencia cómo la falta de oportunidades y la necesidad económica empujan a muchos menores a insertarse en trabajos que no solamente les roban su derecho a estudiar y divertirse, sino que también arriesgan su salud, su seguridad y su desarrollo integral.

Sobre lo que piensan sus padres de su trabajo, explicó “mi papá me mandó; a veces él también es chalán y yo aquí trabajo con mi padrino; el dinero se lo da a mi apá’ y él me da a mí una parte para gastar. Cuando no hay tanta chamba, voy a la escuela en la tarde, pero no me gusta, me hacen burla porque a veces llego con el polvo del cemento o de la construcción; pero no entienden que yo sí trabajo”.

Martha Cruz, especialista en derecho, explicó a buzos que el Artículo 123° Constitucional, establece que los menores de 15 años no pueden ser empleados laboralmente.

También regula que los trabajadores menores de ciertos rangos de edad tienen jornadas limitadas, prohibición de trabajo nocturno, condiciones peligrosas o insalubres, etc.

Los Artículos 22°, 23°, 173°-180°, 362°, 995°, entre otros, vigilan la contratación, protección, restricciones y sanciones relativas al trabajo infantil; y establece prohibiciones para menores de 15 años, verifica permisos para menores entre 15-16 años, condiciones de trabajo, horas máximas, etc.

En cuanto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la licenciada aseguró, reconoce el derecho de los menores a no ser explotados laboralmente, a ser protegidos contra trabajos que perjudiquen su salud, desarrollo o educación.

Julieta Izaguirre, ciudadana de Morelia, Michoacán, declaro a este semanario no estar de acuerdo con el trabajo infantil. “Es un problema muy grande; ojalá se pudiera hacer algo para aminorar o erradicar esta situación. Basta con ver la cantidad de niños en los cruceros de nuestra ciudad o pidiendo dinero en los comercios. Es indignante que un niño viva en situación tan vulnerable. Se dice que parte de la solución está en nosotros como ciudadanos; y que no debemos comprarles lo que venden o no darles dinero, porque al ver que no les funciona, dejarían de hacerlo; pero a veces me rompe el corazón ver cómo andan a pleno rayo del Sol y no hay de otra más que apoyarles, aunque sea un poco”, lamentó.

Las fallas

A partir de la revisión de programas, notas periodísticas y datos de atención institucional, se encuentra un patrón claro de omisiones. Según el DIF y órganos locales, se ha atendido a una fracción mínima de los menores en situación de trabajo infantil (por ejemplo, reportes muestran decenas de miles detectados contra apenas unos miles atendidos en programas concretos), esto evidencia falta de capacidad operativa y presupuestal. 

Es importante señalar que, según estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuatro de cada diez menores trabajaban sin remuneración, 60 por ciento de los que trabajaban en esos años lo efectúan con algún familiar, 30 de cada 100 laboran en el sector agrícola y 52 por ciento en el de servicios y comercio.

Según Dalila Villegas, periodista de Quadratín Michoacán, de la cantidad total de menores que trabajan, únicamente entre tres y cinco ingresan anualmente al DIF estatal por esta causa, debido a que la mayoría tiene padres o tutores que consienten tales prácticas, aunque ello no implique el pleno respeto a sus derechos.

Ejemplo de esto es el caso de Manuelito, quien a sus nueve años cumplió ya cerca de tres ofreciendo pan de rancho a los transeúntes en el centro de Quiroga. “Mi mamá también vende y nos dividimos: a las seis nos vemos en el reloj de la iglesia para ver cuánto juntamos y ya nos vamos a la casa. Vendo porque no alcanza el dinero, no tengo papá porque murió de Covid y porque fumaba; y tengo dos hermanitas: una de seis y otra de cuatro años. La verdad, no voy ahorita a la escuela, pero mi abuelo me dijo que, para la vida, sólo ocupaba saber leer y hacer cuentas… y sí sé. Un día volveré a ir y voy a ser jefe en la ‘Coca’ y ganaré mucho dinero para mi amá’ y mis hermanas”, subrayó con mucha seriedad.

Existen talleres, campañas y protocolos, pero con falta de continuidad y sin indicadores públicos de impacto (no se conoce cuántos dejaron el trabajo o cuántos volvieron a la escuela, por ejemplo). Sin mediciones de resultado, las acciones quedan como gestos simbólicos.

La estadística es clara: Michoacán no es una excepción, sino un caso urgente. El Estado tiene normas y programas; pero la brecha entre la ley y su aplicación práctica condena a miles de niñas y niños a perder su infancia y sus posibilidades futuras.

No se trata solamente de cifras: son trayectorias de vida que se parten por la mitad cada día que no se actúa con políticas territoriales, presupuesto visible y mecanismos de control.