Los productores agrícolas y ganaderos de 20 estados de la República Mexicana se hallan en pie de lucha a causa del abandono en que los gobiernos federales de Morena los han dejado durante siete años.
Cargando, por favor espere...
El desarrollo portuario Proyecto El Sauzal de esta ciudad se suspendió debido a la oposición de organizaciones y sectores de la sociedad que aseguran que traería un impacto negativo en la ecología y el turismo de la bahía.
El plan de expansión busca transformar El Sauzal en un puerto de aguas profundas para atender la creciente demanda de carga comercial, hidrocarburos y actividades pesqueras. Se construiría en varias fases durante los próximos años.
El proyecto fue detenido de manera indefinida luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atestiguó el rechazo a su construcción durante su visita a la entidad el 12 de julio pasado, cuando inauguró un hospital general regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El anuncio generó alivio temporal en los colectivos inconformes, entre ellos Ensenada Digna, y los dirigentes de la comunidad kumiai que exigen que la suspensión sea definitiva porque su concreción pondría en peligro el sustento de las familias locales y el ecosistema marino.
La historia de los puertos de Ensenada y El Sauzal ha estado acompañada de costos ambientales y sociales importantes, al margen de la promesa de promover el desarrollo económico en la bahía.
De acuerdo con Armie Olachea, abogado ambiental de Save the Waves, en 2010, un primer intento de ampliación del puerto de El Sauzal fue cancelado por la oposición de los sectores sociales que advirtieron su desapego al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y la falta de infraestructura urbana adecuada.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también emitió un dictamen negativo que, sin embargo, fue ignorado por quienes rediseñaron el proyecto posterior.
“El cinco de diciembre de 2024, la Presidenta anunció la inversión de cinco mil 745 millones de pesos (mdp) en dos recintos portuarios: Ensenada y El Sauzal, con un periodo de ejecución de 2025 a 2028”, explicó Olachea.
Según el anuncio, en Ensenada se contemplaba la ampliación de la dársena entre 450 y 550 metros, con hasta 17 metros de profundidad, y la construcción de un centro de control de tráfico marítimo. En El Sauzal el proyecto incluía escolleras, muelles pesqueros y la ampliación del rompeolas principal.
De acuerdo con la información presentada en la conferencia de prensa mañanera, el plan generaría un aumento de 440 mdp anuales en la captación de recursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), equivalente al 223 por ciento de sus ingresos actuales, y un incremento del 85 por ciento en la recaudación aduanera.
Como ocurrió con otros proyectos de la administración federal pasada, su construcción, administración y operación fue puesta en manos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Marina (Semar).
Esta dependencia planeó convertir El Sauzal en una terminal de carga con capacidad para un millón de contenedores de graneles e hidrocarburos, 3.25 veces mayor que la del puerto de Ensenada. La inversión pública proyectada para 2026-2028 es de cuatro mil 985 mdp, con inversión privada de 22 mil mdp entre 2029 y 2030.
Beatriz Ibarra, coordinadora de la organización Nosotras y el Mar e integrante de la coalición Ensenada Digna, afirmó que el aumento de contenedores proyectado sería exponencial porque pasaría de 77 mil metros cuadrados en 2015 a 740 mil metros cuadrados en 2025, y de llevarse a cabo alcanzaría 100 hectáreas en 2030.
La ampliación requeriría dinamitar el fondo rocoso para construir escolleras y el relleno de playas, lo que acarrearía graves consecuencias: aceleración de corrientes marinas, alteración del flujo de sedimentos, erosión costera, riesgo de derrumbe de cantiles y pérdida de arenas en playas de Ensenada.
Su impacto en toda la bahía sería integral porque afectaría las pesquerías importantes y afectaría ecosistemas esenciales y especies marinas en peligro de extinción.
“Aquí nos estamos llenando de esta chatarra y estos estacionamientos, parques de contenedores, y no sólo es que nos estemos llenando, se están poniendo justo en la zona costera. Y siendo que ésa es la zona más bonita de la ciudad, podría tener más potencial para desarrollarse de otra manera”, expresó.
Advirtió que la pesca artesanal, histórica en El Sauzal, se vería afectada al concentrar las embarcaciones en dos muelles insuficientes, ya que se dificultarían sus maniobras y habría más riesgos de colisión. Además, la contaminación impediría que la pesca y la acuacultura mantuvieran su certificación sanitaria, con lo que los pescadores serían expulsados de la bahía.
Según información documentada por el colectivo Ensenada Digna, la construcción del muelle de Ensenada se inició el 1° de octubre de 1951, estuvo a cargo de la empresa Clark y Mancilla S.A., bajo supervisión del ingeniero civil y general militar José de Jesús Flores, cercano al presidente Miguel Alemán Valdés.
La obra alteró mucho la geografía de la bahía porque el recinto portuario ocupó 337 hectáreas (249 de agua y 88 de tierra), con lo que desapareció la playa municipal y parte del cerro El Vigía.
La expansión continuó hasta el Arroyo El Gallo. La instalación de comercios, astilleros, pesquerías, graneles y ampliaciones portuarias concluyó en el año 2000.
La industria pesquera también transformó la costa de El Sauzal. La primera empresa moderna, Productos Marinos SAY, fue fundada por el general Abelardo Luján Rodríguez en 1928. Ubicada en la playa, la empresa amplió sus instalaciones hasta desaparecer la playa original, con lo que desplazó los asentamientos de pescadores japoneses que los locales llamaban Manchuria y Corea.
El cronista oficial Arnulfo Estrada Martínez recuerda que estas obras, justificadas como progreso económico, tuvieron un alto costo ambiental y social porque alteraron playas, ecosistemas y la identidad pesquera de la región.
Cinco de las nueve playas de Ensenada podrían desaparecer por la ampliación del puerto El Sauzal, advirtieron dirigentes de la comunidad. La coalición Por una Ensenada Digna, integrada por más de 40 organizaciones civiles, científicas, ambientales y comunitarias, le recordó al Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, que “las olas no se mueven de lugar, son un recurso natural no renovable, resultado de fenómenos específicos… que no pueden ser replicados”.
Esto sucedió después de su propuesta de construir un parque de olas para surfistas en lugar de un puerto de carga en El Sauzal. El funcionario sugirió que la playa San Miguel sería la alternativa para los surfistas porque “las olas se están moviendo más hacia el norte”.
Pero la coalición rechazó la propuesta con una explicación técnico-marina: las olas no pueden replicarse porque dependen de la marea, la profundidad marina y las corrientes del mar.
El abogado Armie Olachea advirtió, además, que la construcción de muelles y la expansión del patio de maniobras pondría en riesgo la playa Tres Emes; y criticó la falta de consultas públicas genuinas y transparencia sobre los estudios de impacto ambiental.
“No se trata sólo de un puerto, sino de un ecosistema y una cultura que podrían desaparecer si no se protege la integridad de las olas y la pesca artesanal”, enfatizó el activista.
Explicó que el proyecto destruiría olas de la Reserva Mundial de Surf, afectando playas como Tres Emes, Stacks, Frijolitos y Patos, consideradas semilleros históricos de generaciones de surfistas por “la nobleza de esas olas”. También criticó el proyecto de un “corredor costero” en playa San Miguel, para compensar la pérdida de playas.
Según la coalición, el render mostrado al público contempla que la playa sea cubierta de madera y que en ella se siembren palmeras no nativas, lo alteraría el ecosistema y los usos y costumbres de los usuarios de la playa.
La preocupación aumentó con los derrames de diésel del 22 de julio de 2025 en la playa de Stacks, que se dispersaron por la Bahía de Todos Santos, dañando la vida marina y la salud de la población. Los responsables todavía no han sido identificados.
La coalición denunció, asimismo, que la Asipona-Semar defiende el proyecto con “secretismo total”, que su manifestación más reciente fue reprimida con el cierre de una calle municipal con elementos antimotines y que se vulneraron sus derechos de protesta y libre expresión.
El territorio en disputa abarca de El Sauzal hasta Maneadero en el poniente y hacia el este hasta el Valle de Guadalupe. La coalición ha recolectado más de 14 mil 500 firmas en rechazo a la ampliación del puerto, que implicaría la desaparición de playas Tres Emes, Stacks, Frijolitos y Patos.
Beatriz Ibarra, de Nosotras y el Mar e integrante de la coalición Ensenada Digna denunció irregularidades del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en el diseño del proyecto de ampliación del Sauzal.
Según la activista, el CICESE, el ente encargado de elaborar el MIA del proyecto de ampliación, reservó durante tres años para nadie pudiera conocer los daños ambientales que ocasionaría.
La Coalición por una Ensenada Digna dijo que se trata de una estrategia de opacidad, con la que trata de proteger intereses particulares y con la que se pondrían en peligro ecosistemas, pesca y turismo.
Sin embargo, la organización aclara que el CICESE no contaba con el proyecto ejecutivo y que ésta fue la causa por la que dio a conocer el MIA, lo que se generó la sospecha de opacidad y falta de compromiso con la transparencia.
Posteriormente, CICESE admitió que aún no habían trabajado en el MIA y que su participación se había limitado a elaborar un presupuesto rápido para supuestamente “cumplir con presiones de licitación”.
Los activistas cuestionaron la ética de los responsables del CICESE porque el proyecto en cuestión es promovido por el Gobierno Federal (Semar) y al ocultar el MIA incurrió en conflicto de interés.
Además, explicaron que la institución científica defendió su participación con el argumento de que mantiene una postura objetiva y que la única respuesta que ha dado es “no estamos a favor ni en contra del proyecto”.
Sin embargo, los activistas dijeron que el dictamen al que pudieron acceder estaba fragmentado porque sólo evaluaba algunos componentes como “espolones” y dejaba fuera los impactos asociados al transporte, almacenamiento de hidrocarburos y contaminación ambiental, con lo que se minimizan los efectos negativos del proyecto.
Ibarra recordó, además, que los centros de investigación científica y tecnológica –como el CICECE– hoy enfrentan recortes presupuestales que los debilita y expone u obliga a colaborar en proyectos como el de la ampliación del puerto El Sauzal.
A pesar de múltiples intentos de solicitar información a autoridades municipales y estatales, este semanario siempre encontró negativas. La oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado informó que el proyecto no dependía del gobierno local y que, por lo mismo, no podía dar ninguna información.
Organizaciones como Nosotras y el Mar y la coalición Ensenada Digna reclaman que la defensa de la Bahía de Todos Santos vaya más allá de la simple cancelación del proyecto de ampliación del puerto. Y advierten que El Sauzal representa la vocación pesquera histórica de la región y que garantizar su uso como espacio público es preservar su historia, economía y la relación de la ciudad con el mar.
Los colectivos exigen la declaratoria de la bahía como patrimonio biocultural y bien común; la reducción de la concesión a Asipona, así como el reconocimiento de Ensenada como ciudad pesquera, agrícola y turística, comprometida con el desarrollo sostenible y la protección de su patrimonio natural y cultural.
Entre sus propuestas también destacan la creación de un malecón y espacios públicos sobre la línea costera de El Sauzal para asegurar la conservación ambiental y el disfrute comunitario.
Los productores agrícolas y ganaderos de 20 estados de la República Mexicana se hallan en pie de lucha a causa del abandono en que los gobiernos federales de Morena los han dejado durante siete años.
Los bloqueos de carreteras que los productores agropecuarios marcan un punto de inflexión en la lucha del campo mexicano en contra del abandono en que los mantiene el Gobierno Federal.
El problema habitacional de estas familias refleja con fidelidad la carencia de viviendas en la Ciudad de México (CDMX), la más poblada del país, con 9.2 millones de habitantes.
La captura del Estado por las fuerzas más reaccionarias de Perú y Ecuador obedece al interés geopolítico del imperialismo.
Los casos de corrupción detectados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo son extensión de los producidos en el sexenio anterior.
El desabasto de medicamentos y la precariedad médica de los sistemas de salud estatal y nacional en Michoacán no son problemas nuevos, datan de hace varios años.
Miles de familias han sido obligadas a huir de sus hogares en Sinaloa debido a la violencia que afecta a gran parte del territorio estatal.
Tres semanas después de las inundaciones y deslaves en la Huasteca veracruzana, sus habitantes se enfrentan a las labores de limpieza sobre todo en los municipios más afectados.
Mientras, los desplazados de las colonias del Centro buscan vivienda en las alcaldías colindantes, lo que afecta a los pueblos originarios como Xoco o colonias populares, con lo que se encarece la vivienda, las rentas y, en general, la vida cotidiana.
De acuerdo con datos del mercado laboral, el salario promedio de un operador textil en México oscila entre los cinco mil 742 y los seis mil 316 pesos mensuales, es decir, cerca de mil 579 semanales o 33 pesos por hora.
En Michoacán, el Día de Muertos no es una fecha cualquiera, sino la fiesta más esperada anualmente, una de las celebraciones que más identidad ofrece a la entidad, atrayendo al turismo nacional e internacional y dinamizando la economía local.
Naica, municipio de Saucillo, Chihuahua, de entrada, para sopesar los probables daños a los cristales gigantes, hay que poner la polémica que se generó en torno al llamado “factor antropogénico”.
La aplicación de una ley sobre actos pasados y no futuros, así como la “retroactividad”, están prohibidas en el mundo porque arriesgan la seguridad jurídica de las persona.
Una de las vialidades catalogadas como más riesgosas e inseguras para los automovilistas y transportistas se extiende por la autopista México-Puebla-Veracruz, donde los atracos se han incrementado últimamente.
Tizayuca es uno de los dos municipios hidalguenses pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y cuyo desarrollo urbano ha crecido considerablemente en los últimos años.
Banxico anuncia cambio en las monedas de 1, 2 y 5 pesos
Convocan a “Marcha de Bata Blanca” por crisis sanitaria en México
Marchan estudiantes de la Facultad de Química de la UNAM
Rusia reafirma apoyo a Venezuela ante amenazas de EE.UU.
Recorte presupuestal a municipios afectará servicios ciudadanos, advierte Asociación de Alcaldes
Escrito por Rocío Casas .
Colaboradora