Petróleos Mexicanos (Pemex), en muchas regiones de Veracruz, es más sinónimo de desastres ambientales y muerte que de bonanza como fue gran parte del siglo pasado. Cada año hay un sinnúmero de derrames en ductos e incendios en instalaciones que generan ecocidios.

En los últimos 25 años, uno de los desastres ambientales más grandes provocados por Pemex en Veracruz ocurrió apenas en octubre pasado, cuando las inundaciones en la zona norte provocaron la fractura de un ducto y, con éste, millones de crudo vertidos al río Pantepec. Aunque la empresa del Estado informó que fueron recuperados del cuerpo de agua, el daño quedó en la región. La lista de incidentes es larga y, para mala fortuna de los veracruzanos, no se detiene.

El más reciente derrame de hidrocarburos fue reportado apenas el pasado 28 de noviembre por la Comisión del Agua del estado de Veracruz, en el Río Cazones, cerca de la localidad de Corralillos, municipio de Poza Rica, en el norte de la entidad, lo que obligó a suspender el bombeo durante días desde la bocatoma a la potabilización. De acuerdo con el reporte de las autoridades estatales, la presencia de aceite frente a la localidad de Corralillos paralizó la captación del sistema de agua.

Sobre este percance, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Edgar Herrera Lendechy, exigió a las autoridades ambientales federales y estatales iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes. “Este tipo de incidentes no puede normalizarse ni quedar impune.

El río Cazones es un cuerpo de agua fundamental para la región y su contaminación representa un riesgo directo para la biodiversidad, la actividad económica local y el bienestar de las familias veracruzanas”, denunció.

A la par exigió que se apliquen las sanciones correspondientes por las posibles infracciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la normativa estatal en materia ambiental.

La mayor tragedia de 2025

Unos días antes del 28 de noviembre, pobladores bloquearon la carretera Tuxpan-Álamo Temapache por el derrame de un gasoducto de 30 pulgadas, ocurrido durante las inundaciones de octubre y que contaminó el río Pantepec y sus afluentes, arriesgando el sistema de captación de agua potable del municipio de Tuxpan.

El incidente que, según los pobladores comenzó el 19 de octubre, se originó por la emanación de combustible sobre un arroyo cercano a la parcela de Citlaltepetl. El hidrocarburo, arrastrado por la corriente, fluyó rápidamente por el arroyo El Cabellán y afectó a la comunidad de Kilómetro 33, antes de desembocar en el cuerpo principal del río Pantepec.

La mancha oleosa se extendió hacia las comunidades ribereñas como El Xúchil, Montes de Oca y San Miguel, y afectó directamente los ecosistemas y la vida de los habitantes, pues ahí se ubican los cárcamos de extracción de agua que suministran el líquido a la cabecera municipal de Tuxpan.

Los residentes de Citlaltepetl y Cerro Dulce fueron los primeros en alertar a las autoridades sobre el brote del hidrocarburo, sin embargo, denunciaron que las notificaciones iniciales fueron desestimadas debido a que la atención institucional se concentraba en la reciente catástrofe por las inundaciones.

Fue hasta el cinco de noviembre cuando la empresa del Estado reportó que, como parte de la atención a la fuga registrada en el oleoducto Poza Rica-Madero, se efectuaban todavía labores de remediación y recuperación del hidrocarburo en la zona del río Pantepec que, hasta ese día, avanzaba 99 por ciento.

Fuga de hidrocarburos obliga a evacuar jardín de niños de Totolapa

Una nueva fuga de hidrocarburos, registrada el pasado 10 de diciembre, al norte del estado, afectó directamente al Jardín de Niños José Vasconcelos y a la primaria Himno Nacional, ubicados en la localidad de Totolapan, en el municipio de Tihuatlán, que sufrieron los efectos de un olor nauseabundo a consecuencia de un derrame de petróleo crudo sobre las aguas del arroyo Totolapa, lo que obligó a evacuar a alumnos y personal docente ante el fuerte hedor a combustible; los afectados tuvieron síntomas como dolor de cabeza, mareos y náuseas.

La directora del jardín de niños, Susana Martínez Márquez, reportó que el derrame proviene de ductos de Pemex cercanos al arroyo Totolapa, situación que se ha repetido en al menos tres ocasiones recientes sin que las autoridades hayan brindado atención efectiva para evitar nuevas emergencias.

“El hidrocarburo está afectando directamente a nuestra escuela y a varias familias de la colonia. El olor es muy fuerte y los alumnos y maestros ya presentan malestares”, denunció la directora.

Además del riesgo sanitario, la infraestructura enfrenta daños, como deslaves que han reducido el área de la cancha y problemas en calles aledañas que no han sido atendidos debido a la presencia de ductos.

Aunque se colocó una malla de contención en un puente cercano, el hidrocarburo no ha sido retirado, lo que mantiene el riesgo para la comunidad escolar. Docentes y padres de familia exigieron a Pemex y a las autoridades atención inmediata que garantice la seguridad de los alumnos, tanto del jardín de niños como de la primaria.

Pero no solamente los niños sufren los estragos de este derrame de hidrocarburos, lo padecen también los vecinos de las colonias Agustín Melgar, Plan de Ayala, Kilómetro 6, sectores 4 y 5, colonias circunvecinas y cientos de hogares humildes situados a orillas del arroyo Totolapa.

La larga lista

El tres de noviembre de este año, Pemex reportó que concluía la reparación permanente y sin riesgo para la población del ducto de amoniaco en el tramo Cosoleacaque-Pajaritos, ubicado en ese municipio del sur del estado. Como parte de los trabajos efectuados, se vació el ducto mediante la inyección de gas inerte (nitrógeno), soldadura de envolventes metálicas para reforzar el ducto y se aplicó resina epóxica. Asimismo, se realizaron una inspección de las soldaduras y la verificación de hermeticidad, por lo que anunció “resultados satisfactorios”.

El dos de octubre de 2025, se concluyó la reparación del oleoducto de 8-10 pulgadas Jiliapa I –Central de Almacenamiento y Bombeo Poza Rica, situada en el municipio de Tihuatlán, al norte de la entidad. En el afluente del arroyo Totolapa se instalaron cinco barreras marinas y cordones oleofílicos y se recuperó agua con aceite en las unidades de presión y vacío. Pemex se comprometió a terminar la limpieza, recuperación y reforzamiento de contenciones.

En mayo de 2002, en el Complejo Petroquímico de Escolín, en Poza Rica, dos explosiones dejaron como saldo un muerto y una docena de intoxicados por los químicos liberados al ambiente. En diciembre de 2004, una ruptura en el oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica derramó cerca de cinco mil barriles que llegaron al río Coatzacoalcos y alcanzaron la costa del Golfo.

Un año después, en julio del 2005, explotó un ducto en Balastrera, Nogales, por un deslave que dejó muertos, heridos, viviendas y vehículos quemados e impactos ambientales locales. En julio de 2008, otra vez en el sur de Veracruz, un derrame de crudo mayor que el de 2004 afectó cuerpos de agua,.

A finales del 2011, una falla en un oleoducto provocó otro derrame de más de mil 500 barriles que afectó el suelo y nueve km del río; más de un mes tardaron en controlarlo. En agosto de 2013, un derrame de crudo en la refinería alcanzó el sistema de drenaje de Minatitlán y afectó el río Coatzacoalcos.

En 2014, en Coatzintla, el oleoducto provocó otra vez afectaciones severas. En abril de 2015, en el Complejo Pajaritos, una explosión dejó una nube tóxica y daños ambientales, además de muertos. En diciembre de 2019 fue una mancha de más de dos mil litros de hidrocarburo en el río Coatzacoalcos.

En abril de 2021, un incendio en las instalaciones de la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas generó emisiones y explosión de combustibles. En febrero de 2023, en Ixhuatlán del Sureste, otra explosión dejó muertos y lesionados durante labores de mantenimiento, además de afectación ambiental.

En noviembre de 2024, un nuevo incendio en la Refinería de Minatitlán liberó emisiones descontroladas por combustión. El más reciente ocurrió en octubre, en Álamo Temapache, por la fuga en un ducto tras lluvias torrenciales, que contaminó más de ocho km del río, con daños para el agua y las comunidades ribereñas.

Ductos, riesgo latente

Aunado a lo anterior, Veracruz es uno de los estados donde más se incrementaron las tomas clandestinas. El Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal, reconoció que éstas crecieron en 6.14 por ciento.

De acuerdo con esto, los datos de Pemex, obtenidos mediante solicitudes de transparencia, indican que, tan solo de enero a septiembre de 2024, se contabilizaron 114 tomas ilegales; mientras que en el mismo periodo de este 2025, se detectaron 121 tomas clandestinas para el robo de combustible.

Es decir, en Veracruz se han identificado tomas clandestinas cada dos días con seis horas. A nivel nacional se identificaron siete mil ocho tomas clandestinas en ductos de petrolíferos o hidrocarburo, una disminución de 12.81 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

En 2025, Pemex informó que únicamente durante agosto realizaría trabajos operativos en la estación de rebombeo Zapoapita para “mejorar la confiabilidad del sistema de transporte por ducto”.

Los “apoyos”

Entre los apoyos que Pemex ha dado a Veracruz se cuenta que, en Tierra Blanca, particularmente en el Ejido San Nicolás, La Burrera, se edificó un domo para usos múltiples y se construyó una cancha equipada, ejecutada mediante el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente. Personal de la Gerencia de Responsabilidad Social de la empresa pública del Estado realizó la entrega formal del domo a Álvaro Gómez Flores, presidente municipal constitucional de Tierra Blanca.

El pasado mes de julio se donaron productos petrolíferos, consistentes en ocho mil toneladas de asfalto, tres millones de litros de gasolina Magna y dos millones 500 mil litros de diésel al gobierno estatal. También se entregaron tres camiones-cisterna de 10 mil litros y seis camiones de volteo de siete metros cúbicos.

La entrega se efectuó en una reunión encabezada por Rocío Nahle García, Gobernadora de Veracruz, y en representación de Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, se presentó Cesar Raúl Ojeda Zubieta, gerente de Responsabilidad Social. En complemento a las entregas, a la gobernadora se le explicaron los proyectos estratégicos que Pemex desarrolla en el estado.

Siendo diputado local, en 2018, Manuel Francisco Martínez Martínez, propuso exhortar a Pemex a respetar a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad y que invirtiera en obras que permitan su desarrollo en aquellos municipios donde existan recursos naturales.

El exlegislador del Distrito II de Tantoyuca destacó que Pemex tiene una gran deuda con los indígenas y es tiempo de exigir respeto a ellos y sus territorios y que se invierta en aquellos municipios donde, violentando el derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, se benefició y se está beneficiando con sus recursos naturales.

El exdiputado del PVEM recordó que el municipio de Chicontepec está considerado como la mayor reserva de petróleo mexicano; y que en el área petrolera conocida como “Pitepec”, que abarca el municipio, se encuentran los campos de Aragón, Ahuatepec, Coyotes, Pastoría, Sitio y Tlacolula.

Señaló que la riqueza natural de estas zonas se contrapone al grave atraso que aún padece Chicontepec y otros municipios indígenas, pues Pemex –agregó– ha vulnerado estos territorios, causando diversas afectaciones sin resarcir los daños.

Y en abril pasado, Iván Ordaz, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción en Veracruz, advirtió que Pemex les debía cerca de mil 800 millones de pesos a 25 empresas del sur del estado que dan servicio en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, en Minatitlán; Cangrejera, situada en Coatzacoalcos, y a la Refinería más grande del país: General Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Minatitlán.

La postura gubernamental

Apenas el cinco de diciembre, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) se acercó a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera, de Pemex, y a la planta de Braskem-Idesa, para exhortarlas al estricto cumplimiento de la normativa ambiental federal.

Tales inspecciones en zonas industriales y recorridos casa por casa en las comunidades de Mundo Nuevo (Coatzacoalcos) y El Chapo (Ixhuatlán del Sureste) obedecieron a la preocupación ciudadana debido a las condiciones ambientales.

Según se explicó, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua son las instancias competentes para determinar las acciones correspondientes; mientras que la PMA asegura la comunicación con dichas instituciones para conocer los resultados de las revisiones.

La gobernadora Rocío Nahle, por su parte, reiteró su “compromiso” con la protección del medio ambiente y aseguró que se daría seguimiento a las medidas implementadas por Pemex para mitigar los impactos de estos incidentes.

Pero algunos activistas tienen otra perspectiva. Los integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking revelaron que el Plan Estratégico de Pemex tiene, entre sus objetivos, el incremento de la producción de gas mediante fracking; aunque omite nombrarlo argumentando que “estimularán yacimientos de geología compleja”, como una estrategia para confundir y escudarse frente a los ciudadanos que, por más de una década, han exigido la prohibición de esta técnica que contamina y atenta contra todas las formas de vida.

“Lejos de plantear un abandono gradual de los combustibles fósiles, el documento refuerza la lógica de seguir extrayendo lo que ya tenemos, apostando por ampliar la refinación y el uso de gas fósil como pilar de la autosuficiencia energética, sin considerar sus impactos en la crisis climática ni en las comunidades”, expusieron.

Pese a los incidentes, Veracruz es prioritario para Pemex; así lo confirman los proyectos contemplados en el Informe para la Producción y Saneamiento Financiero de la empresa pública 2025-2035. Entre las acciones anunciadas se encuentran la reconstrucción del sistema de petroquímicas en los complejos de Cosoleacaque, Morelos, Cangrejera, Independencia y Escolín; el incremento en la producción de urea, amoniaco y productos petroquímicos y, en el complejo de Escolín, la construcción de una planta de urea con apoyo del sector privado, con capacidad de 750 millones de toneladas anuales, destinada a la fabricación de fertilizantes para productores agrícolas.

También se contempla la instalación de gasoductos para conectar el Polo de Bienestar Coatzacoalcos II, la construcción de un gasoducto de Coatzacoalcos a Salina Cruz y el desarrollo de cuatro plantas de cogeneración (calor y electricidad de manera simultánea) en Tula, Salina Cruz, Cangrejera y en el complejo de gas de Nuevo Pemex, por lo que la lista de accidentes con costos humanos y ambientales continuará.