La ciudad crece y el agua en Ciudad Juárez se agota. Mientras los acuíferos se hunden por la sobreexplotación, las familias más vulnerables pagarán primero y más caro las consecuencias de una crisis que crece al ritmo de la ciudad.

Ciudad Juárez ha vivido en las últimas dos décadas un crecimiento demográfico sostenido, una expansión urbana inexorable y una profunda transformación social. Aunque la ciudad parece captar nuevas oportunidades como vivienda, empleo e industria, en paralelo emerge una crisis silenciosa: el agua potable ya no alcanza para todos. El acuífero, las tuberías, la distribución, la planeación urbana y la migración conviven con una realidad dura: muchas familias carecen del recurso más básico para vivir con dignidad.

Entre 2000 y 2023, Ciudad Juárez pasó de alrededor de 1.2 a más de 1.5 millones de habitantes, según datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). Ese incremento de más de 300 mil personas ha impulsado una expansión urbana acelerada, con nuevos fraccionamientos, colonias populares, asentamientos periféricos y una constante demanda de vivienda.

Pero este crecimiento no proviene sólo del crecimiento natural: Juárez ha sido históricamente receptor de migración interna y de familias provenientes de otros estados que buscan oportunidades de empleo, muchas veces vinculadas al sector maquilador. Es decir: la necesidad de servicios básicos como educación, transporte, empleo, salud y agua se incrementa con cada nuevo habitante, con cada familia que se instala.

Esa migración intensifica la presión sobre un sistema hídrico ya agotado, más personas significan más consumo, mayor demanda de infraestructura y mayor estrés sobre los mantos acuíferos. Así, el crecimiento poblacional y la migración multiplican la urgencia de contar con un suministro confiable, lo que convierte el acceso al agua en una cuestión de derechos, no de privilegios.

Para muchos recién llegados que aspiraban a reconstruir su vida con trabajo de maquila y salarios modestos, la promesa de poseer una vivienda no significa nada si ésta no cuenta con agua. Por eso, la expansión urbana de Juárez exige repensar no solamente vivienda o empleo, sino infraestructura básica, equidad social, distribución justa y sustentabilidad.

Casi al límite el acuífero Bolsón del Hueco

La piedra angular del abastecimiento de agua en Juárez es el acuífero subterráneo conocido como Bolsón del Hueco. Pero este pilar ya muestra fisuras: para extraer agua, las autoridades ahora deben perforar más profundo, en promedio unos 300 metros, mucho más que hace años, lo que revela un descenso constante en los niveles freáticos y un agotamiento progresivo del recurso, precisó el exdirector ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en Juárez, Sergio Nevárez.

Ese descenso implica costos crecientes: bombeo más caro, mayor consumo de energía, mantenimiento de pozos y complejidad técnica, costos que se le cargarán al consumidor; pero también exhibe la fragilidad de un modelo urbano construido sobre el agua subterránea como si fuera infinita. Hoy no lo es.

Las autoridades que administran el agua lo reconocen; Mario Mata Carrasco, director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), estimó recientemente que, con el ritmo actual de extracción, Juárez podría quedarse sin agua en los mantos en unos 15 años.

Eso significa que la ciudad, tal como se concibe hoy, no es sostenible, y evidencia que los nuevos desarrollos urbanos, los fraccionamientos y las colonias populares autorizadas sin previsión hídrica representan una opción riesgosa: casas, calles y lotes construidos sobre un acuífero que se agota.

Mientras tanto, comunidades enteras ya sufren las consecuencias, el agua no llega, la red no existe y el abastecimiento es irregular o depende de pipas.

Colonias sin red de distribución de agua potable

En Juárez existen colonias donde, a pesar de estar dentro de la mancha urbana o en los límites actuales de expansión, no cuentan con red de agua potable. Sectores cercanos al “Km 20” y las áreas sobre la carretera a Casas Grandes ya forman parte de ese rezago estructural.

El cinco de agosto de 2025, el Diario de Juárez reportó que más de siete mil habitantes viven en zonas consideradas “urbanas”, no acceden a la red por falta de infraestructura adecuada. Las colonias mencionadas incluyen, entre otras, Polo Gamboa, Los Kilómetros y La Campesina.

Para estas familias, el agua no llega por tuberías: dependen de pipas municipales o privadas, a veces diariamente, otras con periodicidad irregular. En muchas ocasiones, la espera es larga, la cantidad limitada y la certeza lejana.

Una vecina de Los Kilómetros narró para buzos: “Aquí vivimos haciendo filas cuando llegan las pipas, cargando garrafones, esperando horas. Si no alcanzas a tiempo… te quedas sin agua hasta el siguiente reparto”. Así, en pleno Siglo XXI, en una ciudad fronteriza, hay quienes recolectan agua como si vivieran en un pueblo rural.

Por otro lado, el sistema de reparto en pipas es una solución emergente, pero está lejos de ser una garantía: es costoso, poco confiable e inestable. Más aún, es contrario al derecho básico que dice que toda persona tiene derecho al acceso al agua para uso personal y doméstico en forma suficiente.

Crisis laboral e hídrica

La situación adquiere una dimensión más dramática si se considera el contexto laboral; muchas de las familias que habitan colonias sin red, pertenecen a la industria maquiladora. Sin embargo, con las políticas de aranceles y presiones comerciales de Estados Unidos (EE. UU.), algunos trabajadores han perdido sus empleos o han visto reducidas sus jornadas.

Para ellos, comprar el agua a las pipas privadas o invertir en su almacenamiento se ha vuelto un gasto adicional muy difícil de asumir. Al gasto de renta, transporte, alimentación, salud, educación, se le suma el gasto por agua, lo que representa un golpe a la economía de cientos de familias que deben pagar por el agua, es decir, por un derecho.

Así, la crisis del agua no es sólo técnica o urbana, sino también social y económica. Las familias más vulnerables con ingresos irregulares o bajos están doblemente expuestas: sin empleo estable, sin red hidráulica ni agua.

Esto agrava la desigualdad urbana y significa que el agua ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio para quienes pueden pagar más o tienen vivienda en áreas abastecidas.

Soluciones “parche” ante el reclamo social

“Nos vendieron casa, calles, servicios… pero no agua potable. ¿De qué sirve una casa si no trae agua?”, declaró María López para buzos, habitante de una colonia en la zona de Los Kilómetros.

Las autoridades observan con alarma la magnitud del problema. El titular de la dependencia municipal de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, reconoció que muchas zonas no cuentan con red de distribución, por lo que iniciaron un programa gratuito de reparto de agua con pipas, entrega de tinacos y tambos para almacenamiento en colonias como Bello Horizonte, Granjas del Desierto, Granjas Polo Gamboa, Los Kilómetros, La Campesina, entre otras.

Estas declaraciones son el reconocimiento oficial de que la infraestructura hidráulica no ha acompañado el crecimiento urbano y al mismo tiempo muestran la fugacidad del remedio: agua por pipa, vales, tinacos… paliativos que no resuelven de raíz el problema.

La responsabilidad institucional

El desabasto no es azaroso: es consecuencia de decisiones de planeación urbana, otorgamiento de permisos de desarrollo y una falta de visión de largo plazo. Mientras se autorizan fraccionamientos y colonias nuevas, no siempre se evalúa con rigor si la infraestructura de agua será suficiente.

La JMAS responsable del abastecimiento tiene una parte central en esta responsabilidad. Si bien reconoce públicamente que los mantos acuíferos están sobreexplotados y que la disponibilidad de agua puede agotarse en 15 años si no se regula la extracción, sus planes inmediatos muchas veces recurren a paliativos: reparto en pipas, pozos nuevos, apoyos temporales, en lugar de una estrategia integral de abastecimiento, regulación de nuevos desarrollos, límites a la expansión indiscriminada y planeación urbana vinculada con agua.

El gobierno municipal, por su parte, ha implementado programas sociales, como la Cruzada por el Agua, para atender temporalmente la falta de suministro en colonias sin red. Pero esos programas no sustituyen una infraestructura robusta, sostenible y de largo plazo; y mientras tanto, la ciudad sigue autorizando construcciones, lotificaciones y nuevos fraccionamientos.

Este escenario revela incoherencias entre la política de desarrollo urbano, expansiva, basada en vivienda y crecimiento, y la realidad del agua: limitada, descendente y vulnerable. Esa disonancia no solamente es técnica, sino ética y social.

Acciones que alivian, pero no resuelven el problema

Frente a la emergencia, las autoridades han activado una combinación de acciones: reparto de agua mediante pipas, entrega de tinacos y tambos, apertura de pozos adicionales, rehabilitación de colectores y la implementación de obras de infraestructura hídrica.

Por ejemplo, la JMAS informó recientemente que está renovando colectores, como el denominado Norzagaray, cuyas labores durarán unos 18 meses, para fortalecer la red de distribución ante la saturación de algunas zonas. Además, se contempla el reemplazo del colector Nadadores con una inversión estimada en 50 millones de pesos (mdp).

Estas acciones han significado un alivio para muchas familias, sobre todo en temporada de calor intenso o cuando un pozo falla. Recientemente, Hugo Vallejo Quintana informó que más de cinco mil familias que carecían de agua fueron atendidas por la dependencia de Desarrollo Social con reparto de pipas y apoyos.

No obstante, las autoridades también admiten públicamente que tales medidas son temporales, de emergencia e insuficientes ante un desafío estructural: los mantos acuíferos están sobreexplotados; la demanda sigue creciendo; la red no abarca todas las colonias y la planeación urbana carece de criterios hidráulicos.

Por ello han subrayado la necesidad de una estrategia integral que contemple no sólo distribución y abastecimiento, sino regulación del crecimiento urbano, límites a nuevos fraccionamientos sin infraestructura previa, saneamiento del sistema, mantenimiento de pozos, inversiones mayores y una visión de largo plazo que reconozca que el agua es finita.

Agua, derecho básico compartido

La migración interna y regional ha sido una constante en Juárez: familias de otras zonas del país llegan en busca de empleo, oportunidades, un nuevo comienzo. Muchos se integran al sector maquilador, trabajan largas jornadas, buscan vivienda accesible y establecen raíces. Pero el escenario del agua los deja en una situación doblemente vulnerable: no sólo llegan a una ciudad con crisis habitacional y de empleo, sino a una situación donde el agua no es un servicio garantizado.

Esto plantea un dilema de equidad: la ciudad se expande, crece, atrae población, pero no reasigna recursos, no amplía infraestructura, no regula nuevos asentamientos con criterios de sustentabilidad hídrica. Las decisiones urbanísticas, muchas veces motivadas por la demanda de vivienda o por proyectos de expansión, no consideran el derecho al agua como prioridad.

El resultado: comunidades vulnerables, migrantes, trabajadores, familias jóvenes viviendo al margen del suministro; dependientes de ayudas, de dádivas, de suerte. Eso no puede justificarse como “inevitable”: significa una falla estructural, social e institucional.

De la emergencia a la responsabilidad colectiva

Los habitantes citadinos que carecen del líquido son conscientes de que, ante el panorama, resulta urgente que las autoridades impulsen una cultura del agua, pero que se sustente también con presupuesto y proyectos viables, no como lema publicitario.

No basta con repartir pipas o regalar tinacos, sentencian las personas que dieron su testimonio, además de adaptar la ciudad a su entorno árido, replantear la construcción, la vegetación y los hábitos de uso.

En los hogares es indispensable promover el uso eficiente del agua: reparar fugas, cerrar llaves, reutilizar agua cuando sea posible, reducir desperdicios. Pero esa conciencia debe ir acompañada de políticas públicas reales: regulación del uso, planeación urbana responsable, inversiones sostenibles, diversificación de fuentes y mantenimiento permanente.

Por otro lado, debe replantearse la recuperación de áreas verdes; porque durante años, algunas plantaciones usaron especies exóticas de crecimiento rápido: lila asiática, olmo europeo, eucalipto australiano, opciones que, aunque dieron sombra, pronto implicaban alto consumo de agua y alteración de ecosistemas locales. En un contexto de escasez, tal estrategia ya no es viable.

Se debe optar por vegetación nativa, adaptada al clima desértico, que consuma poca agua, respete al entorno y contribuya a la recuperación ecológica sin sacrificar recursos vitales, son algunas de las recomendaciones de expertos.

La crisis del agua en Juárez ya no es un problema de “zonas marginales” o “colonias aisladas”: afecta a migrantes, trabajadores, familias jóvenes, colonias recién creadas, asentamientos legales e informales. Es una crisis de derechos básicos: agua potable, vivienda digna y equidad urbana.