La captura del Estado por las fuerzas más reaccionarias de Perú y Ecuador obedece al interés geopolítico del imperialismo. Impedir la multipolaridad en América Latina es el trasfondo de los diferendos de ambos gobiernos con México, ya que están instigados por el hegemón.

Romper la relación con México fue la primera reacción de política exterior del actual ocupante de la Casa de Pizarro, José Jerí Oré. Desde la sede presidencial de Perú, el exlíder del Congreso envió un mensaje a Estados Unidos (EE. UU.) anunciando que impedirá una elección democrática para favorecer sus intereses y de la oligarquía de su país.

Ésa es la oferta de las élites peruanas a Washington para seguir beneficiándose de la expoliación neocolonial. Así lo denunció el presidente constitucional Pedro Castillo, quien por ello fue arbitrariamente destituido y hoy espera justicia desde prisión.

La crisis con México es artificial pues, desde el golpe parlamentario de 2022, el partido Perú Libre y otros han exigido elecciones. Tarde o temprano ese proceso debe formalizarse; y en tal escenario emerge la figura de la abogada Betssy Chávez Chino como la candidata ideal para iniciar un proceso de gobernabilidad, inexistente en Perú desde hace años.

La crisis política se pavonea en ese país andino, donde en menos de diez años han pasado siete presidentes y ninguno terminó su gestión, pues enfrentaron acusaciones de corrupción y rebelión, entre otras dificultades. Por tanto, la única institución garante sería el Congreso, pero su desprestigio es tal que apenas logra el cinco por ciento del respaldo ciudadano.

Aún domina ahí el tenebroso legado de Alberto Fujimori, cuya influencia proyecta su hija Keiko Fujimori desde el partido Fuerza Popular. Ahí mismo fue legislador José Jeri, por el partido democristiano Somos Perú y útil a los intereses de la derecha entreguista.

Esa actuación de la oligarquía originó el deterioro de las condiciones de vida en más de 34 millones de peruanos. Ello empeoró tras el golpe contra Castillo, que impuso a Dina Boluarte; hoy, siete de cada diez peruanos son pobres (9.4 millones de personas), según el Banco Mundial (BM). La creciente desigualdad social y la precariedad económica –con inestabilidad e inflación al alza– han convertido a Perú en una nación indignada con sus autoridades políticas y judiciales.

Campesinos, camperos, estudiantes, trabajadores de todos los sectores y sindicalistas marchan diario por todo el país, estallan huelgas y paros contra la inestabilidad y pésimas condiciones de vida. Mineros y trabajadores explotados por las corporaciones bautizan el lema que cunde por todo el país “Queremos un futuro digno”.

Y mientras mujeres y hombres de todo el país denuncian que la derecha designó a José Jurí para consolidar una dictadura de derecha, las élites se blindan y usan a sindicatos cooptados.

Uno es el del sector transportista, controlado por poderosos propietarios y concesionarios que exigen al Congreso aprobar la ley antiterrorista. Así, distraen de las verdaderas demandas, para que se aprueben medidas cada vez más coercitivas contra la libertad de expresión y de asociación.

La pretendida designación como terrorista no garantiza el freno al fenómeno de la delincuencia organizada. Para las élites, esa clasificación evidencia su plan de captura del Estado, como hicieron Fujimori y otros presidentes, luego investigados por corrupción.

Entretanto, los medios cooptados desinforman y engañan. Tal fue el caso de la exfiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una red criminal y destituida por favorecer a su hermana en un juicio. Otra versión muestra que la ultraderecha presionó para suspenderla, como ocurrió con su sucesor, el fiscal Domingo Pérez.

Fue así como las élites peruanas usaron a Boluarte para cercar toda crítica. Las medidas de fuerza se generalizaron hasta que, el 22 de octubre, se declaró Estado de Emergencia en Lima. Sin embargo, Boluarte ya no resultó útil y fue destituida bajo pretexto de autoritarismo y auge de la delincuencia.

El sucesor elegido fue José Jerí, vinculado con la derecha peruana, pues su tío político es el empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado, aunque investigado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta.

Jerí fue arropado por el derechista partido Somos Perú desde 2013; y aunque fracasó tres veces al intentar ser legislador por Lima, alcanzó el cargo en 2021; y desde entonces medró en el Congreso.

Su gestión ahí le valió ser designado sucesor de Boluarte y, para legitimarse, retomó la agenda de mano dura. Ese esquema es definido por el analista Francis Portocarrero como el respaldo del establishment político peruano a un gobierno de extrema derecha no electo.

Desde una mirada geopolítica, Perú aún conserva su aspiración de convertirse en futura potencia latinoamericana. Y ante lo que sus élites castrenses consideran como un escenario de nuevas amenazas globales, ese Estado se ha preparado para afrontarlas de manera “enfática y competente”, según el analista militar Jorge Eduardo Vallejo del Castillo.

Epicentro de una ruptura

El tres de octubre, el canciller peruano Hugo de Zela condenó, “con sorpresa y profundo pesar”, el asilo concedido por México a la exprimera ministra del presidente Pedro Castillo, Betssy Betsabet Chávez Chino, quien permanecía en la embajada de México en Perú.

Tras calificar el hecho como “situación inamistosa” y agregar que, en reiteradas ocasiones, la presidenta mexicana ha interferido en asuntos internos de Perú, ese gobierno decidió romper relaciones diplomáticas.

La razón real de tal ruptura es el interés de EE. UU. y la oligarquía peruana a su servicio de impedir que la expresidenta del Consejo de Ministros de Perú, Chávez Chino, sea la candidata presidencial en el futuro proceso electoral.

La eventual postulación de la también abogada y congresista, significaría recolocar nuevamente la agenda política de Perú en primer plano, el interés de las mayorías tal como ocurrió con el gobierno del destituido presidente Castillo.

Es por ello que, tras la detención de Pedro Castillo el siete de diciembre de 2022, se caracterizó a Betssy Chávez como la figura clave que seguiría el programa progresista y a quien había que detener. Y por ello fue detenida, acusada por presunta rebelión, delito no comprobado, pese a que ella y sus defensores exigían contrastar las supuestas pruebas.

Tras ser excarcelada por el Tribunal Constitucional, su vida e integridad seguían en peligro, pues tampoco hay garantías del debido proceso si se la vuelve a detener bajo un nuevo cargo, como sería el de conspiración. México estudió el caso y decidió concederle la garantía y el derecho fundado en el Derecho Internacional de asilo político.

Por tanto, carece de sustento la primera acción de política exterior del derechista presidente Jerí, al denunciar el asilo a esa luchadora política como acto “inamistoso” entre dos Estados. Lo mismo sucede con la supuesta injerencia mexicana, pues no existen denuncias de ello ni pruebas de su antecesora ni de él.

En cambio, existen múltiples testimonios de la actitud hostil provenientes del gobierno de Boluarte para impedir el trabajo de los abogados del presidente Pedro Castillo, autodenominado “Presidente secuestrado”, sometido a aislamiento ilegal para obligarlo a desistir de su resistencia.

Ese mismo riesgo corren sus antiguos colegas de gobierno o simpatizantes, perseguidos y sujetos a innumerables presiones. Por esos antecedentes, México concedió el asilo a Chávez y, por ello, el gobierno de Jerí debe permitirle la salida, se trata de salvar su vida e integridad.

Esa medida ocurre en un contexto complicado para la relación bilateral, caracterizado por un distanciamiento prolongado a casi tres años y marcado por las expresiones desde el Gobierno de México para excarcelar al presidente Castillo.

Ante la expulsión de la embajadora de México en Perú, Karla Ornelas, la ruptura unilateral no cierra la actividad del Consulado, cuya preocupación radica en proteger a los mexicanos en el país andino.

No hay razón legal para que el gobierno de Jerí insista en la sinrazón de escalar la tensión. Con esa medida de fuerza, Perú “tiende un manto” sombrío sobre los vínculos de identidad común entre ambas naciones, tejidos por más de cinco siglos y formalizados diplomáticamente en enero de 1823.

México en la geopolítica andina

Tales hechos suceden en la región denominada como la “tercera frontera” por su ubicación estratégica y profundos lazos económico-comerciales conservados entre sí. También se producen en el contexto de creciente agresión en el Caribe por EE. UU. contra Venezuela y Cuba.

Sin embargo, EE. UU. tiene la visión de mantener ahí una influencia dominante que choca con el interés de otros actores como China o Rusia, por lo que usa el argumento de que busca controlar el flujo de drogas.

Por ello, la oferta de Donald Trump para contener a la delincuencia, y su insistencia en designar a esos grupos como terroristas, pretende que se autorice la intervención terrestre de sus fuerzas antiterroristas, como ya aceptaron Argentina y Paraguay, así como Perú.

En años recientes se produjo el ascenso al poder, en Ecuador y Perú, de actores que representan los intereses de las oligarquías locales. En el primer país, ese proceso se concretó en la presidencia de Daniel Noboa.

México mantiene relaciones con 191 miembros de Naciones Unidas; y hasta el tres de octubre, sólo había tenido una ruptura con Ecuador por la orden proveniente del presidente Noboa de irrumpir contra nuestra embajada en Quito para secuestrar al exvicepresidente Jorge Glas, quien también sufrió un acoso judicial tras ser liberado y luego refugiado en nuestra sede.

La noche del cinco de abril de 2024, fuerzas policiales y militares de Ecuador irrumpieron en la embajada de México en Quito, capital de Ecuador. El violento operativo tuvo el objetivo de detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, huésped de la sede y protegido por el asilo otorgado por México.

El gobierno de Noboa escudó su agresión alegando que Glas era “prófugo de la Justicia” y podía ser detenido, pues carecía de derechos políticos. El exfuncionario fue acusado de supuesto soborno, lavado de activos, tráfico de influencias y hasta delincuencia organizada.

Esa agresión resultó de un conjunto de hechos derivados de la sistemática persecución por las fuerzas de la derecha contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, al término de su gestión (2007-2017) y sobre miembros de su gabinete como el propio Glas.

Para frenar el proyecto político de la Revolución Ciudadana, el radicalismo desplegó la estrategia de persecución judicial (lawfare) que criminaliza y judicializa todos los actos de gobierno de Correa.

Así, la derecha ecuatoriana –como su correligionaria de Brasil efectuó contra Dilma Rousseff y Luis Inazio Lula da Silva– persiguió, arrinconó e inmovilizó judicialmente a la izquierda. Lo hizo para impedirle postular candidatos a cargos de elección popular, a modo de golpes de Estado “en nombre de la Ley”, como apunta Arantxa Tirado.

Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (desde 2023 hasta ahora) emprendieron una estrategia de guerra: criminalizar a colaboradores de Rafael Correa sólo por haber participado con él y, por tanto, señalarlos como presuntos infractores de la ley que deben ser investigados.

En ese contexto surgió la campaña de persecución que caracterizó al gobierno mexicano como “potencial protector de los criminales”. Y se produjo en reacción a la denuncia mexicana del 11 de abril, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el gobierno ecuatoriano para retirar a ese país de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violar el Pacto de Bogotá de 1948 que garantiza la colaboración entre ambas naciones.

En cambio, el empresario Noboa advirtió que el asalto a la sede mexicana fue una “captura legítima” y no una violación a la embajada. Nuestro país sostuvo que defendía el derecho al asilo político; mientras, Quito sostuvo que México intervino en asuntos internos.