Cargando, por favor espere...

Nacional
Alejandro Gertz Manero renuncia a la Fiscalía General de la República
El titular de la FGR sólo puede dejar el cargo mediante renuncia por causas graves presentada ante el Senado o por remoción directa del Ejecutivo.


Foto: Internet

Alrededor de las 15:00 horas, de este jueves 27 de noviembre, Alejandro Gertz Manero envió su carta formal de renuncia como Fiscal General de la República (FGR) al Senado de la República, según informaron comunicadores como Manuel López, Mario Maldonado y Juan Orti.

Antes de enviar la renuncia, el todavía fiscal general se mantuvo en su oficina; sin embargo, no recibió llamadas ni visitantes durante varias horas, confirmaron funcionarios federales, quienes también especularon que la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, se perfila para asumir el cargo como nueva titular de la FGR.

Mientras tanto, en el Senado, legisladores decretaron un receso en la sesión plenaria para recibir y revisar el documento, mientras se discuten los mecanismos legales para concretar la salida del fiscal.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, le entregó un documento relacionado con el actuar del fiscal, cuyo contenido será revelado el viernes tras revisión jurídica.

De acuerdo con la legislación vigente, el titular de la FGR sólo puede dejar el cargo mediante renuncia por causas graves presentada ante el Senado o por remoción directa del Ejecutivo, siempre que se acredite alguna de las conductas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre ellas: cohecho, peculado, abuso de funciones, conflicto de interés o uso indebido de información; así como la comisión de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.


Escrito por Carolina Ruvalcaba

Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.


Notas relacionadas

La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.

La FGR estima un daño a la Hacienda Pública de más de cuatro mil millones de pesos.

FGR investiga una presunta red encabezada por Ingemar, empresa ligada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, que habría introducido de forma ilegal casi 800 millones de litros de gasolina y diésel.

La FGR acusa al exgobernador de Baja California de formar parte de una red que habría introducido ilegalmente más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos al país; enfrentará el proceso en prisión preventiva.

Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.

La Fiscalía General de la República abrió nuevas líneas de investigación para determinar si autoridades estadounidenses participaron en la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que podría representar una violación a la soberanía mexicana.

Acusan que la FGR busca construir una nueva versión de los hechos.

La investigación de la FGR se centra en operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la posible participación en el esquema financiero del caso Agronitrogenados.

Familiares de personas desaparecidas y usuarios en redes sociales cuestionaron el encuentro ante la falta de atención a problemáticas sociales.

La Comisión Anticorrupción aprobó iniciar el procedimiento contra el gobernador; tendrá 15 días hábiles para responder a las acusaciones antes de que el caso avance en el Pleno.

En noviembre de 2024, la gobernadora Rocío Nahle García anunció la reparación de dos mil 545 kilómetros de carreteras libres de peaje de ocho circuitos en la red federal.

Sólo 10.3% de las instituciones puede rastrear direcciones IP y para presentar pruebas, seis usan herramientas digitales como PowerPoint.

Desde el 30 de junio de 2022, un juez giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Guanajuato, Guerrero y Michoacán son las entidades con mayor incidencia en masacres.

El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.