La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Foto: Internet
El 47 por ciento de las víctimas de trata en el país son menores de edad y tres de cada cuatro son mujeres adolescentes, reveló la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) en su informe “Trata de Personas y Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México (CDMX)”.
A través de un comunicado, la REDIM y el CAM indicaron que las zonas con mayor vulnerabilidad por desigualdad y violencia se encuentran en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac en la CDMX; así como los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex), donde las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) enfrentan explotación sexual, trabajo forzoso y uso en actividades delictivas.
Asimismo, en el estudio reportaron que muchos adolescentes permanecen en centros de reclusión sin atención especializada, lo cual contraviene las leyes: General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014) y la del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (2016), que establecen medidas de protección en lugar de sanción.
El informe expone que la pobreza, los vínculos familiares con redes delictivas y la falta de espacios seguros facilitan la captación de menores, sobre todo varones, por grupos criminales. En el caso de las adolescentes, las relaciones sexoafectivas funcionan como medio de control dentro de estos entornos.
“Muchas de estas dinámicas atraviesan redes familiares, de amistad o vínculos cercanos y en el caso de las adolescentes mujeres, suelen estar ancladas en relaciones sexoafectivas que las vinculan a entornos delictivos desde edades tempranas. Estas condiciones generan una lógica de alto riesgo en territorios donde la delincuencia y la precariedad se entrelazan de forma cotidiana”, advierte el estudio.
Por lo anterior, las organizaciones demandaron a las autoridades estatales y federales programas integrales para reducir la pobreza infantil en las alcaldías y municipios, garantizar la permanencia escolar de NNA y crear espacios seguros.
Por último, solicitaron un protocolo nacional contra la trata y el reclutamiento de menores con enfoques diferenciados para poblaciones indígenas, migrantes y con discapacidad.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.