La reciente intervención ilegal de Estados Unidos (EE. UU.)para secuestrar al presidente Nicolás Maduro ha generado una protesta mayoritaria, pero también una peligrosa y arraigada permisividad. Un sector considerable de la opinión pública, moldeado por años de narrativas mediáticas dominantes, acepta este acto de guerra como un “mal menor”, por la creencia fabricada de que se “libera” a un pueblo de una supuesta dictadura. Esta idea es el fruto cosechado de una campaña metódica de ingeniería geopolítica y comunicación estratégica que se activó desde el momento en que Hugo Chávez, en 1999, desafió el consenso neoliberal y reivindicó la soberanía venezolana. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) cuantificó este asedio discursivo: entre 2018 y 2020, el 87 por ciento de las coberturas sobre Venezuela en medios hispanos de EE. UU. utilizaron el término de manera absoluta y acrítica, mientras silenciaban sistemáticamente el impacto letal del componente principal de esta guerra: las sanciones económicas.

Este cerco financiero, intensificado desde 2017, constituye el mecanismo central de una estrategia de castigo colectivo que busca el colapso sistémico: bloquea transacciones internacionales, congela activos como los de Petróleos de Venezuela, S. A. y prohíbe a terceros comerciar con Venezuela bajo amenaza de severas multas secundarias. Este bloqueo total, al interactuar con vulnerabilidades preexistentes como la caída de la producción petrolera y políticas cambiarias desacertadas, generó una catástrofe humanitaria. Estranguló la importación de medicamentos, alimentos e insumos productivos y profundizó una hiperinflación que superó el millón por ciento (FMI, 2017-2021), pulverizando salarios y ahorros. La ONU (2021) estimó pérdidas de 232 mil millones de dólares por las sanciones, mientras un estudio del Centro de Análisis Político y Económico de Venezuela atribuye a estas al menos 40 mil muertes adicionales por falta de tratamientos médicos entre 2017 y 2020. Éste es el contexto real, y no la narrativa hegemónica que presenta el éxodo de 7.7 millones de venezolanos (ACNUR, 2024) como fruto exclusivo de la mala gestión interna. Un balance objetivo reconoce una crisis multicausal que incluye errores de política económica nacional y la dependencia histórica del petróleo, pero demuestra que fue el bloqueo externo, diseñado para convertir las vulnerabilidades en colapso y generar un malestar social insoportable, el factor que exacerbó de manera decisiva la crisis, buscando señalar al gobierno como único culpable de una devastación orquestada desde el exterior.

Este relato se completó con el reproche archisabido: “no hay democracia, hay una dictadura”. Pero la aplicación de este epíteto exige una suspensión voluntaria del pensamiento comparativo y una mirada deliberadamente selectiva sobre el mapa geopolítico global. EE. UU., autoproclamado gendarme de la democracia, sostiene el sistema carcelario más vasto del mundo (2.3 millones de presos, con un sesgo racial brutal documentado por el propio Departamento de Justicia) y mantiene en funcionamiento el campo de concentración ilegal de Guantánamo, en Cuba, donde se cometen toda clase de violaciones de los Derechos Humanos. Su historial está manchado por el apoyo activo a dictaduras militares en el Cono Sur mediante el Plan Cóndor y, en la actualidad, por avalar regímenes como el de Egipto de Al-Sisi, donde la tortura es sistemática según Human Rights Watch. La Unión Europea, que sanciona a funcionarios venezolanos, subcontrata la vigilancia de sus fronteras pagando a regímenes autoritarios como Turquía y Marruecos, para que contengan mediante la violencia a migrantes y refugiados, práctica que ha convertido el Mediterráneo en una fosa común y las vallas en muros de impunidad. Esta política de financiar guardias fronterizos externos es una externalización calculada de la violencia: la UE proporciona fondos, equipos y legitimidad política a países cuyas fuerzas de seguridad son acusadas por la ONU de cometer devoluciones en caliente (pushbacks), torturas y detenciones ilegales masivas, mientras mantiene una distancia cómoda que le permite eludir su responsabilidad directa.

La hipocresía del doble rasero se consolida en Medio Oriente mediante alianzas con regímenes autoritarios. Arabia Saudita, teocracia absoluta que decapita disidentes y cuya guerra en Yemen ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo, sigue siendo el principal comprador de armas occidentales. Israel, presentado como “la única democracia de la región”, ejerce sobre los palestinos un sistema de ocupación, colonización y Apartheid, según determinan Amnistía Internacional y Human Rights Watch: mantiene un bloqueo ilegal sobre Gaza, expande asentamientos en territorio ocupado en violación del derecho internacional, y ha llevado a cabo operaciones militares con un costo desproporcionado de vidas civiles, superando las 65 mil muertes en la ofensiva iniciada en octubre de 2023. Estos Estados no son catalogados como “dictaduras” ni sometidos a sanciones globales; son socios estratégicos. El criterio, por tanto, nunca ha sido la democracia o los derechos humanos, sino la obediencia geopolítica, el control regional y los intereses económicos y militares del poder hegemónico.

La realidad venezolana, incluso bajo asedio, niega la caricatura totalitaria. Con 14 elecciones nacionales desde 1999, triunfos opositores en tres de 23 estados en 2023 y un promedio de más de quince mil protestas anuales documentadas por la sociedad civil, el país muestra espacios de disputa política. ¿Es entonces una democracia plena? No. Adolece de graves defectos. Pero son los mismos desafíos que enfrentan países que son considerados como democracias “consolidadas”; por ejemplo, en México, según la consultoría Integralia, se han asesinado más de 200 candidatos y funcionarios electos desde 2000. Sus procesos electorales están marcados por el financiamiento opaco, el clientelismo y una justicia electoral que frecuentemente legitima la farsa en lugar de enmendarla. Sin embargo, a México no se le aplica el apelativo de “dictadura”.

Ahora bien, esta narrativa se aceleró y materializó en un secuestro presidencial porque la intervención dejó de ser una opción estratégica entre otras para convertirse en una necesidad geopolítica urgente. La economía estadounidense, afectada por crisis recurrentes y una deuda pública récord que supera los 34 billones de dólares, ha perdido su dinamismo hegemónico frente al ascenso económico de China y la influencia diplomática de Rusia. En este escenario de disputa multipolar, asegurar el control absoluto sobre su “patio trasero” latinoamericano y sobre recursos estratégicos como el petróleo venezolano se volvió imperativo. Por eso, el secuestro de Maduro no es un acto de fortaleza imperial incontestable, sino el síntoma de una desesperación estratégica. Todos los mecanismos previos de desestabilización (la guerra económica, el bloqueo financiero, el apuntalamiento de una oposición interna fracturada) fracasaron en su objetivo último de derrocar al gobierno bolivariano. Ante el fracaso, sólo quedó el recurso de la fuerza bruta y clandestina, optando por un golpe “quirúrgico” y no por una invasión total, revelando el cálculo tácito de que una ocupación militar abierta sería un desastre logístico y político de proporciones históricas. Este acto no demuestra poder, delata la debilidad de un imperio que, incapaz de ganar en el terreno de las ideas y la soberanía popular, recurre al crimen de Estado.

Lejos de tratarse de una “liberación”, la máscara de la defensa democrática ha caído por completo. El pragmatismo desnudo del imperialismo se revela en la inmediata disposición a negociar, tras el golpe, con un gobierno interino de extracción chavista. El mensaje es cínico y transparente: no importa el color político, la ideología o las formas de gobierno; lo que importa es la sumisión y el control efectivo sobre los recursos estratégicos. El verdadero crimen de Venezuela no han sido sus defectos democráticos (comunes y frecuentes en gran parte del mundo, incluidos los centros del poder occidental) sino haber demostrado, aunque sea de manera imperfecta y bajo un asedio feroz, que la redistribución radical de la riqueza, la soberanía energética y la alianza con polos alternativos de poder son caminos posibles. Este acto de terror de Estado es, en esencia, una pedagogía del miedo dirigida a toda la región: la autonomía se paga caro.

La lección que debemos extraer, sin embargo, no es la de la sumisión resignada. Es la de la urgencia acelerada. La urgencia de romper de una vez por todas las cadenas de la dependencia económica que nos hacen vulnerables. La urgencia de construir una integración regional con peso estratégico propio, basada en la soberanía popular, la complementariedad productiva y la defensa mutua. Nuestra solidaridad con Venezuela tras este atropello no es sólo un acto de principios éticos o de fraternidad histórica; es la defensa previsora de nuestro propio derecho a existir y a decidir un futuro distinto. Juzgar a Venezuela sin considerar este contexto integral de guerra híbrida y de doble rasero geopolítico no es análisis serio; es complicidad activa con el imperio. Y debemos tenerlo claro: si hoy no detenemos este precedente en Venezuela, la próxima víctima, siguiendo la misma lógica de mansedumbre o castigo, podría ser cualquiera de nuestros pueblos.