El 69.6 por ciento de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –dos terceras partes– ha sido reformado desde que Morena ocupa la Presidencia de la República, pero gran parte de los cambios no ha traído bienestar a la población mexicana.

Un ejemplo de este parlamentarismo exacerbado se dio entre septiembre de 2024 y julio de 2025, cuando los legisladores federales promovieron mil 958 iniciativas de ley, pero únicamente 52 fueron aprobadas, mientras el resto fue desechado o enviado a revisión.

Del medio centenar de las iniciativas aprobadas, 31 fueron presentadas en el Congreso de la Unión por los legisladores de Morena y el Gobierno Federal para priorizar las promocionadas por la Presidenta y las heredadas del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ahora están preparando la reforma electoral que Claudia Sheinbaum Pardo ha proyectado desde 2025, pero sin revelar su contenido más relevante, algo que todos los ciudadanos deberíamos conocer para “aprobar o reprobar”, como sugería el prócer mexicano Ignacio Manuel Altamirano.

“¡Ojalá, señor, que pudiésemos revisar todos los actos del Ejecutivo para aprobarlos o reprobarlos! Estoy seguro de que se remediaría mucho y que marcharíamos mejor. En mi humilde opinión, no siempre el Ejecutivo ha hecho buen uso de las facultades con que se hallaba investido y bastantes veces ese poder discrecional ha sido en sus manos lo que una espada en manos de un loco”, escribió Altamirano a la Cámara de Diputados en una sesión celebrada el 27 de julio de 1861.

Por ello, con apego a este justo reclamo, los mexicanos deberíamos conocer y analizar detalladamente el contenido y los objetivos de la reforma electoral que el Ejecutivo entregará al Congreso de la Unión en los próximos días.

“No debe asustarnos el ejercicio del poder; el poder es para ejercerse; la ciudadanía le da el poder político a cualquier representante y éste lo ejerce como cree que debe ser ejercido, (…) Las reformas son necesarias, tienen que modificarse las reglas; pero aquí lo que está en juego son el tiempo y el modo en que lo están haciendo”, dijo a buzos Víctor Díaz de León, coordinador de investigación del Laboratorio Electoral.

El contenido de la reforma 

En agosto de 2025, Sheinbaum Pardo creó una Comisión Presidencial para elaborar el contenido de la reforma electoral, que está presidida por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, e integrada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital en México; Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de AMLO y el jurista Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política y Gobierno.

Todos militan en Morena; pero la designación más fuertemente criticada es la de Pablo Gómez debido a su falta de congruencia, porque en 1979 fue uno de los primeros 100 diputados federales electos mediante el sistema de representación proporcional; y hoy encabeza la comisión que pretende “eliminar” a los legisladores “plurinominales”.

Entre las principales funciones de la comisión destaca la convocatoria al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral para garantizar su participación en las decisiones políticas y las prácticas democráticas del país; analizar las propuestas ciudadanas; definir con ética y apego legal los grupos de trabajo; elaborar un reglamento interno y el contenido de la iniciativa.

Las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos, las academias, las organizaciones privadas y sociales también pueden ejercer su derecho a opinar y proponer; pero el contenido final de la reforma responderá, sesgada y unilateralmente, a un solo partido político: Morena.

En el portal de Internet de la comisión se afirma que realizaron 65 eventos abiertos al diálogo, en los que se acogieron propuestas que van destinadas a la democratización interna de los partidos políticos, al diseño y la forma de marcar las boletas electorales.

En los foros participaron cinco mil 264 ciudadanos y se recibieron 387 propuestas, que serán analizadas por los miembros de la comisión morenista que, con base en estos planteamientos, elaborará la iniciativa, que debió estar lista el pasado 1° de febrero, cuando inició el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Las nuevas reglas, según Morena, serán aplicadas en el proceso electoral de 2027. Sin embargo, especialistas en política comicial consideran que la elaboración de la iniciativa se ha retrasado y que, para aprobarla a tiempo, debería estar lista a finales de mayo de 2026.

“Hay una disposición constitucional que dice que ninguna regla del juego (entre ellas, cualquier reforma electoral) debe ser del conocimiento de los jugadores (legisladores) en fecha muy cercana al proceso electoral. O sea, antes de empezar el juego, ya tenemos que conocer las reglas (90 días antes). Hablamos de la elección de 2027 pero, en realidad, el proceso electoral comienza en septiembre de 2026; entonces, si te vas para atrás 90 días de la primera semana de septiembre, es decir, del inicio del proceso, nos queda la última semana de mayo (…) El tiempo que nos debió haber tomado para una negociación interna y/o externa, se utilizó para organizar la elección judicial. O sea… era natural que hubiera una reforma; y lo que no es natural es el tiempo en el que estamos”, apuntó Víctor Díaz de León.

Según el especialista, a falta de tiempo en un intento por evadir el análisis profundo de la reforma y hacerla trascender, podrían tomarse decisiones ligeras y sin un criterio pleno sobre la implicación.

“Ahora entonces, estamos viendo el estilo personal de gobernar de Morena –tengo una propuesta de reforma, entonces saquémosla y no le cambies ni una coma porque necesitamos que salga– y Morena tiene la fuerza para poder sacarla”.

El discurso oficial

Durante su conferencia matutina del pasado jueves 15 de enero, la mandataria aseguró que la reforma fortalecerá la democracia participativa, reducirá los costos del sistema electoral y garantizará la representación de las minorías, sin afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego, en su conferencia del miércoles 21 de enero, Sheinbaum declaró que, en los foros de consulta, la población había planteado “esencialmente” reducir el financiamiento público en las elecciones y el número de legisladores de representación proporcional.

A los ciudadanos no les gusta, “sobre todo la gente en las listas, gente que no conocen y que, por el porcentaje, queden como diputados”, aclaró la Presidenta. Por ello se debaten dos propuestas “medulares”: en cuanto a gastos electorales disminuir el presupuesto de los partidos políticos y el INE; y que legisladores de representación proporcional sean designados a través del voto popular y no por los partidos.

Estos cambios corresponden al discurso de la participación popular y al de la reducción de los procesos corruptibles; pero si no se explican ampliamente a la población, pueden provocar desconfianza; porque el recorte presupuestal al INE significa atentar contra el árbitro electoral, cuyas funciones técnico-administrativas resultan importantes para cumplir con la ley.

Los analistas recuerdan que la figura de legisladores plurinominales surgió de una reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles en 1977, que buscaba otorgar mayor representatividad y “contrapeso” a los partidos de oposición, y que el partido más favorecido por la representación proporcional ahora es Morena; que en la Cámara de Diputados cuenta con 257 legisladores 75 de los cuales son plurinominales.

En 2024 ganó el control del Congreso gracias a esta modalidad electoral; en el Senado colocó a personajes como el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard; en la Cámara de Diputados a Ricardo Monreal, Sergio Mayer, incluso a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos.

Pero no sólo la coalición gobernante (Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista) es la beneficiaria única de esta fórmula de elección porque, a través de ella, también fueron designados legisladores los actuales presidentes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI): Jorge Romero y Alejandro Moreno.

Tal proyecto de reforma electoral quizás solamente consista en una coartada de Morena para que ahora, cuando dispone de amplia mayoría gracias a los plurinominales, pueda eliminar todo tipo de resistencia a sus intereses partidarios y cerrar las puertas del Congreso de la Unión.

El INE bajo amenaza

No es la primera vez que se acusa con fundamentos al gobierno morenista de atentar contra los organismos autónomos, como los extintos Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, etcétera.

Por ello, el pasado 12 de enero, el INE entregó un documento a Pablo Gómez de alrededor de 70 páginas con 204 propuestas (organizadas en 10 ejes temáticos con todo el sistema electoral), en las que se advierten los riesgos implicados en decisiones precipitadas.

En lo concerniente a la disminución del presupuesto para los partidos políticos y al propio instituto, el documento afirma lo siguiente: “Reducirlo no resuelve un problema real de gasto: el financiamiento anual del INE representa apenas entre el 0.2 por ciento y el 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (entre 20 y 50 centavos de cada 100 pesos) y el de los partidos políticos 0.08 por ciento (ocho centavos de cada 100 pesos)”.

También reporta que la revisión de la fórmula de asignación de recursos públicos a partidos políticos debe procurar que éstos garanticen “suficiencia para mantener el pluralismo, pero bajo criterios de racionalidad presupuestaria, transparencia y fiscalización efectiva”.

Con respecto a la propuesta sobre los plurinominales, en la página 16 del documento, elaborado por los consejeros del INE: “Si la crítica a los legisladores ‘plurinominales’ es que las cúpulas partidistas (y no los electores) deciden las candidaturas ganadoras, se sugiere valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura en el cual cada partido reciba el porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos a partir de listas de candidaturas abiertas. Bajo este esquema, el partido integra la lista de candidaturas, pero la persona votante decide a quién le asigna su voto”.

Los consejeros precisan también que los plurinominales –que ocupan 200 de las 500 curules de la Camara de Diputados y 32 de los 128 correspondientes al Senado– permiten que los partidos con menor votación tengan voz en el Congreso en un umbral mínimo del tres por ciento del total nacional de votos.

Es decir, los plurinominales –legisladores que no son votados directamente por los ciudadanos y que quizá son “puestos a modo” por los dirigentes de partido– representan esencialmente un “contrapeso” para el partido gobernante.

Aquí encajan a la perfección las palabras de Díaz de León, cuando destaca: “se nos ha vendido una reforma que tiene que ver con cuestiones monetarias; vamos a reformar no si sirve o no sirve, sino qué tan caro o qué tan barato es; entonces quitemos a los diputados de representación proporcional porque eso es muy caro y entonces, con eso nos vamos a ahorrar una lana; dejemos de darle dinero a los partidos políticos porque eso nos cuesta mucho; quitemos a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) porque eso cuesta mucho. Pero ese argumento no se sostiene por sí mismo porque, en todo caso, las elecciones no son caras, son costosas; es costosa la credencial de elector, pero saldría más caro no tenerla, porque entonces no tendríamos certeza de quién está votando. Son costosas las boletas, sí, pero con eso garantizamos que nadie pueda votar más de una vez; entonces no es que sea caro, es que es necesario; porque no tenerlo, conllevaría a tener muchos problemas electorales.

“Estamos en un escenario donde, primero vamos a definir las nuevas reglas del juego, mismas que no conocemos, pero sí tenemos las intenciones. Y entonces es aquí donde no aparecen las reglas justas donde, con el sello de la casa –como en el plan A, y plan B, la regla es no le quites ni una coma– tenemos ya cierta intención de modificar al INE y transformarlo en un instituto de elecciones y consultas. Vamos a reducir el financiamiento a partidos políticos, quitaremos los oples, reduciremos el número de diputados de representación proporcional (…) Y yo digo: está bien, hagamos las modificaciones, pero partamos de un diagnóstico; pero de un diagnóstico que no sea formulado por los miembros del partido en el poder”, plantea Díaz de León.

El amago de los “aliados”

Para los electores con más información, es una burla que en las boletas de los comicios siempre aparezcan tantos partidos políticos y, sobre todo, que varios compitan en coalición y que las opciones se reduzcan a dos o tres; porque este modo de actuar parece una artimaña con la que los líderes sólo buscan garantizarse un lugar en el Congreso de la Unión, vivir del erario y no hacer “contrapeso” político.

En las elecciones pasadas, los dirigentes del PVEM fueron los más beneficiados por su coalición con el partido en el poder; pero ahora se oponen a la nueva reforma electoral porque los legisladores plurinominales podrían desaparecer.

En este caso se halla el senador de esta bancada, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien en una entrevista con Milenio declaró: “hay temas que no vamos a acompañar; el tema de la reducción de plurinominales no puede hacerse en perjuicio de las minorías y el tema de la reducción de los presupuestos, en todo caso, tendría que ser parejo”.

El coordinador reelecto del PVEM, Manuel Velasco Coello, quien en 2024 fue la única “corcholata” de este partido en la contienda para la candidatura presidencial, afirmó que no existe una postura definitiva sobre el proyecto de reforma, porque aún no se conoce formalmente; y que su bancada está trabajando en una propuesta propia.

Sin embargo, los partidos con riesgo de desaparecer buscan cuidar las formas y prefieren aceptar la iniciativa de Morena antes que perder su porción “del pastel” gubernamental. Por eso el PT se pronunció a favor de las decisiones que tome Morena en materia electoral.

En un comunicado oficial, su directiva difundió: “El PT ratifica su compromiso y su voluntad inquebrantable de consolidar la unidad con nuestros aliados estratégicos de Morena y del PVEM”.

Ambos partidos se han alineado al partido en el poder en los últimos sexenios; pero al final, ¿qué ganan oponiéndose a las formas? “¿En realidad, sus líderes están preocupados por el bienestar del país y por eso se oponen o, más bien, defienden sus intereses personales porque saben que si Morena logra la reforma que está planteando y elimina los “pluris”, muchos de ellos ya no van a quedar?” dijo a buzos Maribel Rodríguez, especialista en derecho constitucional.

Una oposición proimperialista

Los partidos de oposición han tomado la ruta más peligrosa frente a la reforma electoral de Morena. El PRI y el PAN se han pronunciado, como se esperaba, contra ella; pero en su intento por ganar adeptos entre los más reaccionarios de la clase política, la han bautizado como la “ley Maduro”. El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas llegó al exceso de señalar que es “una mentira vil para instaurar una narcodictadura, terrorista y comunista en México”, tres adjetivos con los que el imperialismo estadounidense ha justificado múltiples intervenciones y genocidios en el mundo.

Otros sectores de la oposición sostienen que la iniciativa morenista podría debilitar la autonomía del INE y reducir “los contrapesos” democráticos, diagnóstico por demás objetivo, porque hay indicios de que, detrás de ella, se oculta la intención de poderosos ultraderechistas que no permitirán la pérdida de su control sobre las decisiones políticas en México; y que, como resultado, supuestas sociedades civiles han financiado esta labor para atraer la simpatía de la gente.

El pasado 20 de enero, el INE notificó a la Cámara de Diputados que la iniciativa ciudadana de reforma electoral, presentada por el colectivo Salvemos México, encabezado por Claudio X. González Guajardo, hijo del empresario con el mismo nombre y presidente del consejo directivo de la empresa Kimberly-Clark, había cumplido con todos los requisitos legales mínimos– entre ellos la recolección de 136 mil 875 firmas de apoyo ciudadano (0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores)– para ser enviada al Congreso y procesada por el Poder Legislativo.

¿Pero qué hay detrás del colectivo Salvemos México, cuyo portal en Internet lleva el nombre de Salvemos la Democracia?

En primer lugar, Claudio X. González fue denominado enemigo número uno de AMLO; es hijo de un capitalista multimillonario acusado de pertenecer al llamado Cártel del Pañal; fue compañero estudiantil del expresidente Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala; y es doctor en derecho y relaciones internacionales por la Universidad Tufts, una escuela privada de Boston, Estados Unidos (EE. UU.), considerada como una de las cinco más caras de ese país.

Esto evidencia que el colectivo Salvemos México defiende los intereses de la plutocracia y no los de la clase trabajadora en el país; y es una “sociedad civil” que está coludida con otras organizaciones de la misma índole como la Marea Rosa o la Organización Comunitaria por la Paz (OCUPA), en cuyas labores resulta más ostensible su intervención en asuntos ajenos a los problemas de los trabajadores.

En los sitios de Internet de estas organizaciones “civiles”, la interfaz de navegación es muy intuitiva y trabaja rápido gracias a la cantidad de dinero que le invierten; sus espacios tienen más publicidad que información; pero aun así piden donaciones a pesar de que evidentemente son financiadas por empresas privadas.

Salvemos la Democracia tiene publicidad de Total Play; y OCUPA está asociado a la Fundación Coopel y a otras empresas de renombre. Dos de los hombres más poderosos de México están detrás de estas iniciativas; Totalplay, por ejemplo, pertenece a Ricardo Salinas Pliego, mejor conocido como el Tío Richie; y el magnate Agustin Coopel Luken es dueño de Fundación Coopel, quien es también director general de la cadena de tiendas departamentales más grande del país.

Esto solamente demuestra que quien tiene el poder económico puede apoderarse del poder político”, como lo evidencia la intentona de Salvemos México y la ultraderecha mexicana de ser el único actor relevante en el debate de la reforma electoral.

Es urgente un despertar ciudadano

Nadie está en desacuerdo con el propósito de que se gaste menos dinero en los partidos políticos, cuyos dirigentes y candidatos no sólo se llevan una “buena tajada” de los recursos públicos durante las elecciones. A decir de la Secretaría de Gobernación, el sistema electoral mexicano es uno de los más caros del continente, pues cuesta, en promedio, 9.07 dólares por persona, solamente por abajo de EE. UU., donde el gasto alcanza un promedio de 23.8. dólares.

Pero el mayor problema no sólo está en la propuesta de reforma para reducir los presupuestos electorales tan elevados, sino también en saber qué hará el gobierno morenista con esos ahorros; ¿serán destinados al mismo rubro o enviados a la Secretaría del Bienestar para comprar más votos destinados a los candidatos de Morena y mantener siempre pobres e inmovilizados a millones de mexicanos?

“Ahí es cuando, como ciudadanos, debemos ver si las reglas que se pondrán son percibidas como justas; si los resultados serán acatados; si todo lo que se está proponiendo como una modificación, es legítimo (…) es necesario que se revise para ver qué funciona y qué no funciona y lo que no funcione, cambiarlo”, concluye el coordinador de investigación del Laboratorio Electoral, Víctor Díaz de León.