El canon económico clásico postula que el mercado es modelo de equilibrio y que en caso de desbalancearse se ajustará solo, sin intervención del Estado. Algo irreal. Y hoy lo vemos con las protestas de los productores de maíz, que con acciones políticas buscan resolver, con la intervención del Estado, un problema económico, cuya responsabilidad radica en buena medida... en el Estado. Desde el 27 de octubre han venido bloqueando carreteras en protesta por los bajos precios del maíz y la falta de apoyo gubernamental. En general son medianos y grandes productores, empresarios del sector, y en muy escasa medida campesinos pobres.

Piden un aumento en el precio de garantía, medida de protección que el propio gobierno de la “Cuarta Transformación” prometió desde su triunfo. La justificación es que el precio del maíz cayó: en 2022 se pagaban siete mil pesos por tonelada, y ahora ha caído a tres mil 129. ¿A qué se debe esta caída? Influyen principalmente el exceso mundial de producción y la normatividad del T-MEC. El precio del maíz (amarillo y blanco) tiene como referencia fundamental su cotización en la Bolsa agropecuaria de Chicago. Y al caer ésta, presiona a la baja los precios pagados aquí y afecta los ingresos de los productores. De ahí la demanda de varios sectores de retirar el maíz del T-MEC: “debido a la competencia desleal con el maíz subsidiado que llega desde Estados Unidos” (El Financiero, 28 de octubre).

En este contexto, en septiembre y octubre los precios mundiales de los alimentos cayeron “por abundancia de suministros” (FAO); léase por exceso de producción. Y más todavía: “la FAO pronosticó para 2025 una producción mundial de cereales récord de dos mil 990 millones de toneladas” (El Economista, siete de noviembre). En ese contexto los precios del maíz cayeron en un 32 por ciento desde 2022 y los del trigo en poco más de 50 por ciento. En contrapartida, entre otras causas por el encarecimiento de fertilizantes y energía: “el costo de producir ha crecido cerca del 50% en los últimos cinco años (...) El resultado ha sido un colapso de la rentabilidad” (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA, El País, 27 de octubre). En esta tesitura los productores, para resarcirse, demandan un precio de garantía de siete mil 200 pesos por tonelada, mientras el gobierno ofrece, todo sumado, seis mil 138 pesos (El Economista, siete de noviembre).

Y aumentaron las importaciones. Como efecto del diferencial de costos y precios de México con EE. UU., “entre enero y septiembre se cuadruplicó la importación de maíz blanco” (GCMA, La Jornada, 21 de octubre). Éramos autosuficientes: hoy dejamos de serlo. En importaciones de maíz blanco y amarillo, según proyecciones del GCMA, al cerrar este año, alcanzaremos importaciones históricas de 24.7 millones de toneladas. ¿Qué fue de la soberanía alimentaria que prometió López Obrador?

La crisis actual tiene causas estructurales e institucionales. Nuestra productividad relativa es muy baja, y ello eleva nuestros costos de producción. Este año, según el USDA, la superficie sembrada de maíz en EE. UU. (39.9 millones de hectáreas) será la más alta desde 1937, con un rendimiento promedio estimado de 11.8 toneladas por hectárea. Se estima una producción total de 425 millones de toneladas de maíz, cantidad que no puede ser absorbida por su mercado interno, y debe ser arrojada a países dependientes. México es el principal comprador.

En claro contraste, nuestro rendimiento promedio en régimen de riego es de 9.3 toneladas por hectárea; y en temporal, de 2.7 (FIRA, CIAP-SADER), debido a los precarios niveles de tecnificación, salvo en las grandes empresas agrícolas altamente tecnificadas. En extensas regiones seguimos produciendo con tracción animal, e incluso empleando la tradicional coa prehispánica. ¿Se puede competir así y detener la marejada de cosechas de muy bajo precio?

En esta situación influye grandemente la pequeña escala de producción. “El Censo Agropecuario 2022 muestra que de las 3.5 millones de unidades productivas dedicadas a granos y oleaginosas, 82 por ciento tienen menos de cinco hectáreas y apenas 6.1 por ciento accede a crédito (...) millones de pequeños agricultores cultivan sin seguro, sin financiamiento” (GCMA, Revista Espejo, 15 de octubre). En cambio, el tamaño promedio de las unidades productivas en EE. UU., Brasil y Argentina oscila en torno a 200 hectáreas (USAID), lo cual les permite alcanzar economías de escala.

Las políticas públicas han contribuido al desastre. A título de ejemplo. En su administración, López Obrador redujo el gasto en infraestructura en 44 por ciento respecto al sexenio anterior, y la tendencia sigue. “La caída de la inversión pública en infraestructura continuó hasta septiembre y se ubicó como la más pronunciada en tres décadas. En lo que va de 2025 acumula una reducción de 32.5 por ciento anual” (La Jornada, seis de noviembre). Véase tan solo el lamentable estado de carreteras y calles en todo el país. Además, las cuotas de peaje para el transporte de insumos agrícolas y cosechas son un robo en despoblado. Todo eso afecta la competitividad.

En materia de financiamiento, López Obrador desapareció la Financiera Nacional y redujo drásticamente el gasto público en el sector agrícola. “En el caso del acceso a financiamiento, sólo el ocho por ciento de los productores cuenta con ello” (GCMA, Forbes, 2 de octubre de 2024). Agréguese a todo lo anterior la bárbara inseguridad en el campo, la total ausencia del Estado de derecho. Obviamente, cae la inversión y aumentan los costos de producción, almacenamiento y traslado.

Por otra parte, influyen de manera determinante los gigantescos subsidios de EE. UU. a sus productores de maíz. El año pasado recibieron un subsidio federal de tres mil 200 millones de dólares (USDA). Además, les ayudan con seguros, financiamiento y precios de garantía. Ello les permite reducir los precios del maíz que exportan, dando lugar a una competencia desleal con los agricultores mexicanos, que arruina y expulsa principalmente a los más pequeños.

Volviendo al tema de las actuales protestas, la presidenta Sheinbaum cuestiona que existen motivaciones políticas. Seguramente las hay (y el pueblo no debe dejar de ver de qué clase social hablamos), pero es innegable también que estamos ante una profunda crisis en la agricultura y los mercados agrícolas, consecuencia en buena medida de una errada política agrícola aplicada desde hace décadas y que hoy continúa en la llamada “Cuarta Transformación”.

En fin, ciertamente, deben atenderse todos los factores que provocan esa crisis, limitan nuestra productividad y competitividad, y nulifican nuestra soberanía. Para ello, sin embargo, es necesario revolucionar el modelo agrícola, basado fundamentalmente en las exportaciones hortofrutícolas (en detrimento del mercado doméstico, de los granos básicos y de la alimentación de los mexicanos de bajos ingresos). Este esquema tiene como marco el modelo económico neoliberal y, más en lo profundo, el sometimiento neocolonial a que nos tiene sujetos EE. UU. Nuestros márgenes de libertad para proteger a los productores mexicanos (principalmente a los más pequeños) son limitados. Libres del neoliberalismo podríamos hacer los cambios necesarios.

Y viendo como totalidad concreta el problema de los precios aquí comentado, precisamente por el predominio del mercado sobre la sociedad, no debemos soslayar otra implicación: ¿al aumentar el precio del maíz qué pasará con el de la tortilla y otros alimentos que afectan a toda la sociedad? Mientras unos ganan, otros pierden. Y esto pone de manifiesto las profundas limitantes y contradicciones del mercado como ordenador de la economía, a lo que hacíamos referencia al inicio.

Una reflexión política final. Ostensiblemente, los grandes medios de prensa, políticamente dominados por la derecha, se han desbocado apoyando con gran entusiasmo las protestas; pero esta solidaridad desaparece como por ensalmo cuando protestan los pobres; cuando salen a las calles a reclamar agua potable, escuelas, drenaje, electricidad; entonces, esa misma prensa que hoy se desgañita en apoyo de los productores, no titubea en tildar de chantajistas y desestabilizadores a los manifestantes, criminalizando su lucha. He aquí el carácter abiertamente clasista… e hipócrita de los grandes medios. En línea con este razonamiento, bien que los productores reclamen atención, pero los pequeños, ¿cuándo? Los campesinos deben también defender sus propios intereses y exigir ser escuchados.

En suma, como alguien dijo: si el mercado falla, debe intervenir el Estado, y si el Estado falla, deberá intervenir la acción social colectiva. Así pues, ante el fracaso de los dos primeros, esto último es hoy más que nunca necesario.