En sus funciones de operador del capitalismo corporativo, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ha impulsado una campaña de terror con la que agrede a civiles mediante tropas de élite, despide burócratas, desafía a jueces que acotan sus abusos, limita la libertad de expresión y cierra al gobierno.

Esta política autoritaria, efectuada con acuerdos ejecutivos (decretos), ha puesto bajo estado de sitio a Washington, la capital de EE. UU., mediante el uso de la Guardia Nacional y la policía local, con el argumento de que debe someterse al “terrorismo doméstico”, encarnado por indigentes que son expulsados de sus refugios.

La inédita militarización “para restaurar el orden” diluye los límites entre seguridad nacional y administración pública en perjuicio de los derechos civiles y libertades alcanzados por los estadounidenses, alertan las organizaciones sociales.

Donald Trump envió tropas a entidades bajo control demócrata, estrategia política que redefine los límites y alcances del poder civil con la democracia y uso de la fuerza del Estado. Por ello, cambió el nombre del Departamento de “Defensa” por el de “Guerra”.

Con esta estrategia de miedo y represión, el empresario inmobiliario opta por complacer a su base ciudadana y a sus aliados corporativos para ganar las elecciones legislativas de 2026 y avanzar hacia su reelección.

Confía en la campaña de la falaz “amenaza interna” para que sus simpatizantes apoyen tales medidas de fuerza. En su campaña de 2016, declaró en Iowa: “Podría pararme en la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no perdería a ningún elector, pues cuento con la gente más leal”.

Esos excesos provocaron un creciente rechazo social que se expresó en la nutrida manifestación ¡No Kings! Arrogante, Trump respondió a través de su red Truth Social, con un ofensivo video que evidenció la “necropolítica” que encarna.

La guerra

La política interna y externa del magnate expresa los intereses de las compañías trasnacionales energéticas, tecnológicas, farmacéuticas, agroindustriales y las que integran el complejo militar. Es lo que Steve Fraser llama “nihilismo capitalista”.

No duda en utilizar la crueldad para alcanzar sus objetivos: de ahí que haya ordenado la reanudación de las pruebas nucleares y multimillonarias ventas de armas a Medio Oriente, haya presionado a Europa para invertir cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en gasto militar y dotado a Ucrania con sistemas balísticos.

Su política interna, además de socavar las libertades de los conciudadanos y las instituciones que sustentan la política y democracia estadounidense, está profundizando la brecha entre ricos y pobres.

La experta en seguridad Janine Davidson asegura que Trump se ha preparado para una guerra interna. El despliegue de la Guardia Nacional y militares en servicio activo pertenece a un plan concebido por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth y el propio Trump.

Su beligerancia arancelaria trastocó los cimientos de la relación de EE. UU. con los mercados internacionales, pero no ha mejorado la vida de los estadounidenses. Del libre comercio, la superpotencia ha virado hacia un mayor proteccionismo y el anunciado “renacimiento” de Trump sólo ha causado desaceleración económica.

Trump descalifica todo punto de vista e información contraria a su interés, como cuando el informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo evidenció un menor crecimiento, asumió que eran “datos ridículos” y destituyó a la comisionada, Erika Mc Entarfer. Su intransigencia ha llegado a exigir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que reduzca las tasas de interés, destaca la experta Laura Tingle.

El único logro de Trump consiste en el aumento persistente de su patrimonio familiar: de cuatro mil 400 millones de dólares (mdd) en octubre de 2024, saltó a siete mil 700 en septiembre pasado, según Bloomberg y Forbes.

Con tan veloz incremento, el linaje del presidente retornó al grupo de las 500 mayores fortunas del planeta. Esta bonanza retrata perfectamente la profunda simbiosis entre el poder político y económico del primer círculo burocrático de la Casa Blanca.

En contraste, el neoyorquino fracasó en su expectativa de crear 100 mil nuevos empleos; pues únicamente se crearon 73 mil, tanto públicos como privados –mayoritariamente de mala calidad– y la fuerza laboral nacida en el extranjero se redujo en más de un millón.

Y aunque cualquier jefe de Estado hubiera deplorado sus magros resultados, Trump no persiste en designar a novatos, aliados o empresarios en cargos de gran responsabilidad en servicio público para que apliquen su plan de recortes de personal.

Este desmantelamiento combina lo intencional y la negligencia que, según el escritor Michael Lewis en su ensayo El quinto riesgo, registró en el primer mandato de Trump. Práctica que ahora se empeña en moldear en las instituciones fundamentales, apunta la analista Laura Tingle.

En ese objetivo destaca su promesa electoral de cerrar el Departamento de Educación, del que ya despidió a dos mil 600 de cuatro mil 400 empleados, además de que ya recortó fondos federales a las más prestigiadas universidades de su país.

Trump busca acotar el conocimiento y el pensamiento crítico, actitud a la que los analistas llaman el “Asalto de Trump” contra la Educación Superior. Y como no puede suprimirla, la vandaliza, revela el exsubsecretario del sector, James Kvaal.

La subsecretaria May Mailmain estaría detrás de la ofensiva contra las universidades de Harvard y Columbia (la primera debió pagar 200 mdd por supuesto antisemitismo). Pero lo que en realidad molestó a Trump, fueron las protestas contra Israel en el campus de la segunda.

Por ello sostiene que muchos de estos centros de estudio son ricos y no merecen la generosidad pública; porque no forman ciudadanos “hacia la próxima generación de grandeza” o porque fomentan el antisemitismo. Ante esta acometida, algunas universidades optaron por negociar y otras se mantienen firmes.

Abuso de poder

Donald Trump abusa de su poder al construir una peligrosa Fuerza Nacional Policial de naturaleza paramilitar que actúa encubierta y no rinde cuentas a sus conciudadanos ni al Congreso.

Son tropas altamente calificadas que reprimen a ciudadanos opositores a sus violentos operativos antiinmigrantes. El mundo y los estadounidenses han visto pavonearse a enmascarados agentes federales con rifles de asalto en ciudades y a francotiradores en azoteas listos para lanzar gases lacrimógenos y balas de gas pimienta.

Además de ser agredidos por agentes federales y locales, civiles, líderes religiosos y periodistas enfrentan cargos de la Fiscalía Federal que los acusa de resistencia al arresto y otros delitos.

Gobernadores de varios estados han levantado la voz amparados en la Constitución. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, decretó un Plan de Resistencia Contra la Militarización que exige a Trump desistir de usar a militares para contener la inmigración e insta a los agentes a identificarse: usar uniforme, exhibir nombre y número de placa y no usar mascarillas ni cámaras corporales.

Johnson ordenó, asimismo, que los departamentos de la ciudad usen todas las vias legales y legislativas disponibles para resistir el esfuerzo coordinado del gobierno federal porque violan los derechos de los habitantes.

Trump alegó que Portland estaba “devastada por la guerra” y, con alarde de fuerza, autorizó el uso de “fuerza total” si fuera necesario. Buscó enviar a la Guardia Nacional, pero un tribunal suspendió el fallo de tres jueces. El alcalde de la ciudad, Keith Wilson, advirtió que no toleraría tropas ahí ni en otra ciudad del país.

El presidente trastocó todo el orden político-judicial en que se basa la gobernabilidad de su país. Su neofascista visión antinmigrante convirtió a las ciudades estadounidenses en campos de batallas.

Por ello, la célebre Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU en inglés) aseguró que presenciamos la creación nacional de esa enorme fuerza paramilitar que Trump puede usar para intimidar a la población y consolidar su poder.

Y así fue como el 30 de septiembre, ante 800 altos militares habilitados en Fort Bragg, Trump declaró su intención de enviar tropas a ciudades estadounidenses. Así midió la disposición del ejército para actuar como cuerpo de seguridad, lo que convertiría esas urbes en campos de entrenamiento para el Pentágono.

También contempla exhibiciones de fuerza agresivas; el sobrevuelo de helicópteros sobre barrios habitacionales; el uso de granadas aturdidoras; el patrullaje de camiones y agentes en zonas precarias; y detener sin orden judicial a transeúntes estadounidenses.

Los gobiernos de California, Oregon e Illinois demandaron al ejecutivo federal contra la invasión de tropas. Sin embargo, otros ofrecieron apoyo a la agenda represiva de Trump, como el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, que brindó apoyo logístico a los operativos antiinmigrantes y Jeffrey Martin, de Louisiana, que activó a la Guardia Nacional por “seguridad pública”.

Purga tecno-fascista

El desmantelamiento de sectores del gobierno federal, muchos estratégicos, con el apoyo técnico del neofascista Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés) de Elon Musk, tiene el propósito de eliminar más de 200 mil puestos laborales y funciones importantes de varias instituciones.

Tal estrategia no se centra en el desempeño laboral de los trabajadores, sino en el afán de la tecno-política de reestructurar al Estado a su conveniencia. Esos drásticos recortes laborales y la imposición de funcionarios ineptos provocaron renuncias.

Éste fue el caso del director de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Jim Jones, un día después de que se confirmara como titular a Robert F. Kennedy Jr. (el anti-vacunas). Como efecto colateral: más de 40 millones de estadounidenses quedaron en riesgo de perder la ayuda federal para el programa de Asistencia Alimentaria Esencial.

Todo este año, millones de estadounidenses fueron sometidos a la angustia de perder sus empleos; y para colmo, tras el desacuerdo entre republicanos y demócratas por aprobar la Ley de Gasto, inició el llamado cierre del gobierno.

Trump estableció que aprovecharía la ocasión para reducir en 300 mil el número de burócratas federales de programas “incompatibles” con sus prioridades. Y el 1° de octubre a las 12:01 a.m. se suspendieron todos los servicios complementarios del gobierno y se inició la reducción de personal.

Tres semanas después, unos 750 mil empleados estaban en casa sin salario, los que estuvieron a prueba perdieron su trabajo y otros trabajaban sin cobrar por prestar servicios básicos: soldados, miembros del Servicio Postal y del Medicare, controladores aéreos y fuerzas de seguridad.

Las nóminas se redujeron: 400 empleados perdieron sus plazas en el Departamento de Seguridad Nacional, dos mil en el de Energía, dos mil 800 en el de Salud y 400 en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés). Despidieron a cuatro mil 200 empleados a prueba en el Ministerio de Agricultura; y a 80 abogados en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano recortó al 50 por ciento de su plantilla, la Administración Federal de Aviación despidió a 400 empleados y el Tesoro privó de su trabajo a seis mil en periodo de prueba.

El Departamento de Justicia despidió a 20 empleados y a la Fiscal del Distrito Sur, Danielle Sassoon, que investigaban los procesos penales contra Donald Trump. El Departamento de Estado prescindió de sus servicios a 10 mil trabajadores que estaban a prueba.

El Departamento de Guerra está por “liberar” a unos cinco mil 400 trabajadores civiles a prueba; y estudia despedir hasta 70 mil efectivos; mientras que dos mil 300 empleados fueron retirados del Ministerio de Ocasiones Interiores, que administra las tierras públicas y parques nacionales.

Ante esta ola de despidos, la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) intentó frenarlos cuando pidió a la jueza Susan Illston que no expidiera las notificaciones; pero la magistrada no se pronunció.