El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, no sólo ha perpetrado más de 83 crímenes de lesa humanidad y puesto en vilo la vida de 28.4 millones de personas con su guerra militar, económica, psicológica, diplomática y mediática contra Venezuela, sino que, además, ha desafiado a China, Rusia y al Congreso de su país.

Desde el 20 de enero, e l gobierno de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional y las Comunas de la nación caribeña han insistido en dialogar con el mensaje “Venezuela es territorio de paz” para que el mandatario gringo cese su ofensiva terrorista, pero éste ha evadido esta demanda. 

Pese a los llamados, el magnate persiste en usar la fuerza y el 21 de noviembre confirmó su propósito de atacar a Venezuela en el diálogo telefónico de 15 minutos que tuvo con su homólogo, descrito como “cordial y respetuoso”; pero en el que intensificó sus amenazas contra un país que se halla a tres mil 314 kilómetros del suyo y tiene la mayor reserva energética del planeta. 

El estadounidense cumple así lo que prometió durante el discurso inaugural de su segundo mandato en la Casa Blanca: disponer de los ejércitos “más fuertes que el mundo haya visto jamás”, aunque en los hechos sean utilizados para asesinar a civiles inermes en el Caribe con la mentira de que son “narcotraficantes y terroristas”. 

Asimismo, Trump ofreció a sus conciudadanos la garantía de que su gobierno no solamente ganaría por las batallas y las guerras que terminaría, sino también “por las guerras en que nunca entraría”. Sin embargo, en marzo de este año atacó a hutíes en Yemen y, en junio, aviones y submarinos de la marina gringa destruyeron plantas de uranio de uso pacífico en Irán. 

Con estos “éxitos”, el 15 de agosto, el jerarca inmobiliario ordenó a su fuerza naval y al ejército desplegarse en el Caribe para lidiar contra un enemigo inexistente. Alardeó que sus tropas sumarían “decenas de miles”, algo no visto desde las guerras de intervención imperialista de EE. UU. en el Medio Oriente. 

Esta muestra de fuerza, que según los analistas militares costaría unos tres mil 320 millones de dólares (mdd) y según los analistas políticos 100 mdd, se apoya en los contribuyentes estadounidenses. Con este dinero se financiarían 68 mil 640 tratamientos para drogadictos, explicó el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. 

Pero en el intenso acoso bélico contra una nación pacífica y las amenazas contra el comandante supremo del ejército de su país, existe quizás un inconsciente y paradójico sentido de responsabilidad porque, para no ir a Vietnam –la cruel guerra donde EE. UU. perdió 58 mil 220 soldados–, el entonces joven Trump eludió cinco veces el servicio militar con la argucia de que padecía de espolones óseos en sus talones, contó su abogado Michael Cohen al Military Times. 

Alarma en el Congreso 

La estrategia bélica y política con la que Trump pretende someter a Venezuela resulta tan equívoca que por ello habría dimitido el jefe del Comando Sur, Alvin Hosley, quien apenas había asumido ese cargo en diciembre de 2024. Otros mandos de la Armada y el Ejército también evitan involucrarse en las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth. 

El dos de diciembre, durante su primera operación en el mar Caribe, EE. UU. atacó una lancha con 11 tripulantes, de los que sólo dos sobrevivieron. “¡Mátalos a todos!”, fue la orden inmediata de Hegseth a un comandante de Operaciones Especiales, después de realizar un segundo ataque letal, reveló el diario The Washington Post. 

Desde entonces, aviones con misiles Aegis y otras fuerzas armadas han asesinado a 83 tripulantes de embarcaciones ligeras en 20 operativos similares, en tanto que un submarino nuclear se pavonea en aguas del Caribe que, desde 1994, fue declarada zona desnuclearizada. Esta agresividad, urdida por agencias de inteligencia y expertos militares, responde a una falsa premisa: por el Caribe venezolano fluyen narcóticos hacia EE. UU., a pesar de que su colosal fuerza bélica no ha incautado ningún cargamento de droga ni detenido a un solo traficante relacionado con Venezuela.

En cambio, con estas operaciones, el presidente estadounidense viola la constitución de su país, porque no ha sido autorizado por el Congreso ni por el poder judicial; además de que atropella el derecho internacional al atacar, matar y herir a personas; y conforme a los Convenios de Ginebra, debe primero atenderlos y luego detenerlos si hay razón. 

Sorprendidos por la acusación de los legisladores venezolanos de que estas operaciones desacatan las leyes internacionales, los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU. han intentado “lavar la cara a sus fuerzas armadas” y su gobierno. 

Ante el escándalo provocado por estas ejecuciones extrajudiciales, demócratas y republicanos enfrentan los reproches de ciudadanos y medios de prensa. El senador por Virginia, Tim Kaine, advirtió que Trump cometió un crimen de guerra y prometió que su comité investigará al Departamento de Guerra (Pentágono). 

Trump asegura que la prensa pretende desacreditar a sus “increíbles guerreros” y Hegseth niega la versión de los medios; pero en el Capitolio se cree que sí lo hizo y recuerdan que, el 25 de octubre, aquél sostuvo que los cárteles del narcotráfico son los “Al Qaeda del hemisferio occidental”. 

Para justificar la expansión de su poder presidencial, sin aval del Congreso, Trump primero acusó sin bases al presidente Maduro de liderar el Cártel de los Soles y/o al Tren de Aragua; luego cambió esta versión y reconoció que las mafias de drogas son “terroristas”, lo que su Secretario de Guerra no ha probado. 

Rendir cuentas 

El imperialismo tiene prisa por evitar que otras potencias, como la Federación de Rusia, la República Popular China, la República Islámica de Irán e India, le ganen espacio en América Latina. El plan de contención monroísta de Trump incluye el amago de un ataque inminente contra Venezuela para inmovilizar a Cuba, Brasil, Nicaragua y México. Por eso ha abierto un nuevo frente de “guerra contra el terrorismo” en el Caribe. 

Pero esta versión ya generó debate, porque la sola declaración de terrorista a una banda de narcotraficantes no la convierte en un blanco militar, reiteran expertos. Por ello, los legisladores exigen a Trump que explique a los estadounidenses y al Congreso por qué usa fuerza militar contra Venezuela, cuáles son sus objetivos y cuándo terminará su guerra. 

Mientras millones de personas repudian sus crímenes bélicos y ejecuciones extrajudiciales, el Ejecutivo consuma los objetivos de los centros de poder a los que pertenece: las megacorporaciones armamentistas, tecnológicas, energéticas, extractivas y entes financieros que saquean y expolian a la clase trabajadora de EE. UU. y otros países. Por ello, tiene en su mira los más de 303 mil millones de barriles (mdb) de reserva de petróleo que convierten a Venezuela en el país más rico por ese energético, ya que supera los 267 mil mdb de Arabia Saudita y los 23 mil 146 mdb mexicanos. 

Este potencial yace en los 55 mil kilómetros cuadrados de la Franja Petrolífera del Orinoco, a sólo 615 kilómetros de Caracas. El saqueo de esta riqueza natural subyace al objetivo real de la necropolítica corporativa que, en 2002, intentó un golpe de Estado y en 2019 intentó imponer a Juan Guaidó. 

Ese plan fracasó y por ello la oligarquía imperialista gringa ha recurrido a la falacia del narcotráfico y terrorismo para consumar la captura del Estado en Venezuela; así frenaría la resistencia de la clase trabajadora y retrocedería en su reclamo de soberanía. 

El proyecto se aprovecha de un entorno regional donde el imperialismo está imponiendo formas cada vez más autoritarias que socavan la democracia, como lo evidencia el despliegue del Comando Sur, cuya estrategia no es la propia de una operación “policial antinarcóticos”, sino de una que pretende debilitar el control soberano de los países caribeños sobre su mar. 

El financiamiento a las fuerzas de oposición que socavan la unidad e impiden la consolidación democrática de Venezuela, también intentan favorecer la instalación de gobiernos autoritarios que legalicen el robo de los territorios y los recursos naturales en perjuicio de la población, alerta la analista Nancy Fraser. 

Con la retórica de la “seguridad”, el actual gobierno estadounidense refuerza hoy la Doctrina Monroe y expande su influencia imperial. Por eso, Trump viola toda norma legal al insistir en que se trata de un conflicto armado “no internacional”. 

En ésta, como en todas sus intervenciones, Washington no defiende la democracia, sino el robo de recursos. Tal como antaño, sus cañoneras forjaron imperios corporativos, profundizaron desigualdades y precarizaron a los trabajadores, hoy sacrifica a comunidades enteras, denuncia la investigadora Laleh Khalili. 

La CIA, el fiasco 

Mientras su gobierno se ocupa en desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina, resulta iluso suponer que a Trump le preocupa el escándalo del corrupto Jeffrey Epstein. Resulta clara su indiferencia ante el juicio sobre las revelaciones en torno a su complicidad con el delincuente sexual. 

Los escrúpulos no inspiran ninguna decisión política de Trump; su objetivo –y el de la cúpula a la que sirve– consiste en mantener el poder y lograr beneficios. La orden de acorralar militarmente a la Revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro se ha convertido en la mayor amenaza a la soberanía territorial de Venezuela en toda su historia. 

No existe ninguna evidencia de que el mandatario bolivariano lidere a un grupo criminal. Si existiera el más ínfimo de los vínculos entre una institución pública de Venezuela y alguna mafia local o extranjera, sería un asunto del ámbito judicial, no militar y menos extraterritorial. 

Pero ello, no evitó que, el pasado 15 de octubre, Trump anunciara, sin pudor y ante el público, que había autorizado a la siniestra Agencia Central de Inteligencia (CIA) para que realizara operaciones encubiertas en Venezuela. 

Estas acciones de inteligencia se efectuaron en los ámbitos políticos, militares y económicos de otros países, especialmente donde el imperialismo estadounidense debe preservar y aumentar la presencia de sus grandes empresas trasnacionales, algunas incluyen esfuerzos golpistas y gestiones posgolpistas. 

Según la Constitución de EE. UU., únicamente los Comités de Inteligencia del Congreso autorizan y supervisan estos actos intervencionistas. Hasta ahora no se ha autorizado ninguna, pues Trump no les informó sobre las que ordenó a la CIA, entre las que habría una para organizar grupos paramilitares, sugirió el politólogo Stephen Weissman.

Algunos ciudadanos estadounidenses simpatizan con estas acciones, pero otros recuerdan que en 1989 fallaron las que había impulsado la CIA en Panamá y que el operativo intervencionista requirió el uso de 27 mil soldados y 300 aviones para concretar el plan. Pero ese país tiene una sexta parte de la población de Venezuela. 

La CIA se decepcionó recientemente porque no pudo derrocar a los gobiernos de Libia y Siria, misión en la que contó con el apoyo de la Mossad de Israel. Por ello, se piensa que su acción en Venezuela solamente logrará incitar el nacionalismo antiestadounidense en toda la región. 

Los congresistas de los Comités de Inteligencia del Congreso estadounidense son reacios a que su gobierno se involucre en un conflicto regional y exigen a Trump un informe dirigido a los miembros de mayor rango (Grupo de los Ocho), en el que detalle los objetivos identificables de su política exterior y explique si existen “circunstancias extraordinarias” que afecten los intereses vitales de EE. UU. 

Si ese informe no satisface a los comités, pueden eliminar la operación encubierta, además de actuar sobre su presupuesto. Cabe recordar que la CIA actuó en Venezuela y que su Operación Gideon del tres y cuatro de mayo de 2020 fracasó. El plan para derrocar a Nicolás Maduro incluyó la infiltración de 60 exmilitares disidentes venezolanos por mar, y dos ex Boinas Verdes empleados de seguridad Silvercorp USA, como lo reveló el mercenario canadiense Jordan Goudreau. 

La CIA actuó de forma “improvisada, con pocos fondos y en una misión suicida”, confirmaron reporteros de la agencia noticiosa Associated Press (AP), que conocieron anticipadamente la operación. 

Una vez difundida la verdad, el usurpador Juan Guaidó y sus patrocinadores intentaron mostrar el hecho como una operación de bandera falsa de Maduro, en tanto que Goudreau declaró que su equipo “luchó por la libertad y la democracia”. 

También en Venezuela, pero 35 años antes –en 1990– la CIA tuvo el mayor fiasco de su historia: dejó una tonelada de cocaína, casi pura, en manos de narcotraficantes para ingresarla en Florida y “recabar información” de mafias locales. Pero la Administración para el Control de Drogas (DEA) incautó esa carga y los fiscales desautorizaron la misión. 

Estas bochornosas experiencias mercenarias han sido apoyadas por otros países que boicotean las alianzas del progresismo antihegemónico. Por eso, Francia destacó en el Caribe sus fuerzas de la Guyana Francesa en las bases del Reino Unido para formar el Arco de Vigilancia. 

Héctor L. Saint-Pierre explica que esa subversión no sólo se produce en el Caribe, sino que tal fuerza imperial está presente en el Atlántico sur. Ahí convergen intereses de EE. UU., Europa, Rusia y China porque representa una ruta vital para Asia, además de que contiene reservas de energía y minerales muy codiciados. 

La Cuarta Flota estadounidense, subordinada al Comando Sur, navega desde su base en La Florida para mantener las rutas entre el Caribe, Sudamérica y el Atlántico bajo control. La guerra es lo suyo, no la paz.