El pasado 23 de junio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA en inglés), a través de su Oficina de Asuntos Agrícolas, publicó el informe Actualización sobre granos y piensos. En el documento, la institución señaló lo siguiente: “(…) Se prevé que la producción de maíz en México disminuya en la campaña comercial 2026/2027 debido a que el aumento de los costos de los insumos y los bajos precios internos afectan las decisiones de siembra. Se espera que las importaciones de maíz, trigo y arroz aumenten, ya que la producción nacional sigue siendo insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Además, se espera que Estados Unidos siga siendo la principal fuente de importaciones mexicanas de granos y forraje. (…) El alza en las importaciones de maíz para los años 2026 y 2027 se estiman en 26.5 y 27.0 millones de toneladas respectivamente”. Al analizar este informe con mayor profundidad, podremos observar la crisis e ineficacia productiva en la que se encuentra nuestro sector agrícola. Veamos.

Actualmente, México es la décimo tercera economía del mundo, el décimo segundo país productor de alimentos y el décimo lugar mundial en exportaciones. En cuestión de recursos naturales estamos en una situación similar, pues en México, con más de dos millones de kilómetros cuadrados, se alberga más del 10 por ciento de la diversidad biológica del planeta, poseemos 16 tipos distintos de climas y el 80 por ciento del territorio nacional con vocación forestal. En la extracción de minerales también sobresalimos, pues somos el primer productor mundial de plata, el noveno de oro y el undécimo de petróleo. Además, contamos con más de 20 millones de hectáreas cultivables y 21 de los 25 tipos de suelo registrados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el mundo.

Es evidente que México posee una enorme riqueza en todos los sentidos. No obstante, la realidad muestra otros aspectos: más del 72 por ciento de los hogares, equivalente a 94.1 millones de mexicanos, se encuentra en alguna situación de pobreza (Evalúa CDMX, 2025). Pero la pobreza no se debe a la falta de esfuerzo o de capacidades de los individuos que la padecen, deviene de condiciones objetivas, materiales y específicas relacionadas con el sistema de organización social y la producción y distribución de la riqueza.

Tal situación, trasladada al terreno de la producción agrícola, se refleja de distintas maneras, pero principalmente en la baja productividad y crisis económica que atraviesan los hogares de los pequeños productores mexicanos. Por ejemplo, aunque en nuestro país se cultivan aproximadamente 23 millones de hectáreas, 74 por ciento son de temporal (sometido a la variabilidad climática de las lluvias y sequías); y sólo el 26 por ciento es de riego, es decir, con algún sistema que garantice el riego oportuno y adecuado de los cultivos. Sumado a esto, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2023 y de la FAO (2024), 120 millones de hectáreas (más de la mitad de la superficie nacional) están afectadas por la desertificación; y el 70 por ciento de la superficie agrícola corre riesgo de degradación y desertificación de suelos.

Por otra parte, la tecnificación en el campo mexicano, es decir, la incorporación de nuevas tecnologías que aumenten la productividad y disminuyan los costos de producción, es un proceso limitado, pues el 85 por ciento de la manufactura agrícola se realiza con tecnologías de baja intensidad, mientras que apenas el dos por ciento de los cultivos usa tecnología avanzada. Asimismo, el uso de maquinaria en el nivel nacional resulta bajo, pues sólo el 29.2 por ciento de las unidades de producción utiliza sembradoras, mientras que la mayor parte de las unidades productivas aún utiliza herramientas manuales como la coa y el azadón (60.2 por ciento) y poseen una superficie promedio de apenas 3.5 hectáreas (Censo Agropecuario 2022).

En el mismo sentido, la situación de la población rural es apremiante, pues buena parte de las personas en el campo atraviesan por alguna situación de pobreza generada por los bajos precios de sus productos en el mercado, los altos costos productivos y los bajos niveles educativos y de acceso a servicios públicos y crediticios que les permitan desarrollar mejor su vida y la actividad económica.

Ante este panorama se requiere una reforma estructural del sector agrícola nacional que priorice el mercado interno, las necesidades de alimentación, el desarrollo tecnológico e implemente políticas públicas que promuevan un mayor financiamiento para las unidades productivas y combatan el hambre en el campo.