Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días. La respuesta inmediata de la Presidenta fue que las manifestaciones tenían detrás “intereses políticos y no legítimos”. Dicho así, sin aclarar esos “intereses” ni quiénes estaban detrás, es evidente la intención del comentario: desacreditar a los manifestantes y sus demandas ante la opinión pública.

El conflicto con el gobierno alcanzó el colmo cuando Julio Berdegué, Secretario de la Sader, hizo públicos los términos del acuerdo al que habrían llegado con los manifestantes. Los productores denunciaron que el acuerdo publicado tenía condiciones –como que el subsidio cubriría hasta 1.4 millones de toneladas de maíz o que habría un tope máximo por productor– que ellos desconocían. ¿Quiénes son los manifestantes y qué razón hay en exigir el apoyo del gobierno de la 4T?

Según el último Censo Agrícola levantado por el Inegi en 2022, en México hay cerca de 5.4 millones de unidades de producción agrícola (UPA). No obstante, existen notables diferencias entre ellas. En un primer extremo está la inmensa mayoría de los agricultores, éstos son campesinos minifundistas: 74 por ciento de las UPA son menores a cinco hectáreas de superficie y entre todas ellas no poseen más de 12 por ciento de la superficie total cultivable. Gran parte de éstos son productores de subsistencia, no participan del mercado, pues su producción se destina a cubrir las necesidades de sus productores. En el otro extremo está un pequeño grupo de agricultores (2.8 por ciento) con UPA de más de 100 hectáreas de superficie; este grupo concentra 43 por ciento de la superficie agrícola. Estas últimas son explotaciones plenamente capitalistas.

Entre esos extremos se halla el 22 por ciento de las UPA; unas con áreas de entre cinco y 20 hectáreas (más de 800 mil explotaciones agrícolas) y otras de entre 20 y 100 hectáreas de superficie (324 mil explotaciones agrícolas). Éstas tienen una clara vocación comercial; no obstante, enfrentan las dificultades propias de los pequeños capitales en el mercado a saber, productividad por debajo de la media, costos más altos del crédito y los insumos, mayor riesgo ante la caída de los precios del producto, mayor dificultad para acceder a la tecnología de punta, entre otros. A pesar de todo ello, participan con cerca de la mitad de la producción del maíz nacional que se comercializa. Estos productores son los que denuncian el abandono del campo mexicano y advierten de la incertidumbre en que desarrollan su actividad por las variaciones del precio del maíz y de los insumos agrícolas, ambos determinados por oligopolios en los mercados internacionales. Señalan que la desaparición de programas como el Seguro contra la caída del precio del maíz o el Programa de Fomento a la Inversión y a la Productividad, que disminuía esa incertidumbre, es una de las causas de la crisis que padecen.

Más allá de estos agricultores, el desarrollo del país requiere que el campo mexicano sea más productivo para que se pueda acceder a alimentos e insumos agrícolas suficientes y a precios accesibles. Pero esto requiere que el campo se modernice, que los agricultores tengan acceso a los insumos y técnicas de producción más avanzados. Este objetivo puede alcanzarse por dos vías, ya sea que el gran capital arrase con los productores pequeños y medianos, un proceso lento y con consecuencias sociales catastróficas para los trabajadores; o mediante una política activa del gobierno.

El discurso antineoliberal de Morena se alimentó de la defensa de un campo basado en el minifundio y la milpa. La política de apoyo al campo de la 4T se concentró en los productores más pequeños, a quienes entrega poco más de seis mil pesos mensuales. Prometieron que con ésta se alcanzaría la soberanía alimentaria del país. Nada más lejano. México hoy importa más toneladas de maíz, frijol y arroz que en 2018, al inicio del gobierno de la 4T. No obstante, esta romantización de la vida campesina hecha política hace aguas para atender la realidad del campo y las necesidades de los mexicanos.