Desde el año 2000 hasta 2014, el salario mínimo real en México permaneció estancado, esto es, su crecimiento fue prácticamente nulo. En 2015, el salario mínimo nominal aumentó por primera vez a una tasa más elevada (9.93 por ciento), y volvió a hacerlo en 2017 (9.58 por ciento) y en 2018 (10.39 por ciento), cuando por primera vez el incremento superó el umbral de los dos dígitos. Sin embargo, estos aumentos nominales no fueron suficientes para fortalecer el salario mínimo en términos reales, que sólo avanzó de manera marginal, con crecimientos de dos por ciento, 4.2 por ciento y 4.4 por ciento respectivamente. Fue hasta 2019 cuando el salario mínimo real registró un salto sustantivo, con un aumento de 18.6 por ciento. Salvo en 2021, los crecimientos reales de dos dígitos se mantuvieron hasta 2024. En 2025, el impulso se moderó y el incremento real fue de 8.2 por ciento. Ese año también empezaron a reducirse los aumentos nominales –12 por ciento en 2025– y recientemente se anunció un alza de 13 por ciento para 2026, después de varios años con aumentos del 20 por ciento.

Aunque la recuperación real del salario mínimo se hizo evidente a partir de 2019, los cimientos de esta política se empezaron a preparar desde 2016. Ese año, el gobierno aprobó reformas constitucionales para la “desindexación del salario mínimo”, destinadas a desvincularlo de varios pagos, como multas, créditos de Infonavit y beneficios laborales que se calculaban en términos del salario mínimo. Estas reformas respondieron principalmente a demandas del sector empresarial, que advertía que, sin dichos cambios, una política de aumentos salariales más altos resultaría inflacionaria, afectando los precios vinculados al salario mínimo. Estas modificaciones sentaron las bases para los incrementos más amplios que comenzaron a implementarse desde 2017 (Munguía, 2025).

No obstante, el discurso oficial marca el inicio de esta política salarial en 2019. Según el director de la Conasami, el Dr. Luis Felipe Munguía Corella^[1], la puesta en práctica de esta medida se explica por tres factores clave: el estudio riguroso de la Conasami que, en colaboración con destacados economistas, invalidó los temores del sector empresarial sobre los posibles efectos negativos de esta política en la inflación y en el empleo; la mayor combatividad de los sindicatos; y la voluntad política de un gobierno de izquierda favorable a la clase trabajadora. Sin embargo, como mencionábamos más arriba, el terreno se venía preparando desde antes. Y desde entonces, como ahora, no se ha visto una participación destacada de los sindicatos. ¿Cómo explicar entonces los pasos que se fueron dando en esta dirección, a pesar de una actividad sindical moderada y de un gobierno abiertamente proempresarial como el de Peña Nieto?

Quizá convenga notar que el caso mexicano forma parte de una tendencia internacional de incrementos al salario mínimo, que se ha extendido incluso a países mucho más prósperos, como documenta un artículo reciente de The Economist^[2]. En Reino Unido, el salario mínimo subió del 47 al 61 por ciento del ingreso medio; en Alemania se instituyó por primera vez en 2015 y hoy el piso salarial ronda el 51 por ciento del ingreso medio; trayectorias similares se observan en Corea del Sur y Nueva Zelanda; en Estados Unidos, aunque el salario mínimo federal sigue congelado en 7.25 dólares desde 2009, varios estados y ciudades han ido elevando sus propios pisos salariales: California paga 16.50 dólares y ciudades como Emeryville, en el mismo estado, alcanzan los 19.90. A esta tendencia podría sumarse Nueva York si el recientemente electo gobernador Zohran Mamdani cumple su propuesta de elevar el mínimo de 16.50 a 30 dólares para 2030.

No está de más señalar que la política de salarios mínimos altos resultó atractiva también por su compatibilidad con la austeridad: genera un efecto redistributivo inmediato sin implicar mayores cargas al erario. Su motivación principal fue, más bien, contener niveles de desigualdad que se volvían cada vez más insostenibles, tanto en lo económico como en lo social, tras la precarización acumulada de las políticas neoliberales. En cuanto al papel de los economistas, si su influencia fue decisiva al legitimar los aumentos como herramienta de apaciguamiento social; hoy, algunos comienzan a alinearse con la contraofensiva del capital, advirtiendo que sus efectos negativos comienzan a manifestarse y sugiriendo proceder con cautela. Ése es, en última instancia, el mensaje del artículo de The Economist: señalar que los aumentos podrían haber llegado demasiado lejos y preparar el terreno para frenar la política salarial.