El Artículo 27° de la Constitución afirma a la letra: “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (…) Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

En días pasados se difundió que la más reciente reforma a la Ley General de Aguas (LGA) se realizó con estricto apego a este principio constitucional; pero en la narrativa crítica se advierte que entre las nuevas “uñas y dientes” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pueden filtrarse tanto grandes concesiones destinadas a inmensos campos de golf como absurdas restricciones para los agricultores que producen bienes básicos.

Por ello hay quienes plantean –entre ellos los legisladores y dirigentes opositores– que es necesario revisar los poderes recién otorgados a la Conagua, porque esta dependencia se halla en manos de los morenistas, especialistas en el mal conocimiento de las cosas, la opacidad y en ofrecer como bueno lo que es malo. Es decir, debemos evitar que el agua sea usada con fines políticos, que se clausuren pozos de los rivales y se acuse a los agricultores de abusar o desviarla hacia sus parcelas para configurarles un delito, aplicarles una multa o una condena de hasta ocho años de cárcel.

En la época del expresidente Enrique Peña Nieto se otorgaron concesiones al por mayor, al grado de que, en la cuenca de Texcoco, hay más litros de agua autorizados de los existentes en el manto freático y existe un déficit permanente de líquido vital; es decir, se extrae más de la que se inyecta a los mantos freáticos. Esta situación prueba que es necesario regular su consumo de acuerdo con el planteamiento genérico de la reforma recién aprobada; pero debe revisarse a fondo su aplacación específica en varios rubros, como sugirió el pasado cuatro de diciembre tallapolítica.com.mx, al recordar que la iniciativa de la presidenta de la República fue avalada en la Cámara de Diputados con 324 votos a favor de Morena, PAN, PVEM, PT y MC; 118 en contra y dos abstenciones.

En esta publicación se detalla que se efectuaron cerca de 50 observaciones a la iniciativa de Claudia Sheinbaum Pardo, entre otras la siguiente: “En el Artículo 40° se reconocen los sistemas comunitarios de agua y saneamiento que se ubican en aquellas zonas que no estén incluidas dentro del área de operación de los servicios municipales de agua y saneamiento, intermunicipales o metropolitanos para brindar y gestionar el servicio de agua potable y, en su caso, tratamiento de aguas residuales, así como aquellos que se constituyan en apego a sus sistemas normativos”.

También aclara que en el Artículo 3°, fracción XLV Bis de la LGA, la responsabilidad hídrica es descrita como la “gestión responsable de la autoridad hídrica (Conagua) y las buenas prácticas de las personas concesionarias, asignatarias, permisionarias y usuarias en general para mejorar el manejo, explotación, uso, reúso, tecnificación de los sistemas de riego o aprovechamiento eficiente y sostenible de las aguas nacionales, sin exceder volúmenes de agua mayores a los concesionados, para mantener el equilibrio hidrológico de las cuencas y los acuíferos”.

En el Artículo 4° se precisa que “en caso de que exista riesgo de disponibilidad de agua para consumo humano o doméstico, la autoridad del agua, previa valoración técnica e información oportuna a las personas usuarias, disminuirá o cancelará el volumen de agua concesionada, en los términos previstos por esta Ley” (tallapolitica.com.mx, cuatro de diciembre de 2025).

La aprobación de la LGA ha generado controversia, pues algunos propietarios privados ven riesgos en el hecho de que se centralice y se le den más “uñas y dientes” a la Conagua, entre las que destacan la de cancelar concesiones e imputar delitos por el mal uso del líquido vital. La centralización de las decisiones del agua no parece errónea en términos generales; pero su aplicación genera dudas debido a que el gobierno de Morena se ha caracterizado por su descontrol administrativo, su incongruencia y, sobre todo, por los múltiples escándalos de corrupción en los que funcionarios públicos y representantes populares se han visto involucrados.

Por ello, complicado creer que la Conagua de Morena tiene el propósito real de regular el agua con base en la Constitución y la legislación reglamentaria de la LGA; además de que se requiere un plan nacional hídrico en el que se aclare lo que debe hacerse en las 32 entidades de la República. La regulación del agua en los tiempos de Morena es caótica y el desorden aún puede ser mayor si los funcionarios públicos usan la ley a su modo y la conveniencia contra los grandes concesionarios; por lo que hay razones para presumir que la Conagua funcionará como un órgano burocrático pesado, ineficiente y corrupto. Existe el riesgo de que el agua sea usada con fines electorales, como ocurre con las tarjetas del bienestar y los “servidores de la nación”, que son pagados con el erario y laboran como activistas de Morena en las elecciones.

Pero la incertidumbre jurídica también puede provocar desconfianza y una mayor reducción de la inversión privada, nacional o extranjera y que el crecimiento económico permanezca bajo, casi nulo. Pueden generarse, asimismo, problemas sociales, pues en casos como el de Texcoco, el 50 por ciento de la distribución del agua potable se canaliza a través de comités comunitarios y con las ambigüedades de la reciente reforma legal no se aclara si les quitarán la operación de los pozos que hasta ahora controlan.

Construcción de más presas, limpieza de ríos, manejo de aguas residuales, desalinización, captura “inteligente” de agua de lluvia, recarga intencionada de los mantos freáticos, etc., son las fórmulas para atender la falta de agua que no se ven en la LGA y que el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) atenderá con “obvia y urgente resolución” como una de sus principales líneas de acción en cuanto asuma el poder en México.