Es indiscutible la urgente necesidad de un plan hídrico nacional que regule el uso de las aguas nacionales, su distribución racional, en beneficio de la población mayoritaria; que atienda la crisis hídrica, cada año más grave en muchas regiones del país, en los grandes centros urbanos y en las zonas rurales donde la producción alimentaria sufre los efectos de la sequía; y que resuelva el problema de la comercialización y la industrialización del agua, que han generado acaparamiento y sobreexplotación de este vital recurso.

Las concesiones a particulares para la explotación del agua nacional suman muchos miles en lo que va de un siglo hasta nuestros días. La legislación del uso de este recurso tiene también una ya larga historia en la que destaca una lucha entre dos posiciones diametralmente opuestas: aquella que tiende a considerar el agua como un recurso de interés nacional, un derecho humano y la que la considera, abierta o indirectamente, como un recurso comercializable, un sujeto de privatización o concesionable a empresas privadas. Evidentemente, la segunda posición es contraria al interés de los grandes grupos sociales, de pueblos enteros a quienes lesiona una política proclive a la privatización del agua, a las concesiones hídricas, a la comercialización, industrialización y sobreexplotación de las aguas nacionales.

En el marco de la lucha entre ambas posiciones, que se ha agudizado en las últimas décadas, en una época en que muchas regiones del país y las grandes urbes sufren la escasez de este recurso, cuando se han vuelto muy prolongados los periodos de sequía, muy actual el concepto de crisis hídrica y urgente un uso racional de este recurso, la nueva administración del Gobierno Federal presenta ante la población mexicana su Plan Hídrico Nacional, que tiene como sustento el “Acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad” suscrito por la 4T y el mismo grupo de empresarios privados que acaparan, comercializan e industrializan el agua en México.

Por su contenido principal de convertir el acceso al agua en un derecho humano, el Plan Hídrico Nacional constituye una promesa que puede causar entusiasmo; pero los hechos demuestran que no tiene bases reales, porque no se ha reducido el número de concesiones ni se ha impuesto ninguna norma para frenar la rapacidad empresarial.

De este Plan habla nuestro Reporte Especial esta semana, de sus antecedentes legislativos y lo que opinan al respecto expertos en el problema que señalan una serie de defectos y contradicciones en el Plan Hídrico Nacional; que critican que en éste no se incluya nada acerca de la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la reparación de los daños al sistema hídrico nacional; sostienen que en lugar de conservar las concesiones a empresas privadas y llegar a acuerdos con ellas, se debería limitar su acceso a este recurso, porque la solución al acaparamiento y a la sobreexplotación no es un asunto de voluntad empresarial, sino de medidas drásticas obligatorias contra sus negocios.