Ahora es más difícil para los países del llamado Occidente colectivo, encabezados por Estados Unidos (EE. UU.), obtener, no se diga, las ganancias que obtuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, sino simple y sencillamente, las ganancias. El mundo ya está repartido en territorios, recursos naturales y compradores y, ahora, desde hace unos veinte años, han aparecido en el mercado competidores formidables que producen y venden bueno, bonito y barato y, entre otros, no sólo les quita el sueño, sino hasta el aire que respiran, el precio chino. Todo esto, además de que la producción capitalista está sufriendo lo que sesudos investigadores no dejaban de llamar “una hipótesis de Marx”, es decir, la reducción constante de la tasa media de ganancia, que ha pasado la prueba del budín y, en la rigurosa práctica, se ha comprobado que era absolutamente cierta, un cáncer metastásico imposible de ignorar.

No lo han declarado ni reconocido abiertamente como tal, la grandeza de Carlos Marx no lo necesita en lo más mínimo, pero se han apurado a tomar medidas drásticas que han asombrado al mundo y que muchos no dejan de considerar desatinos o balazos en el pie. A estas alturas nadie puede asegurar que vayan a ser efectivas ni hasta dónde van a llegar, pero estoy seguro de que están bien pensadas, lo mejor pensadas y ejecutadas que puede alguien que está en dificultades, son una especie de terapia intensiva del capitalismo en su etapa descendente. Mencionaré primero algunas de las medidas que, como cabeza del Occidente colectivo, está tomando EE. UU., que sorprendentemente, incluso, atropellan y complican la situación de quienes han sido sus aliados. Luego, algunas de las que se están instrumentando en nuestro país.

EE. UU. ha pasado en un corto tiempo de ser ya no sólo un adalid, sino el que imponía por la fuerza el neoliberalismo, o sea, la libre circulación de las mercancías y los capitales por el mundo, sin aranceles ni trabas. Desde finales de los años setenta del siglo pasado, ése fue su grito de batalla. No obstante, a unos 25 o 30 años de neoliberalismo, la medicina comenzó a mostrar alarmantes efectos secundarios. Buscando la máxima ganancia, los capitales de la metrópoli emigraron a sitios en los que la clase obrera cobraba salarios de hambre en el entendido de que la libre circulación de las mercancías obligada por el neoliberalismo les permitiría entrar a la metrópoli y a otros países de alto consumo con sus productos terminados para ser vendidos y hacer realidad su plusvalía. Pero, ¡oh, sorpresa!, los capitales que no tienen patria emigraron en masa y EE. UU. se desindustrializó; de gran vendedor del mundo, pasó a tener una balanza comercial deficitaria con más cien países y en esa condición no se puede seguir dominando al mundo.

Así se explica buena parte de la decisión de aplicar aranceles a las mercancías que entran a EE. UU. Encareciendo su precio, se busca disminuir la ganancia de los capitales que se fueron y obligarlos a regresar (o alentar en casa nuevas inversiones) y reindustrializar a EE. UU. Ésta es la medicina, aunque no se sepa si dará los resultados esperados ni en cuánto tiempo se apreciarán. Según el sapo, es la pedrada, así se comprenden las diferentes tasas y los diferentes productos afectados. Veo en el caso de México las tasas y los productos no negociables que ya entraron en vigor y no están sujetos a plazos ni a nuevas conversaciones, tal es el caso del acero y el aluminio. Otras mercancías están sujetas a negociación, según los apremios económicos y, no descartar, los políticos.

También ha llamado poderosamente la atención la expulsión de inmigrantes ilegales de EE. UU., sobre todo, mexicanos. Este nuevo fenómeno, precisamente por su cantidad y por su agresividad, se explica también por la situación económica por la que atraviesa EE. UU. Siempre se ha estado “administrando” la entrada y contratación de mano de obra ilegal. Ahora, con eso de la desindustrialización y la presencia de poderosos competidores en el mundo, ha bajado la demanda interna de fuerza de trabajo y existe una enorme cantidad sobrante. Las expulsiones son una realidad y van a continuar.

Ha ocupado los titulares de los medios de comunicación, también, la reducción del Estado que se lleva a cabo en EE. UU. Un Estado barato ha sido siempre un reclamo de la clase dominante, que no quiere desembolsar en exceso para pagar a sus funcionarios y, para asimilar mejor el agravamiento de los últimos años, conviene saber que EE. UU., en 1980, tenía una deuda pública de apenas el 30 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) y ahora su deuda ya alcanza el 130 por ciento del PIB. Impagable, se atreven a llamarla. La reducción de los gastos para mantener un gigantesco aparato estatal es, pues, una necesidad urgente y de elemental sobrevivencia.

El combate al tráfico de estupefacientes. ¿Es sólo demagogia? No. EE. UU. sí ha llegado a tener un problema grave de drogadicción en su población y, sobre todo, en su población en edad de trabajar. Las inversiones que logre hacer regresar al país y las nuevas que promueva y que requerirán de fuerza de trabajo sana, fuerte, disciplinada y obediente, ¿la encontrarán disponible para levantar y acondicionar la infraestructura necesaria?, ¿la hallarán dispuesta y a las puertas de la fábrica el día que inicien actividades? Lo más seguro es que no; por lo menos, no en la cantidad que se necesitará. EE. UU. puede y debe combatir el tráfico de estupefacientes en su territorio, no hay duda, allá hay importantes cadenas de suministro, pero también se ha decidido a llevarlo a cabo en nuestro país, no sólo no son excluyentes, se complementan.

Ahora bien, el combate al narcotráfico que inocultablemente impulsa EE. UU. en nuestro país, funciona asimismo como un mecanismo de presión económica y política. Las denuncias públicas que se han filtrado y las que se han dado a conocer abiertamente, ponen de manifiesto que en el vecino del norte están perfectamente informados de que en el negocio del narcotráfico en nuestro país están involucrados importantes personajes del grupo en el gobierno. Eso explica las evidentes presiones directas y a través de los medios de comunicación para que se les castigue. Hay amenazas para cumplirse y hay otras que sólo son chantajes, ambas son de gran utilidad para que el imperialismo cuente en México con una clase gobernante más sumisa y obsequiosa.

Comentario aparte merece la más trascendente de las amenazas. “Donald Trump, presidente de EE. UU., ha ordenado al Pentágono atacar a los cárteles de la droga que su administración ha considerado organizaciones terroristas, reportó el medio The New York Times. De acuerdo con las fuentes del medio, una orden firmada en secreto por Trump “proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles” (El Universal, ocho de agosto).

No hay forma de disminuir la peligrosidad de la amenaza aunque la señora Presidenta diga lo contrario. “Un informe del cinco de febrero de 2002 producido por el Servicio de Investigaciones del Congreso, dependiente de la Biblioteca del Congreso de EE. UU., compiló los ‘centenares’ de casos en los cuales EE. UU. utilizó sus fuerzas armadas en el exterior en situaciones de conflicto militar (o de potencial conflicto) a los efectos de proteger a ciudadanos de EE. UU. o promover los intereses de EE. UU. La lista, que actualizada fluctúa en torno a los 315 casos, no incluye acciones encubiertas o numerosos casos en los cuales las fuerzas de ese país se estacionaron en el exterior desde la Segunda Guerra Mundial como parte de fuerzas de ocupación u otras operaciones similares” (Rebelión, Atilio A. Boron, dos de marzo de 2022). ¿Serán en esta ocasión indispensables mayores comentarios?

Las nuevas circunstancias para las ganancias del capital en el mundo exigen una clase obrera aún más sujeta y controlada. En nuestro país, el partido Morena y sus aliados en el gobierno practican ya algunas medidas para tal efecto y cocinan otras más. Todas esas medidas, pese a las continuas declaraciones de partido con profunda raigambre popular, son acciones para reducir aún más lo que todavía se hace pasar como democracia y como libertades ciudadanas. Ataque directo ha sido, por ejemplo, la cancelación casi total de la realización de obras y servicios en favor de la comunidad, pero, sobre todo, su eliminación como servicio colectivo; el cuidado de la salud como derecho ciudadano está ya casi desaparecido; la educación, si nos atenemos a sus resultados y a la drástica caída del gasto público en ella, está en bancarrota. Se está barriendo, pues, con lo que quedaba del Estado benefactor que surgió después de la Gran Depresión.

Los derechos sociales reales están cediendo sitio a la ilusión de los derechos individuales. El régimen de la “Cuarta Transformación” se sostiene en “ayudas” a las que hay que inscribirse personalmente y aceptar escuchar el rollo de funcionarios públicos como parte indispensable del ejercicio del “derecho”. Las “ayudas para el bienestar” fomentan el individualismo y la pasividad y combaten la lucha social, crean una situación artificial en la que se aparenta que cada persona sólo tiene que preocuparse de lo suyo. El que porta una tarjeta no es reconocido como un obrero jubilado que ejerce un derecho, sólo recibe una dádiva (que es riqueza producida por la propia clase obrera) derivada aparentemente de la generosidad del gobernante, inescrupuloso sujeto que, trepado en una costosa propaganda, se hace pasar como excepcional, “no somos iguales”, lo cual empuja al portador de la tarjeta a aceptar que la sustitución del gobernante o del partido gobernante implicará la pérdida del beneficio. Extorsión monda y lironda. Su amplísimo uso para presionar a los electores ya no requiere discusión.

A este ya comprobado mecanismo de sometimiento de la voluntad y la resistencia popular debe agregarse la reforma judicial que impuso la elección por voto popular abierta y escandalosamente amañada, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de jueces y magistrados. La tramposa elección del nuevo poder judicial encumbró a incondicionales. Escondida con una retórica demagogia que asegura que ahora el pueblo elige a sus jueces, se está destruyendo una de las más importantes conquistas de la burguesía cuando tomó el poder, la división de poderes, forma de gobierno que ya defendió visionariamente José María Morelos y Pavón en la Constitución de Apatzingán. La “Cuarta Transformación”, en guerra abierta contra la Primera.

La reforma electoral que ya está a la vuelta de la esquina y cuya piedra angular, independientemente de sus modalidades y pretextos, es el drástico encogimiento de los miembros de los órganos de gobierno nacionales, estatales y municipales, es parte fundamental de la concentración del poder. No es que yo piense que será el pueblo el que vea disminuida un poco su participación en el gobierno, es que si ya casi no era tomado en cuenta, ahora, con muchas menos oportunidades, quedará fuera completa y definitivamente. Menos representantes, control más sencillo y… más barato. En este mismo sentido, hay que entender el desmantelamiento de los organismos constitucionales autónomos (el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía) que ha contribuido igualmente a consolidar la centralización del poder. Nadie que pueda ver y oír y atestiguar. Ése es el objetivo.

Y si alguien se atreve a hacer públicos los hechos de la élite intocable, está en marcha un importante complemento, una censura severa. Sólo para ilustrar: Campeche, con la imposición del tribunal electoral de una orden judicial al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores; Puebla, con la reciente reforma al Código Penal de la entidad que amplía el delito de “ciberacoso”, así como la introducción del nuevo supuesto de “violencia digital”, que castiga con prisión lo que provoca que su redacción ambigua pueda utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos. En la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral exigió al medio La Silla Rota que entregue documentos, videos y fuentes vinculadas con una investigación sobre presunta entrega de “acordeones” en la elección judicial y de no ser así, amenaza con una multa de hasta 11 millones de pesos; en Tamaulipas, el Tribunal Electoral ordenó al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal retirar una columna de opinión, con base en una demanda promovida por una candidata local y, hasta ahora y que se sepa, en Cuautla, Morelos, el periodista Paco Cedeño recientemente fue denunciado por presunta violencia política de género por la regidora municipal, Anita Sánchez Guerra, después de una transmisión en vivo donde la mujer lo señaló por “malinformar”.

No es todo. El régimen de la “Cuarta Transformación” trabaja más para la opresión. “Esta semana, el Gobierno mexicano discute un paquete de más de 20 leyes durante el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Las reformas clave incluyen la recién aprobada ley de la Guardia Nacional y la ley de investigación e inteligencia, con las cuales el Ejército tendrá acceso a las bases de datos personales y los biométricos de la población sin necesidad de una orden judicial. Especialistas en ciberseguridad y derechos digitales han advertido que, en conjunto, estas leyes podrían consolidar una infraestructura de vigilancia masiva sin precedentes en México”, (Diario El País. Nota de Elisa Villa Román del 28 de junio de 2025).

Una dictadura. ¿Serán los beneficiarios quienes actualmente concentran el poder del Estado y diligentemente llevan a cabo esas reformas antipopulares? Ellos están convencidos de que sí, que trabajan para perpetuarse en el poder de la nación. Cabe dudarlo. Por lo pronto, debe tomarse en cuenta el arrasador tsunami de propaganda que se está descargando sobre el grupo gobernante para quebrar su resistencia. ¿Lo debilitará hasta su derrota en el 2027 y, más, hasta la pérdida de la presidencia en 2030? No puede asegurarse. Pero si aceptamos que los integrantes del Estado son sólo subordinados, fusibles, como son, en efecto, es perfectamente posible que los que realmente mandan, estén pensando en una sustitución y los de la “Cuarta Transformación” estarían sólo sentando las condiciones para que otros gobiernen y dominen.

¿Qué hacer? ¿Resignarse a esperar a que lleguen los policías lanzallamas de Farenheit 451, la aterradora novela de Ray Bradbury, en la que comandos gubernamentales se dedican a localizar bibliotecas o simples lotes de libros para apresurarse a quemarlos? ¿Convertirnos y convertir a nuestros hijos y nietos en autómatas que sólo vayan a la fábrica a producir fabulosas ganancias para hartar ambiciones ajenas y tomen sólo el descanso indispensable para regresar a lo mismo al día siguiente hasta que se termine su vida productiva? No. Definitivamente, no. Los pobres de la tierra tienen derecho a defenderse, tienen derecho a disponer de todas las conquistas del arte y de la ciencia, tienen absoluto derecho a una vida verdaderamente humana. Para ello deben conocer y entender la gravedad de la situación actual y organizarse y luchar. No existe otro camino.