El pasado ocho de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció: “la extorsión es el delito que no hemos podido disminuir”. Según ella, todos los demás delitos disminuyeron, aunque dependan de los gobiernos estatales, “pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando”.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la extorsión se extendió por todo el territorio mexicano. Hoy, cuando casi en cada rincón del país operan bandas de extorsionadores, la Presidenta pretende combatirlas mediante una ley. 

En esa ocasión, la mandataria anunció una nueva iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso de La Unión expida una Ley General contra la Extorsión, con una nueva tipificación o descripción del delito, penalidades únicas, su persecución “de oficio”, para que el ciudadano no deba denunciar, y un servicio telefónico con el número 089 para que lo haga anónimamente. Posterior a su aprobación se integraría en los códigos penales de las 32 entidades federativas.

De aprobarse esta ley, al recibir una denuncia anónima el Estado se asumirá como “víctima” y procederá a actuar “de oficio” para perseguir a quienes hayan cometido el delito, sin necesidad de que el denunciante se presente a ratificar.

Un documento informativo de la Cámara de Diputados publicado el 16 de julio de 2025, informa de la recepción de la iniciativa enviada días antes por Sheinbaum e indica: “Precisa que la incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 fue de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en sólo seis años”.

Además, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los estados de México (Edomex), Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8 por ciento de las víctimas de 2024 a enero de 2025, y que únicamente el Edomex acumula el 33.1 por ciento.

En el documento referido de la Cámara de Diputados se informó la recepción de una iniciativa presidencial de reforma al inciso “a” fracción XXI del Artículo 73° de la Constitución para autorizar al Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión.

Este nuevo marco legal planificado se aplicaría en realidad hasta 2026, debido a los tiempos requeridos para las aprobaciones en el Congreso de la Unión y en los congresos de los estados.

Estado desde la tribuna, no en el territorio

Sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada el seis de julio, a la que se añadió la iniciativa presidencial anunciada el ocho de julio, la decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Edna Jaime, alertó que no se considera la adversa situación de las derruidas instituciones de procuración de justicia del país.

“El Estado mexicano está desconectado entre sus partes, que ya de por sí son débiles. El resultado es un Estado que habla desde la tribuna, pero no gobierna en el territorio. Y ahí es donde la extorsión encuentra su espacio”, puntualizó.

El nuevo plan “se anuncia desde Palacio Nacional, pero no reconoce que la extorsión no se combate con decretos ni en el púlpito de cada mañanera: se combate con presencia estatal efectiva, confiable y cercana”.

En este contexto, expuso que en el país no se han construido mecanismos reales de coordinación; “seguimos actuando como si el Presidente pudiera, por decreto, ordenar a las policías estatales ser efectivas o corregir la corrupción de una fiscalía local”. Además de ambiciosa, la estrategia plantea la conformación de inteligencia para desarticular redes criminales, unidades estatales especializadas, campañas de prevención, bloqueo de cuentas, intervención de líneas telefónicas, operativos en penales y una línea nacional de denuncia.

“Todo muy bien en el papel. Pero, como suele ocurrir en México, el problema no es de intención, sino de estructura y de capacidades”, sistema que, aunque no se diga abiertamente, “está colapsado en el país”, lamentó Edna Jaime.

“¿Dónde están las policías municipales funcionales que pueden aplicar esta estrategia? ¿Dónde están las fiscalías locales con capacidad para investigar? ¿Dónde está la coordinación real entre niveles de gobierno?”, denunció la analista en El Financiero el 11 de julio.

El sexenio más violento de nuestra historia

“Miles de víctimas viven bajo amenaza sin protección real. Y ahora nos dicen que el plan es… cambiar la ley. Otra vez. Perseguir de oficio. Convertirla en delito grave. ¿De verdad creen que el problema es el tipo penal? El Estado no investiga, no protege, no previene, no repara”, denunció el abogado José Mario de la Garza, presidente de la organización Perteneces A.C., especialista en litigio estratégico para defensa de los derechos sociales.

“Las fiscalías están colapsadas, la policía infiltrada, las víctimas solas. Sin justicia real, sin inteligencia criminal, sin institucionalidad; todo esto es puro maquillaje punitivo. Cambian las leyes para que todo siga igual. El eterno gatopardo mexicano”, enfatizó en un comentario divulgado en X.

“No se combate la extorsión con discursos ni con reformas simbólicas. Se combate con Estado. Con capacidad, con integridad, con voluntad. Lo demás es simulación. El país no necesita leyes nuevas: necesita instituciones que funcionen y un gobierno que no le dé la espalda a su gente”, aseveró De la Garza.

El gobierno anterior hizo “historia” al alcanzar una cifra de 200 mil homicidios sólo entre 2018 y 2024. Mientras que con la política de los “abrazos no balazos” también se incrementaron casi 60 por ciento las extorsiones en lo que va de la “Cuarta Transformación” (4T).

Además del tráfico de drogas y de combustibles, la delincuencia organizada ha ampliado sus altamente lucrativas actividades en delitos como la extorsión, que ya tiene modalidad presencial, telefónica y por Internet.

“Ya no es como en un principio, que solamente era la producción, tráfico y distribución de drogas; después se fueron enfilando hacia otras cosas como secuestro, cobro de piso, la extorsión, y ahora también el huachicol fiscal (tráfico de combustibles)”, reveló a buzos el académico en derecho y analista político José Luis Espinosa Piña.

“Es decir, vemos un crimen organizado diversificándose y ocupando nuevos nichos para obtener ingresos mediante actividades ilícitas de todo tipo, como trata de blancas, tráfico de órganos, tráfico y extorsión de migrantes”, aclaró.

Académicos y analistas especializados explicaron que los delitos no se combaten únicamente con discursos y más leyes, como se pretende, sino con una presencia efectiva, confiable y cercana del Estado; y prevén un “colapso institucional” porque la corrupción, desorganización e ineptitud se han profundizado desde 2018 en las fiscalías, los ministerios públicos y los cuerpos policiacos estatales.

La 4T minimiza las deficiencias y ha falsificado logros, mientras la delincuencia avanza y ocupa territorios dejados por el Estado mexicano, donde cobra “impuestos” propios.

Tras analizar datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la consultora T-ResearchMX reportó, el 30 de septiembre de 2024 que, al corte del 29 del mismo mes, se habían registrado 199 mil 530 homicidios dolosos, con lo que se evidencia el sexenio 2018-2024 como el más violento de la historia “moderna” en México.

AMLO reconoció, el 16 de julio de 2024, que las extorsiones no disminuyeron entre 2018 y 2024, sin mencionar que no aplicó estrategias concretas para combatir ese ilícito ni promovió la eficiencia de las fiscalías, los ministerios públicos y las policías locales.

Ya en la recta final de su administración, AMLO anunció que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma para convertir en “grave” el delito de extorsión. Pero la ejecución de ese ilícito se incrementó de tal forma que, el ocho de julio de 2025, Claudia Sheinbaum reconoció que incluso se incrementaba, aceptando que se había registrado un ascenso de 57.62 por ciento desde 2018.

El número de carpetas de investigación fue de 57 mil 499, lo que refleja la importancia de las denuncias ciudadanas por extorsión ante fiscalías del país; aunque los especialistas sostienen que existe una “cifra negra” o cantidad de casos no presentados por el temor de las víctimas a los delincuentes y su desconfianza en los ministerios públicos y fiscalías del país.

Una idea de la magnitud de la “cifra negra” de extorsiones no denunciadas radica en un estudio de 2024 realizado por Juan Pablo Aguirre, del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, en el que se establece: “de cada 100 casos de extorsión cometidos, en dos se abre una carpeta de investigación”.

“Pese a las denuncias registradas, este ilícito tiene una gran cifra negra, por lo que existe mucha impunidad para castigar a los responsables, así como desconfianza por parte de las personas afectadas con las autoridades encargadas de la seguridad y justicia; por lo que la gran mayoría de los casos de extorsión no son denunciados y menos aún el número de sentenciados procesados por estas conductas criminales”, subraya Aguirre en su estudio.

El académico José Luis Espinosa Piña expuso a este semanario: “El asunto es que no le dan garantía al denunciante… esto tiene que ver con una gran reforma al ministerio público, a las fiscalías y al procedimiento de denuncia”.

“El ciudadano está desprotegido, no se atreve a denunciar, porque puede tener consecuencias en su vida, en su seguridad; esa parte es la que tiene que garantizar el Estado; nos dicen, ahora nosotros vamos a denunciar por el ciudadano; espérense, ¿por qué mejor no le ofrecen al ciudadano garantías y seguridades para que pueda denunciar?”, planteó Espinosa Piña.

“Ese debate es por lo que se ha atrasado tanto; entiendo que está considerándose en este debate que el Estado pueda, de alguna manera, garantizar esa secrecía de identidad del denunciante; pero no hay claridad, porque todo esto de la iniciativa tendría que pasar por consulta pública, por una socialización, por las universidades, en que se harían valiosas aportaciones”, comentó a buzos. 

Un golpe al estómago popular

Sobre el impacto económico, en el citado estudio del IBD del Senado, se describe que “las actividades delictivas en materia de extorsión también afectan el precio de los productos que adquieren los consumidores, tal como sucedió con el limón.

“Otros rubros comerciales que han registrado afectaciones por extorsiones son tortillerías, productos agrícolas, pequeños comercios, aguacate, entre otros. Este tipo de afectaciones también es conocido como impuesto criminal debido a las reiteradas ocasiones en que sucede, además de incidir en el aumento de precios de las mercancías”, precisó el analista Juan Pablo Aguirre, del IBD.

Aguirre citó además un artículo de 2024 de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico), en el que evidencia que la creciente extorsión “contribuye al proceso inflacionario que enfrentamos”.

De hecho, productores del campo y empresarios han denunciado reiteradamente el hostigamiento del crimen organizado, como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Ampec); su presidente, Cuauhtémoc Rivera, reconoció que el crimen “golpea todo el tejido económico”.

Denunció que las extorsiones para cobrar “derecho de piso” profundizan la inseguridad en que los comerciantes realizan sus actividades, por lo que solicitan a las autoridades mayor atención a este grave problema.

El estudio del IBD también destaca otro fenómeno social relacionado con la extorsión que consistente en la “figura del justiciero”, es decir, del ciudadano o grupo de ciudadanos que se ven “orillados” a enfrentar directamente a extorsionadores u otros delincuentes ante la ausencia de autoridades. 

El IBD destaca que “estas situaciones muestran el hartazgo de la ciudadanía ante el incremento de tales delitos. Sin embargo, también es ejemplo de que las instituciones de seguridad y justicia no han podido erradicar o disminuir de forma considerable estos actos ilícitos”.

Al respecto, el incremento de las extorsiones y otros delitos contra la población de zonas abandonadas por el Estado crea modalidades de “autodefensas” ciudadanas, como las que se crearon desde 2013, y sobre las que pesa la controversia legal y política. Las autodefensas apelan a la “legítima defensa”, respaldada por el Artículo 10° de la Constitución, sobre la posesión de armas –aunque con restricciones– para la legítima defensa, y su reglamentación descrita en los códigos penales estatales.

Pero los extorsionadores –debido a la omisión de las autoridades– han recurrido a la tecnología. Grupos del crimen organizado ahora utiliza la tecnología para extorsionar; desde llamadas telefónicas hasta suplantaciones de identidad en redes sociales. Entre otras modalidades está la vulneración de datos personales, fraude y robo de identidad, y la creación de imágenes, videos y audios falsos de las víctimas con Inteligencia Artificial, materiales que son utilizados por los delincuentes para conseguir sus fines, como lo describe Ana Buendía, diputada morenista en la Ciudad de México, en un proyecto de reforma al Código Penal local.

El robo de identidad mediante tecnología fue de 218 por ciento en el último año: “de enero a agosto de 2023, se registraron mil 607 casos, en comparación con 684 reportados el año anterior”. Pero de las denuncias y acciones poco se difunde, sólo el discurso presidencial, en torno a la supresión de la extorsión por decreto.