El 19 de septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe, 2024). Este trabajo busca información, con representatividad a nivel nacional y estatal, que permita realizar estimaciones de la prevalencia delictiva que afectó a los hogares durante 2023, los niveles de incidencia delictiva y cifra negra. Asimismo, proporcionar datos sobre la percepción de la seguridad pública y el desempeño de las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia. Pues bien, estos datos todavía retratan el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que prometió pacificar el país y devolver al Ejército a los cuarteles. Veamos, de acuerdo con los datos de la encuesta, cuáles son los resultados de la política de la actual administración. Al inicio de la “Cuarta Transformación” federal se adoptó una política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, que busca disminuir la violencia a través de programas sociales y el desarrollo económico, en lugar de confrontar directamente –a través de varios mecanismos– a los grupos criminales con las fuerzas armadas.

Esta política falló; así lo confirma el hecho de que la inseguridad en el país haya crecido a un ritmo alarmante, como demuestran los resultados de la Envipe 2024, que confirman que el delito sigue siendo una de las principales preocupaciones de los mexicanos. Ésta muestra que, en 2023, la tasa de prevalencia delictiva fue de 23 mil 81 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que representa una ligera disminución respecto al año anterior. Sin embargo, estos niveles aún son altos y el país sigue enfrentando una significativa cifra negra (delitos que no son denunciados o no investigados), que asciende al 92.4 por ciento de los delitos totales, una cifra prácticamente inamovible en los últimos años. También se reportan datos preocupantes sobre la persistencia de delitos graves: el robo o asalto en la calle o en el transporte público fue el delito más común, con un 24.8 por ciento de prevalencia, seguido del fraude, con un 19.7 por ciento; y las extorsiones, con un 16.7 por ciento. Estos delitos afectan de manera directa la vida cotidiana de los ciudadanos, deteriorando la percepción de seguridad y la confianza en las instituciones públicas. Como resultado de ello, la percepción de inseguridad sigue siendo alta; el 75.7 por ciento de la población adulta en México considera que vivir en su entidad es inseguro.

Aunado a los datos dramáticos de inseguridad, los mexicanos tampoco confían en las instituciones que se encargan de garantizarla. La Guardia Nacional, creada en 2019 como parte de la estrategia de seguridad del gobierno, fue evaluada con una confianza del 54.5 por ciento; las fuerzas policiacas estatales y municipales, 38.7 v y 29.3 por ciento, respectivamente; Además, el 40.1 por ciento de los encuestados manifestó que la actuación de las autoridades de seguridad y justicia es ineficaz. Esto pone en evidencia la insatisfacción con el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad pública y refleja la desconfianza hacia el sistema de justicia en su conjunto, lo que contribuye a perpetuar las cifras negras mencionadas anteriormente. Los encuestados también evaluaron el desempeño que las autoridades federales han tenido en el combate a la inseguridad y parece que la estrategia nombrada al principio no ha dado los frutos esperados. El 46.3 por ciento de los encuestados opinó que el Gobierno Federal ha fallado en su responsabilidad de garantizar la seguridad, mientras que sólo el 27.5 por ciento cree que ha mejorado en este ámbito.

Los datos que muestra la Envipe 2024 son contundentes. Más allá del discurso oficial, al interior del país la situación de violencia se agrava día con día. Basta con mirar lo que está pasando en Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Tabasco, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, estados donde los grupos criminales se disputan el territorio, se han mostrado como epicentros de esta violencia, y ésta se ha expandido a todas las entidades en grados diferentes de profundidad y extensión. Lo que es un hecho es que la violencia y la inseguridad son dos realidades cotidianas para los mexicanos, mientras, la estrategia de seguridad del Gobierno Federal ha demostrado su ineficacia. Ante ello, de cara a la nueva administración, no parece que la estrategia vaya a cambiar de rumbo, sin embargo, es necesario que se plantee una estrategia seria que sea capaz de combatir los altos niveles de violencia.