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Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, se estableció en el artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...”. Desde luego, estas obligaciones son para todas las autoridades, esto es, federales, estatales y municipales. Recordamos este importante precepto, pues es el fundamento de la obligación que tiene el presidente de la República y el Estado en general, de velar por los derechos humanos de todos.
Cierto es que las violaciones a derechos humanos en nuestro país han sido recurrentes. Ante esto, en campaña y como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador prometió a todos los mexicanos, luchar y acabar con este problema. A un año de gobierno, es necesario preguntarnos ¿Cómo estamos en este terreno? La respuesta, desde nuestro punto de vista y sin sorpresa para nadie, es que las violaciones a derechos humanos no han cesado, por el contrario, son más graves que antes. Aquí señalamos algunas de las razones que sostienen tal afirmación.
Durante el primer año de gobierno, se registraron 31,632 homicidios dolosos, 933 feminicidios, los desaparecidos se cuentan por miles y otros delitos de alto impacto (secuestro, robo, extorsión) se incrementaron. Con esta tendencia, el 2019 apunta a ser el año más violento en la historia reciente del país. Que la inseguridad sigue creciendo, lo demuestra el que sólo el primero de diciembre, mientras el presidente celebraba en el Zócalo, se vivió el día más violento del 2019, con 127 personas asesinadas. Estas cifras son poco alentadoras y muestran un gobierno incapaz de garantizarle a los mexicanos derechos esenciales como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad.
Es evidente que, desde el inicio de este gobierno, existe una campaña encabezada por el propio presidente de la República, de desprestigio y persecución en contra de las organizaciones sociales, con el propósito de exterminarlas para silenciar las voces disidentes y la protesta social, acto que es inadmisible en un régimen democrático como el nuestro y viola la libertad de asociación, reunión, petición, expresión y manifestación pública. Cabe recordar también que México es ahora el país más peligroso para ejercer el periodismo puesto que, en el ultimo año, han sido asesinados 13 periodistas. A esto se suman las recurrentes acusaciones de persecución y censura por parte del régimen en contra de comunicadores que no apoyan a la 4T, y las expresiones despectivas que el presidente ha hecho en diversas ocasiones contra los medios de comunicación. Aquí, el gobierno mexicano no sólo no garantiza la libertad de expresión, sino que la violenta deliberadamente.
En flagrante violación al principio de progresividad de los derechos humanos (enunciado en el artículo constitucional ya citado), y que obliga al Estado a no adoptar alguna medida que restrinja, elimine o desconozca la tutela de derechos que, en determinado momento, ya se reconocía; en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2019 y 2020, se redujeron o desaparecieron partidas que, con los gobiernos anteriores, servían para garantizar los derechos de los niños a través de las estancias infantiles, el derecho a la salud, a la vivienda, los servicios básicos, la educación para millones de niños y jóvenes, entre otros, derechos que, bien o mal, para cierta parte de la población estaban garantizados antes, y que ahora, ya no lo están; y todo para enviar dichos recursos a los programas asistenciales del presidente, que no serán eficaces para garantizar los derechos antes enunciados.
Por último, no podemos dejar de mencionar las reformas o iniciativas impulsadas por Morena en el Congreso (como la reforma a la prisión preventiva o la ley de extinción de dominio), con las cuales la Cuarta Transformación ha eliminado de facto, derechos constitucionales tan esenciales en nuestro estado de derecho como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de propiedad, acciones injustas que han dejado al ciudadano común, en absoluto estado de indefensión frente al estado.
Por estas y otras razones que pudiéramos seguir enunciando, afirmamos que la situación de los derechos humanos con el gobierno de López Obrador está peor que antes. Una de las razones para ello quizá sea que, para la 4T, las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro país no son prioridad.
Y es que el presidente de “primero los pobres” incumplió en mejorar significativamente el nivel de bienestar de la población.
En San Luis Potosí capital, las autoridades municipales han retirado a cientos de comerciantes ambulantes de las calles de la ciudad.
“Las mentiras de la administración pasada han quedado expuestas ante las abundantes pruebas del uso de Pegasus”: R3D
Decir que es "inútil hacer pruebas" es una afirmación irresponsable, inhumana y de desesperación política de un funcionario.
Hoy tenemos un país más enfermo, sumido en el abandono gubernamental, un escamoteo que se pretende ocultar con el reparto de tarjetas que ni de lejos resarcen la pérdida sufrida en la salud de los mexicanos ni en sus mayores gastos en ese rubro.
El Banco Mundial recortó su estimado de crecimiento de la economía de México a 1.2 por ciento en 2020, desde un 2 por ciento previo.
"Su deslealtad con el priismo que lo llevó al poder quedó evidenciada al entregarse de rodillas con el gobierno de Morena. ¡Lamentable papel!".
No se ha pensado nunca en serio en la salud del pueblo. La inmensa riqueza que se produce en el país no está destinada a garantizar su bienestar. Eso no es nuevo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), volvió a movilizarse nuevamente por las calles Con motivo del Día del Trabajador.
Los mexicanos a ampararse. Para ello, la R3D dispondrá de una plataforma para registrar los amparos y dar seguimiento a las autoridades.
El gobierno de la 4T llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción en México; pero a un año y medio, la lucha anticorrupción se ha centrado, solo en perseguir a los miembros de otros partidos y opositores del gobierno actual.
En México se vive un ambiente de “toque de queda autoimpuesto” por buena parte de la población nacional; y que el crecimiento del problema de la inseguridad pública es el resultado de la política morenista de “abrazos, no balazos”.
En ambos países se despliega actualmente una campaña electoral. Trump y su partido tratan de obtener la reelección; AMLO y Morena luchan por conservar su amplia mayoría en el Congreso de la Unión y repetir su triunfo en 2024.
Damnificados en el estado de México e Hidalgo han informado que no están recibiendo ayuda, por lo que urgieron a los tres órdenes de gobierno a agilizar la entrega de apoyos.
Las afectados han asistido en reiteradas ocasiones a solicitar audiencia, sin embargo, la respuesta es negativa
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.