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En dos décadas, los actos de corrupción, compra de conciencias, donaciones económicas “voluntarias” y malversación de recursos públicos han manchado el plumaje incorruptible de que tanto alardeaba el actual presidente de la república, su círculo más cercano y los miembros de su partido, el movimiento regeneración nacional (morena). El videoescándalo más reciente exhibe a su propio hermano, Pío López Obrador, recibiendo fajos de billetes para, asegura el propio Pío, fortalecer la campaña electoral de morena rumbo a 2018. Éste es el historial de los escándalos de corrupción que dejan al descubierto la esencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido.
Son 45 mil dólares, son 400… En total son tres millones 877 mil”. Dos hombres cuentan dinero en una oficina en la que se aprecia una pequeña mesa redonda y espacio para cinco personas; por sus manos pasan un paquete, dos, tres… cuentan por miles los fajos de dólares enrollados con ligas. El primero va vestido con chaqueta clara, lleva consigo una bolsa de papel en la que transporta el dinero. El segundo, de traje oscuro, recibe los fajos de billetes y los guarda en un maletín negro, de ésos que se ven mucho en las oficinas de gobierno o empresas privadas. El paquete de dinero es tan voluminoso que no cabe dentro del maletín.
“Puta, ¿cómo le voy a hacer?” dice el hombre que recibe el dinero cuando se da cuenta de que el maletín no será suficiente para guardar todo el dinero.
“A ver, espérame. ¿Me das chance un segundito para pedirle a Cristina una caja?”, le responde el de chaqueta clara.
“Sí cabe”, asegura el del traje, mientras hace el esfuerzo por cerrar el maletín. Al final, ambos hombres deshacen varios fajos para distribuir mejor los dólares dentro del maletín para que éste pueda cerrar.
La escena anterior corresponde a un video difundido en el programa El Mañanero, en marzo de 2004. Fue uno de los primeros videoescándalos que evidenciaban presuntos actos de corrupción del equipo cercano a AMLO. En concreto, se ponía en evidencia a René Bejarano, operador político y secretario particular de AMLO –entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal– y al empresario Carlos Ahumada Kurtz, quien le entregó varios fajos de dólares a cambio de favores políticos para beneficiar a las empresas que el argentino tenía en el Distrito Federal. A partir de este hecho, Bejarano, el hombre de todas las confianzas de AMLO, es conocido como El Señor de las ligas.
No fue el único exhibido. Dos días antes, el primero de marzo de 2004, Gustavo Ponce, entonces secretario de Finanzas de AMLO en el Distrito Federal, protagonizó otro escándalo por un video donde se le veía apostar una cuantiosa suma de dinero en el exclusivo casino Bellagio, en Las Vegas, Estados Unidos (EE. UU.). La baraúnda también alcanzó a Carlos Ímaz, quien entonces era delegado de Tlalpan y esposo de la hoy Jefa de Gobierno capitalino, la morenista Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Ímaz se adelantó; antes que se difundieran los videos donde se le veía recibiendo dinero, él mismo confesó haber participado con Ahumada en este tipo de actos ilícitos. Posteriormente, Televisa difundió el video.
En ese entonces, AMLO declaró que la divulgación de los videos era parte de un “complot” orquestado por sus enemigos políticos: el priista Carlos Salinas de Gortari y el panista Diego Fernández de Cevallos, para frenar sus aspiraciones rumbo a la Presidencia de la República en 2006. Bejarano, Ponce, Ímaz y Ahumada fueron detenidos y encarcelados por delitos electorales, lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita. Todos recuperaron su libertad algunos años después.
Por “falta de pruebas”, en 2007, Bejarano y Ahumanda fueron absueltos de las acusaciones y puestos en libertad. La entonces Procuraduría General de la República (PGR), incluso, tuvo que pedir disculpas a Bejarano por los daños causados a su persona. Hoy, Bejarano y su esposa, la senadora Dolores Padierna, forman en las filas de Morena. En 2017, ambos abandonaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militaban desde hacía más de 10 años, para unirse al proyecto de AMLO. Actualmente, René Bejarano es líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, agrupación afín a Morena.
Gustavo Ponce logró su libertad en 2011, aunque fue apresado nuevamente, esta vez por el delito de fraude por 31 millones de pesos (mdp) contra el gobierno del CDMX. A Carlos Ímaz, por su parte, se le encontró culpable y fue sentenciado a tres años de prisión, pero fue exonerado luego de presentar una apelación.
El saqueo de los fondos del SME
Ocho años después del videoescándalo de René Bejarano, AMLO fue señalado nuevamente por recibir recursos de manera ilícita. Alejandro Muñoz Reséndiz, extesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), acusó al hoy Presidente de México de haber recibido dos mdp mensuales para financiar su plantón en Reforma en 2006 y su campaña presidencial en 2012.
Durante entrevista radiofónica con el periodista Óscar Mario Beteta, el extesorero del Comité Central del SME declaró que Martín Esparza, líder de dicho sindicato, entregó 66 mdp a AMLO para sostener su plantón en la Avenida Reforma de la CDMX. A decir de Alejandro Muñoz, Esparza entregó a AMLO durante 33 meses, de manera ininterrumpida, la cantidad de dos mdp mensuales.
El 27 de junio de 2012, luego de salir del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México donde estuvo preso por casi seis meses, el extesorero del SME relató en la radio que el dinero siempre se entregaba en efectivo, en maletines y en el mismo lugar; el restaurante El Círculo del Sureste. Para justificar los gastos ante el Sindicato de Electricistas, Muñoz Reséndiz presentaba notas de consumo de un mdp por semana, aunque en realidad el dinero se destinaba a AMLO.
Al difundirse la malversación de fondos, 29 mil trabajadores liquidados y 15 mil jubilados del SME presentaron, ante el Instituto Federal Electoral (hoy INE), una denuncia contra AMLO, entonces candidato presidencial por la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), a quien acusaban de haber recibido financiamiento de los fondos de su sindicato. Los trabajadores denunciaron al secretario general del SME, Martín Esparza, por disponer, sin su autorización, de millones de pesos para sostener al político tabasqueño.
Aunque la denuncia nunca prosperó, el sindicalista Alfredo Ríos Solís, representante de los jubilados, aseguró que tenía indicios de que los recursos provenientes de los trabajadores del SME fueron utilizados para la campaña de AMLO en 2012. El acuerdo, a decir de Ríos Solís, fue que Esparza financiaría la campaña de AMLO a cambio de una candidatura plurinominal por el Partido del Trabajo (PT).
Para apuntalar sus acusaciones, el representante advirtió que Martín Esparza habría utilizado, para este fin, 35 mdp que se encontraban en la cuenta de cheques número 0445591848, correspondiente a la cartera de inversiones número 00111006351-9 de Bancomer, cuenta que estaba a nombre del SME. Este dinero, refirió, era el seguro sindical para los deudos de sus compañeros fallecidos hasta antes de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro.
Las arcas de Morena se nutrían desde Veracruz
Dos mujeres acuerdan reunirse en una sala privada del Hotel Terranova, en Coatzacoalcos, Veracruz. Una de ellas es una figura pública, tez blanca, ojos claros, cabello rubio, corto y bien arreglado. Su parsimoniosa voz termina de retratarla como una mujer sin tacha. Es la diputada local con licencia, Eva Cadena, colaboradora cercana de AMLO, con quien ha aparecido en varios eventos públicos.
Es el seis de abril de 2017. Eva Cadena contiende por la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, bajo las siglas de Morena. La reunión entre ambas mujeres transcurre sin contratiempos.
“Le estoy entregando medio millón de pesos”.
“No tendrás una bolsita por ahí”, le pide Eva al recibir los fajos de billetes.
“Claro que sí –responde su interlocutora– le entrego medio millón para López Obrador, por favor, diputada. Nosotros sabemos que le tiene mucho cariño y que es de su absoluta confianza, diputada. Usted mañana va a Las Choapas, se va de gira, va con él. Esto es para él”, le aclara mientras deposita en manos de Eva más fajos de billetes.
“Okei, se lo entrego a él directamente”, asegura la diputada con licencia.
Eva Cadena fue el centro de los reflectores nacionales durante las campañas electorales para renovar 212 presidencias municipales en Veracruz. La candidata morenista a la alcaldía de Las Choapas protagonizó dos videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo –medio millón en el primero y 10 mil dólares más 50 mil pesos en el segundo– para financiar la campaña presidencial de AMLO rumbo a 2018. En ambos videos, la veracruzana asegura a sus interlocutores que ella personalmente entregaría el recurso a AMLO.
El ocho de abril de 2017, dos días después de la reunión en el hotel Terranova, AMLO alzó la mano de Eva Cadena durante un mitin político en Las Choapas: “Eva Cadena ya ganó aquí”, aseguró el tabasqueño.
Cuando los videos se hicieron públicos, la política veracruzana afirmó que AMLO nunca tuvo conocimiento de ese dinero y que ella lo devolvió íntegramente a los empresarios de quienes lo había recibido. Tras el escándalo, Cadena renunció a su candidatura, sostuvo, para no dañar la imagen de su partido.
Ese mismo año, la Contraloría General de Veracruz hizo pública una denuncia ante la Fiscalía del estado contra Carol Jessica Moreno Torres, entonces cuñada del líder de Morena, AMLO, por el presunto desvío de 80 mdp cuando se desempeñaba como oficial mayor de la Secretaría de Educación estatal. El diario El Financiero precisó que la cuñada de AMLO habría utilizado empresas fantasmas para sacar los recursos de las arcas del gobierno estatal para realizar supuestos pagos de servicios o de insumos.
El entonces gobernador veracruzano y enemigo político del hoy Presidente, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, acusó a AMLO de haberse puesto de acuerdo con Javier Duarte para recibir dinero del gobierno veracruzano. En ese acuerdo, aseguró Yunes, nombraron a la cuñada de Andrés Manuel, Carol Jessica Moreno Torres (esposa de Arturo López Obrador), como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, de la que AMLO recibía 2.5 mdp mensuales.
Las declaraciones de Yunes no tuvieron mayor impacto; y desde 2016, AMLO hizo pública la enemistad con su hermano Arturo López Obrador, luego de que éste apoyara a los candidatos priistas.
La corrupción mancha a Morena
A pesar de los videos y acusaciones que mostraban al círculo cercano de AMLO cometiendo actos ilícitos, en 2018, al llegar a la Presidencia de México, el político tabasqueño siguió jactándose de poseer una imagen impoluta y declaró reiteradamente que se convertiría en el adalid de la lucha contra la corrupción. Pero una vez en el poder, no se hicieron esperar los escándalos por fortunas excesivas, bienes inmuebles no declarados y presuntos delitos electorales.
El pasado jueves 20 de agosto, en Latinus, Carlos Loret de Mola reveló dos videos en los que Pío López Obrador, hermano del Presidente, aparece recibiendo paquetes de dinero de manos de David León Romero. En un video recibe 400 mil pesos; en otro, un millón. En la conversación entre ambos se da a entender que llevaban realizando esta rutina mensual desde hacía un año y medio.
A decir de la investigación de Latinus, el video fue grabado en 2015 por el propio David León Romero, quien entonces fungía como operador del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Pío López Obrador, por su parte, era operador político de Morena en el sureste.
Hasta antes de la divulgación del video, León Romero era un activo miembro en la administración de la Cuarta Transformación (4T); de hecho, fue presentado como el prototipo del funcionario eficaz y honesto por el propio Presidente de la República, hecho por el cual fue designado como “el guardián de la distribución de medicinas” a los centros de salud del Estado, actividad que AMLO decidió controlar después de acusar de corrupción a las empresas privadas que se encargaban de ello.
Durante la semana que el Presidente pidió expresamente a los medios que difundieran el video de corrupción entregado por Emilio Lozoya, donde se ve a legisladores del PAN recibiendo sobornos por sus votos a favor de la Reforma Energética, el video que tuvo más resonancia fue el de su propio hermano. Según la encuestadora Mitofski, del 17 al 23 de agosto, el 60.4 de las conversaciones políticas giraron en torno al video de Pío López Obrador; solo el 11.2 por ciento se enfocaron en el caso Lozoya.
Este hecho solo es la más reciente de una serie de denuncias en las que se ha visto involucrada la cúpula de Morena y, por ende el Presidente, como su fundador y líder. A mediados de junio pasado, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) encargada de recibir las declaraciones de los funcionarios acerca de sus bienes y auditar el gasto de los recursos públicos por parte del Gobierno Federal, fue evidenciada por esconder su propia fortuna y no explicar de dónde obtuvo tres casas, tres departamentos y un terreno que constan dentro de sus bienes inmuebles.
Eréndira Sandoval y su esposo, el ideólogo John Ackerman, fueron denunciados por no declarar propiedades que ascienden a poco más de 60 mdp, según el valor en el mercado, cifra cinco veces mayor de lo que la funcionaria reportó en su declaración patrimonial como parte del gabinete de AMLO.
La encargada de la oficina contra la corrupción en la 4T explicó a los medios que, cuando Marcelo Ebrard gobernaba la CDMX, le regaló un terreno de 253 metros cuadrados en Santo Domingo Coyoacán, al sur de la CDMX, valuado en seis millones de pesos. Así explicó la adquisición de esa propiedad, pues con su salario y el de su marido como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (el sueldo más alto apenas alcanza los 28 mil pesos mensuales) no pudo haber adquirido ese bien.
Otro funcionario de la 4T que tampoco pudo explicar el origen de sus casas y empresas es el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. La investigación de la periodista Areli Quintero, difundida en agosto de 2019, mostró que Bartlett, su pareja y los hijos de cada uno de ellos poseen, en conjunto, 25 propiedades: 23 casas de lujo y dos terrenos, que juntos ascienden a 800 mdp, es decir lo equivalente a nueve “casas blancas” como la de la esposa de Peña Nieto.
Un mes después, la periodista publicó un nuevo reportaje que mostraba al titular de la CFE ocultando su participación en diez sociedades empresariales, cinco encabezadas por su pareja sentimental, Julia Abdala Lemus, y cinco por su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez.
La SFP recibió denuncias por conflicto de interés y faltas administrativas cometidas por Bartlett; pero la titular, Irma Eréndira Sandoval, no encontró “elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del Director General de la Comisión Federal de Electricidad”. Tampoco encontró elementos para determinar la posible comisión de las faltas administrativas graves prevista en el Artículo 60° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según afirmó en su conferencia de prensa 19 de diciembre de 2019, tres meses después de haberse presentado la denuncia.
El doble discurso del Presidente
“Hay aves que pasan el pantano y no se manchan; mi plumaje es de ésos. Tengo mi conciencia tranquila”, aseguró AMLO en su conferencia de prensa del 21 de agosto pasado, luego de que se difundiera el video de su hermano Pío. “Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas diciendo ‘todos son lo mismo’ (…) Pero no es así, no somos iguales”, sostuvo el Ejecutivo Federal.
El Presidente justificó el actuar de su hermano y de David León al asegurar que el dinero que éste entregaba a aquél eran aportaciones del pueblo para financiar a Morena y no recursos públicos. “En el otro caso de mi hermano, de David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos que la gente era la que apoyaba; básicamente, hemos luchado durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido con revoluciones”, declaró.
El periodista Carlos Loret de Mola, responsable de la difusión de dicho video, publicó en su columna en The Washington Post: “si el hermano del Presidente de México puede ser captado recibiendo dinero ilegal y es avalado públicamente por el titular del Ejecutivo federal como un luchador social legítimo, las coordenadas legales, morales y políticas del régimen quedan perfectamente claras: la cercanía afectiva, familiar o de militancia con AMLO es, en los hechos, una patente de corso. El poder como botín de grupo. Así, los altos funcionarios saben que, si están con el Presidente, no se les castigará ningún delito. La lucha es contra la corrupción ajena. La de casa no solo no se persigue ni se condena, sino que se exalta como una gesta heroica”.
El problema, a decir del director general del Observatorio Ciudadano, Luis Antonio García, es que el gobierno morenista navega con una doble moral. Acusa y persigue a los políticos de otros partidos, pero permite actos ilícitos entre los miembros de su propio partido.
“Como sociedad civil debemos exigir, primero, que todos los que hayan tenido que ver en actos de corrupción sean sancionados, sean del partido que sean. Si se prueban los vínculos de quienes aparecen en los videos con terceros beneficiarios, también debe haber una sanción ejemplar. Pero también debemos exigir al Poder Ejecutivo que saque las manos del proceso, que se respete la autonomía de la Fiscalía por la que tanto luchó la sociedad civil y que el Gobierno se mantenga al margen, que deje de sacar jugo político de un caso que nos indigna a los mexicanos. La corrupción nos tiene hartos, no es un botín político del Presidente”.
Durante el primer año del gobierno de la “Cuarta Trasformación”, la tasa de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales tuvo un incremento de cuatro mil 915 casos por cada 100 mil habitantes, pasó de 25 mil 541 actos en 2017, a 30 mil 456 en 2019.
Así lo dio a conocer la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) perteneciente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A decir de esta institución, el costo total por corrupción en el primer año de gobierno de AMLO fue de 12 mil 769 millones de pesos, es decir, lo que equivalente a tres mil 822 pesos por persona afectada.
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Escrito por Adamina Márquez Díaz
Directora editorial de buzos. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.