El Instituto Nacional Electoral aún no define reglas, metodología ni mecanismos para operar la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, pese a que el proceso electoral de 2027 está cada vez más cerca.
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El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, enfatizó que el costo de las acciones para prevenir los contagios por Covid-19 en las elecciones del 6 de junio de 2021, será de 378 millones de pesos.
Al participar en la reunión plenaria de legisladoras y legisladores del Partido del Trabajo (PT), Córdova Vianello delineó los retos a los que se enfrenta la autoridad electoral con la organización de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo, programadas para el 18 de octubre, así como para los comicios más grandes de la historia en 2021, en un ambiente de pandemia.
El desafío, concretó, es replicar las recomendaciones de las autoridades de salud en los contextos electorales, como medidas de higiene personal y colectiva, la sana distancia y que esto que se usa día a día para el cuidado personal, se traduzca en el ejercicio colectivo de organización de elecciones.
Córdova Vianello mencionó que el INE ha instrumentado protocolos que señalan que toda la persona que ingrese a las casillas deberá portar un cubrebocas.
“Al millón y medio de funcionarios de casilla se les tendrá que dar cubrebocas y caretas. Para quienes estén todo el día en las casillas, tendremos que darles tres cubrebocas desechables; estamos hablando de casi cinco millones de cubrebocas que tendremos que adquirir”, agregó.
Igualmente se sanitizarán las casillas periódicamente a lo largo de la elección; se pedirá a la ciudadanía que lleven su marcador o se les facilitará uno que tendrá que limpiarse al término de su uso, entre otras medidas.
Definirá INE reglas de reelección y consulta popular en 2021
Ante las diputadas y diputados del PT, encabezados por su coordinador, Reginaldo Sandoval, Córdova Vianello mencionó que el pasado 31 de mayo se cumplió el plazo para que el Congreso de la Unión definiera las reglas de la reelección de diputados a nivel federal y de la Ley de Consulta Popular, por lo que el INE tendrá que establecer, antes de que inicien las precampañas a finales de este año, cómo operará sobre éstas el próximo año.
Recordó que de acuerdo con la legislación, en el caso de la Ley de Consulta Popular, plasmada en la Constitución Mexicana, sólo se realizó una modificación el año pasado para que este ejercicio pudiera realizarse todos los años, pero de manera desfasada con la Jornada Electoral.
“Así que el próximo año, si hay consulta popular, tendríamos el 6 de junio la elección y el primero de agosto la consulta popular. El problema es que no hay reglas específicas para esta nueva modalidad de consulta popular, la tendríamos que hacer con el marco legal vigente, lo que implicaría hacer otro ejercicio similar al de la elección, instalar otra vez 164 mil casillas, con los funcionarios que se requieren para su operación”.
Córdova Vianello precisó que en el caso de la reelección, el Consejo General deberá definir las reglas a las que tendrán que sujetarse aquellos legisladores que busquen reelegirse en las elecciones del 2021, porque no hay una ley que regule su operación.
Recordó que este tema “lleva seis años en la Constitución y llevamos seis años sin reglas en esta materia. La legislatura actual aprobó un dictamen, se pasó al Senado, el Senado no lo procesó. Ha habido una discusión pública que permite al Consejo Generar nutrirse y al final tomar una decisión”.
Sostuvo que la reelección es un derecho de las y los legisladores, pero será obligatorio para los partidos políticos cumplir con la regla de la paridad que les obliga la Constitución, “si eso le permite cumplir al partido respetar el derecho de los legisladores que buscan reelegirse, perfecto, pero si no, prevalece la paridad, porque esa es una obligación del partido”.
El Instituto Nacional Electoral aún no define reglas, metodología ni mecanismos para operar la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, pese a que el proceso electoral de 2027 está cada vez más cerca.
México necesita un partido del pueblo que busque cambiar la propiedad privada de los medios de producción y la injusta producción de la sociedad capitalista.
El órgano electoral rechazó registrar como partido a la organización ligada a exmorenistas por irregularidades en fiscalización y afiliaciones; sólo PAZ y Somos México podrán competir como nuevas fuerzas políticas en 2027.
Somos México y PAZ accederán a financiamiento público desde julio; el gasto total para partidos en 2026 asciende a siete mil 737 millones de pesos rumbo a las elecciones federales de 2027.
El documento de la UIF podría volver a generar debate durante la sesión. Si contiene observaciones sobre presuntas irregularidades financieras, algún registro aún podría ser rechazado.
El caso enfrenta dos controversias: determinar si Somos México violó la ley al afiliar a personas vinculadas con cultos religiosos y esclarecer si el INE protegió adecuadamente los datos personales de quienes buscan formar un nuevo partido político.
El INE deberá resolver antes del 25 de junio las solicitudes de registro; la disputa por afiliaciones definirá quiénes podrán aparecer en la boleta de 2027.
El partido no acreditó las afiliaciones con la documentación original exigida por la normativa electoral por lo que se ordenó que esos registros se contabilicen a favor de organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.
México se prepara para la elección concurrente más grande de su historia, con 18 mil 930 cargos de elección popular en disputa y 17 gubernaturas en juego.
Se renovará la Cámara de Diputados; 17 gubernaturas y 13 mil 515 cargos municipales. También 3 mil 800 plazas de jueces federales y estatales.
El INE validó la elección judicial federal y entregó constancias a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.
Desde 2020, el Instituto Nacional Electoral ha registrado casi 500 personas responsables de violencia política de género; Oaxaca concentra el mayor número de infracciones a nivel local.
Retirar la facultad al INE de realizar nombramientos de titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas.
El incumplimiento del registro derivará en la suspensión del servicio, tanto en líneas de prepago como pospago.
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Turismo en Quintana Roo en declive por sargazo y menor llegada de vuelos
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Escrito por Redacción