Recién comenzado el presente sexenio (octubre de 2024), el Gobierno Federal anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional en beneficio de los trabajadores al servicio de empresas por aplicación en las plataformas digitales de movilidad en México; con la reforma, el gobierno regularizaría el trabajo y reconocería los derechos de cientos de miles de empleados (conductores, repartidores, mensajeros, etc.).

El ejemplo más claro (y muy conocido) de las empresas en el sector de movilidad es Uber, una trasnacional cuya actividad se desarrolla en muchos países de todo el mundo y de cuyas fechorías, por ejemplo, burlarse de las leyes del país donde opera, evadir impuestos y elevar las tarifas en sus servicios a los pasajeros habla nuestro Reporte Especial esta semana.

La lista de los beneficios que la reforma implicaba causó entusiasmo en buen número de trabajadores de este sector: acceso al IMSS, con todos los servicios que éste trae aparejados (atención médica, pensión, aguinaldo, incapacidad, vacaciones y otros más); el número de beneficiados es considerable: actualmente, según datos oficiales, los trabajadores por aplicación pronto rebasarán la cifra de 700 mil.

Autorizada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2024, la reforma entró en vigor hasta junio de este año; casi de inmediato, la empresa Uber la usó como pretexto para elevar el precio del servicio a los pasajeros. La reforma afectó, por lo tanto, a los empleados y a los usuarios; los primeros pagarán mayores impuestos a los organismos encargados de la recaudación fiscal con la esperanza de conseguir prestaciones laborales y un aumento significativo en sus percepciones. Los usuarios cargarán con el aumento en las tarifas.

Estudiosos del tema reportan que los beneficios esperados con la nueva reforma todavía están muy lejos de llegar a los trabajadores; aseguran que las prestaciones tampoco se convertirán en una realidad porque los solicitantes no cuentan con la afiliación al IMSS y han encontrado graves obstáculos para acceder a cada uno de los servicios con que debe contar un trabajador formal. Los “socios” o “conductores” de las plataformas digitales no son empleados formales y por lo tanto será difícil proteger sus derechos y regular el trabajo en éstas.

Los expertos agregan que el Gobierno Federal no ha emitido una respuesta enérgica para contrarrestar la acción de la trasnacional de elevar sus tarifas; éste es otro aspecto que muestra el carácter incompleto de la reforma.