La reforma laboral en torno a las plataformas digitales de movilidad en México le vino como anillo al dedo para la empresa Uber. A los 15 días de haberse activado, esta plataforma incrementó sus tarifas de viaje en siete por ciento. La compañía trasnacional salió ganando;  es un ejemplo claro de cómo opera el capitalismo, ya que tanto el trabajador como el pasajero resultan afectados, mientras el patrón incrementa sus ganancias.

La multinacional Uber Technologies fue fundada en marzo de 2009 por Garrett Camp y Travis Kalanick; en 2014, este último fue incluido en la lista de los 400 estadounidenses más ricos, con una fortuna de seis mil millones de dólares (mdd). De 2017 a la fecha, el CEO es Dara Khosrowshahi, empresario que mantiene negocios en el rubro farmacéutico, químico y de distribución y alimentos lo que le ha permitido acumular una riqueza estimada en 449 mdd.

Uber tiene su sede en San Francisco, California. Actualmente presta servicios en 70 países y en más de 15 mil ciudades del mundo. Es un conglomerado que incluye transporte, entrega de alimentos, mensajería y alquiler. El sector taxista la ha tachado de hacer competencia desleal y fue acusada de no garantizar la seguridad de los datos personales de sus usuarios.

A la fecha, el 43 por ciento de las acciones de esta compañía están en manos de fondos de inversión, principalmente de dos empresas, Vanguard Group y BlackRock, las dos principales empresas de fondos de inversión que operan medios de comunicación, empresas tecnológicas, agroquímicos, de alimentos, bancos, entre otros giros.

La compañía ha sido llevada a juicios en varios países por evasión de impuestos, asuntos tributarios, laborales y competencia desleal, entre otros cargos. Ante ello, Uber no ha escatimado recursos para defenderse y, de acuerdo con estimaciones, ha destinado más de 60 mdd a este efecto.

Impunidad trasnacional 

Como en todos los países en que opera, en México, Uber no respeta las leyes: en la tercera semana de julio, la compañía de movilidad por aplicación anunció que aumentaría sus tarifas de viaje en un siete por ciento, en respuesta a una nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno Federal.

La medida causó indignación y rechazo entre los usuarios y los propios trabajadores. En palabras de expertos, los más perjudicados, como siempre, son los operadores; pues, aunque la empresa justifica el aumento argumentando que la reforma busca reconocer los derechos laborales de los trabajadores por aplicación –Apps–, en realidad, este incremento será finalmente pagado por los usuarios.

La iniciativa de Reforma en Materia de Trabajo en Plataformas Digitales en México fue impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que pretende garantizar derechos laborales como seguridad social, aguinaldo y vacaciones; fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre y por el Senado el 13 de diciembre de 2024; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 del mismo mes. Entró en vigor el pasado 22 de junio y el 27, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como la STPS publicaron las reglas de procedimiento.

El programa piloto de la reforma para trabajadores de Apps comenzó este primero de julio, sin embargo, sólo 15 días después Uber incrementó sus tarifas.. En un comunicado, la compañía declaró: “Estamos comprometidos con que la reforma laboral para los trabajadores de plataformas digitales funcione para todas y todos… mientras adaptamos nuestras operaciones, el ajuste de costos es una realidad que no podemos ignorar. Por ello, implementamos una actualización necesaria en la estructura de precios de los viajes de hasta siete por ciento”.

En una tibia respuesta, la STPS en la figura de Marath Baruch Bolaños López, únicamente la señaló como “preocupante”. Informó también que, en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desplegaría operativos en todo el país para comprobar que se esté cumpliendo la Ley Federal de Protección al Consumidor y, en caso contrario, sancionar (aunque no aclaró cómo) “cualquier política tarifaria irregular o injustificada que perjudique a la ciudadanía”.

Tal incremento incumple con los compromisos asumidos con la STPS sobre “no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores y consumidores” suscrito en el boletín 28/25 titulado “STPS rechaza alza tarifaria de Uber; es una decisión unilateral, injustificada y contraria a los compromisos asumidos”.

Saúl Gómez, vocero y fundador del colectivo Ni Un Repartidor Menos, en entrevista con buzos, reveló que la dependencia federal ya tenía conocimiento de que la trasnacional aplicaría un incremento a sus tarifas.

“El siete por ciento que está anunciado por Uber es algo que ya le habíamos comentado a las autoridades en la reunión que tuvimos el año pasado y en la última de este año. Ese aumento se dio en California y está pasando exactamente como lo anunciamos, incluso la propia STPS sabía que alguien tenía que pagar los platos rotos de la seguridad social, por eso se nos hace irónico que ahora se quejen de que no sabían y no respaldan que haya un aumento cuando sí sabían en realidad que eso pasaría”, aseveró.

Explicó también que el esquema de seguridad social quedó de la siguiente manera: el 97.5 por ciento lo está pagando el patrón y otro 2.5 por ciento “lo estamos pagando nosotros”, es decir, “no hay intervención por parte del gobierno en el pago de la seguridad social. Las plataformas de una u otra manera tienen que amortizar el gasto de la seguridad social”. En esta ocasión, Uber cargó el costo final al pasajero.

En California, EE. UU., desde 2020, Uber Eats y DoorDash aumentaron sus tarifas luego de la aprobación de una ley conocida como Proposición 22. Aunque la compañía aseguró que la medida “ayuda a financiar los nuevos beneficios que se ofrecen a los conductores”, en realidad, el incremento se debió a la aprobación de la ley del estado de California, es decir, ya tenía antecedentes de incrementos.

Esta historia ahora se repite en México pues, con el nuevo impuesto, la empresa trasnacional se deslinda de sus obligaciones con los trabajadores. En este contexto, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA) anunció su campaña “No es por tus derechos, es por tus ganancias”, expresando su molestia ante el aviso de Uber y argumentó que el incremento tarifario responde a que “históricamente” Uber y demás plataformas han manipulado las tarifas mediante sistemas de precios dinámicos para maximizar ganancias extraordinarias.

“Uber representa sus propios intereses, las empresas, durante todo el proceso de negociación, han estado preocupadas por este nuevo modelo regulatorio en términos generales… para nosotros, a largo plazo, quien queda mal parada es la propia empresa porque se evidencia como partícipe de un modelo de negocio que no piensa cubrir derechos laborales… también decir que los pagos a los conductores tienen que cambiar. Cuando las empresas tienen que recortar costos, recortan primero al pago que hacen a los trabajadores. Entonces, en realidad debe cambiar lo que se paga al conductor, no lo que cobra al usuario”, dijo a este semanario, el secretario general de la UNTA México, Sergio Guerrero.

Entrevistado por buzos, Francisco Rodríguez Caballero, especialista en derecho penal laboral, consideró que finalmente, la STPS no realizará ninguna acción en apoyo a los trabajadores y usuarios, porque están limitados por la ley. “No harán nada, entre otras razones, porque no hay ninguna regla que impida que Uber aumente sus tarifas, no existe un procedimiento establecido para el castigo ni algún mecanismo que lo impida”, además, el “Gobierno se cuida de no afectar a este tipo de empresas para, con toda franqueza, no meterse en problemas con los empresarios de corte internacional. Por eso, el trabajador siempre resultará perjudicado”.

Uber no reconoce estatus laboral de operadores

A un mes del programa piloto, ya se vislumbran los problemas derivados de la reforma laboral. En primer lugar, en los servicios del IMSS, pues algunos trabajadores de la plataforma han sido rechazados por estar pensionados o jubilados y, por lo tanto no pueden acceder a servicios de salud y otras prestaciones.

“Las incapacidades también son un reto, porque cuando llegan los compañeros a pedir su incapacidad, el IMSS solicita datos como cuál es su puesto en la empresa, cuál es su dirección fiscal, cuál es su día de descanso, cosas que generalmente no sabemos porque, para la empresa, solamente somos los mensajeros, por así decirlo; entonces no lo sabemos”, lamentó Saúl Gómez de Ni Un Repartidor Menos.

Por otro lado, conductores de la aplicación ya han manifestado su descontento con la reforma pues, sostienen que, más que beneficio, notan retrocesos, porque han experimentado una reducción en sus ingresos hasta del 80 por ciento, lo que comprueba Leslie Díaz, vocera de Repartidores Unidos de México, cuando advierte que los trabajadores de este sector están ganando menos, pagando más impuestos y comisiones, a cambio de un servicio de salud deficiente.

Sergio Guerrero evidenció otro problema relacionado con el tiempo de trabajo: “La reforma no reconoce todo el tiempo de trabajo, sino sólo el tiempo “efectivo” de trabajo; otra es el establecimiento de porcentajes de exclusión para regular el salario-base de cotización, que aleja cada vez más la posibilidad que tienen los trabajadores para cotizar al IMSS y entrar al esquema de derechos. Lo que dice la reforma es que eres reconocido solamente cuando generas un salario mínimo; pero se agregaron porcentajes de exclusión que harán que parte del ingreso no sea contado para este cálculo, por lo que el trabajador tendrá que generar más dinero de lo que en realidad es el salario mínimo”, denunció.

El pasado 22 de junio, conductores y repartidores de aplicaciones como Didi, Uber, Rappi e InDrive bloquearon la avenida Paseo de la Reforma para exigir claridad y transparencia de las autoridades por la nueva reforma laboral, ya que temían perder la flexibilidad en sus jornadas laborales y una reducción en sus ingresos, pues con el nuevo esquema fiscal, se les arrebataría más de 60 por ciento de sus percepciones para etiquetarlas en otros rubros.

También denunciaron la falta de un diálogo real entre los tres actores: gobierno, empresas y trabajadores, que se presentó desde el principio y así continúa a la fecha, tal como narra Saul Gómez, quien subraya que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se niega a hacer reuniones tripartitas, es decir, conjuntas entre la Secretaría del Trabajo, Trabajadores y Empresas: “únicamente quiere jugar con reuniones entre Gobierno-Trabajadores y Gobierno-Empresas, lo cual nos quita mucho tiempo en términos de negociación”. A pesar de esto, los representantes de los trabajadores por aplicación manifestaron a este semanario su decisión de persistir hasta que su situación cambie.

Ineficiente reforma laboral

La primera vez que se anunció la iniciativa fue en octubre de 2024. A decir de la STPS, la propuesta nació para regular el trabajo y reconocer los derechos de quienes se ganan el sustento laborando en las empresas por aplicación. Entre los beneficios planteados figuraron el acceso a prestaciones que incluyen atención en el IMSS, pensión por cesantía y vejez, aguinaldo, cobertura por incapacidad física, así como servicios funerarios para familiares, derecho a vacaciones, guarderías, reparto de utilidades y registro en el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Según el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el país se tienen ubicados alrededor de 658 mil empleados en este sector, 41 por ciento de los cuales (269 mil 780) gana el salario mínimo o más.

Éste puede ser uno de los motivos por los que se haya aplicado la reforma casi inmediatamente, es decir, que los empleados de las Apps ya estén registrados en el IMSS, con lo que serían trabajadores formales. El vocero de Ni Un Repartidor Menos consideró que “Las aplicaciones nos han dado de alta rápidamente... Llegas con tu número de seguridad social, servicio patronal activo y una fotografía y ya tienes tu carnet”. En otras palabras, el SAT busca cobrar impuestos a los “nuevos” trabajadores. Éste es uno de los “vacíos legales” de la reforma, pues según la ley, debe existir un contrato laboral de por medio.

Tanto Repartidores Unidos de México como Trabajadores de Plataformas Digitales de México declararon, en su momento, que la aplicación de la reforma se había efectuado sin retomar ni concluir las negociaciones con la STPS ni consolidar un marco de negociación con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y sólo con mínimas modificaciones que vulneran la flexibilidad y los derechos de los empleados por aplicaciones.

Del primero de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025 se realizará el programa piloto de la nueva reforma, con la que podrá tomarse un “margen de maniobra para que el gobierno y las autoridades vean qué se puede corregir y que desafortunadamente no podrá funcionar”, precisó Saúl Gómez.

Por su parte, Sergio Guerrero sostiene que la Reforma es un avance: “los trabajadores llevamos ya muchos años pagando impuestos, pagábamos impuestos sin tener nada en retribución; además, no éramos reconocidos por la empresa como trabajadores para ahorrarse el costo como tal. Con esta reforma, se nos reconoce como trabajadores y nos abre la puerta a la posibilidad de tener todos estos derechos y prestaciones”. 

Trabajadores indefensos sin contrato colectivo

La modificación de la ley, supuestamente en beneficio de los trabajadores de plataforma, no resulta tan benéfica, destacó el abogado Francisco Rodríguez Caballero, quien advirtió que “en la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hay un formato para la contratación que deben tener los trabajadores con la empresa Uber; pero en ningún momento les están dando facultades, por ejemplo, para firmar un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que, a diferencia de ese contrato individual, beneficia a los trabajadores porque les garantiza poder defenderse de manera conjunta por medio de un sindicato; además pudieran incluso emplazar a huelga. Ese derecho no está claro en la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto no los protege ni beneficia al 100 por ciento. No se ha planteado hasta el momento que exista la posibilidad de un CCT para los trabajadores de Uber”.

El abogado sostiene que la solución para evitar abusos de Uber y demás empresas de aplicación y para que el trabajador esté protegido radica en que los trabajadores de las plataformas elaboren un CCT, porque con la reforma laboral actual están indefensos.

“Incluso en el decreto de reforma, el trabajador de plataformas no obtiene siquiera un salario mínimo diario; el trabajador tiene un salario por servicio, por tarea desempeñada; y para que se le pueda considerar, por ejemplo, en un año, como acreedor de supuestas utilidades, debe reunir casi 300 horas de trabajo. Significa que si no las completa, no tendrá derecho a esas prestaciones”. Así, la reforma no protege totalmente al trabajador de plataformas, no le ofrece el derecho a organizarse colectivamente y reclamar prestaciones mediante un sindicato.

El Sindicato, la organización y concientización sobre la verdadera naturaleza de las llamadas Apps, es la herramienta de lucha que los trabajadores tienen en sus manos para evitar los abusos de los dueños de las grandes trasnacionales.