La movilidad social es la capacidad que las personas tienen para cambiar de posición dentro de la estructura socioeconómica a lo largo del tiempo; mide las oportunidades y calidad de vida de los individuos respecto a otros, incluso en comparación con sus padres. 

Desde 2019, el Gobierno Federal ha gastado aproximadamente 2.7 billones de pesos (bdp) en apoyos económicos para “la mayoría de los mexicanos”. No obstante, 50 de cada 100 personas que nacen en pobreza, no lograrán salir de esta condición en la edad adulta, es decir, la heredarán de sus padres.

En México, el lugar de nacimiento sigue determinando la tendencia en la vida de millones de personas. El entorno familiar, nivel educativo de los padres, el acceso a servicios básicos y tipo de empleo al que se accede no son elementos aislados: conforman un sistema que condiciona las trayectorias sociales y limita, desde el origen, las oportunidades de desarrollo.

Sin embargo, el discurso oficial durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en el actual, insiste en que se redujo la pobreza debido a los programas sociales. En 2025, el Gobierno Federal mantiene vigentes unos 16 programas sociales, apoyos otorgados mediante las tarjetas del Bienestar. 

El reporte más reciente de Movilidad Social en México 2025: la persistencia de la desigualdad de oportunidades del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) reafirma lo ya sabido: la pobreza permanece como una condición en la que viven millones de mexicanos, y no solamente se incrementa, sino que se hereda de padres a hijos, que difícilmente podrán superar. 

México se ha caracterizado por su baja movilidad en las últimas décadas, por lo que el origen familiar determinará el destino de la vida adulta. Éste es un indicador que, a decir del informe, sirve como un reflejo de la economía; pues tiene implicaciones directas sobre la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la estabilidad política.

El Informe de Movilidad Social en el país señala que la mitad de las personas nacidas en el primer grupo –conocido como primer quintil–, es decir, más pobre, se mantendrán en el mismo grupo. De éste, únicamente dos de cada cien lograrán acceder a mejores oportunidades laborales; por lo tanto, tendrán mayores niveles de ingreso y servicios de calidad en salud, educación y vivienda, tanto como el último grupo –quinto quintil–. 

Así, en el primer grupo o primer quintil se ubican las personas en situación de mayor pobreza; el segundo agrupa a quienes tienen ingresos bajos, pero poseen mejores condiciones de vida que el primer grupo; el tercero corresponde a una clase media baja; el cuarto, a una clase media alta; y el quinto al sector más acomodado de México.

Asimismo, destaca que los mexicanos nacidos en el grupo más rico conservarán su estatus. Incluso, el 44 por ciento se mantendrá en la cima de los más ricos y sólo el cuatro por ciento desciende.

Según el informe del CEEY, las posiciones no se ganan, sino que se heredan, contrario al ideal meritocrático presente, que hace creer a los mexicanos que quienes trabajan duramente o emprenden en algún “negocio”, ascenderán a los niveles de mayor riqueza. 

Las brechas de movilidad social no afectan a toda la población por igual, pues también influyen factores no controlados por las personas, como los servicios educativos y de salud, así como las condiciones de origen. 

Las mujeres en situación de pobreza, según el análisis, tienen menos oportunidades de ascenso y más riesgo de caída social. Solamente una de cada 100 mujeres nacidas en el quintil más bajo, logra llegar al nivel socioeconómico más alto, lo que, en comparación con los hombres, se traduce en una probabilidad tres veces menor.

Por región, el sur de México, incluidos los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, reportó que el 64 por ciento de quienes nacen en la base de la pirámide económica, no logran superarla; mientras que, en el centro-norte, la cifra permanece en un nivel más bajo: 31 por ciento.

Por otro lado, el gobierno de AMLO ha gastado más de 2.7 bdp desde 2019 en apoyos económicos, según presumió la Secretaría del Bienestar mediante un comunicado el pasado 29 de febrero. Tal cifra equivale a pagar la operación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante casi 50 años.

Rezago en educación

La educación en México representa un derecho social garantizado en la Constitución que debería enriquecer a la población con habilidades y conocimientos necesarios para un desarrollo óptimo en la vida adulta; sin embargo, en el país no está funcionando como palanca de movilidad social, sino como un espejo de la desigualdad de origen.

El informe citado concluye que a pesar de que se ha experimentado un avance en la escolaridad alcanzada, sólo nueve por ciento de las personas cuyos padres llegaron hasta la primaria, pudieron alcanzar la formación profesional; en cambio, entre las personas con padres con estudios universitarios, el 63 por ciento sí logró hacerlo.

Este dato implica que quienes tienen padres con un nivel educativo más alto cuentan con una probabilidad de acceder a una formación profesional siete veces mayor que aquellos cuyos padres sólo terminaron la primaria. 

Sin embargo, cifras en este rubro evidencian el verdadero rezago del sistema educativo mexicano. Pablo Moreno y Marco Antonio Fernández, del Programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa, revelaron que México no tiene un sistema que permita analizar las trayectorias educativas de los estudiantes.

“A pesar de múltiples esfuerzos, México aún no cuenta con un sistema efectivo para saber en qué momento de la trayectoria educativa los estudiantes se encuentran con dificultades; cuándo se obtienen mejores resultados de aprendizaje o, incluso, por qué los jóvenes cambian entre opciones educativas o salen del Sistema Educativo Nacional (SEN)”, advirtieron.

Según este análisis, sólo 7.1 por ciento de los niños mexicanos recibe atención educativa durante los primeros tres años de vida y 62.4 por ciento durante la edad preescolar. por lo que consideraron que el gobierno debe revisar urgentemente el sistema educativo nacional y tomar medidas. 

Inicialmente, los especialistas de México Evalúa revisaron la trayectoria de los estudiantes e identificaron que cada vez más personas abandonan los estudios de bachillerato: de cada 84 que ingresan, 52 logran concluir el nivel medio superior y solamente 28 de cada 100 personas que inician estudios de primaria, terminan la educación superior.

Entre las razones por las que los jóvenes de entre 12 y 22 años abandonan la escuela, destacan la falta de dinero o recursos, apatía contra el sistema educativo, calificaciones bajas, aprendizajes deficientes, repetición de cursos e inasistencia, según los expertos. 

En el mismo sentido, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) subrayó que “los gastos asociados a la educación, como materiales, uniformes o transporte, así como la necesidad de apoyar con actividades domésticas remuneradas, contribuyen a la deserción escolar y dificultan la permanencia de las infancias en el sistema educativo formal”.

Un análisis de BBVA destaca que, si bien el derecho a la educación en el país surge de un mandato, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela y alrededor de 600 mil están en riesgo de abandonarla, principalmente por falta de recursos y por la lejanía de los planteles educativos.

Amira Cruz, una mujer de 50 años y originaria de Tehuacán, Puebla, es un ejemplo de lo anterior. Ella sólo pudo cursar la preparatoria, en gran medida por la situación económica que experimentaba en aquel momento y la reducida oferta escolar. Le hubiese gustado concluir la licenciatura en derecho.

“Sólo terminé hasta la preparatoria, por la situación económica… y en esos tiempos no había muchas universidades; entonces teníamos que viajar para poder asistir (…) y pues era más gasto y la economía no era buena”, narró a buzos. 

Factores como el rezago educativo dentro de las familias afectan todavía a la sociedad mexicana durante generaciones.

Érick Palma, de 32 años, tuvo la misma experiencia. Vive en Chimalhuacán, al oriente del Valle de México, y declaró a este semanario que las condiciones socioeconómicas de su familia lo orillaron a trabajar a edad temprana. “Terminé la preparatoria, tengo una carrera técnica en administración (…) hice mi examen en el Politécnico (Instituto Politécnico Nacional), pero en ese año no me quedé”, relató. 

Debido a las condiciones económicas de su familia, decidió dejar sus estudios universitarios en una institución privada, “en ese tiempo mi hermano estaba en la universidad, yo estaba por entrar igual, mi hermana iba a entrar a la preparatoria, entonces ya eran muchos gastos para mis papás tener a tres adolescentes en nivel medio superior”, lamentó. 

Para Ashley, una joven de 18 años, el panorama fue distinto, pues actualmente estudia Ciencia de Datos en el IPN; sin embargo, consideró que, en México, el principal factor en contra para que los jóvenes estudien es el económico; incluso reconoció que, en el país, se le ha restado importancia a concluir la formación profesional.

“Se tiende mucho a demeritar lo que es una licenciatura; hay veces que la gente no le toma la importancia que debería (…) Si bien no te garantiza un futuro, te abre algunas puertas que no tendrías sin el título”, precisó.

En este contexto, instituciones como el CIEP recomendaron que el gobierno en turno replantee las políticas públicas destinadas a los jóvenes; pues consideró que los actuales programas son limitados y no están focalizadas sus alternativas para las familias más pobres. BBVA recomendó que para abordar esta problemática resulta urgente la actualización de los contenidos educativos, capacitación periódica y evaluación de los maestros. 

Por su parte, México Evalúa enfatizó que “enfocar las políticas correctivas solamente en la distribución de becas para atender las carencias monetarias es contraproducente, pues deja de lado variables que son igual o incluso más importantes. Un enfoque tan estrecho impide visualizar el programa y da pie a iniciativas ineficientes que no logran atacar efectivamente las raíces del problema”.

Primero los pobres: sólo una promesa 

La política iniciada en el sexenio pasado para atender “primero a los pobres” se ha quedado en promesa. De acuerdo con datos del extinto Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante ese periodo, la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó en dos puntos porcentuales, pasando de 41.9 por ciento en 2018, a 43.9 en 2020.

Este porcentaje significa que, mientras en 2019 fueron consideradas como pobres 51.9 millones de personas, en 2020 la cifra alcanzó los 55.7 millones; es decir, la pobreza tuvo un incremento de 3.8 millones de personas..

Desde que el Coneval comenzó las mediciones de la pobreza en 2008, el incremento registrado en 2020 fue el más alto tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, lo que representa un retroceso significativo. 

El porcentaje de población en situación de pobreza en 2020 superó ligeramente al observado en 2016, lo que rompió con la tendencia a la baja lograda entre 2014 y 2018, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando los indicadores mostraban una reducción.

Al respecto, Ignacio Martínez Espinoza, doctor en Procesos Políticos por la Universidad de Salamanca, estableció, en un artículo, que “a pesar de tener como eje articulador la política de “Primero los pobres”, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) no tiene un programa social focalizado en la población pobre.

“La población tanto en el ámbito urbano como rural que recibe ingresos inferiores a las líneas de pobreza, no tiene opciones de programas sociales para mitigar su situación (…) Además, tampoco hay programas sociales que protejan a la población vulnerable en situación de calle o desempleada”, alertó.

Desde su perspectiva, AMLO canceló el programa Progresa-Oportunidades-Prospera “y decidió transferir sus recursos al Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez” sin crear un programa focalizado en atender ese vacío.

Progresa, Oportunidades y Prospera fueron programas sociales que se modificaron en cada sexenio, presentaron un avance por estar diseñados para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. Iniciado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los programas de transferencias monetarias fueron pioneros en México y en América Latina por su enfoque de transferencias monetarias condicionadas. Esto significó que las familias recibían apoyo económico a cambio de cumplir con corresponsabilidades, como asegurar que sus hijos asistieran a la escuela, acudieran a revisiones médicas periódicas y participaran en talleres de nutrición.

En 2002, bajo la administración de Vicente Fox, el programa cambió a Oportunidades, expandiendo sus beneficios y cobertura; para 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se transformó en Prospera, con un enfoque más amplio por la inclusión productiva y financiera de los beneficiarios, además de mantener los pilares de salud, educación y alimentación. Durante distintas etapas, apoyaron a las familias en salud, nutrición, educación y oportunidades de desarrollo.

De acuerdo con datos oficiales, Progresa-Oportunidades-Prospera, atendió a seis millones 869 mil 53 familias con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo. Si se considera que el Coneval estimó nueve millones 830 mil 134 hogares en esta situación, el programa cubrió a aproximadamente 69.87 por ciento de las familias más pobres de México.

Así, Martínez Espinoza encontró que, al menos durante los primeros dos años de gobierno de AMLO, “los hogares en pobreza recibieron menos programas sociales que en el último bienio del gobierno de EPN”, y que el número de familias pobres receptoras de programas sociales en lo que va de la 4T, es el tercero más bajo del periodo 2010-2020, “lo que resulta en un déficit de 623 mil 256 hogares”.

También explicó que, como los apoyos son universales, las transferencias de recursos públicos para este ámbito aumentaron; pero se concentraron en los niveles medios y altos de la pirámide socioeconómica, “lo que provocó que la población pobre se encuentre más deprotegida”.

Así, la falta de una politica social contundente, centrada en asegurar los ingresos de la población en extrema pobreza, evidencia que el “primero los pobres” no se concreta todavía, concluyó.

Estos factores demuestran que los programas sociales actuales no han roto el ciclo de la pobreza. Mientras el sistema educativo no compense las desventajas de origen y el Estado no garantice servicios públicos de calidad, el ascenso social se mantendrá como un camino intransitable.