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Reportaje
En Puebla, municipios sin ley
En Puebla, los límites entre gobierno y crimen organizado cada vez son menos claros.


En Puebla, los límites entre gobierno y crimen organizado cada vez son menos claros. Durante los últimos cuatro años, al menos una docena de presidentes municipales han sido detenidos o investigados por delitos ligados a este mal. El fenómeno no solamente exhibe la infiltración de grupos delictivos en las estructuras locales de poder, sino también la fragilidad del Estado en regiones donde el alcalde no representa a sus gobernados, sino a los delincuentes.

Un fenómeno que la “Cuarta Transformación” (4T) prometió que desaparecería de las entrañas nacionales, floreció en los municipios de muchos estados, particularmente en Puebla. El caso más reciente, y quizá el más escandaloso, involucra a los hermanos González Vieyra y su padre, Ramiro Margarito González.

Se trata de una familia que gobernaba simultáneamente tres municipios del oriente poblano: Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires. El siete de marzo de 2025, Uruviel y Giovanni fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, acusados de extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa. En el mismo operativo, su padre, Ramiro González Navarro, también fue aprehendido. Sin embargo, Ramiro González Vieyra –presidente de San Nicolás Buenos Aires– logró evadir la detención y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. 

También figura el caso de Citlalmina Cruz Sánchez, hija del exalcalde de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas, arrestada junto a su pareja, líder de la banda delictiva Los Monos. Se les investiga por tráfico de drogas, huachicol y trata de personas, delitos que reflejan la continuidad delictiva desde la administración municipal de su padre (2014-2018).

Entre los casos activos destaca el de Ignacio Salvador Hernández, exalcalde de Ajalpan, liberado en enero de 2025 bajo medidas cautelares tras haber sido detenido en 2023. Fue acusado de delincuencia organizada y homicidio, con supuestos vínculos con grupos delictivos de Veracruz.

Asimismo, Tania Félix, diputada suplente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidata local, fue arrestada en mayo de 2024 por posesión de armas y narcóticos. Es señalada como pareja de un líder de un grupo delictivo.

A pesar del violento contexto, no se han registrado asesinatos de presidentes municipales de Puebla entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Sin embargo, sí se reportó el asesinato de María Isabel Cabañas Morelos, trabajadora en el área de obras públicas de Tulcingo del Valle, en un ataque armado ocurrido el 26 de febrero de 2025. El caso es investigado por amenazas de posibles vínculos con el crimen en la región de la Mixteca.

Pero estos casos no son hechos aislados. En 2024, Emiliano Vázquez Bonilla, edil de Zapotitlán de Méndez por Morena, fue arrestado por el asesinato de un militante del Partido del Trabajo (PT) durante el proceso electoral.

Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan y también militante de Morena, se encuentra prófugo desde el nueve de mayo, tras un operativo encabezado por elementos de la FGE y fuerzas federales –efectuado por una investigación sobre actividades delictivas vinculadas al edil– mediante la que se encontraron drogas, armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y otros objetos ilícitos en varios de sus domicilios; además, se le señala por participar en una red delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión, robo a transportistas y secuestro. Por si fuera poco, la senadora por Puebla, Lizeth Sánchez García, fue exhibida por la comunidad como su “madrina política”.

Por su parte, el Secretario de Gobernación (Segob), Samuel Aguilar Pala, aseguró que el gobierno estatal actúa conforme a la Ley Orgánica Municipal, en la que se establece que solamente en ausencias mayores a 90 días debe asumir un sustituto. En el caso de Cuautempan, el alcalde Gerardo Cortés solicitó licencia por tres semanas... justo cuando sus propiedades fueron cateadas.

Aguilar Pala afirmó que hay gobernabilidad en el municipio y que la población “es tranquila”. Sobre la sorpresiva ausencia del alcalde antes del operativo, afirmó desconocer si alguien le había avisado, aunque reconoció un reporte previo de que Cortés padecía cierta enfermedad: “No puedo afirmar que esté prófugo; sería un juicio anticipado. Sólo tenemos el reporte de un problema de salud”, insistió. Coincidencia o reflejos extraordinarios, el edil dejó el cargo justo a tiempo.

Los casos

Desde mayo de 2021 hasta junio de 2025, al menos 12 presidentes municipales (o exalcaldes) de Puebla han sido detenidos por presuntos vínculos con actividades criminales. En estos casos han sido militantes o integrantes de todos los partidos políticos. 

Servando Arizpe Ramos, del Partido Acción Nacional (PAN), presidente municipal de Tzicatlacoyan, fue detenido el 27 de agosto de 2021 por portación de arma de fuego sin licencia. El arresto se dio durante un operativo en el que también se aseguró un vehículo y municiones. 

El expresidente de Jalpan, Evelio “N”, del PRI, fue aprehendido en julio de 2021 por el desvío de al menos ocho millones de pesos (mdp) del erario.

En septiembre, Ángel López Cabrera, también del PRI y edil de Honey, fue detenido el 10 de ese mes de 2021 por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Se le encontraron armas largas, cargadores, cartuchos y una suma considerable de dinero.

Roberto Víctor “N”, igualmente del PRI y exalcalde de San Pablo Zoquitlán, fue capturado en septiembre de 2021 también por el delito de peculado.

Calixto González Montero, de Movimiento Ciudadano (MC) y alcalde de Tepatlaxco de Hidalgo, fue aprehendido el 13 de septiembre de 2021, por abuso de autoridad. El caso surgió a partir de una denuncia ciudadana.

José Alejandro Martínez Fuentes, de Morena y presidente municipal de Quecholac, fue capturado el 27 de septiembre de 2021, acusado de abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones. Cabe destacar que es hermano de El Toñín, conocido líder huachicolero

Al cierre del año, Edwin “N”, de Morena y presidente de Huaquechula, fue detenido en diciembre de 2021 por uso de documentos falsos y ejercicio indebido de funciones públicas. 

En 2022, Miguel Maceda Carrera, del PRI y edil de Piaxtla, fue arrestado el seis de julio de 2022 acusado por el homicidio de un hombre que murió tras una golpiza bajo custodia policial. También se le imputó encubrimiento y abuso de poder.

Arturo Cajica Gómez, de Morena y alcalde de Acatlán de Osorio, fue detenido el nueve de mayo de 2022 por su probable participación en el homicidio de su propio director de Seguridad Pública. También se le imputaron delitos de ejercicio indebido, encubrimiento y enriquecimiento ilícito. 

Inés Saturnino López Ponce, de Morena y exalcalde de Tecamachalco, fue detenido en noviembre de 2022 por presuntos vínculos con bandas dedicadas al robo de combustible. Ya había sido investigado en años anteriores por violencia política.

Felipe Patjane Martínez, de Morena y exalcalde de Tehuacán, fue arrestado desde noviembre de 2019; pero su proceso continuó durante los años siguientes. Se le acusó por desvío de recursos públicos por más de 120 mdp y enriquecimiento ilícito. 

Leoncio “N”, del PAN y exedil de San Andrés Cholula, fue detenido en abril de 2021 por abuso de autoridad y peculado, relacionados con irregularidades durante su administración. 

A principios de 2025, en febrero, Saúl Huerta, de Morena y exdiputado federal, fue condenado a 22 años de prisión por la violación de un menor de edad en Puebla.

El 31 de mayo de este año, Javier López Zavala, del PRI, exsecretario de Gobernación y excandidato a la gubernatura, fue declarado culpable por el delito de violencia familiar en agravio de Cecilia Monzón, su expareja, que fue asesinada en mayo de 2022, señalado como autor intelectual del feminicidio de la abogada y feminista, fue sentenciado a seis años de prisión. 

Los casos están distribuidos entre varios partidos, aunque Morena y el PRI concentran la mayoría de los alcaldes detenidos en este periodo.

Morena no combatió la corrupción, la propagó

Cuando Morena, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó al poder en 2018, se comprometió a combatir la corrupción de raíz. No obstante, los hechos en Puebla demuestran lo contrario.

 Tras las elecciones de junio de 2024, Morena –solo o en coalición– obtuvo el control de entre 60 y 62 por ciento de los municipios poblanos, lo que representa más de 132 de los 217 ayuntamientos, incluyendo localidades fundamentales como Puebla capital, Tehuacán, Atlixco y San Pedro Cholula.

 Si bien ese triunfo electoral parecía ser una plataforma para consolidar su proyecto de “regeneración”, en realidad se convirtió en un terreno fértil para que al menos tres “tridentes municipales” –Cuautempan, Zapotitlán de Méndez y Acatlán de Osorio– quedaran al mando de alcaldes con nexos directos con el crimen organizado.

El resultado es devastador: la estructura de gobierno municipal, reforzada por la mayoría morenista, se vio permeada por redes criminales que capturaron el poder local. En Cuautempan, Cortés Caballero está prófugo por posesión de armas y drogas; en Zapotitlán de Méndez, Vázquez Bonilla fue detenido por el asesinato de un militante del PT; y en Acatlán de Osorio, Cajica Gómez fue arrestado por el homicidio de su director de Seguridad.

 Éstos son únicamente tres casos, pero ejemplifican cómo el dominio político de Morena sobre varios municipios –con estructuras partidistas clientelares– favoreció al crimen organizado para que “se incrustara” en plazas relevantes. La promesa de regenerar la vida pública se transformó, en muchos casos, en una reproducción de prácticas corruptas y mafiosas.

Tales detenciones no sólo revelan la colusión entre autoridades locales y el crimen organizado, sino también la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el mínimo de institucionalidad en ciertas regiones. 

En varios estados, las autoridades han defendido sus acciones señalando que las investigaciones se realizan conforme a la ley y que no hay espacio para la impunidad. Mientras tanto, en Puebla –como en otras regiones del país– el dilema permanece: ¿quién gobierna cuando el alcalde es parte del crimen?

 La crisis que enfrentan los municipios de Puebla no es un problema aislado ni accidental; responde a dinámicas estructurales profundas. La corrupción y la colusión entre autoridades municipales y el crimen organizado reflejan un Estado que, lejos de servir al interés colectivo, se ha convertido en un instrumento al servicio de grupos económicos y políticos que buscan mantener el poder y la riqueza locales.

La crisis permea en los municipios 

La crisis de inseguridad, corrupción, nepotismo y negligencia, como el cáncer, se expande hacia diferentes aspectos de la estructura gubernamental, como la infiltración de las corporaciones policiacas municipales. Casos como los de Tulcingo del Valle, donde elementos de la policía confesaron haber torturado y ejecutado a civiles, evidencian que la autoridad encargada de proteger a la población se ha convertido en un brazo del crimen. Esta situación genera un círculo vicioso de violencia e impunidad, donde la desconfianza hacia las fuerzas del orden se arraiga profundamente en la sociedad.

Las consecuencias de esta realidad son palpables cotidianamente entre las comunidades afectadas: la impunidad, el miedo y la desesperanza se instalan como “compañeros” permanentes. Cuando los mismos funcionarios que deberían proteger a la población están involucrados en actividades ilícitas, la sociedad queda desprotegida y excluida de la vida política, mientras las redes criminales consolidan su poder. Esto perpetúa un ciclo de violencia y abandono que únicamente puede romperse con una transformación profunda de las estructuras de poder y la participación popular verdadera.

Para que exista un cambio real, es indispensable repensar cómo organizar el poder local y quiénes lo controlarían. La salida no está en simples ajustes o en el reforzamiento de las mismas instituciones corruptas, sino en un proceso por el que la comunidad recupere el control de sus territorios, en el que la justicia sea realmente accesible y con la que la administración pública satisfaga las necesidades de la gente, no los intereses privados. 


Escrito por Silvanna Mortera

poi


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