La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que la canasta básica en México se está encareciendo debido a una combinación de factores que incluyen la sofisticación de las redes de extorsión, el control territorial del crimen organizado en zonas agrícolas y el aumento de los riesgos logísticos que enfrenta toda la cadena de producción.
El organismo estimó que dichos fenómenos están elevando entre el 10 y 20 por ciento el precio de granos y productos alimenticios que llegan al consumidor final. En distintas regiones del país, los cobros ilegales se han vuelto parte habitual del proceso productivo, desde la irrigación de cultivos hasta el transporte, manifestó el presidente del CNA, Jorge Esteve Recolons.
Afirmó que en algunos distritos de riego las cuotas del crimen ya vienen incorporadas en las tarifas de agua mientras que los transportistas están obligados a pagar montos adicionales para atravesar ciertas rutas controladas por grupos delictivos.
Agregó que la presencia criminal ha generado también un abandono acelerado de tierras agrícolas, especialmente entre productores jóvenes, quienes dejan el campo ante el creciente riesgo de operar en zonas dominadas por organizaciones delictivas.
A esta presión, sumó la sequía prolongada, el encarecimiento del crédito, la desaparición de programas de cobertura de precios y la caída de la producción de granos por falta de apoyos institucionales.
Por último, el CNA estimó que 20 por ciento del campo mexicano ya no se está sembrando, lo que provocará un alza adicional en los precios durante los próximos meses; con respecto al valor del jitomate, berries, aguacate y cítricos, específicamente en el estado de Michoacán, los productores enfrentan dificultades crecientes para transportar mercancía y operar con normalidad debido al incremento de la violencia en zonas agrícolas clave.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
Las autoridades capitalinas informaron que a partir del 1 de enero de 2027 el trámite ya no estará disponible.
La emergencia de gobiernos de derecha es hoy una realidad mundial, aunque no adopta la misma forma en todos los países.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.