El “reordenamiento” de concesiones de agua, con que el gobierno de Morena busca concentrar este recurso mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene el objetivo de garantizarles agua a los grandes corporativos industriales y comerciales, más que hacer cumplir el derecho humano al líquido vital.

La Coordinadora Nacional Agua para Todos, que agrupa a 82 organizaciones defensoras de derechos civiles y comunitarios, criticó que entre las iniciativas presidenciales difundidas el pasado nueve de octubre haya una que pretende refrendar la Ley Nacional de Aguas (LNA) que, desde 1992, convirtió el agua en mercancía.

La versión mercantilista de la LNA fue impulsada hace 33 años por el expresidente Carlos Salinas de Gortari cuando promovió la reforma al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se determinó priorizar el consumo de agua como mercancía y materia prima para corporaciones empresariales en detrimento del consumo humano.

Dos décadas después, en 2012, otra reforma al Artículo 4º que, además de cambiar nombre a la regulación de los recursos hídricos –porque la llamó Ley General del Agua (LGA)–, simuló que este derecho humano se cumpliría a cabalidad con un plan que se cubriría en un plazo de 60 años y en seis etapas.

Pero este plan, derivado de la “vigencia” en la LGA, no pretendía sustituir a la mercantilista LNA de 1992, sino conciliar el derecho humano al consumo de agua con el consumo descomunal de los negocios corporativos.

Es por estos “pequeños grandes detalles”, entre otros, que los especialistas en materia hídrica, organizaciones campesinas, defensores de derechos civiles y ambientalistas rechazan que sólo se pretenda cambiar la figura nominativa de “banco de agua” de la Conagua por la de “fondo de reservas de agua”; es decir, los grupos sociales inconformes argumentan que solamente se trata de un cambio de nombre o matiz para que las grandes corporaciones industriales sigan acaparando el agua concesionada y no redistribuirla entre las numerosas comunidades que carecen de ella.

Ese banco hídrico “servirá como el espacio para conectar los intereses (empresariales e industriales) que buscan comprar derechos con los potenciales vendedores, principalmente ejidos y comunidades”, criticó en un pronunciamiento público la Coordinadora Agua para Todos.

A decir de especialistas y activistas sociales, el proyecto pertenece al Plan México, anunciado en 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prevé aumentar los parques industriales en territorio nacional con la oferta de brindar toda clase de servicios y facilidades a los inversionistas extranjeros. “Es decir, a las manufactureras de exportación al servicio de firmas trasnacionales, actuales y por llegar”.

Se trata de atraer a las empresas nearshoring mediante el compromiso prioritario de cubrir sus crecientes necesidades de agua para la producción de manufacturas automotrices, agro e industrio-alimentarias, refresqueras, cerveceras y alcoholeras destinadas al consumo nacional e internacional.

El 1° de septiembre de 2025, en su primer informe presidencial ante el Congreso, la Presidenta anunció que, en el Plan México, se construirán más de 100 nuevos parques industriales para supuestamente “sustituir importaciones” y producir en el país lo que se compra en el extranjero.

También reveló que estaban en marcha cinco de los 15 polos industriales “del Bienestar”, ocho iniciados en el sexenio anterior en el Corredor Interoceánico, del Istmo de Tehuantepec; así como 18 de los 100 nuevos que anunció en septiembre de 2024.

Al cierre de esta edición, agrupaciones campesinas todavía denunciaban que la “reordenación” de las concesiones de agua estaba arrebatando la suya, y que el gobierno no le “tocaba un pelo” a la de los grandes consumidores que acaparan enormes cantidades del líquido, carecen de medidores para consumo sin que las autoridades hagan algo para evitarlo.

Las organizaciones comunitarias, por su parte, denunciaban acciones gubernamentales relacionadas con el desarrollo de megaproyectos industriales para despojarlas de tierras y agua, a pesar de que cuentan con el respaldo del Artículo 27° de la Constitución, que es un logro del movimiento armado de la Revolución de 1910.

Protestan contra los despojos 

Miembros de comunidades empobrecidas del sur del país reiteraron que se hallan en lucha por la defensa de sus territorios originarios que hoy están amenazados por la construcción de megaproyectos, como el Corredor Interoceánico, que se conecta con el Tren Maya y recorre gran parte de la Península de Yucatán.

Estas “megaobras”, cuya construcción se inició durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, están destinadas a abrir los más de 100 parques industriales previstos en el Plan México de la Presidenta, los cuales requerirán terrenos con acceso a grandes cantidades de agua y otros servicios públicos como electricidad y telecomunicaciones.

En una sesión de “parlamento abierto” sobre la nueva reglamentación del agua, organizado el pasado 11 de noviembre en Oaxaca, las organizaciones comunitarias revelaron que las reuniones para “consultar” a las comunidades originarias son simulaciones impuestas por los megaproyectos industriales del Corredor Interoceánico, que amenazan con una mayor sobreexplotación y contaminación del agua.

La representante del colectivo Flor y Canto, Beatriz Salinas Avilés, aseveró que los megaproyectos se promueven en un marco en el que México aporta los recursos naturales y su mano de obra barata sin prever que su operación perjudicará el medio ambiente, los derechos laborales y el derecho humano a la salud y a una alimentación sana.

Todo esto ocurre en medio de una crisis nacional de agua. Datos proporcionados por la Red del Agua, de la Universidad Nacional Autónoma de México, muestran que, hasta 2023, el país registraba “alta presión hídrica” de 71 por ciento; los 157 acuíferos están sobreexplotados; más de100 municipios son vulnerables a la sequía y más del 60 por ciento de cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas, manantiales, etc.) reportan algún nivel de contaminación.

En Los Millonarios del Agua, estudio concluido el 23 de noviembre de 2020, los investigadores Wilfrido A. Gómez Arias y Andrea Moctezuma identificaron a tres mil 300 grandes usuarios de agua beneficiados por la Conagua con la dotación de un millón de metros cúbicos o más al año.

Este volumen equivale al 1.1 por ciento del padrón nacional de usuarios, porque en conjunto acaparaban 13 mil millones de metros cúbicos anuales, a su vez equivalentes al 22 por ciento del total de agua concesionada en México.

Ratifican entregas 

Cuauhtémoc Jacobo Femat, integrante de la Contraloría Ciudadana de Protección del Agua (CCPA) en Yucatán, explicó a buzos que, aunque la “parchada de forma”, con la aún vigente LNA de 1992, el gobierno de Morena conservará el servicio de agua mercantilizada destinado a los corporativos agropecuarios e industriales dedicados a procesar alimentos y bebidas.

En 1992, durante el gobierno de Salinas y la activación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se reformó el Artículo 27° Constitucional para permitir la venta de tierras ejidales (de propiedad social) y otorgar concesiones de uso de agua a grandes consumidores industriales a través de la LNA.

Jacobo Femat, también integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos advirtió que con esta ley “se les puso en bandeja de plata, literalmente, agua, tierra, bosques… estas leyes secundarias se aprobaron en el marco del TLCAN de 1994 (actualmente renegociándose como T-MEC) para que las corporaciones tuvieran acceso a todos nuestros recursos.

“Los análisis que han hecho los compañeros de Geocomunes (un grupo de científicos del agua) plantean que ya en 2023 el 60 por ciento del agua se encontraba en manos del tres por ciento de los concesionarios, que son las grandes industrias: Nestlé, CocaCola, Bonafont, la Minera México, etcétera”.

Jacobo Femat aclaró que las movilizaciones ciudadanas de 2012 lograron una reforma al Artículo 4º de la Constitución para añadir el derecho humano al agua que “obliga al Estado a sentar las bases jurídicas para regular el uso equitativo y sustentable del agua.

“Le dio al Congreso de la Unión 360 días para emitir una nueva LGA; una ley nueva, no parchada, no reformada, sino que habla de una nueva ley y, lo más importante, que debe haber participación ciudadana”.

Especialistas y activistas sociales recordaron que en 2012 se fijó el plazo de un año, es decir, hasta 2013, para que el Congreso eliminara completamente la LNA de 1992 y expidiera en su lugar una nueva LGA, reglamentaria del derecho al agua descrito en el Artículo 4º Constitucional; pero desde entonces, los intereses corporativos y políticos han frenado tal iniciativa.

El nueve de octubre de 2025, Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión dos iniciativas para hacer cambios formales a la LNA de 1992 que deja vigente su contenido mercantil; y envió otra para expedir una LGA que se aplicará en seis etapas durante un plazo de 60 años.

Entrevistado por este semanario, Jacobo Femat afirmó que los 198 cambios que pretenden hacerse a la LNA de 1992 son para “continuar de alguna manera con lo mismo… la mayor parte no está enfocada a atender desvíos, a atender los privilegios sobre concesionamiento, la gran parte está para alinear el tema de equidad de género, actualizar lo que era Distrito Federal a Ciudad de México, es decir, meros cambios de forma”.

Destacó que uno de los cambios más graves es el que “tiene que ver con el Artículo 118° de la LNA de 1992, cuya versión actual dice que se prohíbe verter desechos tóxicos a cuerpos de agua, ríos, manantiales; y ahora la reforma que envían al Congreso dice que la Conagua podrá autorizar verter desechos tóxicos a ríos y manantiales, afluentes, etcétera.

“Entonces vemos un retroceso, y no solamente en ese artículo. Vemos que hay una intención privatizadora, porque continuarán con la privatización de obras públicas federales y también de los servicios de los sistemas de agua potable y saneamiento, como está ocurriendo ya en varios estados del país, como Puebla y Quintana Roo”.

Sigue lo mismo

“Fue a partir de la expedición de la LNA de 1992 cuando se empezó a construir un mercado del agua con su consecuente mercantilización, en un marco donde la cantidad de concesiones otorgadas a empresas e industrias pasó de dos mil en 1992 a 320 mil en los siguientes años”, denunció la también integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Elena Burns, durante un Parlamento Abierto celebrado el 11 de noviembre de 2025 en Oaxaca.

Esta activista fue subdirectora general de Administración del Agua de la Conagua entre 2020 y 2022, desde la que había definido una estrategia para desarticular redes de corrupción político-corporativa; pero fue despedida. Lo mismo le ocurrió en 2019 a Cuauhtémoc Jacobo, quien fue jefe de Distrito de Temporal Tecnificado de la Conagua en Yucatán.

Con académicos, investigadores, organizaciones comunitarias y ambientalistas, ambos exfuncionarios de la Conagua impulsaron la formación de la Coordinadora Nacional Agua para Todos en diciembre de 2012 para exigir el cumplimiento del derecho al agua de todos los mexicanos por encima de los intereses corporativos y políticos.

Entrevistado por este semanario, Jacobo Espinosa Hilario, gerente operativo de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía AC, formada por organizaciones académicas, civiles y comunitarias, aclaró que el proyecto legislativo de Sheinbaum intenta contribuir con una perspectiva industrial y mercantil del agua, con el derecho humano al líquido vital; es decir, busca instalar un sistema nuevo junto a otro viejo.

“El problema es que coexistirán la mercantilista LNA de 1992, que respalda un mercado de concesiones del agua bajo control directo de la Conagua y la legislación que pretende garantizar el derecho humano al vital líquido”, subrayó Jacobo Espinosa, especialista en ingeniería hidrológica, egresado de Universidad Autónoma Metropolitana.

“Entonces seguimos corriendo el mismo peligro: se está privilegiando lo económico, el viejo sistema de concesiones que, como hemos visto, ha ocasionado una sobreexplotación de los acuíferos”. Y aunque desde 2013 en algunos aspectos se accede a algunas propuestas de organizaciones civiles, se “quiere instalar un modelo nuevo sobre algo que no ha funcionado”.

Agua para el capital

Hay también demandas de interés corporativo: el 63 por ciento de los parques industriales en operación reportan problemas por falta de agua, según un estudio sobre las nearshoring en México, elaborado por el grupo financiero BBVA y la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), fechado en julio de 2023.

Tal estudio, elaborado con encuestas proyectadas para determinar los requerimientos de las empresas que operan en los 477 parques industriales existentes en el país, planteó la necesidad de intensificar el suministro hídrico y otros servicios públicos de las actuales y próximas manufactureras.

“Del total de parques industriales encuestados, 91 por ciento reporta haber tenido afectaciones relacionadas con la oferta de energía y 63 por ciento relacionadas con la oferta de agua”, revela el informe.

“Se deben atender limitantes como la oferta de energía eléctrica limpia a precios competitivos, drenaje y oferta de agua, así como temas de seguridad pública y eficiencia en trámites para maximizar la oportunidad que ofrece el proceso de nearshoring”.

El estudio del BBVA y la AMPIP también expone que “la decisión de las empresas para instalarse en un parque industrial depende de diversos factores como la perspectiva del mercado doméstico y exterior, las condiciones comerciales y tratados; así como la infraestructura instalada en términos energéticos, agua, logística y de seguridad”.

Además, reconoce que la mayoría de estas empresas representa intereses internacionales y precisa que los parques industriales pertenecientes a la AMPIP “concentran 20 por ciento de las empresas nacionales y 80 por ciento de las de origen extranjero, de las cuales 97 por ciento tienen perfil exportador”.

Inconformidad campesina generalizada

Las protestas de los productores agrícolas continúan en gran parte de los estados de la República, entre los que destaca Chihuahua, donde los campesinos de la región noroeste denuncian que el Gobierno Federal está criminalizando la agricultura y que la nueva política sobre el agua amenaza con despojarlos de las concesiones con que cultivan alimentos.

“No han querido hacer caso, y como decía el Presidente anterior, despertarán un tigre que no se la van a acabar; traen muchos frentes abiertos y no le han dado respuesta a nada”, advirtió a buzos Salvador Alcántar Ortega, productor agrícola y expresidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech).

“En todos los distritos de riego les han restringido los volúmenes de las concesiones con el pretexto de tener un banco de agua para usarla como ellos quieran… pero aquí en la zona de nosotros, en Chihuahua, prácticamente ya son varias décadas en una sequía extrema”.

Aseveró que en los distritos 22, 23 y 24 de la región norte del país se han restringido grandes volúmenes de agua y que “en este año 2025 no se abrieron las presas; y el año que viene seguramente tendremos restricción, porque la presa que nos da líquido aquí, nada más tiene 38 por ciento de su capacidad”.

Alcántar agregó que “lo más grave que puede haber es el fracking: le están metiendo agua a pozos para, con presión, sacar gas y petróleo; esto está bastante grave. En Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas ya lo están haciendo; ahí pronto tendremos un problema muy serio”.

La coordinadora Agua para Todos exigió la “desprivatización del agua” y previno que la Conagua operará tal como se refiere en el proyecto de legislación: se mantendrán “los mecanismos que han generado el sobre concesionamiento, acaparamiento, privatización y contaminación de nuestras aguas nacionales”.