Durante los últimos 20 años, los mexicanos de clase media y baja han pagado más en Impuestos Sobre la Renta (ISR) –el que se aplica a ingresos individuales– que los 15 empresarios más ricos del país.

Esto se debe a que los gobiernos mexicanos prefieren cobrar impuestos a los trabajadores asalariados, pequeñas y medianas empresas (Pymes) y han propalado el cuento de que los impuestos aplicados a los grandes ricos desmoronan la economía y hacen más pobres a los pobres.

Este año, los ingresos fiscales de la administración pública federal dependerán de los impuestos aplicados a los “contribuyentes cautivos”: los asalariados y las Pymes, mayoritarios en el padrón de contribuyentes de las autoridades hacendarias.

Alrededor del 60 por ciento de los ingresos fiscales del Gobierno Federal proviene del ISR aplicado a los ingresos de ciudadanos individuales y Pymes; el resto corresponde a los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

Este último se aplica específicamente a gasolinas y diésel, así como a refrescos y cigarros; aunque el impuesto a estos productos es referido como “saludable”, nada garantiza que el dinero recabado se reinvierta en los servicios de salud, previnieron especialistas y organizaciones civiles.

Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en la organización México Evalúa, consultado sobre el presupuesto de ingresos fiscales de la administración federal en 2026, reveló a buzos que “más del 80 por ciento de la recaudación de ISR proviene de las empresas, ya sea de lo que pagan éstas o del ISR que retienen a sus trabajadores y de la retención de IVA en el sector formal de la economía”.

Semanas antes de la aprobación de los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación para este año, activistas de la Alianza Contra la Desigualdad realizaron mítines en la Ciudad de México para demandar fiscalizaciones más rigurosas a los mexicanos más ricos y millonarios.

Frente al Hemiciclo a Juárez, donde lanzaron la Campaña Alza la Voz y mediante redes sociales, exigieron una “reforma fiscal progresiva” para que paguen más quienes más recursos poseen, y ese dinero se destine a proyectos de desarrollo social.

Demandaron impuestos a las grandes fortunas con base en una fiscalización que reduzca la desigualdad económica, que aportaría dinero para completar mejoras en salud, educación y otros servicios públicos.

Que México se coordine con organismos internacionales para eliminar los “paraísos fiscales” de países como Islas Caimán, Suiza e Irlanda, cuyas leyes financieras flexibles permiten que corporaciones trasnacionales, multimillonarios, delincuentes de “alto vuelo” y políticos corruptos del mundo oculten dinero.

En octubre pasado, frente al Palacio de Bellas Artes, demandaron: “Claudia Sheinbaum, no queremos milagros, queremos impuestos a los multimillonarios”. Ahí, Aline Zunzunegui, de la Alianza Contra la Desigualdad, sugirió que un impuesto de ocho por ciento a las grandes fortunas aportaría 247 mil millones de pesos (mdp) anuales.

Advirtieron también que en las últimas dos décadas los mexicanos de ingresos medios y bajos han pagado más recursos por impuestos, entre éstos el ISR, que los grandes millonarios y que muchos de ellos no pagan impuestos por la herencia y la compra de artículos suntuosos (automóviles, aviones, helicópteros y yates).

Pero el Paquete Económico de 2026, aprobado a finales de 2025, evadió nuevamente una posible “reforma fiscal progresiva” en la que paguen más quienes más poseen y acumulan, tal como han propuesto reiteradamente analistas especializados, académicos y organizaciones civiles.

Según estimaciones del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam) México, a la fecha, de cada 100 pesos en impuestos cobrados por el gobierno, 85 proceden del ISR y del IVA; mientras que las grandes fortunas sólo pagan 15 pesos.

El ISR se aplica a los ingresos formales (laborales y empresariales) y el IVA al consumo; de tal forma que todos los mexicanos que compran y consumen algún producto y servicio pagan 16 por ciento de este impuesto.

Entre estos se hallan los 30 millones de mexicanos que trabajan en la informalidad donde, si bien es cierto que no pagan ISR debido a que no perciben salarios formales, deben pagar el IVA porque compran y consumen.

La falta de una reforma fiscal progresiva en México repercute en los ingresos; el gobierno de Morena ha rechazado aplicar impuestos a las grandes fortunas a pesar del déficit en las finanzas públicas.

Poderoso caballero… 

En la lista actualizada de los personajes más ricos de México, elaborada por la agencia financiera internacional Bloomberg, Carlos Slim Helú aparece en primer lugar; dueño del poderoso grupo Carso, con 111 mil millones de dólares (mdd), una fortuna siempre al alza, libre de polvo y paja, sin pago de impuestos.

En segundo lugar se encuentra Germán Larrea, dueño de Grupo México, que incluye empresas mineras, además de firmas ferroviarias, con una riqueza que a finales de 2025 equivalía a 56.8 mil mdd; y ahora su monto es de 60.1 mil mdd.

En la tercera posición se halla Alejandro Bailléres –dueño de Industrias Peñoles, la minera Fresnillo y otros prósperos negocios, entre ellos El Palacio de Hierro– con 14.2 mil mdd acumulados, que al término del año pasado correspondía a 12.8 mil mdd.

El cuarto lugar es ocupado por María Asunción Aramburuzabala, con una fortuna actualizada de 9.2 mil mdd; es dueña de grandes negocios como inmobiliaria Abilia; Tresalia Capital y es accionista de la compañía cervecera Grupo Modelo.

En la quinta posición aparece Ricardo Salinas Pliego, dueño del Grupo Salinas, integrado por Banco Azteca, Electra, Salinas y Rocha y TV Azteca, con 7.5 mil mdd; el año pasado poseía 7.3 mil mdd.

Actualmente, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) está cobrando impuestos por 51 mil mdp a Salinas Pliego, lo que está sujeto a litigio; aunque la más reciente oferta hacendaria consistió en otorgarle 39 por ciento de descuento si liquidaba el adeudo en el primer mes de 2026.

“Esos casos con personas de carne y hueso son muy simbólicos; permiten que el gobierno argumente una cierta narrativa, pero no es suficiente”, explicó Jorge Cano a este semanario; pues si bien “es necesaria la fiscalización a grandes empresas y multimillonarios, no es una medida suficiente lo que se pueda obtener de una estrategia a una sola persona”.

Por eso es importante –apuntó– enfocarse en una estrategia integral con la que “se puede incrementar la tasa de ISR para que no solamente los multimillonarios, sino también las personas de altos ingresos, paguen un poco más. Son múltiples estrategias las que se pueden hacer para incrementar el cobro de impuestos”.

Ciudadanos pagarán más 

En el texto Cobrarán más impuestos en 2026 para apoyar a Pemex, la organización México Evalúa denuncia que, conforme lo dispuesto en el Paquete Económico 2026, cada integrante del padrón de contribuyentes pagará dos mil 23 pesos en promedio más en impuestos que el año pasado.

Este año se cobrarán en promedio 43 mil 439 pesos más, lo que representa un incremento del 4.9 por ciento, es decir, dos mil 23 pesos más con respecto a 2025.

El estudio prevé que en este año será más urgente el dinero para recuperar y ampliar el servicio sanitario; Petróleos Mexicanos, con su renovada condición de “empresa del Estado”, ya no contribuirá al presupuesto federal; en vez de eso, el gobierno le destinará mil 960 mdp para sostenerse.

Con el endurecimiento de las medidas fiscales en 2026, la administración federal tiene planeado alcanzar una recaudación “histórica” equivalente al 15.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo monto corresponde a 5.8 billones de pesos (bdp), con 358 mil mdp adicionales (6.5 por ciento) al aprobado para la recaudación de 2025.

El mayor ingreso fiscal saldrá del cobro del ISR extraído de los ingresos de los trabajadores, profesionistas y las “personas morales”, es decir, las mayoritarias Pymes.

En el caso del trabajo, el ISR es “retenido” por el patrón del salario del trabajador, con base en una tabla de ingresos mínimos y máximos, que el empresario debe entregar posteriormente al SAT, al igual que sus impuestos.

El IVA, cuya tasa se mantiene en 16 por ciento, se cobra con el precio de productos y servicios, es decir, durante la compra y consumo de las personas. Y el IEPS, a diferencia del anterior, impacta con un aumento a los consumidores de gasolinas, diésel, refrescos, cigarros y juegos de apuesta desde enero pasado.

El incremento del IEPS a los combustibles desde el inicio del año ya había motivado el alza de los precios al público, porque las empresas lo trasladaron a sus productos y servicios para compensar el aumento de los costos, como es el caso de los servicios de transporte.

La cuota de IEPS federal, en el caso de la gasolina Magna, aumentó de 6.45 a 6.70 pesos por litro; en tanto que la Premium subió de 5.45 a 5.65 pesos por litro; y el diésel pasó de 7.09 pesos a 7.36 pesos el litro.

Bajo lupa, digitalizados

Dentro del paquete económico 2026 se profundizó la cobranza de impuestos a prestadores de servicios y creadores de contenidos por Internet, así como operaciones mercantiles de personas y empresas; pero la reforma dejó inmunes los ingresos de las corporaciones trasnacionales, dueñas de las plataformas.

Entre las modificaciones fiscales, destaca una mayor supervisión a las operaciones mercantiles mediante plataformas digitales, como las ventas de productos y los influencers, que elaboran contenidos para “monetizarlos” y cobrar por ellos con su publicación en YouTube y otras redes sociales.

La autoridad hacendaria busca mejorar la fiscalización de la “economía digital” y, en este marco, las plataformas actuarán como “retenedoras” del ISR y del IVA a quienes efectúen operaciones mercantiles por su conducto; además, quedarán obligadas a proporcionar datos de contribuyentes a la autoridad hacendaria, que se encargará de monitorear transacciones e ingresos.

El 21 de octubre de 2025, el SAT indicó que “la norma busca otorgar a la dependencia hacendaria un mayor control y acceso a la información de las plataformas digitales, como las de streaming (Netflix, por ejemplo), movilidad (Uber, etc.) “y, posiblemente, también las de citas”.

Explicó que los cambios tienen la finalidad de “mejorar la recaudación y verificar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes”; y negó que representen violaciones a la privacidad.

Recordó además que el nuevo Artículo 30°-B del Código Fiscal se conformó para obligar a las empresas que operan plataformas a proporcionar información al SAT que compruebe el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y para combatir la evasión de impuestos.

Entre los datos que la autoridad podrá obtener en esta vigilancia fiscal están los relativos a las suscripciones a canales; costos por servicios de las plataformas digitales y los que se aportan en cualquier operación o consumo que resulte de su interés.

El Régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas contempla el caso de los conductores de plataformas de transportación de pasajeros como Uber o Didi, así como los repartidores de alimentos como Uber-Eats; y de personas que rentan departamentos mediante aplicaciones de hospedaje, como Airbnb.

Los llamados influencers y creadores de contenido para plataformas digitales y redes sociales, que obtienen ingresos por colaboraciones, patrocinadores y publicidad, están “bajo la lupa” del SAT desde 2020; y ahora se les exige evidenciar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y expedir facturas digitales (CFDI) por sus ingresos.

Desde el inicio de este año están obligados a presentar declaraciones mensuales y anuales de impuestos sobre sus cobranzas a plataformas como Instagram, Meta, X, YouTube, Tik Tok o Twitch.

El T-MEC, una prueba

La fiscalización de las plataformas digitales y los negocios en la “nube” pasarán por la actual renegociación del acuerdo comercial Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se relanzaría en julio de 2026.

En su contenido actual, vigente desde 2020, existen apartados sobre las garantías al “libre comercio” y telecomunicaciones digitales, pero no se profundiza en el trato fiscal a las plataformas; a los corporativos estadounidenses Google, Meta o Amazon; y a empresas de transporte como Uber y Uber-Eats (reparto de alimentos) que operan en México virtualmente y tienen su sede en EE. UU., donde pagan impuestos.

El gobierno mexicano se está enfocando en cobrar impuestos a los usuarios que hacen negocios con esas plataformas, pero no toca los ingresos de los corporativos dueños, que rechazan una “doble tributación” porque, además de pagar en su país, deberán pagar en otro.

Otro aspecto pendiente deriva de los derechos laborales, incluidas las aportaciones a la seguridad social y otros beneficios para los trabajadores de los corporativos digitales, entre los que se encuentran los conductores de taxis de plataforma y los repartidores de alimentos.

En EE. UU. quienes operan esos servicios mediante plataformas son considerados “emprendedores”, especie de asociados, pero no “trabajadores”, por lo que el corporativo no asume obligaciones laborales; pero en México, sí.

Desde julio de 2025, el gobierno mexicano los legalizó, aunque solamente unos 150 mil obtienen los cinco componentes de aseguramiento del Instituto Mexicano del Seguro Social; el resto del millón de trabajadores de plataformas sigue expuesto a riesgos de trabajo o accidentes, además de que sus ingresos mensuales no alcanzan al menos un salario mínimo (en 2026, de nueve mil 500 pesos mensuales).

“Será determinante esta renegociación del T-MEC. Metimos a la Secretaría de Economía la propuesta de que se incluyera el sector plataformas digitales a la negociación”, subrayó para buzos Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), ya convertida en representación sindical.

“De hecho hay una opinión muy similar del gobierno de Canadá… se ha visto que parte de la producción, al menos de servicios, se está trasladando a lo digital, a la nube, por lo que se tendrá que abordar este tema.

“Es inédito; deben ponerse a pensar ¿cómo le harían; cómo se puede reglamentar este tipo de cosas?, que además de eso es trasnacional; porque Internet es así; no hay barreras, infraestructuras… hay muchos trabajadores en México que trabajan para empresas establecidas en EE. UU. y todo lo hacen en línea; entonces, ¿eso cómo se aborda?”, alertó Guerrero.

El dirigente de la UNTA estimó también que, una vez concluida el 31 de diciembre de 2025 la prueba piloto de la reglamentación laboral para trabajadores de plataformas, el gobierno les ha informado que la legislación se quedará como está por ahora. “Muy probablemente se mantendrá así durante el resto del sexenio”, apuntó.

Reforma atorada

“El gran pendiente es una verdadera reforma fiscal profunda y progresiva que permita aumentar la recaudación de manera significativa y garantizar derechos… una mayor inversión pública en áreas clave como educación, salud –en especial de las personas sin seguridad social–, seguridad o infraestructura”, planteó la Alianza por la Justicia Fiscal.

Esta organización está formada por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México; la Oxfam México; el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria; México Evalúa; el Centro de Análisis e Investigación; el Instituto de Estudios Sobre Desigualdad y la organización Friedrich Ebert Stiftung.

“La falta de controles en el Congreso de la Unión ha permitido que los gobiernos utilicen recursos con base en criterios políticos o ideológicos; eliminen programas que beneficien a sectores vulnerables y permitan que proyectos con escasos beneficios sociales consuman recursos que podrían estar financiando educación, desarrollo infantil o programas de salud”, estableció la Alianza.

También propuso la reducción de los beneficios fiscales a las personas con altos ingresos; “los privilegios asociados con los ingresos de capital… eliminar la exención de grandes herencias en el pago de impuestos sobre la renta de personas físicas”.

México Evalúa destacó que “el incremento de la recaudación proyectado para 2026 (equivalente a 15.1 por ciento del PIB) representa un logro en términos nominales; pero no muestra un cambio de fondo; “mientras esos pendientes no se atiendan, el país seguirá atrapado en un círculo donde se cobran más impuestos a los mismos de siempre”.