Durante el sexenio pasado y lo que va de el actual, la política para frenar el consumo de drogas entre los mexicanos, principalmente los jóvenes, ha fracasado. Las cifras oficiales revelan un aumento en el número de consumidores, presupuesto reducido para campañas antidrogas y un plan sustentado más en la prohibición y estigmatización de los consumidores que en una estrategia enfocada a frenar su consumo.

Una “política de paz” fue lanzada como inicio de una campaña para atacar el consumo creciente de diversas drogas por los mexicanos. La idea de concordia se incluyó en la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, activada en 2019. Cinco años después, se sabe que la campaña, diseñada en tres etapas, costó cerca de 70 millones de pesos (mdp) –un presupuesto reducido, a decir de especialistas– y, en los hechos, con un impacto menor.

El consumo de drogas se ha convertido en un problema de salud pública para México durante los últimos años; según las estadísticas, cada vez más jóvenes empiezan a consumir a temprana edad algún tipo de droga.

El último informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea) 2023, de la Secretaría de Salud, señala que “cada vez más jóvenes inician con estimulantes de tipo anfetamínico señalados por los usuarios como cristal, que ha desplazado a los inhalables desde 2017, que durante muchos años fue la cuarta sustancia más reportada en el consumo de drogas”.

La asociación no gubernamental México Unido Contra la Delincuencia, expuso que en “10 años de guerra contra las drogas, ésta ha provocado más de 150 mil muertos y alrededor de 28 mil desaparecidos. Además, en este periodo se ha criminalizado más el uso de drogas y castigado sólo a los eslabones más débiles de la cadena de tráfico”.

El Sisvea recopiló cifras a partir de cuestionarios aplicados a las personas que solicitaron ingresar en alguno de los mil 939 Centros de Tratamiento y Rehabilitación No Gubernamentales nacionales que este año sumaron 168 Centros más que el anterior, un incremento de 9.4 por ciento; es decir, aumentaron los Centros debido a la demanda creciente de personas consumidoras de alguna droga que acudieron para recuperarse. En contraste, el mismo organismo precisó que 73 por ciento de quienes afirmaron consumir droga, la consiguen “en la calle o con los denominados dealers”, lo que refleja que el porcentaje de “vendedores” callejeros resulta elevado y no se están “retirando” de las calles, como aseguró en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Gobierno Federal registró, en 2023, únicamente a 120 mil 488 personas que solicitaron algún tipo de apoyo para rehabilitación en alguno de los mil 939 centros de rehabilitación y tratamiento, lo que representa una cifra baja comparada con el total de personas consumidoras de droga.

Carlos Antonio Flores Pérez, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), durante el conversatorio sobre Estado y narcotráfico en Argentina y México: Regulaciones, pactos y violencias, realizado hace dos años en la Universidad Iberoamericana, consideró que existe impunidad entre los “actores de poder”.

Desde un análisis histórico –explicó–, “aquellas estructuras delictivas más poderosas que se generan en el país crecieron junto a los actores del poder que les brindaron impunidad selectiva; porque tampoco es que les brinden impunidad a todos… la raíz del problema de la violencia y el narcotráfico en México es esencialmente política”, reveló.

Mientras tanto, el informe del Sisvea advierte que la “droga de impacto”, es decir, aquella que tiene un “avance importante, es el cristal que, durante los últimos cinco años, se incrementó 66.8 por ciento, por lo que se ha convertido en la principal droga, por la que se demanda mayor atención en estos Centros de Tratamiento No Gubernamentales.

Asimismo, la presencia del cristal es la más reportada en la comisión de delitos provenientes de menores infractores y por demandas de atención en servicios de urgencias, según el informe referido.

Enfoque equivocado 

Un informe de la ONG de derechos humanos Elementa DDHH titulado Radiografía de la prohibición: política de drogas en México 2018-2024, publicado el año pasado, destaca que la política sexenal morenista para frenar el consumo de drogas no logró sus objetivos.

Aunque en el periodo referido se han concretado acciones como la aprobación de diversas leyes, el uso de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), a éste ha seguido una “lógica bélica de combate y persecución mediante aseguramientos, decomisos y detenciones. Lejos de un declive del mercado de drogas ilícitas, éste se ha reconfigurado para esquivar la prohibición. La implementación del enfoque bélico de la política de drogas se mantuvo mientras los grupos del crimen organizado perfeccionaron estrategias de control territorial, no solamente de los mercados ilícitos, sino de las personas y comunidades que viven en estos territorios”, subraya el documento.

En este contexto, el reporte elaborado con solicitudes de información realizados a organismos públicos, informes oficiales de Presidencia, la Sedena, Derechos Humanos, asociaciones civiles y datos públicos de organismos internacionales, como la Administración del Control de Drogas (DEA), estiman que el gobierno de AMLO únicamente replicó y fortaleció las acciones de “tinte prohibicionista, sin comprender ni enfrentar a las redes de macrocriminalidad que rodean al mercado ilícito de drogas, y en la que participan distintos niveles de gobierno”.

En resumen, el informe alude que, ante tales políticas, se evidencia que “la transformación no alcanzó a la política de drogas”.

Además, tales actividades no han significado un cambio en la estrategia sobre política de drogas. Las tácticas de “combate” al mercado ilícito de estupefacientes no se han transformado ni en lo interno ni en la agenda bilateral; incluso, a pesar de que Estados Unidos (EE. UU.) ha criticado la política de “Abrazos no balazos” de AMLO, por considerar que se “combate” menos el narcotráfico.

En octubre de 2021 fue firmado el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre los gobiernos de México y EE. UU. a solicitud del gobierno norteamericano más que del mexicano. Inicialmente, el Gobierno de México debió reconocer el problema de seguridad y la violencia. Por lo que, para atender el problema, ahora se centraron en “la cooperación en armas, equipo o capacitación entre las agencias de seguridad”.

Elementa DDHH reitera que, según lo recabado, observó “que la estrategia es la misma que se implementó en sexenios anteriores y se ha fortalecido en los últimos años. Incluso las estrategias de la administración federal responden a las medidas de prevención y persecución derivadas del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y EE. UU., que incluyen medidas como continuidad del despliegue de fuerzas, aumento del número de laboratorios desmantelados, persecusión, aumento de aseguramientos de precursores de fentanilo y otras sustancias, la continudad de destrucción de amapola y cannabis”.

Al final del sexenio de AMLO, algunos indicadores disminuyeron, como aseguramientos y desmantelamiento de laboratorios donde se producía algún tipo de droga, destrucción de plantíos, incremento de elementos de las fuerzas de seguridad, entre otros; sin embargo, las reducciones e incrementos se relacionan –en realidad– con factores políticos y económicos.

“El declive en la erradicación de plantíos o en los aseguramientos de cannabis y heroína no necesariamente indica que las estrategias de reducción de oferta funcionan. La disminución es resultado de la reconfiguración en las dinámicas del mercado que las medidas de ‛combate’ del Estado no han logrado. Estas dinámicas determinan el incremento de unas sustancias y el decrecimiento de otras. En los últimos años, los grupos del crimen organizado se han concentrado más en la producción de drogas sintéticas –como la metanfetamina o el fentanilo–, ya que son económicamente más rentables debido a que representan menores costos y tiempos de producción y traslado”, abunda el informe.

Incluso, por ejemplo, en el número de detenciones efectuadas vinculadas al narcotráfico; entre 2019 y 2023 se registraron 74 mil 654 aprehensiones por delitos de drogas que estuvieron a cargo de la Sedena, Semar, GN, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que representa un incremento de 130.5 por ciento comparado con el sexenio anterior. “Sin embargo, al comparar las cifras de detenciones de este sexenio con las de los anteriores, encontramos una contradicción: las detenciones disminuyeron, de acuerdo con los propios datos presentado por el informe”. Al respecto, Elementa DDHH considera como algo positivo que las detenciones hayan disminuido; pero permanece como un reto saber cuáles son los delitos que motivan la detención de personas y a quiénes se está encarcelando.

Con el inicio del presente sexenio, la estrategia contra el consumo de drogas no se muestra muy diferente a la de la administración anterior. Las medidas antidrogas se incluyen en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, sustentadas en cuatro ejes. El primero de ellos consiste en la “atención a las causas”, según la Presidenta, ya que es fundamental la prevención de la violencia y el consumo de drogas mediante los programas del bienestar y la inversión social.

Asimismo, incluye la consolidación de la GN, que vigila gran parte del territorio nacional; el mejoramiento de la inteligencia y la investigación que pretende desarticular a los grupos delincuenciales y desmantelar sus redes financieras y, por último, una mayor coordinación entre el Gabinete de Seguridad, los gobiernos estatales y las fiscalías locales.

A los cien días de que se activara la estrategia del gobierno actual, México Unido Contra la Delincuencia presentó el documento Estrategia de Seguridad de Claudia Sheinbaum, en el que destaca positivamente una “mayor focalización” de la estrategia; pero preocupa que “continúa siendo una estrategia eminentemente militarizada. Este fenómeno, reflejado en que ya no existirán cuerpos civiles de seguridad, la GN estará totalmente integrada y controlada por militares; y tanto el Ejército como la Marina podrán operar en todo tipo de tareas de seguridad, plantea varios problemas críticos”.

El fentanilo, una droga que se abre camino

“Aquí no producimos fentanilo ni tenemos consumo de fentanilo”, declaró en marzo del 2023 el expresidente AMLO como respuesta a las acusaciones realizadas desde EE. UU. respecto a que en México se producía esta droga, muy consumida en varias ciudades del país vecino.

Pero los propios datos del gobierno establecen lo contrario. El informe del Sisvea identificó el consumo de esta droga a partir de 2023, luego de varios reportes de los Centros de Tratamiento, principalmente de la frontera norte del país.

“Las menciones por consumo de esta sustancia adictiva no son altas; se considera importante ir documentando la misma, dado que cada vez más usuarios mencionan su consumo, cosa que no se había observado en años previos en estos Centros de Tratamiento. Del total de registros recabados (120 mil 488) por Sisvea en 2023 en el país, en 922 (0.8 por ciento) se reporta el consumo ‘alguna vez en la vida’, obteniendo este dato del historial de consumo de drogas registrado en cada usuario que demanda tratamiento, donde señalan desde la droga de inicio hasta un máximo de diez sustancias adictivas posibles”, documentó el informe.

Al principio, los reportes de consumo de fentanilo se desarrollaban en los estados de la frontera norte del país; sin embargo, al término de 2023 rebasaron por mucho esta zona; de estos 922 reportes, el 13 por ciento fueron mujeres; las mayores proporciones se concentran en Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Solamente los estados de Tamaulipas y Oaxaca no han reportado ningún usuario que haya consumido fentanilo “alguna vez en la vida” en los reportes de sus Centros de Tratamiento.

A la negación de AMLO respecto a la producción y consumo en México del fentanilo se sumó la Sedena; sin embargo, “correos de Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya dan cuenta de que la Sedena tenía conocimiento de la existencia de laboratorios de fentanilo por lo menos desde el año 2020. En un documento sobre el conflicto entre células del crimen organizado hay información que no sólo confirma la existencia de la producción de fentanilo en la zona, sino que reconoce que el control por su producción es un generador de violencia”, destacó por su parte la organización no gubernamental Elementa DDHH.

Presupuestos insuficientes y mal orientados

Desde la activación de la estrategia antidrogas en 2019, el gobierno de México, encabezado por el morenismo, ha destinado más de mil mdp del presupuesto para “la atención del consumo de sustancias”.

Anualmente se ha incrementado este presupuesto, según documentó Elementa en su informe Radiografía de la prohibición: política de drogas en México 2018-2024. En 2019, se destinaron 705 millones 836 mil pesos; en 2020 hubo una reducción a 680 mdp; para 2021 se aprobaron 705 millones 294 mil pesos; para 2022, el presupuesto fue de 732 millones 678 mil pesos; mientras que para 2023 hubo una reducción y solamente se asignaron 768 millones; en 2024 se incrementó a mil 560 mdp.

A pesar de que una parte de los recursos se destinaron a campañas publicitarias, la conclusión de Elementa es que luego de un “recorrido por distintas campañas sobre prevención de uso de drogas durante el sexenio, se evidenció la pugna entre la figura presidencial, el programa de gobierno y las instituciones que buscaron comprometerse con el cambio en la política de drogas. Los esfuerzos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y los esfuerzos programáticos para desintoxicar las narrativas de la prohibición fueron frustrados al imponerse la visión personal del expresidente”.

Todavía más grave, pues en la campaña estelar de prevencion de las adicciones del sexenio amlista lanzada en 2019, titulada “Juntos por la paz” a cargo de la Conadic, se impuso, desde la Presidencia y a lo largo del sexenio, un discurso para atender al uso de drogas como una de las causas de la violencia en México.

“La política de atención al consumo de sustancias en México históricamente ha replicado al sistema internacional de fiscalización de drogas que apuesta únicamente por la prevención y la abstinencia. En la administración de AMLO, esa temática ha sido ambivalente entre lo dictado por el programa de gobierno y lo dictado desde la Presidencia. Por un lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 sostiene un diagnóstico consciente de los desaciertos de las anteriores administraciones y enfatiza el fracaso del enfoque de prohibición contra las drogas. Y, por el otro, un diagnóstico amplificado por AMLO que desprecia la evidencia y prioriza en la moral”, es una de las observaciones destacadas del informe.