Millones de mexicanos han sido empujados a la “economía informal” en la que obtienen ingresos muy bajos e inestables, carecen de servicios médicos y están expuestos a extorsiones, delincuencia organizada e inspectores públicos.

En la informalidad laboral se hallan 4.4 millones de personas, entre ellos los trabajadores gubernamentales y de empresas privadas en la modalidad de empleados “honorarios”, por lo que no tienen derechos laborales y en cualquier momento pueden ser despedidos.

Actualmente, gracias a sus habilidades en sistemas digitales y robótica (inteligencia artificial), muchos logran emplearse; pero ni con estas tareas acceden a sueldos dignos, seguros, servicios de salud, pensiones laborales ni a una vivienda básica. 

Es por ello que, en México, avanza la precarización y la inseguridad laboral; y millones de familias no cuentan con vivienda propia, gastan gran parte de sus ingresos en arrendamiento y recurren mensualmente a prestamistas. 

En las campañas electorales, los candidatos regularmente prometen a los comerciantes informales resolver estos problemas; pero una vez habilitados en sus cargos, se olvidan de los compromisos o, si finalmente los realizan, resultan fallidos.

Desde 1998 se han efectuado algunos ensayos para “formalizar” el empleo irregular, pero han resultado inadecuados; y la única práctica gubernamental efectiva y segura consiste en perseguir por calles y plazas a los trabajadores informales y someterlos por la fuerza. 

“La persecución, el hostigamiento, la discriminación y la estigmatización de que hemos sido objeto es histórica; y al día de hoy no ha terminado, sigue existiendo”, lamentó a buzos el comerciante Arturo Granados.

“Les conviene tenernos en la irregularidad; no tener reglas claras para que puedan aprovechar nuestras necesidades de trabajo, podernos chantajear política y económicamente”, agregó Granados, secretario general de la Unión de Comerciantes y Tianguistas Néstor García Rivera. 

“Es un juego malvado de algunos entes de gobierno que dicen: ¿para qué los regularizo, si así nos sirven más? Si estás con ellos, más o menos te toleran; si no estás con ellos, te persiguen y tratan de acabar contigo”, denunció Granados, quien tiene larga experiencia en el comercio popular.

“Que nos vean como lo que somos. No hay reconocimiento, atención ni políticas públicas para encontrar cómo sacar de la informalidad a la base social inmersa en este fenómeno.

“Porque no es responsabilidad de la base social… ésta tiene que vivir, comer, calzar, vestir y debe buscar cómo hacerlo ante la ineficacia del gobierno, que no procura la existencia de empleos suficientes, con salarios que saquen a este sector tan grande de la precariedad económica”, señaló el dirigente.

Abuso en lugar de respaldo 

“El papel del gobierno debería ser reconocer a más de la mitad de la fuerza laboral que trabaja en el empleo informal como personas productivas, personas trabajadoras con derechos igual que cualquiera”, explicó a buzos Tania Espinosa Sánchez, de la organización internacional Mujeres en el Empleo Informal: Globalizando y Organizando (Wiego).

“Y el Estado tendría que comportarse con estas personas como garante de derechos en vez de estigmatizarlas, criminalizarlas y perseguirlas”, destacó Espinosa, quien también es coordinadora del Programa de Derecho de Wiego para América Latina.

Con respecto a este derecho, la Constitución, así como los tratados internacionales que el Estado ha suscrito en materia de derechos humanos –enfatizó– no se refiere “ni a la formalidad ni a la informalidad, sino a las personas que trabajan.

“De tal forma que ello indica que las personas que trabajan en empleo informal también tienen el mismo derecho al trabajo que las personas que trabajan en la formalidad. Lo que ha sucedido es que, regulatoriamente, sólo se han desarrollado las normas, reglas, derechos y obligaciones de las personas que trabajan en la formalidad; y hace falta que se regule la parte de las personas que trabajan en la informalidad”, explicó Tania Espinosa. 

Esta situación evidencia, subrayó, que “el gobierno está en falta; porque, debido a la carencia de regulaciones y de su reconocimiento como personas trabajadoras, hay un abuso constante… y haciendo parecer que les hace el favor de dejarlas que trabajen, cuando es todo lo contrario”.

Además, aclaró que las personas autoempleadas en el comercio sobre espacios públicos y otras actividades, subsanan la oferta inexistente de trabajo formal; y es a través del autoempleo como “pueden salir adelante, generando sus propios ingresos, sin dedicarse a alguna actividad ilícita”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundió, el 27 de mayo, el resultado de una encuesta sobre la situación del empleo, de cuya estimación resultó que, entre los primeros trimestres de 2023 y 2024, el número de personas en autoempleo aumentó a 574 mil. 

Según la encuesta, la Población Económicamente Activa (PEA) está integrada por 60.7 millones de mexicanos. La cantidad de personas en todas las modalidades de empleo informal corresponde a 32.1 millones, que representan 54.3 por ciento de la PEA, es decir, son más de la mitad de quienes realizan una actividad laboral. 

Las organizaciones civiles Oxfam-México y México, ¿cómo vamos? reportaron, el pasado 29 de octubre, que 13.5 por ciento de los 32.1 millones de trabajadores informales labora para el gobierno, instituciones estatales y empresas privadas; esto es 4.4 millones de personas. 

“Al desagregar el 54.3 por ciento de la población ocupada en un empleo informal, encontramos que 27.8 por ciento se encuentra en el sector informal, 13.5 por ciento en empresas, gobierno e instituciones; nueve por ciento en el ámbito agropecuario; y 3.9 por ciento en trabajo doméstico remunerado”, advierte el informe conjunto de estas organizaciones.

Además de los 4.4 millones de trabajadores informales en instituciones “formales” del Estado y particulares, 9.1 de los 32.1 millones de mexicanos en la informalidad son comerciantes en áreas urbanas; 2.9 millones en agropecuarias; y 1.2 millones en actividades domésticas.

La información más actualizada del Inegi observa que la informalidad laboral supera el 70 por ciento de la PEA en los cinco estados más pobres del país: Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Puebla.

El gobierno complica todo

La informalidad ya no está sólo en las calles como en 1980; ahora se halla presente en toda la economía nacional, donde existen más negocios sin registro cuyos empleos y salarios son precarios y no pagan utilidades, aguinaldos, vacaciones, servicios sanitarios, cuotas pensionarias y habitacionales a sus trabajadores, y tampoco permiten la sindicalización. 

En los últimos 44 años, las administraciones federales, estatales y municipales han simulado la “formalización” del empleo mediante complicadas políticas laborales que únicamente contribuyen a profundizar el problema del desempleo masivo en el país.

La organización Wiego en México detalló que, solamente en la capital del país, el 50 por ciento de la población trabaja en la economía informal, ya sea en el comercio de vía pública o empresas donde perciben bajos salarios y no cuentan con derechos laborales.

Más de dos millones de personas sobreviven en la Ciudad de México (CDMX) trabajando como vendedores ambulantes, tianguistas, aseadores de calzado, trovadores, artesanos y recolectores de basura, como es el caso de los 10 mil “voluntarios” del servicio de limpia de la capital a quienes el gobierno local ocupa y desocupa según le convenga.

“La informalidad laboral está presente en los sectores formal e informal de la economía y en todas las actividades económicas… afecta a las personas con baja escolaridad; a las localidades pequeñas; a quienes trabajan por cuenta propia; a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la región centro y sur del país”, explicaron Oxfam y México, ¿cómo vamos? en su informe El Laberinto de la Informalidad. 

“La informalidad laboral es una falla del Estado en dos sentidos: por un lado, no reconoce ni protege una relación laboral que sí existe y, por otro, no ofrece seguridad social a toda la población”.

No existe un arreglo social entre gobierno y empresas, “sino un pacto adverso que sostiene la informalidad laboral a costa de la mayoría de las personas trabajadoras… muchos empleadores (incluyendo el gobierno) pueden obtener los beneficios de una fuerza laboral desprotegida”, establecieron Oxfam y México, ¿cómo vamos?

Hace cuatro años, don Jesús D., de 74 años, consiguió una pequeña vivienda para alquilar en un municipio conurbado del Estado de México (Edomex), después de ser desalojado del departamento que había habitado con sus familiares durante 60 años en el centro histórico de la CDMX.

Los propietarios del edificio lo embaucaron mediante la plataforma digital Airbnb dedicada a ofrecer alojamientos de corta duración con pagos en dólares. Y don Jesús, quien posee una tarjeta del “bienestar”, mensualmente debe reunir dinero para pagar la renta que, este año, subió a cuatro mil pesos más los servicios públicos, comidas y las medicinas para atender sus enfermedades crónicas.

“Cuando uno entra en la tercera edad, la situación se complica, aunque tenga uno carrera y experiencia. En una época estuve trabajando en Uber, que también es un problema serio”, explicó a este semanario; y reveló también que ahora trabaja en la capital y vuelve al Edomex con travesías de tres horas en promedio.

Con respecto a su labor como taxista, comentó: “si uno no es dueño del vehículo, se debe pagar la renta (del auto) a la semana. Además, hay que conseguir para la gasolina, los gastos personales; y está uno desamparado legalmente, más que nada”.

Tiempo después de laborar como taxista, don Jesús ingresó a una empresa intermediaria que brinda varios servicios a empresas y gobiernos, como el de limpieza, y narró su desempeño temporal en una empresa outsourcing, donde recibía un salario ínfimo y carecía de derechos laborales.

Aun que el 24 de abril de 2021 el gobierno morenista prohibió el outsourcings, éste todavía funciona con regularidad aprovechando los vacíos legales impuestas que permiten su operación.

Se supone que, ahora, los dueños asumen el papel de “patrón” de los empleados que contratan para realizar labores temporales en otras empresas; que la Secretaría del Trabajo (STPS) debe supervisar que los empleadores inscriban en el Instituto Mexicano del Seguro Social a los empleados; y las outsourcings deben estar registradas como contribuyentes del fisco. Pero en los hechos, esas disposiciones no funcionan y la parte patronal ha encontrado la manera de evadir sus obligaciones.

Don Jesús consiguió luego un empleo en el que prestó servicios relacionados con su formación académica: “Es un lugar muy retirado de donde ahorita estoy viviendo, colaborando en algo que más o menos uno conoce; uno debe ajustarse a las condiciones”.

En esta labor gana actualmente seis mil pesos mensuales, monto inferior a la cuota de siete mil 468 pesos del salario mínimo, vigente desde el 1° de enero de 2024, con todo y que es “obligatoria”, a decir del Gobierno Federal.

Soluciones simplistas

De 1998 a la fecha, los gobiernos federales han intentado resolver el creciente problema de la informalidad con soluciones simplistas como las campañas de “concientización” para convencer a las empresas privadas que deben afiliar a sus trabajadores al IMSS.

“Han incluido, sobre todo, la creación de regímenes especiales e impuestos específicos para ampliar el sector formal. Sin embargo, ninguna de estas supuestas soluciones ha logrado su cometido, pues han buscado resolver las consecuencias de la informalidad sin entender sus causas”, reconoce el informe de Oxfam y México, ¿cómo vamos?

En 1998 se creó el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repeco), que se aplicó hasta 2013. Luego se estableció el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) de 2013 a 2022; y desde este último año a la fecha, el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) sigue vigente.

Los primeros dos resultaron fallidos y “la base de contribuyentes en el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) disminuyó; la recaudación tributaria no aumentó significativamente y la informalidad apenas disminuyó un punto porcentual.

“En realidad –detalla el análisis de estos regímenes especiales– no atienden las causas ni los factores estructurales que mantienen a las personas en la informalidad laboral, sino que dificultan la incorporación fiscal, porque hacen que el sistema tributario se complique, sea cambiante y poco transparente”.

Y Oxfam y México, ¿cómo vamos? afirman, también, que los trabajadores informales sí pagan impuestos y lo hacen “cuando consumen bienes o servicios; es decir pagan, al menos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS)”. Además, casi la cuarta parte de las personas que trabajan en el sector formal de la economía en la modalidad de servicios por honorarios, también paga el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Arturo Granados, dirigente de la UCT, indicó a buzos que, entre 1998 y 2022, cuando estuvieron vigentes los regímenes fiscales Repeco y RIF, los tianguistas procuraron integrarse a la formalidad; pero los complicados trámites gubernamentales han obstaculizado este propósito.

“A través de las reformas fiscales han complicado que un comerciante de tianguis pueda realizar un trámite sencillo… deben entrar en una plataforma (en Internet) y eso ha impedido que sigamos cumpliendo… seguimos pagando impuestos, aunque ya no todos.

“Pero en este momento hay gente en los tianguis que está pagando su ISR. Están haciendo sus declaraciones mensuales y su declaración anual… además, pagamos impuestos indirectos en lo que consumimos, en el uso de gasolinas, etcétera.

“La informalidad también es por la ausencia de beneficios sociales… no tenemos derecho a vivienda, prestaciones sociales, salud, a un fondo de retiro. Ésa es la informalidad en la que estamos”, denunció el comerciante. 

Rezagos sociales e informalidad

El crecimiento económico del país ha correspondido al dos por ciento anual en promedio desde 1994, insuficiente para generar un millón 200 mil de los nuevos empleos requeridos para cubrir la demanda anual; ya que, en esas dos décadas, únicamente se crearon entre 500 y 700 mil puestos de trabajo anuales, aunque en el sexenio 2018-2024 sólo fueron 416 mil.

Los niveles de pobreza y marginación afectan a 50 millones de mexicanos, cifra variable y similar a la de los trabajadores informales, que suman 32.2 millones y equivale a la mitad de la PEA.

“Hay dos factores: la falta de oferta de empleo, que no es satisfactoria para toda esa demanda de empleo existente en el país, y los salarios raquíticos; aunque el gobierno en turno lo ha aumentado de manera importante”, informó a buzos Arturo Granados.

“Y la otra situación es que no deben faltar políticas públicas claras que puedan encaminar de manera certera hacia la formalidad mediante una transición apoyada y dirigida por el gobierno”, apuntó.

Actualmente hay 2.5 millones de trabajadores informales que se desempeñan como repartidores, mensajeros o conductores de plataformas virtuales como Rappi, Uber y Didi, corporativas trasnacionales del Siglo XXI, que evaden la supervisión legal con el respaldo de los gobiernos.

Saúl Gómez, vocero del colectivo Ni un Repartidor Menos, creado en 2019, agregó que la iniciativa de reforma que, el 18 de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció para regular la situación laboral de los 658 mil trabajadores de las plataformas, resulta insuficiente.

Además, declaró ante los medios, que no son 658 mil, sino 2.5 millones, como señalan estadísticas de las empresas: “no cuadran los números ni cuadra lo que ellos nos presentan como salvación para nosotros”.

El proyecto de Sheinbaum, asimismo, solamente obligaría a esos corporativos a registrar a los trabajadores que perciben un salario mínimo mensual (siete mil 468 pesos) en el IMSS, que suman 272 mil y cuyo número equivale a poco menos de la tercera parte de los 658 mil trabajadores citados por el gobierno.

En su informe, Oxfam y México, ¿cómo vamos? subrayan que el 35 por ciento de la población nacional –45.4 millones de mexicanos– se hallan en pobreza laboral con ingresos insuficientes para comprar los productos de la canasta alimentaria básica.