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Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo realizarán marchas y protestas e interpondrán diversos amparos para defender el predio ubicado en Montes Apalaches 525 en el Bosque de Chapultepec e impedir que se convierta en una zona de uso habitacional, como lo indica una resolución judicial enviada al Congreso de la Ciudad de México.
En mayo de este año, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, envió un escrito al Congreso local autorizando el cambio de uso de suelo, con la presión de imponer medidas de apremio.
Este hecho ocasionó, por un lado, que Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) señalaran que no acatarán la resolución debido a que existen varias irregularidades en la sentencia, como el cambio de uso de suelo, es decir, de zona de conservación a zona habitacional, decisión que no comparte el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, que exige respetar la ley y buscar los canales necesarios para acatar la resolución, pero sin que se construyan zonas habitacionales sobre el predio en disputa.
Por años ha habido una mala defensa jurídica de ese caso por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), acusó el urbanista Roberto Remes, quien opinó que, en todo caso, si el Congreso capitalino acatara la resolución, ese predio debería quedar con muchas restricciones, como el porcentaje de área libre, la altura, la densidad y el coeficiente de ocupación del suelo.
“Todos los habitantes de esta ciudad nos podemos considerar parte del bosque, pero en la razón jurídica puede haber dos cosas: primero que los dueños o propietarios del predio tengan la razón; y el segundo, que el entonces gobierno del Distrito Federal y luego el Gobierno de la CDMX intencionalmente, por corrupción o incapacidad, no hayan hecho una buena defensa jurídica del predio en disputa”, reveló.
En entrevista con buzos, Remes Tello consideró que la polémica desatada recientemente por el predio de Apalaches 525 parece más propaganda que de fondo. “Cuando el PAN solicita que se acate la sentencia, busca no tener consecuencias jurídicas por el incumplimiento; pero Morena se agarra de ahí para no asumir su responsabilidad por haber llevado mal el juicio. Y ahora podemos ver bardas pintadas en Iztapalapa donde se defiende al Bosque Chapultepec”.
También consideró que el argumento expresado por Morena y sus aliados sobre no acatar la resolución, aunque les quiten el cargo, es algo que no ocurrirá, debido a que en nuestro país “en este momento no hay Estado de Derecho y ellos saben que no pasará nada.
“Pero en caso contrario, si les quitan el cargo, se llama a los suplentes... pero no destituyen a los del PAN porque ellos ya pidieron acatar la sentencia. Entonces Morena pierde la mayoría calificada si se llama a suplentes porque no todos están alineados”, subrayó.
En 1992, el entonces regente del Departamento del Distrito Federal (DDF), Manuel Camacho Solís, expropió a la empresa Inmobiliaria Trepi S.A. de C.V., varias hectáreas del Bosque de Chapultepec para declararlas suelo de conservación y de valor ambiental. Entre ellas, el predio en disputa.
El predio Apalaches 525 se ubica en la Colonia Lomas de Chapultepec VIII Sección y tiene una superficie de seis mil 810 metros cuadrados, contiguo al Bosque de Chapultepec. Actualmente permanece como un predio boscoso y nunca ha sido urbanizado; colinda con tres predios que ya están urbanizados y está separado del polígono del Bosque de Chapultepec por una calle secundaria.
En la zona se pueden observar casas residenciales que cuentan con amplia vegetación, por lo que cada una de ellas se quedó con un pedazo del Bosque de Chapultepec. También operan dos helipuertos que, a pesar de las protestas de los vecinos, aún funcionan en la zona. Los helipuertos se sitúan en la calle Joaquín Clausell, colindante con Montes Apalaches, donde también está el C5.
En la misma situación se encuentra el Instituto Westhill y la Universidad del mismo nombre, ubicado en la calle Montes Cárpatos, que colinda también con la calle Montes Apalaches, en la Colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo.
La institución educativa pertenece al matrimonio formado por José María Riobóo y Yasmín Esquivel Mossa.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa ha declarado tener ingresos como accionista de la Universidad Westhill, propiedad de su esposo José María Riobóo, principal constructor de obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La institución educativa Westhill ofrece instrucción desde el nivel preescolar hasta la universidad, además de algunas maestrías.
Vecinos de la zona han acusado a los dueños del Colegio Westhill Institute, Ribóo-Esquivel, de apoderarse, durante los últimos años, de cuatro mil metros de áreas protegidas en el predio Montes Apalaches número 525.
Los predios lindantes con este predio cuentan con una vivienda cada mil metros cuadrados; es una zona habitacional con un máximo de tres niveles y tiene 50 por ciento de área libre.
De acuerdo con la exautoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, Roberto Remes Tello, si el propietario consigue el cambio de uso de suelo, podría construir entre seis o siete casas de hasta tres pisos, y tener 50 por ciento de área libre. Además, no descartó que los dueños que reclaman el predio de Montes Apalaches 525, a través de la empresa Inmobiliaria Trepi, insistan en que esta administración o las que siguen les permitan construir. “En caso de que les ofrezcan alguna negociación, podrían tomar algo, por lo que se podría densificar la parte urbana del predio en vez de tocar la parte de área natural”.
Mencionó que uno de los argumentos en su defensa consiste en que el propietario puede señalar que, al lado del predio, existen casas, que la zona está urbanizada y que no se afectará en nada al Bosque de Chapultepec porque tiene una poligonal que está fuera de esa zona. “Hay una calle que está marcando los límites que pegan a la zona urbana”, reiteró.
El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Trejo Pérez, consideró que se deben revisar varios puntos de la resolución, entre ellos: analizar cómo estuvo la expropiación y si se cumplió el proceso adecuadamente, porque la utilidad pública que otorgan a ese predio pertenece al área verde. “Es un pulmón dentro de la CDMX, o uno de los pequeños pulmones que hay en la capital del país. En el transcurso de este tiempo, pudiera ser por desatención o por consigna, han ido cambiando las resoluciones; en primer lugar, lo que determina el juez es que se regrese el predio; pero ahora con un cambio de uso de suelo, que busca que esa zona verde sea de uso habitacional”, denunció.
“El predio tenía originalmente el uso de suelo como área verde. Entonces, si se pide que se regrese al dueño, al propietario, entonces se tiene que regresar en el caso de que sea procedente como área verde; pero después, en esa misma resolución, se señalan que hay que darle un uso de suelo diferente, un uso habitacional; pero en esta resolución, el juez no puede hacer un cambio de uso de suelo, darle uno por otro, porque la facultad para cambiar ese uso de suelo le corresponde al Congreso de la CDMX”, explicó.
El juez exige que se regrese el terreno al propietario sin ningún trámite de por medio, pero con uso habitacional, lo cual es improcedente.
En ese sentido, la presidenta de la Mesa Directiva de ese órgano, Martha Ávila Ventura, señaló que los diputados locales agotarán todas las instancias jurídicas, pero también políticas, para que los cuatro mil 866.37 metros cuadrados de zona verde comprendidos en ese complejo no se convierta en zona habitacional, como lo ordena la sentencia.
Conforme a los tiempos marcados por la Ley que el Congreso local está agotando, y buscando todas las posibilidades para defender una de las zonas verdes más importantes de la CDMX, aseguró que “aún nos queda una rendijita para interponer un recurso jurídico y hacer la defensa.
“Las instancias del Tribunal ya están trabajando, y preparan un recurso jurídico que se nos estaba posponiendo hasta que ya hubiera el trabajo”, aclaró.
Y aseguró que la sentencia todavía puede revisarse, debido a que la Secretaría de Desarrollo y Vivienda (Seduvi) presentó una variada documentación que fue omitida y que la presente legislatura está reenviando, pues los diputados deben saber cuál ha sido el proceso sobre el caso y en torno a todo lo realizado por el gobierno de la CDMX, debido a que él también intervino.
Advirtió que la defensa se orientaría al terreno jurídico; pero también en lo político, por lo que, en asambleas y reuniones con vecinos de las 16 alcaldías, su partido, el PT y PVEM les han informado sobre la situación que hoy vive el Bosque de Chapultepec. “Lo que hemos hecho es dar la información a la gente a través de las asambleas y juntas”, precisó.
Actualmente recibe el apoyo de los grupos parlamentarios del PRI, PRD y MC. En el caso del PAN, informó que no lo ha visto actuar por la defensa del Bosque de Chapultepec; pues recordó que, en un principio, los legisladores del blanquiazul exigían que se acatara la resolución; pero al ver la oposición de los vecinos y el cambio de uso del suelo ordenado en la resolución como un uso de suelo habitacional, los panistas se retractaron.
“Hay tiempos jurídicos y hay que ver qué rumbo toma este caso, porque es un tema que importa mucho a los ciudadanos y sobre todo el del Bosque de Chapultepec que desde niños y en general las anteriores generaciones han conocido esa zona verde, la han visitado, han jugado y han hecho diversas actividades en ella; y no vamos a permitir que ahí se haga vivienda porque es parte del pulmón de la CDMX y todo su hábitat que tiene”, destacó.
En ese sentido, Tello de Meneses reveló que, en estos casos, cuando valen millones de pesos, “todos apuestan al tiempo”. En tanto, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, informó que el caso ha tenido un avance en el proceso jurídico y todavía se explora el camino a seguir, debido a que la batalla es institucional.
“Todavía estamos en el trámite jurídico y agotaremos todas las instancias jurídicas. No hay una fecha de vencimiento para los recursos y acciones que se vienen interponiendo, hay una sentencia que nos obliga a cumplirla, debemos agotar todos los recursos; y para eso no hay una temporalidad. Todavía tenemos un complimiento sustituto, sentencia, posibilidad de cumplimiento para seguir defendiendo al Bosque de Chapultepec”, sentenció.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, la panista Olivia Garza de los Santos, también se pronunció contra el cambio de uso de suelo, y recomendó agotar el procedimiento legal para que no se construyan conjuntos residenciales en esa zona.
En entrevista con buzos, comentó que para no tener problemas, como lo que hoy ocurre con el predio de Apalaches 525, es importante regular el uso de suelo de la CDMX, exhortó al Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis (antes Seduvi), Alejandro Encinas, a que lo haga, empezando con la conformación total de los integrantes del Instituto de Planeación.
La resolución de un juez no está a debate en el Congreso capitalino pues, en ese caso, se debe continuar por los canales legales; pero destacó que a Morena le encanta violar la Ley y no cumplirla; y en estos momentos, el partido oficialista busca que no pase por ninguna instancia legal para controvertir una Ley, “entonces es la Ley de Herodes”.
“Respecto del proyecto del Bosque de Chapultepec, es evidente que en el PAN estamos en contra de que se construya un ladrillo en la zona. Lo único que estamos haciendo y la única precisión que se hizo en el Congreso de la Ciudad de México, es que había una resolución de un Juez de Distrito que se tenía que cumplir, porque las decisiones no se legislan ni se litigan, debido a que las sentencias se deben acatar. Por eso se exhortó a la Mesa Directiva a buscar todos los recursos legales que detengan el cambio de uso de suelo”, denunció la panista.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Sesma Suárez, convocó a una reunión con la persona juzgadora para analizar el caso. Pablo Trejo consideró que después de más de 30 años se seguirá y se resolverá el caso del predio de Apalaches 525.
“Estamos buscando ciertas alternativas que nos lleven a solucionar la querella. Los vecinos no quieren que se le dé uso habitacional. Los vamos a apoyar y no se le dará un uso habitacional porque es acabar con un pulmón de la CDMX”, destacó el legislador.
En tanto, Paulo Emilio García González, vocero del grupo parlamentario de Morena, anunció que su bancada recolectará firmas en mercados y plazas de la CDMX para revertir la sentencia en los próximos días. Además, informó que el 27 de octubre publicó la creación del Frente de Defensa del Bosque de Chapultepec.
Calificó la sentencia como abusiva y extralimitada, debido a que hay un papel de activismo muy fuerte en varios jueces para que esta sentencia salga en los términos que actualmente se conocen.
Por otro lado, los partidos del oficialismo han solicitado una audiencia con el juez que emitió la resolución y harán una denuncia penal contra quien resulte responsable por haber resuelto el cambio el uso de suelo en un área de conservación para edificar viviendas en favor de un particular.
“Es una denuncia penal contra el juez o jueces que resulten responsables por incurrir en conductas presuntamente constitutivas de los delitos con motivo de la actuación en el juicio de amparo 1321/2007, promovido por la inmobiliaria Trepi”, explicó Jesús Sesma, del PVEM.
El siete de octubre, el Poder Judicial de la Federación (PJF) envió la notificación del caso, al Congreso de la Ciudad de México, lo que provocó un fuerte debate sobre la defensa del Bosque de Chapultepec, y durante la sesión ordinaria del 22 de octubre, se leyó un pronunciamiento del grupo parlamentario panista, que solicitaba “dar trámite a los resolutivos” de la sentencia 1321/2007, promovida por inmobiliaria Trepi y, con el que se solicita cambiar el uso de suelo en Montes Apalaches 525, Lomas de Chapultepec, para que pase de área verde a habitacional con restricciones, un laudo que lleva más de 30 años en disputa.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera