Obligado por graves acontecimientos, debo iniciar mi trabajo de esta ocasión denunciando que el autor intelectual de la embestida violenta contra jóvenes estudiantes moradores de los Albergues Estudiantiles de San Martín Mexicapan del municipio de Oaxaca de Juárez y de Miahuatlán, municipio del mismo nombre, es un alto funcionario del gobierno del estado que encabeza Salomón Jara Cruz. No hay ninguna duda. ¿Pruebas? Sobran. A pesar de que los jóvenes agredidos por un grupo de sujetos con el rostro cubierto en Mexicapan llamaron a la policía y ésta llegó, el pasado cinco de agosto, los uniformados se limitaron a contemplar los destrozos. ¿Qué más? El pasado 26 de abril, policías municipales de Miahuatlán invadieron el albergue juvenil “Dr. Juan Manuel Celis Ponce”, violando unilateralmente y sin razón legal el espíritu y la letra de un comodato celebrado con la organización estudiantil desde hace varios años. 

Están tipificados los delitos de violencia de género y los de violencia política, entre otros, pero hasta ahora no hay nada que sancione a un cuerpo profesional, entrenado y armado que la emprende contra el domicilio de jovencitos inermes y pacíficos y, menos aún, a la autoridad que les paga, ordena y supervisa su eficiente y orgulloso desempeño. ¿Son estos hechos decididos sólo por los munícipes morenistas de Miahuatlán, César Figueroa Jiménez, y de Oaxaca capital, Raymundo Chagoya Villanueva o, como es más creíble, los señores están cumpliendo órdenes? ¿Suceden los hechos a espaldas del gobernador Salomón Jara Cruz, que no se entera? ¿Por qué no dialoga con los muchachos con “humildad y sencillez” como pide la Presidenta de la República a sus correligionarios? 

En Oaxaca está en marcha un peligroso operativo contra los albergues estudiantiles que no están a sueldo de los gobernantes morenistas. México entero está poblado de talentosos, inteligentes y trabajadores jóvenes oaxaqueños que han tenido que abandonar a sus familias, a sus paisanos, a sus tradiciones, muchos de ellos para siempre, porque Oaxaca, su patria chica, no puede darles ni estudio suficiente y de calidad ni trabajo con salario digno. Ahora, la aportación de los morenistas en el gobierno consiste en proteger a vándalos que invaden el domicilio y madrean a jovencitos que han tomado la iniciativa de fundar y sostener albergues estudiantiles que abran sus puertas a los oaxaqueños hijos de las clases más empobrecidas. Si en algún suceso posterior, alguien sufre daños graves en su integridad física o pierde la vida, será la consecuencia directa de los hechos que han prohijado los gobernantes morenistas del estado de Oaxaca.

Habida cuenta de lo dicho, ¿marchamos, pues, a una sociedad más justa e incluyente? Porque así lo declaró hace unos días la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. La prensa lo reportó así: “México vive una reducción histórica en los niveles de desigualdad, reflejada en los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y sostuvo (la Presidenta) que este resultado es fruto de seis años de cambio en el modelo económico, basado en la recuperación salarial, los programas de bienestar y la inversión productiva. Esto habla de que el modelo basado en que por el bien de todos, primero los pobres, da resultados, no sólo para disminuir pobreza y desigualdad, sino para todo el país”. 

Sigue la información: “En promedio entre 2018 y 2024 el ingreso en hogares del país subió un 15.66 por ciento”, según reportó el diario Reforma el pasado 31 de julio y precisó que ésos son los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) levantada el año pasado y dada a conocer un día antes. Si operamos como lectores distraídos podemos pensar que 15.66 por ciento de aumento, no está mal, pero no debemos pasar por alto que la encuesta y, consecuentemente, la nota periodística, están hablando de un periodo de seis años, con lo que en caso de que haya existido el aumento promedio mencionado, sólo llegaría a un 2.61 por ciento anual, con lo que el entusiasmo inicial se evaporaría.

Además, para valorar correctamente la información y no dejarnos arrastrar por el optimismo, es necesario tomar en cuenta también el resto de la información, que consiste en que el fenómeno del aumento estuvo “empujado por los dos factores que tienen que ver con medidas adoptadas en el sexenio anterior: el incremento del salario mínimo que entre 2018 y 2024 sumó un 110.7 por ciento en términos reales y los subsidios o dádivas de la 4T, que aumentaron en el mismo lapso 155 por ciento real”.

¿Debe entonces ser considerado como un avance hacia un país más justo el aumento de 110.7 por ciento en términos reales al salario mínimo? No. ¿Por qué? Porque fue público y notorio que no se trató de la consecuencia de una mayor conciencia, organización y lucha de la clase obrera, que sigue estando férreamente controlada, sino el resultado de un acuerdo entre el gobierno y la clase patronal para defender mejor sus intereses, para no someter a niveles de hambre a la clase obrera y arriesgarse a un estallido social, para impedir un mayor hundimiento en los niveles de la demanda efectiva de las mercancías que venden y, finalmente, pero no menos importante y decisivo, para mantener en el poder por otros seis años al grupo morenista. El aumento del salario mínimo no fue, pues, para beneficio de la clase obrera, sino de los patrones y el gobierno. Además, el aumento constante y sin control de los precios de los bienes de consumo de la clase trabajadora, ya lo devoró.

Debe tomarse en cuenta, sin falta, que la mayoría de los mexicanos en edad de trabajar no está laborando en un empleo formal con todos los derechos y prestaciones. Seis de cada diez están en la informalidad, es decir, no tienen un salario fijo, ni mínimo, no tienen horario, se ganan la vida en la calle vendiendo lo que pueden o pidiendo una cooperación por labores sencillas a las que se acomiden. Una tragedia que no puede celebrarse. Y no nos dejemos confundir con otro juego de manos de las cifras, porque se publicita que después de tres meses de caída del empleo formal se registró de repente un salto de 1.2 millones más de ocupados en el mes de julio, pero ello no se debe a que la economía haya crecido, el fenómeno se explica porque se obligó a los trabajadores de plataformas digitales a registrarse en el IMSS; ahora ganarán menos y sus servicios serán más caros.

Pero además no debe pasarse por alto que, dado que el modelo económico en vigor en nuestro país no garantiza ni el empleo ni los salarios remuneradores, el Estado echa mano de los impuestos para regalar dinero con el fin de mejorar un poco los ingresos familiares, dádivas que, en los hechos y a la vista del mundo entero, se han convertido no en una efectiva puerta de salida de la pobreza, sino en una insultante extorsión a los electores en el momento de las votaciones.

Finalmente, para atemperar o, mejor aún, para cancelar cualquier celebración por los datos que arroja la encuesta del Inegi, es necesario no olvidar ni por un momento el infierno que están viviendo los millones de familiares de mexicanos que tuvieron que abandonar el país y marcharse a ganar unos dólares al extranjero. No es ninguna exageración repetir que están aterrados, sin trabajar, encerrados para evitar las aprehensiones, las golpizas y las deportaciones a pavorosas cárceles clandestinas muy lejos de su país. Muy explicablemente, por tanto, ya envían muy poco a sus familiares. “Las remesas a México tuvieron en junio su caída más profunda desde septiembre de 2012 a tasa anual y analistas prevén que empezarán a mostrar una tendencia descendente tras años de crecimiento sostenido. Estos flujos de dinero cayeron 16.20 por ciento, llegando a cinco mil 201 millones de dólares, según cifras originales publicadas por Banxico este viernes” (Forbes, 1º de agosto). ¿Es esto una sociedad más justa e incluyente? ¿Es ésta la sociedad a la que aspiran y reclaman los millones de mexicanos que crean la inmensa riqueza del país? El atento lector tiene la palabra.