A pesar de las precarias condiciones en que viven los dos mil 458 municipios de México debido a la eliminación de fondos y a los continuos recortes presupuestales, en su mañanera del pasado 19 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador les recomendó usar sus “ahorros” en la ejecución de obras públicas.

En abril de este año, Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), advirtió que el 85 por ciento de los municipios se hallaban en quiebra técnica a causa de los recortes, por la histórica dependencia de los estados con respecto a la Federación y la contingencia sanitaria declarada en marzo.

Además, según datos de la Anac, los ingresos propios de los ayuntamientos se han reducido en 50 por ciento desde el inicio de la pandemia, porque la carencia de dinero de los habitantes ha disminuido su capacidad de pago de derechos municipales y este déficit se agregó a la reducción de las participaciones correspondientes al Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020).

En esa misma oportunidad, Vargas del Villar advirtió también que los municipios con actividades turísticas afrontarán problemas adicionales, porque la reanimación de las actividades de ese sector no se considera prioritaria en el plan de “nueva normalidad” del Gobierno Federal.

El dirigente de la Anac calculó por lo menos en tres mil 300 millones de pesos (mdp) el recorte al presupuesto destinado a las obras públicas municipales, debido a la eliminación del Fondo Metropolitano, que operaba desde hacía 14 años y fue eliminado con el pretexto de supuestos malos manejos del pasado.

En una declaración del nueve de septiembre, AMLO relacionó este recorte con temas electorales cuando declaró: “Vamos a estar pendientes, muy pendientes del ejercicio del presupuesto y ofrezco disculpas por adelantado; pero vamos a estar fisgoneando el gasto en los estados y en los municipios. Si vemos que están utilizando dinero del presupuesto estatal, del presupuesto municipal, para entregar despensas, frijol con gorgojo y obtener votos, ya lo dijimos, y lo repito para que nadie se llame a engaños, lo vamos a denunciar”.

Endurecimiento fiscal

Especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguran que la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2021 prevé un endurecimiento en las medidas de fiscalización a particulares, empresas, incluso a administraciones locales, estados y municipios. Las medidas previstas harán posible que las autoridades hacendarias del Gobierno Federal retengan recursos físicos, monetarios y financieros de personas físicas y morales y, asimismo, de las administraciones locales de las 32 entidades federativas y los dos mil 458 municipios que tengan adeudos de impuestos.

¿En qué casos los municipios podrán ser investigados?, preguntó buzos al doctor David Lozano Tovar, del CAM.

“Si Hacienda tiene sospechas, si los municipios hacen transacciones, compras, de tabique, arena, lo que sea, y si no muestran las facturas y si no muestran de dónde salieron esos recursos, lo que va a hacer es retenerles los recursos municipales. O bien, las compras de bienes o servicios que el Gobierno Federal les tenga que entregar, se las va a retener. Ejemplo: si el Gobierno Federal iba a equipar una clínica del IMSS de un municipio, y considera que hay problemas de disciplina fiscal, ya no entregará todo lo que tenga que ver con equipamiento, ambulancias y demás para ese municipio, hasta que se aclare la situación, es una manera de retención”.

¿Qué más podría retener el Gobierno Federal a los municipios?

“Pues apoyos sociales y de todo tipo, y el criterio para aplicarlo no lo conocemos. Eso no está especificado en estas leyes; es decir que lo van a hacer de manera discrecional”.

Lozano explicó que en la misma situación se hallarán otros ingresos de los ayuntamientos.

“Los municipios, en ocasiones, no solamente reciben dinero. Por ejemplo, reciben en especie, porque la gente que vive en los municipios, sobre todo aquellos fuera de las ciudades; a veces los pobladores pagan con trabajo o en especie los servicios que reciben. Les dicen bueno, de acuerdo, no tienes para pagarme, entonces trabaja en el bacheo. Hemos vuelto en la historia muchos años atrás, imaginemos las consecuencias que todo esto va a traer para las personas”.

Para ayudar a los ayuntamientos, los diputados federales aprobaron, el 19 de octubre, una reforma a la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios que, sin embargo, según reconocieron, no va a solucionar de fondo sus problemas financieros porque son ajenos al manejo de las deudas; y este tema, de acuerdo con las leyes vigentes de coordinación fiscal, involucra al Gobierno Federal y las administraciones estatales.

Además de la citada Ley de Disciplina Financiera, la reforma modifica un paquete de disposiciones de dos leyes –la de Coordinación Fiscal, General de Deuda Púbica y la General de Contabilidad Gubernamental de 2016–, que solo permiten a los municipios renegociar directamente sus deudas para liberar recursos del pago de intereses y, en algunos casos, contratar nuevos créditos.

La reforma advierte que “no se autorizan erogaciones adicionales ni un ejercicio discrecional, y no tiene impacto presupuestario”, y precisa también que al reestructurar sus deudas (por ejemplo, ampliar el plazo de liquidación para pagar menos intereses), se liberará un flujo de recursos que podrán ser usados para afrontar las presiones financieras por la pandemia y la reactivación económica.

En la renegociación de deudas podrán acceder a nuevos créditos. De acuerdo con la reforma, los munícipes podrán utilizar esa “herramienta” para mejorar sus finanzas públicas, no solo con el propósito de enfrentar la pandemia y la reactivación de la economía sino, además, para realizar obra pública y bacheo.

También se les autoriza a redirigir recursos para sustituir a los que ya no obtendrán apoyo en casos de emergencia provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), uno de los 109 fideicomisos desaparecidos por los diputados y senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El redireccionamiento significa que podrán usar el dinero en otros objetivos, entre ellos el de afrontar alguna emergencia provocada por desastres naturales o la contingencia sanitaria, para que contraten personal de salud y carguen estos gastos en el rubro de servicios personales.

Durante la sesión plenaria de los diputados del 19 de octubre, cuando se discutió la reforma a la ley de disciplina fiscal, el coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció que las medidas contenidas en la iniciativa son de corto alcance y no van al fondo del problema financiero de las administraciones municipales.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Pedro Pablo Treviño Villarreal coincidió en que se trata de medidas de corto alcance y aclaró que fue lo único “que se pudo acordar entre las bancadas partidistas para darle un apoyo a los municipios”.

Endeudamiento de estados y municipios

En el Reporte Trimestral de la Deuda de Entidades Federativas y los Municipios, correspondiente al segundo trimestre de 2020, investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado informan que la deuda de estados y municipios ascendía a 596 mil 397 millones 900 mil pesos, cantidad equivalente al 62. 7 por ciento del total de la bolsa de participaciones presupuestales de las administraciones locales.

Respecto a la datación de estas deudas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha diseñado un sistema de alertas, cuyo semáforo de colores es similar al que se utiliza ahora para atender las variables de la pandemia generada por el Covid-19. De acuerdo con esta supervisión, las entidades más endeudadas en la actualidad, es decir, que se hallan en rojo, son la Ciudad de México (CDMX), Chihuahua y Nuevo León.

La capital de la República tiene el primer lugar, con 81 mil mdp; el segundo, Nuevo León, con 75 mil 87 mdp; y el tercero, Chihuahua, con 49 mil 950 mdp. En el informe, conocido el 24 de octubre, se coloca a Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo en amarillo; es decir, que su endeudamiento está en observación.

En un informe difundido el 26 de mayo, la Anac insistió en la necesidad de establecer mesas de negociación intergubernamentales para diseñar acciones destinadas a atender los problemas de financiamiento de las administraciones municipales; pero hasta el momento, su propuesta no ha sido considerada.

“Los ingresos propios de muchas demarcaciones del país se han reducido, incluso, en 50 por ciento, como consecuencia del confinamiento y la falta de liquidez financiera de muchas familias para cubrir sus obligaciones frente al gobierno municipal; a esto hay que sumarle la reducción en las participaciones federales (Ramo 28 del PEF) para el próximo año”, denunció la Anac.

La organización municipal añadió además que “al ser el primer contacto con la ciudadanía, los municipios del país se enfrentan a diversas problemáticas derivadas de la pandemia por el Covid-19 que demandan soluciones inmediatas y directas, a pesar de la falta de recursos de muchos de ellos para hacer frente a las circunstancias”.

Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, ignoraron estas palabras. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación el 21 de octubre, y ahora sigue la discusión para la emisión de la Ley de Egresos, que debe aprobarse el 15 de noviembre. El proyecto legislativo para el gasto de 2021 establece que se transferirá un billón 867 mil pesos de presupuesto para estados y municipios, cifra menor en 108 mil 521 mdp a la de 2020.

PEF que abandona entidades y municipios

Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) dependiente de la Cámara de diputados, reveló que las áreas municipales y estatales más afectadas serán la seguridad pública e infraestructura. En el caso de las obras públicas, ubicadas dentro del Ramo 23 del presupuesto federal, la reducción en 2021 será del 41.8 por ciento respecto a este año, ya que pasará de 15 mil 168 mdp a nueve mil 145 mdp.

La desaparición del Fondo Metropolitano y del Fondo Regional afectará a las 10 entidades federativas con los menores índices de desarrollo urbano en el país. También dejan de operar el Fondo de Protección Social en Salud (del Seguro Popular) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que se destinaba a apoyar labores de seguridad, compra de armas, capacitación municipal, equipo motorizado (patrullas) y cámaras de video-vigilancia.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados denunció, el 10 de septiembre, que de acuerdo con el proyecto de Ley de Egresos de la Federación (LEF 2021), “se abandona” a los municipios del país. Los legisladores Fernando Macías Olvera, Mariana Dunyaska García Rojas e Iván Rodríguez advirtieron que además de la desaparición del Fortaseg se prevén otras reducciones presupuestales en distintos rubros.

Macías señaló que ante la delicada situación de crisis sanitaria y económica que el país enfrenta, “se esperaría que el proyecto de presupuesto tuviera un incremento en apoyos para las familias mexicanas, un plan de reactivación económica, así como ayuda a estados y municipios para salir adelante de esta terrible situación que enfrentamos todos los mexicanos”.

Pero lejos de tomar medidas en este sentido, apuntó el legislador, las disminuciones presupuestales y la desaparición de fondos implican un grave retroceso para las ya golpeadas administraciones municipales del país, y explicó que la desaparición del Fortaseg va a contracorriente de una de las principales demandas de la sociedad mexicana, como es el caso de la seguridad pública.

“Es increíble e impensable que en uno de los países más violentos del mundo, durante la administración más violenta de la historia del país, con más de 60 mil homicidios dolosos, estén quitando recursos para la seguridad pública de los municipios”, denunció Macías.

“No es posible que las y los diputados de la mayoría pretendan aprobar un presupuesto que quita recursos indispensables para los ciudadanos; pero sí aumentan en cantidades exageradas las obras inviables y los caprichos del Presidente, cuando lo urgente es salir de las crisis ocasionadas por el Covid-19 y las malas decisiones que ha tomado”, insistió el legislador.

La diputada Mariana García Rojas denunció que mientras disminuyen los ingresos para los municipios, las obras prioritarias de AMLO tendrán incrementos, como es el caso del Tren Maya, cuyo gasto, para 2021, será 48 por ciento más alto que este año; y el de la refinería de Dos Bocas, que dispondrá de cuatro mil mdp más que en 2020.

“Lo mismo ocurre con la obra del aeropuerto de Santa Lucía, que aumenta su presupuesto un 296 por ciento, lo que se agrega a los gastos de la cancelación de Texcoco. Todo esto mientras temas como la educación, no aumentan sus recursos, dejando en claro que éste, ni la salud, ni las mujeres, ni la seguridad son asuntos de interés para el Presidente. Solo sus caprichos están en su cabeza”, enfatizó García Rojas.

Defensa de los alcaldes

El alcalde Enrique Vargas indicó, en abril, que las disminuciones presupuestales afectarán directamente a los habitantes de los municipios, no solo por la desaparición de los fondos Metropolitano y Regional, sino también por la del Fondo Minero, que tenía una bolsa de tres mdp; la del Fondo de Apoyo a Migrantes, que disponía de 300 mdp y la desaparición de una cantidad igual del Fondo de Pueblos Mágicos.

El 18 de julio, alcaldes del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvieron que el recorte de 18 mil mdp, aplicado a las partidas presupuestales de 2020, colocó a los ayuntamientos “al borde del precipicio” y algunas de las administraciones locales, incluso, dejaron de pagar servicios.

Los alcaldes reconocieron que este problema se debió a la emergencia sanitaria y al desplome del precio del petróleo; pero demandaron al Gobierno Federal acciones emergentes para ayudar a las administraciones municipales a operar con normalidad, y destacaron la necesidad de revisar el pacto fiscal vigente.

César Garza, alcalde de Apodaca, Nuevo León, aseguró, en nombre de otros ediles priistas, que urgía el PEF 2021 ante los graves problemas deficitarios de los municipios, porque éstos son la parte más débil de la cadena; ya que carecen de facultades para aplicar impuestos como las entidades federativas y dependen de las partidas presupuestales federales y estatales.