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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tenía conocimiento de las transferencias realizadas por Nunvav Inc. a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la UIF investigó estos movimientos desde 2021, en el marco de una demanda civil presentada en Florida por el gobierno mexicano contra Genaro García Luna y los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, señalados como sus prestanombres.

La organización explicó que Nunvav Inc., empresa de Samuel y Alexis Weinberg, considerados por el Gobierno Federal como prestanombres de Genaro García Luna, realizó transferencias a Vector Casa de Bolsa, recientemente acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de colaborar con el crimen organizado.

Buzos de la Noticia reportó previamente que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) sancionó a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones de lavado de dinero a cárteles mexicanos. Vector es propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, MCCI detalló que las transferencias hechas por Nunvav a Vector fueron investigadas desde 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La indagatoria surgió a raíz de una demanda civil presentada por el gobierno mexicano ante una corte en Florida contra los Weinberg y García Luna.

Según la organización, la demanda buscaba “recuperar cientos de millones de dólares que fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc.”.

Los requerimientos de información sobre Vector iniciaron el 12 de julio de 2024, cuando la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para solicitar detalles sobre las operaciones realizadas por la casa de bolsa.

El 9 de agosto de ese año, la UIF presentó una moción para exigir a los Weinberg la entrega de documentos que permitieran identificar el propósito de 35 transferencias realizadas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, por un monto total de 47 millones de dólares.

“La UIF también solicitó a los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública copias de estados de cuenta o comunicaciones que hayan tenido con Vector respecto a estas operaciones”, señala la investigación.

El 9 de junio pasado, la jueza Walsh cerró el caso a petición de la UIF y de los Weinberg, quienes informaron haber llegado a un acuerdo en México que implicaría su colaboración como testigos con la Fiscalía General de la República (FGR).

En paralelo, el Departamento del Tesoro realizó su propia investigación, que incluyó el análisis de información no pública proporcionada por bancos y casas de bolsa reguladas en México, así como una clasificación ponderada de activos publicada por la CNBV.

“En sus resultados, Vector ocupó el segundo lugar por activos asociados a actividad potencialmente ilícita, lo que probablemente indica controles débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, concluyó MCCI.