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Desde el 25 de junio, los bancos Intercam, CIBanco y Vector enfrentan acusaciones graves por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Estas instituciones, que operaban con normalidad en los mercados financieros de México, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por facilitar, durante años, operaciones financieras que habrían apoyado el tráfico de opioides.

Tras estas acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino a los bancos y, el 15 de julio, impuso sanciones por 185 millones de pesos; sin embargo, algunas voces en México interpretan esta acción como una estrategia de presión política por parte de Estados Unidos, en un contexto de tensiones bilaterales que se intensificaron desde el mandato de Donald Trump, especialmente en temas relacionados con el combate al narcotráfico.

Entrevistado por Buzos, Michel Levien González, abogado especialista en antilavado y anticorrupción, comentó que, si bien el caso se está desarrollando en un escenario complicado entre México y Estados Unidos, las acusaciones contra Intercam, CIBanco y Vector están basadas en hechos y no en componentes políticos.

De acuerdo con el experto, existen factores que dan peso a las acusaciones del Tesoro: primero, el hecho de que solo hayan señalado a estas tres instituciones, pues consideró que, si se tratara de algo político, en México existen bancos más grandes que podrían haber sido acusados.

“Otro indicador es que, aunque esto sí tuviera un componente político superpesado, (los bancos) ya están recibiendo sanciones importantes por temas que giran en torno al lavado de dinero en los dos países (…) Eso no lo harían ninguno de los dos gobiernos sin razones serias puramente jurídicas”.

En este sentido, Levien explicó que las acusaciones presentadas por el Tesoro sí pueden tener validez ante las autoridades financieras de México, siempre y cuando lleguen mediante los mecanismos de asistencia legal mutua en el marco del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Lavado sistemático, no accidental

La acusación del Tesoro detalló que CIBanco, cuyo director general es Mario Alberto Maciel Castro, facilitó la adquisición de precursores químicos provenientes de China, pues procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a empresas asiáticas dedicadas al envío de estos insumos.

Con respecto a Intercam reportó que este banco, dirigido por Eduardo García Lecuona, participó en el envío de más de 1.5 millones de dólares destinados a la compra y envío de precursores para la fabricación de estupefacientes. Sobre Vector destacó que entre 2013 y 2019 procesó más de 1 millón de dólares en pagos a empresas chinas, con el mismo fin.

Dentro del caso de Vector, resaltó su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta casa de bolsa es dirigida por Edgardo Cantú Delgado, pero la firma pertenece a Grupo Plenus, encabezado por el empresario Alfonso Romo Garza, aliado político de AMLO desde 2012 y jefe de la Oficina de la Presidencia desde 2018 hasta su renuncia en diciembre de 2020.

Levien explicó que la acusación de Estados Unidos gira en torno a que los bancos actuaron deliberadamente y en conjunto con el crimen organizado para realizar actividades de lavado, contrario a un escenario en donde las instituciones, sin saberlo, eran utilizadas para estos actos.

“Las sanciones que pone FinCEN no son porque alguien te usó para lavar dinero, son porque creemos que tú vas de la mano con los malos y que tú les estás ayudando (…) Si efectivamente es cierto lo que dice la Tesorería de Estados Unidos, la cosa es más grave”, dijo.

Asimismo, consideró necesario que las autoridades mexicanas y estadounidenses investiguen a cada una de las entidades y a las personas que trabajan en ellas, como directivos, pues por sus manos pudo haber pasado una decisión relacionada con actividades ilícitas.

El pasado 15 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que, los directivos de las instituciones involucradas en el caso no contaban con una investigación formal, tampoco aclaró si habría alguna en el futuro.

Para el experto, en caso de que lleguen a iniciar una investigación sobre la participación de los directivos de estos bancos, será difícil que el público en general se entere del asunto, pues supondría un riesgo para el propio proceso.

“Deben investigarlos, no sé si lo vayan a hacer por temas políticos o no, pero si lo hacen, yo veo difícil que nos vayamos a enterar pronto (…) En general, (las autoridades) tienen prohibido hablar de asuntos que están investigando porque eso puede sesgar el resultado, y afectas el derecho de la defensa de la persona”, apuntó.

Elegir banco con lupa

Hacia el futuro, enfatizó que los bancos señalados deben actuar con mucha cautela, así como comenzar investigaciones internas con un enfoque para descubrir lo que sucedió dentro de su cultura organizacional, así como aplicar sistemas de cumplimiento más sofisticados.

“Quienes pongan en la alta dirección, más vale que sean personas honorables, que tengan ética, valores, que sean impecables (…) Que no nada más lo hagan de buenas intenciones, sino que conozcan la técnica, leyes, etcétera… Si yo fuera accionista de estos bancos, estaría pensando en eso, para que no se conviertan en un cascarón que solamente trae adentro un permiso de banca, porque eso sí sería muy malo para el sistema financiero”.

Con respecto a los consumidores del sistema bancario, señaló que si bien “escogemos (a los bancos) pensando en conveniencia y ventaja; ahora nos toca agregarle un poco de más trabajo a eso”, por lo que recomendó a los ahorradores dividir sus recursos en diferentes instituciones e instrumentos, y "hacer investigación sobre la reputación de los bancos y las personas que trabajan en ellos”.

Finalmente, recordó que, desde el Gobierno, deben robustecer a la CNBV, con el fin de garantizar la correcta operación de la banca y así “proteger al consumidor y al público inversionista y ahorrador”.