El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que, durante el primer semestre del actual gobierno, en abril pasado, el número diario de homicidios se redujo en 32.9 por ciento. Pero como un mentís a tan alegre noticia, la percepción social de inseguridad sigue aumentando. En el tercer trimestre del año pasado, al finalizar el sexenio anterior, 58.6 por ciento de la población consideraba inseguro vivir en su ciudad; para diciembre aumentó a 61.7 por ciento. Y sigue.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en 91 ciudades, al cierre del segundo trimestre de este año, arroja que, en promedio, 63.2 por ciento de la población tiene percepción de inseguridad. Es decir, casi dos tercios de la población urbana del país vive con miedo. En 16 ciudades, el porcentaje supera el 80 por ciento, y en dos rebasa el 90. En 63 de 91 ciudades aumentó la percepción de inseguridad entre junio de 2024 y junio de este año. A mayor abundamiento, en el apartado “Percepción sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas”, a nivel nacional apenas 30.1 por ciento respondió “muy efectivo o algo efectivo”. La población no se siente protegida por las autoridades, a las que considera incapaces de brindarle seguridad. La población, pues, vive con miedo; siente justificado temor a salir de sus hogares, temor fundado en la experiencia diaria de miles y cientos de miles de familias víctimas del crimen.

Las consecuencias e implicaciones de la inseguridad son múltiples. Afecta seriamente la salud. “En México hay indicadores que señalan que la violencia colectiva ha impactado de manera negativa la salud mental (…) y que los principales causantes son la delincuencia organizada y agentes estatales, plantea Dení Álvarez-Icaza González, quien, junto con el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, coordinó el libro Salud Mental y violencia colectiva. Una herida abierta en la sociedad (…) La violencia es uno de los principales generadores de problemas de salud mental” (El Economista, 30 de mayo de 2022). 

A mayor concreción, según la Secretaría de Salud (cuatro de abril de 2024), con datos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y el Inegi: “en México 19.3 por ciento de la población adulta padece síntomas severos de ansiedad y más de 30 por ciento los presenta de forma leve o moderada”. Así, casi uno de cada tres adultos padece esa alteración de la que, ciertamente, la inseguridad no es causa única, pero sí un factor importante. Y esto ocasiona infelicidad, aunque se nos repita machaconamente que somos uno de los países más felices del planeta ¡en medio de este horror! 

Y no hay duda: con la pérdida de salud viene la pérdida de productividad. En materia económica, la inseguridad afecta la inversión, así como el funcionamiento y las utilidades de los negocios, sobre todo de los pequeños, más débiles y vulnerables; eleva considerablemente los costos de operación de las empresas y las pérdidas por robo, afectando la competitividad económica del país. 

La situación ha hecho crisis y tiene graves implicaciones incluso en términos de soberanía nacional. Aunque a ojos vistas lo hace soterradamente desde hace años, el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ha amenazado con intervenir militarmente en México, ahora abiertamente, “para imponer orden”. El cinco de mayo pasado, The New York Times cabeceó así una nota: Trump pidió a México dejar entrar tropas de EE. UU. para combatir a los cárteles. La respuesta formal fue negativa, pero hay que ver las cosas en la realidad. Además, el enfoque de Trump es erróneo de origen, pues ignora el problema de raíz, a saber: que, como lo señala insistentemente la prensa, de EE. UU. provienen las armas empleadas por la delincuencia. Recuérdese que el sector armamentista es fundamental para la economía estadounidense, cuya industria militar obtiene así cuantiosas ganancias gracias a la violencia que sufre nuestro pueblo. Así pues, más que andar haciéndole al gendarme del mundo, Donald Trump debiera, si realmente le preocupa, resolver la situación interna.

Asimismo, como es sabido, el tráfico de drogas tiene como incentivo la gran demanda desde EE. UU., pagada en dólares. Entre los estadounidenses de 12 años o más: “más de la mitad de las personas (51.2 por ciento) han consumido drogas ilícitas al menos una vez; las sobredosis de drogas han matado a más de un millón de personas en EE. UU. desde 1999; 47.7 millones eran consumidores actuales de drogas ilegales (consumidas en los últimos 30 días) en 2023; el 16.8 por ciento consumieron drogas en el último mes, un aumento de 1.9 por ciento año tras año” (National Center for Drug Abuse Statistics). Además de que existe allá una fuerte demanda, la prensa nunca ha publicado la captura de algún pez gordo en EE. UU. ¿Es que no hay bandas ni capos? ¿La droga llega sola a barrios y ciudades? Seguramente el negocio tiene poderosos protectores, tanto que opera sin ser ni señalado ni molestado.

En México, el combate a la delincuencia ha ignorado por completo sus raíces sociales y económicas y, consecuentemente, las ha desatendido. Los gobiernos se han circunscrito a aplicar medidas policiacas, y muy mal, por cierto. Al respecto, y, dicho sea de paso, cuánta razón tenían quienes oportunamente advirtieron que sacar al Ejército a las calles como policías era un error estratégico, pues no está entrenado para realizar esas funciones. Y después de casi siete años, los resultados arriba expuestos lo confirman con creces.

El sustrato social de la delincuencia está en la creciente pobreza y la acumulación insultante de la riqueza; sólo para ilustrar: hay casi diez millones de personas en pobreza extrema (es decir, con hambre), y 8.6 millones de jóvenes en edad de ir a la universidad, pero que no pueden ingresar a las escuelas ni trabajar, condenados así al ocio forzoso. El desempleo es gigantesco, aunque se pretenda ocultarlo: cerca del 60 por ciento de todas las personas ocupadas lo están en el sector informal, en actividades de sobrevivencia, haciendo lo que pueden para sostener a sus familias bajo su propio riesgo, porque el sector formal no ofrece suficientes empleos, o éstos son miserablemente pagados, insuficientes para el sustento familiar, lo cual obliga a millones de trabajadores a laborar horas extras y extensas jornadas para mejorar sus precarios ingresos.

El campo sufre un lamentable abandono en materia de crédito a productores, inversión en infraestructura y educación. Este año estamos importando cantidades récord de maíz blanco y amarillo, en detrimento de nuestros productores. Las cosechas se pagan muy mal. En este ambiente encuentra condiciones propicias el desarrollo de las actividades delictivas. López Obrador prometió atacar las raíces sociales del crimen, lo cual hubiera sido correcto… pero no lo hizo. Con todo lo útiles que sean, y que la gente debe tomarlas como un derecho, las tarjetas de los programas sociales no han mejorado la vida de los mexicanos pobres, ni pueden regresar la pérdida de seres queridos ni dar tranquilidad a las familias.

Atender las necesidades sociales (salud, vivienda, empleo y mejores salarios, educación, servicios públicos, etc.) sigue siendo la solución de raíz, lo cual no excluye una labor científica, estratégica de combate a la delincuencia, pero ninguna de las dos cosas se está haciendo. Es necesario abatir los altísimos niveles de pobreza y frenar la acumulación de la riqueza en unas cuantas fortunas, que empuja a grandes sectores sociales a buscar en la ilegalidad lo que la sociedad les niega en el marco de la ley. La delincuencia es correlato inevitable de la acumulación.