Lanzar bombas nucleares sobre miles de civiles, hace 80 años, fue correcto, según Washington. Aplicar hace 50 años la represiva Operación Cóndor contra civiles de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay fue por seguridad, según sus artífices. Ambos hechos confirman la vocación terrorista del imperialismo estadounidense y la complicidad de las élites.

El 26 de junio, tras bombardear plantas iraníes que enriquecen uranio para uso pacífico, Donald Trump alardeó: “Si miras a Hiroshima, si miras a Nagasaki, sabes que eso puso fin a una guerra. Esto también terminó una guerra”. Desde Japón llegó la voz de indignados hibakusha, término que se emplea para referirse a los afectados por aquel bombardeo atómico y sobrevivientes del terrorismo de Estado que justificó el magnate estadounidense, 

“Como sobrevivientes de los bombardeos atómicos, reprobamos que se justifique el bombardeo nuclear. Protestamos con gran enfado”, manifestó la asociación Nihon Hidankyo, que reúne a la mayoría de ellos. “Estoy realmente decepcionada. Siento mucha rabia por la frivolidad del presidente”, declaró al diario Mainichi la hibakusha, Teruko Yokohama. 

A unos días de conmemorar 80 años del impacto radioactivo, los cuerpos de más de 360 mil hibakusha exhiben quemaduras casi totales, desfiguraciones físicas, deterioro genético, cáncer y múltiples secuelas físicas por la radiación, así como los efectos psicológicos por el impacto nuclear. Ese daño a la población no planteó problemas morales a los autores de la operación. 

Hoy que el Occidente Ampliado inventa la supuesta amenaza nuclear proveniente de China, Rusia e Irán, es urgente recordar que EE. UU. es el único país que usó el arma atómica y lo hizo contra civiles. De modo que no tiene sustento ni respaldo moral su señalamiento hacia otras naciones.

Lección no aprendida

EE. UU. concibió la bomba atómica para usarla contra Alemania; no lo hizo pues entonces el Ejército Rojo soviético derrotó a la Wehrmacht y ocupó Berlín, tras meses de combates en el Frente Oriental para liberar su territorio y de países víctimas del nazi-fascismo, que cobró la vida de 27 millones de sus compatriotas. 

Esa proeza sacudió los cimientos de la estrategia de EE. UU., que temió perder su inicial hegemonía en el Pacífico, ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se alzó como poderoso actor militar. 

Por ello el frío y contundente cálculo de los estrategas estadounidenses: lanzar dos armas nucleares contra civiles inermes en Hiroshima y Nagasaki para mostrar su nuevo poder disuasivo nuclear a Moscú. 

Fue un gran atentado terrorista, perpetrado en nombre de la democracia, sostiene la analista Gabriela Liszt, pues las armas nucleares son armas de destrucción masiva. Su naturaleza es tal que causa la destrucción de la vida a una escala tan catastrófica que es incompatible con el respeto del derecho a la vida 

Los ataques del seis y el nueve de agosto de 1945 siguen impunes, EE. UU. ha eludido la acción de la Justicia. Su uso violó el Derecho Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y principios éticos en normas de miembros de la ONU.

Tampoco ha actuado la Corte Penal Internacional, pese a estar facultada desde 1998 para juzgar crímenes de Lesa Humanidad, definidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento”. 

A unos días de que el mundo condene de nuevo esa criminal ofensiva nuclear, cabe citar que la han defendido, desde Franklin D. Roosevelt –quien inició la construcción de la bomba en el Proyecto Manhattan a un costo de dos mil millones de dólares– hasta Donald Trump. 

Todos sostienen que usaron las bombas para acelerar la rendición japonesa. En su usual ocultamiento de la verdad, políticos y medios estadounidenses silencian que, entre el nueve y 10 de marzo de 1945, EE. UU. lanzó un ataque devastador sobre Tokio, que mató a 80 mil civiles. 

Por tanto, la dirigencia japonesa estaba dispuesta a negociar su rendición. Además, ese objetivo se hubiera alcanzado con armas convencionales e, incluso, infligir a Japón tantas o más bajas como las causadas por las armas atómicas, sostienen investigadores militares. 

Ronda la pregunta del historiador Barton J. Bernstein: ¿por qué los estrategas de EE. UU. eligieron como objetivos ciudades donde morirían tantos civiles? La respuesta está en el cónclave protagonizado días antes por el secretario de Guerra, Henry L. Stimson, el director del Proyecto Manhattan, general Leslie Groves, y el general Lauris Norstad.

 También participaron científicos como el matemático John von Neuman; todos eligieron bombardear esas ciudades para no desperdiciar “la preciosa arma” y que no quedara “piedra sobre piedra”, confirmó Barton. 

Además de Hiroshima, el segundo blanco era Kyoto, principal centro religioso, pero Stimson prefirió cambiarlo por Nagasaki, cuyo bombardeo se adelantó del 11 al nueve de agosto por condiciones climáticas.

Además de la muerte de más de 250 mil personas incineradas en microsegundos, ambas ciudades han sufrido durante décadas el envenenamiento ambiental por radiación. Aunque EE. UU. es el único país que ha usado armas atómicas y ocho décadas después posee un gran arsenal de ellas, no tiene empacho en acusar a otros países de ser un peligro nuclear.

 Hoy que sube de tono la carrera balística, se aleja del horizonte un mundo sin bombas atómicas, pues esas armas no refuerzan, sino que reducen la seguridad de los países, alerta Naciones Unidas.

Operación Cóndor: laboratorio de EE. UU. 

En la década de 1970, las democracias sudamericanas sólo eran un puñado, pues dominaban la escena sudamericana regímenes militares que hace 50 años iniciaron la cacería contra militantes de izquierda en la Operación Cóndor, que instigó EE. UU.

En el contexto geopolítico de la Guerra Fría, y para contener el ejemplo triunfante de la Revolución Cubana, Washington orquestó el ascenso de las dictaduras, activó su alianza con oligarquías y afirmó su influencia en las Fuerzas Armadas regionales a través de la Escuela de las Américas y sus técnicas antiinsurgentes.

Hay que considerar que, hasta entonces, los organismos estatales represivos habían tenido un eje nacionalista. Sin embargo, tras el enfoque estadounidense adoptaron como eje la Doctrina de Seguridad Nacional de EE. UU. cuya hipótesis de lucha fue la del enemigo interno.

Ahí es donde investigadores atribuyen la responsabilidad de Washington en la operación Cóndor y sus crímenes. Para la analista en geopolítica y conflictos armados María Garrido, sí hubo esa responsabilidad.

Documentos desclasificados y testimonios en los diversos juicios derivados de esa causa revelaron que los presidentes de EE. UU. Lyndon B. Johnson, Richard M. Nixon, Gerald Ford, James Carter y Ronald Reagan no escatimaron recursos para coaccionar a esos regímenes para considerar como objetivos a líderes políticos, periodistas, estudiantes, sindicalistas, intelectuales, artistas, militantes de movimientos y partidos de izquierda o socialdemócratas.

Con la noción de “amenazas extrarregionales” como el comunismo, EE. UU. afianzó su poder al inspirar en las dictaduras la Doctrina de Seguridad Nacional. La coerción estatal se ejerce por grupos de presión al interior del Estado y se apoya por un Estado líder que maneja sus intereses a través de esos grupos de poder, explica la experta en terrorismo de Estado Blanca Irene Nieves.

En ese contexto se propiciaron los golpes militares en Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina.

Cóndor se gestó en la reunión de Santiago de Chile, que organizó el entonces jefe de Inteligencia chilena Manuel Contreras, quien en su diagnóstico de la subversión afirmó: “Ellos han desarrollado mandos intercontinentales, continentales, regionales y subregionales para coordinar las acciones disociadoras”. El 28 de noviembre de 1975, en lo que él llamó “Acuerdos de Caballeros Convencidos”, los representantes de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, pactaron cooperar para ejecutar repatriaciones forzosas.

Según el Acta de Clausura de esa primera reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, el plan se llamó Sistema Cóndor al aceptar por unanimidad la moción uruguaya de simbolizarlo como el ave icónica del país andino.

Juicios posteriores demostraron la naturaleza trasnacional del Plan. Hacia 1978, ese operativo ya incidía en ocho de 13 países sudamericanos; de modo que la gama de violaciones a derechos humanos se reproducía en Sudamérica y fuera de la región.

Tras el golpe de 1976 en Argentina, llegó el periodo más activo del Plan, con la integración de Perú y Ecuador y la operación de equipos fuera de Sudamérica.

En términos de construcción ideológica e impacto regional, resultó lo que un funcionario del Departamento de Estado tituló “La Tercera Guerra Mundial y Sudamérica”, según el documento del tres de agosto de 1976 desclasificado por la ONG estadounidense Archivo Nacional de Seguridad.

En la práctica, Cóndor sirvió para la específica persecución a cuadros medios y de base de organizaciones de izquierda; en la expropiación de recursos económicos e intento del desprestigio internacional de grupos opositores con campañas psicológicas.

Fue la plataforma que uniformó las prácticas represivas, con la puesta a disposición de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras. Con ella se diezmó a organizaciones en Uruguay y Chile, se fusiló y desapareció; además, se institucionalizaron los presos políticos, traslados transfronterizos, apropiación de niños y los vuelos de la muerte.

En los juicios de los años 80 y 90 en varios países, se constató que Cóndor nació de una necesidad y hasta era esperable, según jueces y fiscales que rastrearon “un estado de ánimo, una predisposición e incluso urgencia para actuar en coordinación” para reprimir, como consta en documentación judicial de Memoria Histórica.

Al conmemorar 50 años de esa campaña trasnacional de terror e impunidad es importante apuntar no sólo a la responsabilidad de las dictaduras, sino a la autoría y anuencia de EE. UU. que exigió la búsqueda y captura de exiliados.

Muchos se refugiaron en el Chile de Salvador Allende, la Argentina a la que regresó Juan Domingo Perón, Perú y Ecuador. Pero muchos fueron capturados por golpes militares entre 1976 y1979, con la expansión de Cóndor.

Ello fue un hito histórico por la trasnacionalización de la violencia de Estado. Fue una zona sin fronteras de terror e impunidad en el continente” apunta la académica uruguaya Francesca Lessa.

Aunque la coordinación represiva no desapareció con la extinción de Cóndor, porque hubo acuerdos bilaterales, persistió la búsqueda de Justicia, que también tuvo alcance trasnacional.

Un primer intento fue el juicio en Argentina que, en 1986, imputó a altos mandos uruguayos. El Juicio Cóndor de 2016 en Italia, que procesó a civiles y militares chilenos, uruguayos, bolivianos y peruanos por crímenes contra italo-sudamericanos. Y en 2017, con la primera sentencia del Tribunal Europeo sobre el Plan Cóndor. 

A 50 años cobra fuerza el lema “Ni perdón ni olvido” de las víctimas, sus familias y sobrevivientes. Muchos refugiados y asilados en México.