En casi todas las marchas de los últimos años aparece la misma escena: contingentes de maestros, feministas o estudiantiles avanzan con mantas y consignas y, de pronto, irrumpe un grupo de encapuchados vestidos de negro. Vuelan piedras, truenan petardos, explotan bombas molotov, policías lesionados y noticieros que hablan de “vandalismo” y las causas de la protesta desaparecen. Al día siguiente nadie sabe quiénes eran. Nadie se hace responsable. Pero la factura política la pagan los movimientos sociales.

Para entender este fenómeno, debemos recordar que el llamado bloque negro no nació en México; es una táctica surgida en Europa durante los años ochenta, ligada a corrientes autonomistas y anarquistas, que adquirió fama en las protestas contra la Organización Mundial de Comercio (OMC) de Seattle en 1999: grupos encapuchados, vestidos de negro que atacan bancos y corporaciones para golpear símbolos del capital, evitando ser identificados.

En teoría, se trata de “acción directa” anticapitalista. En la práctica, tiene una vulnerabilidad enorme: representa el disfraz perfecto para cualquier policía, grupo de choque o provocador. No es una sospecha gratuita: en 2007, la policía de Quebec, Canadá, debió admitir que había infiltrado “agentes vestidos de negro” en una protesta, después de que fueron exhibidos con pruebas contundentes.

Ahora bien, esto no significa que, siempre y en todas partes, el bloque negro sea un montaje cuyos participantes sean infiltrados. Seguramente hay jóvenes y colectivos que ven auténticamente una forma de protesta “directa” contra el sistema en esa táctica. Sin embargo, el problema no es sólo la intención, sino el resultado: una forma anónima, sin organización visible, abre la puerta de par en par a provocadores y agentes del Estado.

Esa ambigüedad se vuelve especialmente peligrosa en México. Aquí, el bloque negro aparece una y otra vez en marchas contra el poder: desde las protestas contra Peña Nieto, pasando por las movilizaciones por Ayotzinapa, marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del dos de octubre, manifestaciones feministas del ocho de marzo (8M), movilizaciones estudiantiles recientes y hasta en la mal llamada marcha de la Generación Z. En cambio, brilla por su ausencia en las movilizaciones organizadas por el partido en el gobierno o por sus aliados.

Ahora bien, lo más inquietante no es sólo dónde aparece, sino cómo actúa. No tiene voceros, pliego de demandas ni una ideología explícita y verificable. Si se tratara de anarquistas coherentes, veríamos un discurso antiautoritario consistente y el rechazo frontal a todos los gobiernos, partidos y a todo tipo de autoridad. Es decir, el bloque negro es tan negro que no sabemos nada. ¿Hay intereses políticos o económicos detrás? ¿Tendrán algún tipo de financiamiento local o del extranjero? Aún no lo sabemos.

Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿el gobierno tampoco sabe nada? Hay quien todavía cree que el Estado “no sabe nada de esos encapuchados”. Guacamaya Leaks echó esa coartada por la borda. Si el Ejército mexicano fue capaz de “mapear” durante años a una escuela rural como Ayotzinapa y de seguirle la pista a redes criminales incrustadas en la propia policía, como La Barredora, ¿en serio creeremos que no puede identificar a grupos que, una y otra vez, aparecen bajo los mismos patrones, rutas y métodos?

Frente a este panorama, la verdadera radicalidad de hoy no está en quemar una patrulla, golpear a un policía o saquear un negocio; radica en construir con paciencia y trabajo una fuerza organizada y educada políticamente. Eso exige que sindicatos, organizaciones populares, movimientos sociales y colectivos alejen de sus filas a estos grupos, que sólo consiguen dar al Estado el pretexto perfecto para desatar una fuerte represión contra toda forma de protesta.