En México, la palabra soberanía volvió al centro del debate público. La empujan la política agresiva de EE. UU. y de Donald Trump hacia América Latina, y también un clima de presión que se expresa en amenazas, chantajes comerciales y un lenguaje cada vez menos explícito. No es un tema nuevo, pero hoy se somete a una prueba directa, cuando deja de funcionar como principio jurídico general y se enfrenta a decisiones políticas concretas. La pregunta es, entonces, incómoda pero necesaria: ¿qué tan real es la soberanía cuando deja de ser un principio jurídico general y se convierte en decisiones políticas concretas?

Frente a Trump, el Estado mexicano invocó el respeto al derecho internacional y a la no intervención, pero al mismo tiempo ajustó políticas, aceptó presiones y terminó negociando bajo condiciones impuestas. Esa contradicción revela algo más profundo, la distancia entre la soberanía en abstracto, como idea, y la soberanía concreta, como práctica. Trump no generó esa separación, simplemente la hizo visible a los ojos de todo el mundo.

En el discurso oficial, la soberanía suele presentarse como un principio abstracto, casi incuestionable. Está en la Constitución, en el lenguaje diplomático y en el imaginario patriótico, como si fuera un atributo natural del Estado. Sin embargo, esa palabra suele mezclar dos planos distintos. Uno es el del poder legítimo, quién manda y con qué límites, donde aparece la idea clásica de que la soberanía reside en el pueblo (Rousseau). El otro es el de la independencia frente a otras naciones, que en su formulación moderna se expresa en la prohibición de amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un país.

Con Donald Trump, esa distancia entre lo abstracto y lo concreto se hizo brutalmente visible. Sus amenazas, envueltas en el lenguaje de la “seguridad” o del combate al narcotráfico, a veces dichas sin rodeos, operan como una espada de Damocles: nos recuerdan que, en el tablero geopolítico real, los principios pesan poco o nada cuando se aplican sanciones, aranceles, cierres fronterizos o amenazas de invasión, baste recordar el reciente secuestro del presidente Nicolás Maduro. Ahí es donde podemos ver el límite de lo abstracto, pues un país puede invocar su soberanía y el derecho internacional y, sin embargo, verse empujado a ajustar políticas, acelerar concesiones o negociar lo innegociable del país para evitar un golpe económico y político o, peor aún, una invasión militar directa.

Por eso, hablar de soberanía concreta en el México de hoy no implica exigir desplantes irracionales ni discurso patrióticos grandilocuentes. Implica medir con seriedad los límites reales del país, junto con sus fortalezas y debilidades, para ampliar el margen efectivo de decisión.

La soberanía no se defiende con ceremonias o cantando el himno nacional, se defiende ampliando el margen real de decisión del país. Eso supone reducir dependencias productivas, financieras, políticas, culturales, educativas e intelectuales, y construir capacidades propias para poder decir que no, cuando haga falta. En esa posibilidad se juega la diferencia entre gobernar con soberanía o limitarse a administrar condiciones dictadas desde fuera.