Entre julio y diciembre, legisladores de Morena, fundamentalmente, aprobaron dos paquetes de aranceles que, lejos de ser decisiones aisladas, configuran una línea política clara y persistente. La reacción de China no se hizo esperar: acusó a México de proteccionismo y de plegarse a una lógica de confrontación comercial ajena. Desde el gobierno, la defensa fue inmediata: los aranceles no son contra China, repitieron, sino contra países sin tratado comercial. Sin embargo, en política no se puede ser tan ingenuo y olvidarnos del contexto, pues las votaciones ocurrieron en plena escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos (EE. UU.) y China. La pregunta entonces no es retórica ni exagerada, sino política y concreta: ¿los legisladores morenistas están construyendo una estrategia de desarrollo económico soberano o están legislando al servicio de Trump?

Las votaciones de diciembre no inauguraron nada nuevo: profundizan una decisión tomada hace meses. En julio, la mayoría morenista ya había aprobado un primer paquete de aranceles bajo el mismo argumento de “defender a la industria nacional”; en diciembre, esa línea no sólo se ratificó, sino que se amplió en alcance y sectores. Dos votaciones, el mismo sentido y bajo la misma lógica. No se trata de una reacción coyuntural ni de un ajuste temporal, sino de una respuesta sumisa al mandato de Trump para que México “asuma” de rol de país periférico y dependiente de EE. UU.

El gobierno insiste en que los aranceles no están dirigidos contra China, sino que se aplican de manera general a países sin tratado comercial con México. En el plano jurídico, la fórmula parece neutral; en el plano político y material, resulta insostenible, pues China es el principal exportador afectado y el blanco explícito de la guerra comercial impulsada por EE. UU. No es casual que los sectores gravados, como automóviles y autopartes, textiles, acero, productos siderúrgicos, artículos de plástico, calzado y electrodomésticos, etc., coincidan con aquellos donde China compite directamente con industrias estratégicas para Washington. Aunque se disfrace de medida técnica, estos aranceles funcionan, en los hechos, como un gesto de sumisión y no como una política autónoma de desarrollo nacional.

Basta con dar unos pasos hacia atrás para ver el panorama más general y completo y constatar que estamos ante una pugna entre dos bloques de capital a escala global: por un lado, el capital estadounidense que busca preservar su hegemonía industrial y tecnológica por la vía de la guerra y las intervenciones militares, y, por otro lado, el capital chino que expande su capacidad manufacturera y su presencia en los mercados internacionales usando las propias reglas de la globalización capitalista. En esta confrontación, México no actúa como sujeto soberano, sino como una economía subordinada al T-MEC, cuya política comercial se ajusta a las necesidades estratégicas de Washington. En otras palabras, los aranceles “nacionalistas” que aprobaron los legisladores morenistas no son otra cosa que la subordinación de la economía mexicana, que opera como un simple eslabón periférico de la maquinaria estadounidense.

La discusión no es si los aranceles son buenos o malos en abstracto, sino a quién benefician en determinado contexto, pues bien pueden ser una herramienta válida cuando forman parte de una estrategia de industrialización que eleva la productividad, desarrolla cadenas nacionales y apuesta por la ciencia y la tecnología; sin embargo, esto no ocurre. Y aunque el gobierno invoque el “Plan México” y hable de relocalización e impulso productivo, la base material es débil: la inversión pública en ciencia y tecnología siguió siendo marginal (de 0.16 por ciento del PIB en 2025), no existe un programa robusto de formación tecnológica ni una política industrial capaz de disputar sectores estratégicos a escala global. Sin ese andamiaje, el “Plan México” queda reducido a una narrativa desarrollista sin la fuerza presupuestal, institucional y tecnológica necesarias para transformar la estructura productiva del país. Los aranceles, en ese vacío, no impulsan desarrollo; sólo siguen administrando la dependencia.

El efecto más concreto de esta política no se medirá en discursos soberanistas de legisladores o en “las mañaneras”, sino en el bolsillo de la población, pues los aranceles trasladarán el costo de una decisión política de sumisión al consumo popular. La inflación aparecerá así no como un accidente económico, sino como consecuencia de nuestra política exterior, pues nuestros legisladores aceptaron que México funcione como muro arancelario de Washington frente a China, en el que el costo no lo pagan ni Trump ni las grandes corporaciones estadounidenses, ni legisladores morenistas; el costo lo pagarán los hogares de las clases trabajadoras que destinan una mayor proporción de su ingreso a bienes básicos. Cuando se legisla sin proyecto productivo y en sintonía con la agenda de EE. UU., la soberanía se reduce a discurso y la sumisión se convierte en política de Estado.