Durante la madrugada del pasado tres de enero, Estados Unidos (EE. UU.) lanzó un ataque sorpresa contra Venezuela. De acuerdo con varias fuentes oficiales y no oficiales, venezolanas y extranjeras, la Operación Resolución Absoluta, como la llaman los atacantes, involucró más de 150 aeronaves y varias centenas de personal armado, quienes bombardearon Caracas y otros puntos del país, disparando contra objetivos militares y civiles en tierra. Además, los medios señalan que más allá de la destrucción y daño de la infraestructura bajo fuego, la intervención arrojó 100 muertos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro entre los atacados, y ninguna baja de personal ni vehículos del lado norteamericano.

En los días subsiguientes, Maduro fue trasladado ilegalmente a una prisión de Nueva York, para ser enjuiciado. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la dirección del país y Donald Trump declaró que tenía entendimientos con ella, relativos a la entrega o venta de petróleo venezolano (entre 30 y 50 millones de barriles, equivalentes a unos dos mil 800 millones de dólares), y que la administración interina del país atacado estaría dirigida por EE. UU. Aquello parece cierto. Agencias como Reuters recuperan que el cinco de enero salieron 300 mil barriles de crudo hacia EE. UU. Asimismo, la Casa Blanca ha declarado que ella gestionará, a través de petroleras privadas estadounidenses, el empleo del recurso obtenido a cambio de ese petróleo para garantizar que sea empleado en favor de los venezolanos (Reuters, ocho de enero de 2026).

De la misma manera, esos indicios; la visible apertura de Caracas a la negociación petrolera con el capital estadounidense –que algunos portavoces del chavismo, como Diosdado Cabello, declaraban imposibles (Clarín, 18 de diciembre de 2025)–; la reciente liberación de presos políticos; las múltiples declaraciones de los portavoces del gobierno norteamericano, reivindicando impunemente su intervención asesina y afirmando con soberbia que ellos dirigen ahora Venezuela, y la inexistencia de bajas o daños entre los atacantes (gracias acaso a su superioridad tecnológica y operacional). Todos esos elementos indicarían que lo segundo –el influjo norteamericano directo sobre la política caraqueña– también podría ser cierto. Aunque el chavismo no está destronado. Al parecer ha cerrado filas y sigue gobernando efectivamente en Caracas. Es decir, existe la posibilidad de que el supuesto dominio de Washington sólo sea bluff mediático.

El tiempo dirá hasta qué punto se ha metido Trump en Venezuela. En todo caso, este episodio elucida que EE. UU. actúa como una potencia desesperada. ¿No será que el dominio financiero que le otorga la supremacía mundial ya no es tal? Ese gobierno ya no tiene pretextos para sus intervenciones imperiales. De hecho, antes de atacar Venezuela, declaró abiertamente su motivación: necesitan petróleo para seguir funcionando. El ataque parece un intento de sobrevivir al embate de los capitales chinos, quienes por vías legales y menos leoninas le están ganando a todos sus antiguos subordinados comerciales en Asia, América, África y hasta Europa.

La intervención ilegal sobre un país inocente muestra a Washington como una bestia acorralada que emplea sus viejas garras para romper el cerco. Y es que el episodio es un anacronismo en este mundo, multipolar de facto. Es una reproducción de la voracidad de los imperios del Siglo XIX, cuando las potencias en crecimiento dominaban directamente, con tropas o empresas militarizadas, los recursos minerales, los puertos, etc., de países débiles. Así aseguraban, con sus propias manos, la prosperidad de sus capitales. En términos generales, se parece a la intervención francesa en México de los 1860: los invasores establecieron un gobierno títere, se apropiaron del mercado mexicano (entre otras cosas, de las aduanas, con cuyos ingresos se pagaría al ejército interventor) e impusieron bonos de deuda en contra del fisco mexicano. Éste alimentaría a los nacientes capitales financieros de Francia, sin protestar y agradeciendo la intervención de Napoleón III.

Estamos ante la doctrina Monroe en su sentido más viejo. Trump reclama soberanía sobre todo el continente. Parece dispuesto, al menos retóricamente, a continuar la misma vía en México, Colombia, Brasil, etc. En ese sentido, si los sucesos de enero suscitan interrogantes que se esclarecerán en años, también evidencian una considerable debilidad geopolítica estadounidense. El gran carcelero del mundo está desesperado. Sólo la violencia lo salvará.